Por: Octavio Díaz García de León
La idea: Entre los
diferentes tipos de corrupción que se pretende combatir, se hace mucho énfasis
en los recursos que utiliza el gobierno para realizar sus funciones. Si bien en
estos rubros existen importantes riesgos de corrupción, se suelen soslayar
otros igual o más importantes, tales como aquellos que derivan de decisiones
regulatorias, sentencias o permisos. Es importante poner atención en estos riesgos
de corrupción también.
Los esfuerzos por fiscalizar el uso de los recursos públicos
(Materiales, financieros y humanos) ocupan la mayor parte del tiempo de los
órganos fiscalizadores de los tres poderes y de los organismos autónomos. Pero
los grandes casos de corrupción no se encuentran solo allí.
Las actividades sustantivas de las instituciones del gobierno afectan
intereses económicos y políticos de los particulares que las hace susceptibles
de corrupción, al tratar estos de influir
en los servidores públicos para que, en su carácter de autoridades, resuelvan los
asuntos en su favor.
Este tipo de decisiones rara vez es revisado por los órganos
fiscalizadores, los cuales se concentran en auditar el uso de los recursos de
la institución. Lo cual es correcto porque representa una parte importante de
su función y, como he mencionado antes en este espacio, el combate a la
corrupción no es una de las tareas primordiales de los órganos fiscalizadores.
Pero entonces ¿quién revisa adecuadamente las decisiones de las
autoridades en uso de sus facultades regulatorias o jurisdiccionales, donde llegan
a estar en juego miles de millones de pesos?
Podemos mencionar algunos ejemplos de este tipo de decisiones con
riesgos de corrupción: permisos que se otorgan en estados y municipios, por
ejemplo, para la construcción de inmuebles de todo tipo; algunos de los asuntos
que se resuelven en el Poder Judicial, por
ejemplo, en materia electoral. Esto último
debido a que, si consideramos que una elección para gobernador puede llegar a
costarle a los partidos políticos varios cientos de millones de pesos, es de esperarse
que las presiones para obtener sentencias favorables en las disputas electorales
no solo tengan un fuerte componente político sino también económico.
En el mismo sentido, instituciones reguladoras en materia de telecomunicaciones,
competencia o energía, toman decisiones que afectan los negocios de las
empresas por montos que pueden alcanzar miles de millones de dólares, por lo
que en esas decisiones también pueden existir riesgos de corrupción.
Una forma de operar de los funcionarios corruptos es que les piden a
los particulares el que lleven sus asuntos en despachos de abogados que los
funcionarios designan. Estos despachos
funcionan con prestanombres y garantizan “ganar” los casos. El cohecho lo
reciben los funcionarios a través de los “honorarios”.
Dado que los órganos internos de control no están diseñados para combatir
actos de corrupción en general y, por lo tanto, aquellos derivados de las decisiones
en materia sustantiva de las autoridades, entonces hace falta un mecanismo anticorrupción
que permita detectar estos delitos.
El Poder Judicial separa la fiscalización de los asuntos
jurisdiccionales de los administrativos. Para los primeros cuenta con Visitadurías
que realizan revisiones a las áreas jurisdiccionales, pero carecen de herramientas
para investigar riesgos de corrupción. Su actuación se limita, en la mayoría de los casos, a ver si los asuntos jurisdiccionales son
desahogados de acuerdo con la normatividad que les aplica. Una revisión parecida
a la que hacen sus órganos internos de control en materia administrativa, que
son quienes fiscalizan las actividades no jurisdiccionales.
En este espacio comenté el caso del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en
donde en materia de fiscalización y sanción a servidores públicos, también se dan posibles conflictos de interés
pues, por ejemplo, en el caso de los magistrados de la Sala Superior, ellos
mismos resuelven los casos de responsabilidades de sus pares.
¿De qué tamaño es la corrupción que se da en estas instituciones que
todos los días toman decisiones que afectan a particulares en sus negocios y a
partidos políticos o a sindicatos en sus disputas?
Aun cuando se pudiera sospechar que determinadas decisiones favorecen indebidamente
a algunos actores, la corrupción es fácil de ocultar puesto que las interpretaciones
jurídicas pueden ser lo suficientemente discrecionales para defender cualquier
decisión. Por ello, es muy difícil detectar si existieron actos de corrupción
en estas decisiones de las autoridades.
Para combatir con eficacia la corrupción que ocurre en la actuación
sustantiva de las instituciones hace falta entonces una agencia anticorrupción
con las herramientas necesarias de investigación que le permitan acceder a movimientos
ilegales de dinero, recopilar inteligencia y revisar el patrimonio de los
funcionarios que participan en estos actos de autoridad, entre otras
herramientas.
No solo se debe combatir la corrupción en el manejo de los recursos con
los que funcionan las instituciones del gobierno, sino también aquella que
ocurre en los actos de autoridad que afectan a los particulares. Para ello, es necesario tener una agencia anticorrupción
independiente y bien equipada que investigue estos delitos.
