OTROS RIESGOS DE CORRUPCIÓN

 

Por: Octavio Díaz García de León

   La idea: Entre los diferentes tipos de corrupción que se pretende combatir, se hace mucho énfasis en los recursos que utiliza el gobierno para realizar sus funciones. Si bien en estos rubros existen importantes riesgos de corrupción, se suelen soslayar otros igual o más importantes, tales como aquellos que derivan de decisiones regulatorias, sentencias o permisos. Es importante poner atención en estos riesgos de corrupción también.

   Los esfuerzos por fiscalizar el uso de los recursos públicos (Materiales, financieros y humanos) ocupan la mayor parte del tiempo de los órganos fiscalizadores de los tres poderes y de los organismos autónomos. Pero los grandes casos de corrupción no se encuentran solo allí.

    Las actividades sustantivas de las instituciones del gobierno afectan intereses económicos y políticos de los particulares que las hace susceptibles de corrupción, al tratar estos de influir en los servidores públicos para que, en su carácter de autoridades, resuelvan los asuntos en su favor.

   Este tipo de decisiones rara vez es revisado por los órganos fiscalizadores, los cuales se concentran en auditar el uso de los recursos de la institución. Lo cual es correcto porque representa una parte importante de su función y, como he mencionado antes en este espacio, el combate a la corrupción no es una de las tareas primordiales de los órganos fiscalizadores.

   Pero entonces ¿quién revisa adecuadamente las decisiones de las autoridades en uso de sus facultades regulatorias o jurisdiccionales, donde llegan a estar en juego miles de millones de pesos?

   Podemos mencionar algunos ejemplos de este tipo de decisiones con riesgos de corrupción: permisos que se otorgan en estados y municipios, por ejemplo, para la construcción de inmuebles de todo tipo; algunos de los asuntos que se resuelven en el Poder Judicial,  por ejemplo, en materia electoral.  Esto último debido a que, si consideramos que una elección para gobernador puede llegar a costarle a los partidos políticos varios cientos de millones de pesos, es de esperarse que las presiones para obtener sentencias favorables en las disputas electorales no solo tengan un fuerte componente político sino también económico.

 En el mismo sentido,  instituciones reguladoras en materia de telecomunicaciones, competencia o energía, toman decisiones que afectan los negocios de las empresas por montos que pueden alcanzar miles de millones de dólares, por lo que en esas decisiones también pueden existir riesgos de corrupción.

  Una forma de operar de los funcionarios corruptos es que les piden a los particulares el que lleven sus asuntos en despachos de abogados que los funcionarios   designan. Estos despachos funcionan con prestanombres y garantizan “ganar” los casos. El cohecho lo reciben los funcionarios a través de los “honorarios”.  

   Dado que los órganos internos de control no están diseñados para combatir actos de corrupción en general y, por lo tanto, aquellos derivados de las decisiones en materia sustantiva de las autoridades, entonces hace falta un mecanismo anticorrupción que permita detectar estos delitos.

   El Poder Judicial separa la fiscalización de los asuntos jurisdiccionales de los administrativos. Para los primeros cuenta con Visitadurías que realizan revisiones a las áreas jurisdiccionales, pero carecen de herramientas para investigar riesgos de corrupción. Su actuación se limita,  en la mayoría de los casos,  a ver si los asuntos jurisdiccionales son desahogados de acuerdo con la normatividad que les aplica. Una revisión parecida a la que hacen sus órganos internos de control en materia administrativa, que son quienes fiscalizan las actividades no jurisdiccionales.

    En este espacio comenté el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  en donde en materia de fiscalización y sanción a servidores públicos,  también se dan posibles conflictos de interés pues, por ejemplo, en el caso de los magistrados de la Sala Superior, ellos mismos resuelven los casos de responsabilidades de sus pares.

  ¿De qué tamaño es la corrupción que se da en estas instituciones que todos los días toman decisiones que afectan a particulares en sus negocios y a partidos políticos o a sindicatos en sus disputas?

   Aun cuando se pudiera sospechar que determinadas decisiones favorecen indebidamente a algunos actores, la corrupción es fácil de ocultar puesto que las interpretaciones jurídicas pueden ser lo suficientemente discrecionales para defender cualquier decisión. Por ello, es muy difícil detectar si existieron actos de corrupción en estas decisiones de las autoridades.

   Para combatir con eficacia la corrupción que ocurre en la actuación sustantiva de las instituciones hace falta entonces una agencia anticorrupción con las herramientas necesarias de investigación que le permitan acceder a movimientos ilegales de dinero, recopilar inteligencia y revisar el patrimonio de los funcionarios que participan en estos actos de autoridad, entre otras herramientas.

   No solo se debe combatir la corrupción en el manejo de los recursos con los que funcionan las instituciones del gobierno, sino también aquella que ocurre en los actos de autoridad que afectan a los particulares. Para ello,  es necesario tener una agencia anticorrupción independiente y bien equipada que investigue estos delitos.