29 de junio de 2018

A VOTAR



Por: Octavio Díaz García de León.

   La idea:  Este domingo es día de grandes decisiones. Nuestro voto reflejará el México que deseamos ver en los próximos años y el que queremos construir para hijos y nietos. Por ello, debemos salir a votar para que no decidan otros por nosotros y hacerlo razonadamente. 

   No es fácil adivinar el camino por donde nos llevará el próximo gobierno en vista de la gran cantidad de promesas que se hicieron y de la poca viabilidad de muchas de ellas. Tampoco será fácil distinguir que es lo que en verdad quieren hacer los candidatos ya que vimos como algunos se contradecían o cambiaban de opinión con frecuencia.

   Lo importante es que tenemos una democracia cada vez más madura, a pesar de sus imperfecciones. Los debates y las campañas nos han dado una muestra de ello y cada vez es mayor el interés de los electores por participar, dándose cuenta de que es el futuro de todos el que está en juego. Por ello, no hay pretexto para votar sin razonarlo a fondo.  

   La competencia ha hecho que los partidos y sus candidatos vayan mejorando, porque el voto de castigo contra los malos gobiernos ha permitido la alternancia. La competencia, como en cualquier otro campo, ha sido muy buena para ir logrando mejores gobiernos o, por lo menos, para quitar a gobiernos dañinos.

   Todos los gobiernos tienen aciertos y errores, pero en los últimos años las expectativas han superado a los resultados. Hace falta ser realistas y no esperar que los gobiernos lo hagan todo. La sociedad tiene que ver por sí misma y no esperar un gobierno paternalista que trate a los ciudadanos como menores de edad.

   Se han terminado las campañas para estas elecciones. Hubo de todo en ellas. Se derrochó mercadotecnia. Se intentó la manipulación por todos los medios. Hubo ocurrencias, chistes, propuestas viables e inviables y mucho apasionamiento. Sobre todo, un derroche de dinero que siempre sobrepasa a las capacidades de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

   Fue una campaña muy peleada en todos los frentes y llena de aspectos negativos.  Desde el uso masivo de cuentas falsas en las redes sociales, campañas telefónicas enormes contra algunos candidatos, reparto de despensas y acarreados, hasta el lamentable asesinato de 48 candidatos a puestos de elección popular, incluyendo secuestros y amenazas a candidatos.

    También fue una campaña donde se manipularon las emociones de los ciudadanos. Se usaron calumnias contra candidatos. Se alimentó el miedo de la población en diversas formas y más que apelar a la razón, que en estas campañas parece que no es efectivo, se apeló a los sentimientos de enojo de las personas, a los miedos, al hartazgo y a otras emociones que impiden pensar con claridad. Toda esta manipulación fue provocada precisamente para impulsar el voto irracional.

    Las encuestas fueron las reinas de la campaña y solo alimentaron la confusión. Incluso puede confundir a muchos que creen que la elección ya tuvo lugar. No es así. El voto es este 1 de julio y esa es la única encuesta que cuenta.

   Los debates fueron menos acartonados que en sexenios anteriores. Se convirtieron en foros para que los candidatos expusieran ideas absurdas, chistes de mal gusto y ataques unos contra otros. Dio pie al protagonismo de los moderadores que distrajeron o pensaron que el debate era con ellos. Pero por lo menos, decenas de millones de mexicanos tuvieron la oportunidad de conocer a los candidatos.

   Todo ello ya pasó y ahora lo que debe dar tranquilidad a los votantes es que existen instituciones capaces de garantizar los resultados de la votación. Sin duda habrá intentos de hacer trampa, pero con un ejército de ciudadanos elegidos al azar vigilando las casillas y con un padrón electoral bastante confiable, será casi imposible que haya elecciones fraudulentas.

   Los partidos que estén preocupados por el fraude tendrán la oportunidad de tener a sus representantes en todas las casillas de votación para vigilarlas. Los resultados se harán públicos en cada casilla después del conteo respectivo y el INE tendrá información de las tendencias a las 11 de la noche del día de las elecciones.

    Los perdedores podrán decir que hubo trampas o fraudes y para eso tendrán los mecanismos institucionales para impugnar las casillas que consideren. El INE, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantizarán sus derechos ciudadanos. Por ello   los perdedores no tendrán pretexto para convocar a actos de violencia. Existen los caminos institucionales para impugnar los resultados.

   Después de estos largos meses de campaña, amables lectores, seguramente ya habrán tomado ustedes su decisión de como votar. No hay más que decir. Vayan y háganlo con memoria y dignidad, como decía un meme que vi recientemente. Si no gana su candidato, será muy importante que no se enfríe su interés en la marcha del país. Quien encabece el gobierno va a necesitar vigilancia, contrapeso y una exigencia constante de la sociedad para que haga bien su papel. 

Así que, ¡A VOTAR!


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20 de junio de 2018

NIÑOS VÍCTIMAS DE TRUMP


LA SILLA ROTA
       

Por: Octavio Díaz García de León.


     La idea:  El gobierno de Donald Trump ha implementado la política de separar de sus padres a los niños que los acompañan, cuando son detenidos por entrar ilegalmente a Estados Unidos. Mientras que en el vecino país ha causado tremendo malestar entre la población bien pensante de aquel país desde hace semanas, aquí apenas inician las protestas.     

     En la cumbre del G-7, Trump le dijo al primer ministro japonés Shinzo Abe, que para que entendiera la gravedad del problema migratorio en Estados Unidos, le mandaría a 25 millones de mexicanos y que entonces se quedaría sin trabajo pronto.

   No es de extrañarse el discurso antimexicano de Trump y no pierde oportunidad para insultar a nuestro país y a los mexicanos. Si bien se pueden hacer oídos sordos a esas necedades, en lo que respecta a la violación de los derechos humanos de los inmigrantes y especialmente de los niños, no debería pasarse por alto.
  
     La política de Trump de aplicar la ley de inmigración de su país a rajatabla tiene unas pocas semanas y consiste en encarcelar y procesar a cualquier inmigrante que cruce ilegalmente hacia aquel país. Si antes se les deportaba más o menos rápido sin mayor trámite, hoy se les encarcela y se les juzga.  (Niños inmigrantes separados de sus familias)

     Esto hace que en automático los niños que los acompañan sean separados porque no los pueden llevar a las mismas cárceles que a sus padres. Sin embargo, a estos niños se les encierra en jaulas improvisadas, dentro de bodegas y otros edificios inadecuados, que al final de todas formas son cárceles para niños.  

    Sus condiciones son inhumanas y se les puede causar un daño psicológico que les dejará huella toda la vida al ser separados violentamente de sus padres. Las fotos que han circulado en distintos medios dan cuenta de las deplorables condiciones en que se les tiene encerrados, como a animales.

    Lo que se temía con la llegada de Trump al poder, se está convirtiendo en realidad. En el fondo no es que a ese presidente le interese cumplir la ley, ya que ella no prevé la separación de las familias. Lo que pretende es atemorizar a los inmigrantes que viajan con sus hijos, usando métodos que recuerdan a la Alemania nazi. De hecho, a algunos de los inmigrantes encarcelados se les obliga a usar un brazalete amarillo que recuerda aquél que los nazis obligaban a usar a los judíos. (Protestas por separación de familias)

    Esto no ha pasado desapercibido entre las buenas conciencias que existen entre la mayoría de la población americana y se han organizado protestas contra Trump y sus políticas antiinmigrantes en decenas de ciudades de la Unión Americana.  

    Lo que sorprende es el silencio que se guardó de este lado de la frontera, en nuestro país, hasta apenas hace un par de días que iniciaron las reacciones. Son los niños de nuestros connacionales y de nuestros hermanos centroamericanos que están sufriendo esta tragedia desgarradora a manos de las políticas de Trump.

    ¿Será que se prefiere no provocar el enojo de Trump con tal de avanzar en el TLCAN? Si privilegiar los intereses comerciales fuera la razón por la cual no se dijo   nada en México hasta apenas ayer, sería muy lamentable. Los intereses mercantiles no pueden estar por encima de la defensa de los derechos humanos de nuestros compatriotas y de los ciudadanos centroamericanos que huyen de la violencia en sus países, y más si estas personas son menores de edad.

   Tenemos muchas distracciones en nuestro país. Por una parte, unas elecciones presidenciales donde está en juego nuestro futuro. Por otro lado, el circo del mundial de futbol, que suele distraernos de lo importante.

    Pero si México no es capaz de protestar a tiempo contra los abusos que sufren quienes ahora cruzan ilegalmente hacia Estados Unidos, eso nos podría hacer cómplices de Trump.  Así ocurrió cuando el resto del mundo calló ante las atrocidades de los nazis. Cuando era evidente que millones de judíos estaban siendo despojados de sus propiedades, encerrados, golpeados y posteriormente exterminados, el resto del mundo no dijo nada. También en el silencio y la indiferencia hay complicidades.

    Es tiempo que dejemos de ser cómplices de los abusos que Trump comete contra quienes cruzan ilegalmente su frontera desde nuestro territorio y ser firmes ante las agresiones de Trump contra México y los mexicanos.  

    Valdría la pena que los candidatos presidenciales se pronunciaran acerca de esta situación y que piensan hacer al respecto, si resultan elegidos. Por otra parte, es positivo que ya se empiece a dar una reacción del gobierno de México, al enviar una protesta diplomática al gobierno de Estados Unidos y denunciar estas atrocidades ante organismos internacionales. Es lo menos que se puede hacer por lo pronto.

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15 de junio de 2018

OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LAS 3 DE 3




Por: Octavio Díaz García de León.

    La idea:  Todo servidor público está obligado a presentar sus declaraciones de situación patrimonial, posible conflicto de interés y, cuando aplica, la fiscal. Estaban pendientes de emitirse los nuevos formatos de declaración, pero ya hay una propuesta y pronto todos quienes trabajen para el gobierno deberán presentarlas.  

    El propósito de que todos los empleados de gobierno presenten estas declaraciones es poder detectar enriquecimientos ilícitos registrados en el aumento de su patrimonio y de sus dependientes.

    Si esta información se hiciera pública, en teoría cualquier persona podría verificar si un servidor público vive más allá de las posibilidades que le da su ingreso. Una sociedad vigilante podría detectar estos comportamientos y denunciarlos.

   En la práctica, ni los funcionarios corruptos declaran todo su patrimonio ni la sociedad civil está dispuesta a investigar y denunciarlos. Por ello, esta función la tiene que realizar el gobierno y ya conocemos las dificultades que existen para abatir la impunidad cuando el gobierno se cuida a sí mismo.

    La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) amplió el número de sujetos obligados a presentar las “3 de 3” declaraciones. De esta forma, desde el 19 de julio de 2017, cinco millones de servidores públicos en los gobiernos municipales, estatales, federal, los tres poderes y los organismos autónomos están obligados a presentarla.

    El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción ya entregó una propuesta de formatos de declaración patrimonial y de intereses y las respectivas normas al Comité Coordinador de dicho Sistema, los cuales están en estudio (https://cpc.org.mx/2018/05/31/propuesta-de-normas-e-instructivo-para-el-llenado-y-presentacion-del-formato-de-declaraciones-patrimonial-y-de-intereses/).

    Los servidores públicos se dividen en tres grupos. Cada uno deberá proporcionar diferente información en el formato único establecido. El primer grupo lo constituye todo el personal de confianza. Por ejemplo, en el gobierno federal, los puestos de enlace y jefe de departamento, hacia arriba. Este grupo deberá llenar el formato completo.

     El segundo grupo son aquellos trabajadores cuyas actividades se encuentran en un catálogo de 14 funciones. Por ejemplo, quienes participen en adquisiciones, trabajen en manejo de información de seguridad nacional y los ministerios públicos, entre otros. Este grupo también deberá presentar el formato completo. El grupo tres lo constituyen quienes no caen en los dos grupos anteriores. Estos presentarán solo una parte de la información solicitada en el formato.

    El nuevo formato propuesto contiene 5 apartados, 35 capítulos y 411 reactivos a contestar. En contraste, el formato anterior del gobierno federal contiene 12 apartados y 92 reactivos. Esto da una idea de la complejidad que tendrá llenar el nuevo formato y la cantidad de información que se pretende recabar de todos quienes trabajan en el gobierno.

    Además del reto técnico que representa captar por lo menos 5 millones de declaraciones al año, existen otros retos que deberán enfrentarse: no todos los obligados tienen acceso a computadoras e internet; algunos no hablan español; otros se rigen por usos y costumbres; existe personal con discapacidades; y una porción de ellos podrían ser analfabetas.

   Hay preocupaciones sobre toda esta información que estará en manos de las autoridades federales. Si bien su propósito es combatir la corrupción, no está exenta de que se haga mal uso de ella para afectar a los declarantes.

    Otra preocupación es cuál información de las declaraciones, se hará pública. La propuesta del Comité de Participación Ciudadana es que se haga pública toda la información relevante que se refiere al patrimonio del servidor público. Por ejemplo, en el caso de cuentas bancarias, se publicarían todos los detalles de la misma, tal como saldo, interés, institución donde se encuentra, tipo de inversión, etc.; lo único que se considera confidencial es el número de cuenta.

    Sin embargo, la propia Ley contempla que no deberán revelarse datos de las declaraciones que afecten la vida privada de los servidores públicos. En este sentido, se podría argumentar que la publicidad del patrimonio de los servidores públicos podría afectar su vida privada al exponerlos a ser víctimas de secuestro o extorsión, por lo cual existe la posibilidad de que quienes no quieran publicitar su información, se amparen.  Lo que a nadie se le debe negar es su derecho a hacer pública su declaración patrimonial si así lo desea, tal y como ocurre hoy en día.

    Captar tanta información y luego explotarla para detectar casos de corrupción es una tarea que se ha asignado a las contralorías y órganos internos de control, mismos que a la fecha no cuentan con las capacidades para hacerlo.

   Falta mucho por hacer en materia de declaraciones patrimoniales para que sirvan en el combate a la corrupción.  Lo más importante será cuidar cómo, quién y para qué, use esa información, cuál se dará a la publicidad y cómo se desarrollarán las capacidades para investigar la información proporcionada. Será una gran tarea para la próxima administración federal.
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8 de junio de 2018

RECTA FINAL HACIA LAS ELECCIONES



Por: Octavio Díaz García de León.


La idea:  Pareciera que las encuestas están decidiendo las elecciones antes del primero de julio. Esta es una trampa que se ha incrustado en la opinión pública. Puede haber una gran sorpresa, porque lo único que contará es el voto. Lo demás son especulaciones.

    De acuerdo con diversas encuestas hay un candidato presidencial a la cabeza que lleva una gran delantera. El mensaje que mandan pareciera ser de inevitabilidad y que no hay nada que hacer, que ya ganó ese candidato. Como si las encuestas fueran a sustituir el voto de 87 millones de mexicanos. Esto es falso.

    Especialmente cuando existen muchos sondeos interesados o patrocinados para favorecer a algún candidato. Vivimos en una época de gran manipulación de la opinión pública. A través de millones de cuentas ficticias en redes sociales en todo el mundo, se diseminan noticias falsas que confunden a todos; se lanzan ataques contra personas que no piensan como los manipuladores quieren; se aparenta que hay unanimidades y mayorías que son pura ficción. Es una gran campaña de desinformación que busca engañar a los votantes y manipularlos para que actúen a favor de tal o cual candidato.

    Viene una elección complicada. Un segmento importante de los votantes, la mayoría, sabe por cual candidato no votar, pero aún no saben por cuál de las otras dos opciones hacerlo. Lo peor es que si se divide el voto, podrían hacer ganar al que no quieren.

   Un factor que incide en la elección es el voto de castigo que se manifiesta contra el actual gobierno. En ese sentido, el candidato oficial se encuentra en desventaja y habrá un voto de castigo en su contra que se va a distribuir entre los otros dos candidatos. ¿En qué proporción? Dependerá si el votante actúa en base a la razón o se deja llevar por el enojo. En este último caso, será un voto de autocastigo.

    Nadie sabe lo que va a pasar el 1 de julio. Las encuestas bien hechas son como fotos del momento tomadas sobre pequeñas muestras de población. Y de estas encuestas imparciales y bien hechas, hay muy pocas.

    Querer que las encuestas sean predictoras de lo que va a pasar es no entender su naturaleza. Son solo como fotos de lo que piensan pequeños grupos de la población en determinado momento, que pueden o no ser representativas de segmentos más grandes de población.

    Predecir lo que va a suceder el próximo 1 de julio es mucho más complejo porque influyen muchos factores. Desde el estado de ánimo por el desempeño de la selección mexicana de fútbol, hasta el clima de ese día.
    
    También será importante cómo los grandes grupos corporativos votarán. Si bien muchos de estos son afines al oficialismo, es posible que no logren movilizar a sus agremiados a favor de su candidato. Un factor adicional será la influencia de las bandas de delincuentes que seguramente aportarán recursos, miedo y otras tácticas para favorecer a su candidato.  

   Hay otro factor que siempre influye mucho en las elecciones. Este factor es la maquinaria partidista, que puede ayudar a inclinar la elección a favor de un candidato. Usando desde las viejas prácticas de acarrear votantes, usar programas sociales para influir el voto, alterar casillas y otros métodos ilegales, hasta una campaña en tierra que movilice a las personas.

   En este sentido hay que recordar que el PRI cuenta con 13 gobernadores y su aliado el PVEM con 1. El PAN gobierna 11 estados y el PRD 5, aunque el de Michoacán ya decidió apoyar a Meade y el independiente cuenta más o menos con Nuevo León.

    Otro factor en los cálculos políticos será si una de las coaliciones ve que no tiene posibilidades de ganar, si apoyarán a uno de los candidatos para evitar que triunfe el otro.

   Una de las paradojas de esta elección es que la coalición que vaya en tercer lugar puede actuar como bisagra y con su apoyo puede decidir la elección. O bien, si deciden ir hasta el final apoyando a su candidato, pueden dividir el voto haciendo que triunfe el candidato que lleve la delantera.  

   No hay que olvidar que las elecciones aún no han ocurrido y todo puede suceder. Los arreglos cupulares y los cálculos políticos se podrían venir abajo si una población informada sale a votar con la razón y no con la emoción. Un electorado maduro que esté por encima de las consideraciones de las cúpulas del poder podría cambiar el destino de esta elección. Lo importante es que estas personas salgan a votar ese día y entonces las encuestas que hoy vemos, pueden quedar solo para la anécdota.




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5 de junio de 2018

DECLARACIONES PATRIMONIALES


LA SILLA ROTA

         
Por: Octavio Díaz García de León.


La idea:  Todo servidor público está obligado a presentar sus declaraciones de situación patrimonial, posible conflicto de interés y, cuando aplica, la fiscal. Presentarlas no es suficiente para combatir la corrupción. Hacen falta investigaciones especializadas para verificarlas y ver si hubo malos manejos.

   El propósito de que todos los empleados de gobierno presenten estas declaraciones es poder detectar enriquecimientos ilícitos registrados en el aumento de su patrimonio y de sus dependientes.

    Si esta información se hiciera pública, en teoría cualquier persona podría verificar si un servidor público vive más allá de las posibilidades que le da su ingreso. Una sociedad vigilante podría detectar estos comportamientos y denunciarlos.

   En la práctica, ni los funcionarios corruptos declaran todo su patrimonio ni la sociedad civil está dispuesta a investigar y denunciarlos. Por ello, esta función la tiene que realizar el gobierno y ya conocemos las dificultades que existen para abatir la impunidad cuando el gobierno se cuida a sí mismo.

   La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) amplió el número de sujetos obligados a presentar las “3 de 3” declaraciones. De esta forma, desde el 19 de julio de 2017, cinco millones de servidores públicos están obligados a presentarla.

   La mayoría de los nuevos obligados están esperando que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción dé a conocer los formatos que se usarán con este propósito.

   Por lo pronto, 212 mil empleados federales debieron presentar su declaración de modificación de situación patrimonial en el mes de mayo. Todos aquellos que no lo hicieron, podrán ser sancionados, aunque la nueva Ley de Responsabilidades no lo considera una falta grave, como sí lo consideraba la anterior Ley Federal de Responsabilidades.

   Además del reto técnico que representa captar cinco millones de declaraciones en los sistemas informáticos de la Secretaría de la Función Pública, existen otros retos que deberán enfrentarse: no todos los obligados tienen acceso a computadoras e internet; algunos no hablan español; otros se rigen por usos y costumbres; existe personal con discapacidades; y una porción de ellos podrían ser analfabetas.

   Hay preocupaciones sobre toda esta información que estará en manos de las autoridades federales. Si bien su propósito es combatir la corrupción, no está exenta de que se haga mal uso de ella para afectar a los declarantes.

   Por ello, se necesitará que el personal que tenga acceso a las mismas esté sujeto a su vez a vigilancia y los sistemas informáticos tengan las suficientes protecciones para evitar ser hackeados.

   Otra preocupación es cuál información de las declaraciones se hará pública. Se trataría de darles la máxima publicidad sin exceder lo que la propia Ley contempla para proteger datos personales: por ejemplo, los números de las cuentas de banco o de las tarjetas de crédito con sus respectivos saldos (Secreto bancario), la ubicación de los inmuebles, etc.

   Asimismo, la propia Ley contempla que no deberán revelarse datos de las declaraciones que afecten la vida privada de los servidores públicos. En este último caso se podría argumentar que la publicidad del patrimonio de los servidores públicos podría afectar su vida privada al exponerlos a ser víctimas de secuestro o extorsión, por lo cual existe la posibilidad de que quienes no quieran publicitar su información, se amparen.

    Lo que a nadie se le debe negar es su derecho a hacer pública su declaración patrimonial si así lo desea, tal y como ocurre hoy en día.

   Ha transcurrido casi año y medio desde que el Comité de Participación Ciudadana se formó en febrero de 2017 y aún no están listos los formatos.  Pero no es que diseñarlos sea algo complejo, sino que quienes escribieron la LGRA no previeron las dificultades operativas que implicaba incorporar a cinco millones de personas a esta obligación.

   No toda la dificultad está en recabar estas declaraciones. Una de ellas será explotarlas para descubrir actos de corrupción; otra será el verificar si la información es fidedigna; y el cómo encontrar toda aquella información patrimonial que el servidor público oculte.

   Como lo he mencionado aquí, se requieren capacidades de investigación en materia de lavado de dinero para seguir la huella de los recursos mal habidos. Que la Unidad de Inteligencia Financiera forme parte de la Fiscalía General de la República y tanto ésta como la Fiscalía Anticorrupción tengan la independencia y capacidades técnicas necesarias para realizar estas investigaciones.

   La LGRA asigna la tarea de investigar las evoluciones patrimoniales, a la Secretaría de la Función Pública, sus órganos internos de control y sus equivalentes en las entidades federativas. Sin embargo, estas instancias el día de hoy no cuentan con suficientes herramientas para realizar estas investigaciones y tampoco debería ser su función.

   Un buen ejemplo de lo que sí puede funcionar en el combate a la corrupción es la Dirección Anticorrupción Rumana, que opera como una fiscalía independiente y en su equipo de trabajo cuenta con especialistas en banca, economía, finanzas, aduanas y es apoyada por policías judiciales. Un diseño parecido se podría lograr con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción.

   En el tema de declaraciones patrimoniales aún falta mucho por hacer. Lo más importante será cuidar cómo, quién y para qué use esa información, cuál se dará a la publicidad y como se desarrollarán las capacidades para investigar la información allí proporcionada. Será una gran tarea para la próxima administración federal, si es que al próximo presidente le interesa combatir a fondo la corrupción.
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1 de junio de 2018

QUEDARON A DEBER



Por: Octavio Díaz García de León.


La idea:  Las élites de nuestro país le han quedado a deber a la población. Por ello, no es de extrañar el enojo antisistema que se manifiesta en la actualidad. Ese encono se va a reflejar en las próximas elecciones y lo grave sería que en lugar de que haya voto de castigo, sea de autocastigo.

      Podríamos llamar élites a aquellas personas que tienen la responsabilidad de dirigir a otras o influyen con sus actos e ideas en la sociedad. Cuando las élites que dirigen a un país fallan, la población lo resiente.

     Si bien, predominan los avances que ha tenido nuestro país, hay aspectos en donde existe estancamiento desde hace décadas o fenómenos recientes que no han sido atendidos adecuadamente, como, por ejemplo: la corrupción, la inseguridad, la pobreza y el bajo crecimiento económico.  

    Y aquí es donde las élites no han estado a la altura de las expectativas de la población. Podemos mencionar a las siguientes élites y algunas de sus deficiencias:

   Gobernantes. Los casos escandalosos de corrupción en muchas entidades federativas y en el gobierno federal, han retrasado el progreso del país debido a la cantidad de recursos desviados para beneficio personal.

    De igual forma, ha habido ineficacia para proporcionar seguridad pública a la población. El número de asesinatos está rompiendo todos los récords, pero además el robo, secuestro, extorsión y otros delitos agobian a todos. Recientemente, los robos a ductos de hidrocarburos y asaltos a ferrocarriles han puesto en jaque la viabilidad económica de PEMEX y algunas regiones del país.

    Ocurre también con la situación económica. Después de dos décadas de relativa estabilidad macroeconómica, ahora observamos tasas de inflación que nos hacen recordar a los años noventa, un peso muy devaluado, deuda pública elevada, bajo crecimiento económico, falta de inversión pública y niveles de pobreza que no disminuyen a pesar de tanto gasto público en programas sociales.

    Partidos Políticos. Algunos partidos políticos y sus dirigencias no se han dedicado a servir a la población sino a servirse de ella. En ciertos casos, sus dirigentes han convertido a los partidos en negocios particulares administrados por familiares. Por otra parte, la repartición de puestos públicos en cuotas y cuates, que han propiciado los partidos, ha dañado la eficacia del gobierno.  

    Empresarios. Si bien los empresarios a finales del siglo pasado jugaron un papel clave para transformar un sistema político enfermo, en este siglo se retiraron de la arena pública. Quizá se sintieron cómodos con los gobiernos en turno, ya que pudieron hacer negocios fomentados por la estabilidad económica, la liberalización de la economía y aprovecharon para venderle al gobierno.  Pero dejaron de ser factor de cambio y en algunos casos se volvieron cómplices y beneficiarios de la corrupción.

    Medios de comunicación. Los medios tradicionales no han cambiado y por eso podrían estar en vías de extinción. Los han venido a sustituir las redes sociales de tal forma que los creadores de opinión pública ahora son aquellos que tienen decenas de miles de seguidores. Muchos de estos nuevos líderes son jóvenes disruptores ajenos al grupo de poder.  Desafortunadamente las redes no tienen los autocontroles que tenían los medios tradicionales y dan lugar a que haya noticias falsas, manipulación mediante bots y otras estrategias de desinformación que utilizan todo tipo de interesados.

   Líderes de opinión. Académicos, artistas, escritores, intelectuales y otras personalidades no han querido o podido ser factor de cambio. Hoy no tenemos un Vasconcelos, un Gómez Morín o un Lombardo Toledano, quienes fueron intelectuales de alto nivel y además hombres de acción capaces de competir en la arena política. Los actuales líderes de opinión prefieren quedarse cómodamente en sus trincheras sin pasar a la acción.

    El resultado de las fallas de estos grupos que dirigen en gran medida al país es un gran enojo social. Las fallas que percibe la población de sus dirigentes son amplificadas por redes sociales histéricas. Si bien este descontento probablemente no llegará a la acción, como ocurrió en la “Primavera Árabe” de 2011, el descontento que solo se manifiesta en palabras no deja de ser preocupante, especialmente cuando alimenta al proceso electoral.  

   Sin duda habrá voto de castigo en las próximas elecciones: contra los gobernantes que no han hecho bien su trabajo, contra los partidos políticos que se han alejado de los ciudadanos, contra el “Sistema” que no ha satisfecho todas las expectativas de la población. Lo peor sería que el voto sin razonar se convierta en voto de autocastigo.

    Es tiempo de que se recompongan las élites incorporando a gente nueva con otros valores, diferentes capacidades a los tradicionales, con ganas de crear disrupciones positivas, orientadas hacia el futuro, basadas en nuevas tecnologías y abiertas al mundo. Es tiempo del cambio generacional, que lleguen jóvenes líderes a dirigir al país y los viejos se alejen de las esferas del poder, para que México no siga atado al pasado.  
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