ASESINOS DE ESCRITORIO

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

Asesinos de escritorio es como describe Dan Gretton en su libro “Yo, Tú, Nosotros, Ellos” a las personas responsables de las decisiones que ocasionan la muerte de miles o incluso, millones de personas desde la comodidad de un escritorio.

 El autor sugiere diez factores los cuales provocan que personas en apariencia normales, incapaces de cometer un crimen con sus propias manos, se vuelvan maquinadores, operadores y cómplices de genocidios y otras barbaridades, escudándose en una posición burocrática aparentemente inocua. Estos factores son:

 1.     Incrementalismo. Las personas van dando pequeños pasos imperceptibles hasta volverse asesinos o genocidas.

     2 .   Normalización y adaptarse a lo que hacen los demás. Resulta muy difícil a las personas ir contra la corriente. Cuando los demás están cometiendo actos ilegales o contra la ética, tales como asesinatos o actos de corrupción, lo más fácil para ellos es seguir la corriente y verlo como algo normal.

    3.     Deshumanización del lenguaje. Cuando a las personas se les cataloga como “judíos”, “conservadores”, “comunistas” o “fascistas”,   se pierde la empatía y la sensibilidad hacia los demás por ser “diferentes”.

   4.   Proceso de abstracción de las víctimas. Cuando los individuos se convierten en cifras, en masas, en estadísticas, se pierde de vista que son personas y,  por lo tanto, se pierde la empatía hacia lo que les sucede.

    5.   Distanciarse del acto de violencia. Entre más lejos se esté de los lugares donde se cometen los crímenes, los asesinos de escritorio se sienten ajenos a lo que les ocurre a quienes condenan a muerte. Eichmann decía que él nunca había matado a nadie por sus propias manos y se quejaba de que lo acusaran de ser asesino, a pesar de haber sido responsable de la muerte de millones de personas.

    6.   Transferir la responsabilidad individual a la autoridad responsable. Una autoridad abstracta toma las decisiones y por lo tanto los individuos que ejecutan lo necesario para que ocurran los crímenes, sienten que no son responsables. Frases tales como: “Lo decidió el gobierno”; “Fue el Estado”; “Fue la empresa la que lo hizo”; “Yo no soy responsable de combatir la corrupción. Eso lo hace la contraloría.”, ilustran esta actitud.

    7.     Compartimentalización del pensamiento. Separa lo que se hace de lo que se piensa. Un sicario pensará que es un buen cristiano mientras comete los perores crímenes. Un político rechazará en su discurso la corrupción, a la vez que incurre en ella. Un empresario puede sentirse muy honesto siendo que soborna y realiza actos ilegales para beneficiarse.

   8.     Cultura del trabajo excesivo y frenesí por dar resultados. Es el caso de los empleados de las empresas que están dispuestos a cometer crímenes con tal de obtener los resultados que les piden. O de los funcionarios del gobierno que están dispuestos a violar la ley con tal de complacer a sus jefes. 

   9.    Priorizar sistemas abstractos por encima de los seres humanos. Los nazis creían necesario limpiar la “raza aria” de las impurezas de otras “razas” y, por lo tanto, había que destruirlas. Actualmente hay empresarios que creen más en las utilidades que en cualquier consideración ética y legal. O bien, existen funcionarios de gobierno que están dispuestos a matar, torturar o encarcelar a los opositores por creer que su ideología debe ser impuesta a la sociedad. Sucede lo mismo con los fundamentalistas religiosos,  como en Irán,  donde los asesinos de escritorio mandan matar mujeres por no usar un velo.                                         

    10. Mirar para otro lado. Ignorar conscientemente el mal. Por ejemplo, los empleados de las empresas que saben que sus jefes están actuando contra la sociedad para obtener un beneficio y no hacen nada al respecto. O bien,  los funcionarios de gobierno que no denuncian a los jefes que roban, cometen crímenes o actos de corrupción.

 Los criminales de escritorio pululan no solo en los regímenes totalitarios. Existen en nuestra sociedad. Sucede con el narcotráfico: los narcotraficantes son auxiliados por banqueros, ingenieros, funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y otros, quienes contribuyen a que se cometan los peores crímenes. Ocurre con el sector salud: los funcionarios de ese sector dejaron morir a cientos de miles de personas durante la pandemia solo por darle gusto a sus jefes,  actuando contra toda ética y conocimiento científico, basados en supersticiones.

 Puede suceder con el sistema alimentario mexicano, generando hambruna al prohibir la importación de alimentos por razones ideológicas y no científicas. También ´pasa con los empleados de las empresas que permiten que estas contaminen, tengan condiciones inseguras de trabajo, roben a sus clientes, paguen mal a sus empleados, etc.

 El remedio estriba en desactivar los factores que el Prof. Grotten ha identificado para evitar que se dé este fenómeno de los asesinos de escritorio. Están por todos lados y hay que estar alertas para evitarlo.  

 

 

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CORRUPCIÓN EN MATERIA ELECTORAL

  

Por: Octavio Díaz García de León

   El domingo 13 de noviembre tuvieron lugar manifestaciones en muchas ciudades de México para protestar en contra de la propuesta de reforma electoral que impulsa el presidente López Obrador y su partido. Estas manifestaciones ocurrieron porque se advierten peligros de retroceso democrático en los avances que se han logrado en materia electoral.

   El sistema electoral que México ha venido construyendo ha permitido la alternancia en el poder de manera pacífica,  no solo a nivel federal sino en los estados y municipios.  Por primera vez desde que nuestro país alcanzó la independencia, se han creado mecanismos confiables para que opciones ideológicas y grupos políticos diversos puedan acceder al poder sin recurrir a la violencia,  como se ha demostrado en estas últimas dos décadas.

  Este sistema no es perfecto. Por ejemplo, en un artículo reciente, señalaba el problema del financiamiento y gasto ilegal en las campañas,  lo cual permite comprar elecciones. Por ello, más que una reforma electoral,  lo que hace falta son mecanismos eficaces de combate a la corrupción en los organismos electorales.   

 Los riesgos de corrupción en los organismos electorales no solo están en el manejo de recursos para su operación interna, sino de manera más relevante, aquellos que tienen que ver con su actividad sustantiva.

  Esto es debido a que las decisiones del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al afectar el resultado de las elecciones y la vida interna de los partidos, afectan también los intereses y recursos que se manejan, tanto en las campañas, como en los partidos,  los cuales son muy cuantiosos.  

   Por ejemplo, está en juego el dinero ilegal que se maneja en las campañas. Para repagar ese dinero ilícito hay que ganar elecciones para estar en posibilidad de devolver los “favores” mediante actos de corrupción en contrataciones públicas y otras actuaciones ilegales, ya desde el poder.

   Una manera de abatir esos riesgos es fortalecer los mecanismos de vigilancia que tienen estos organismos. El INE, por ejemplo, cuenta con una contraloría cuyo titular es nombrado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, al depender de los diputados que representan a sus partidos,  podría estar sujeto a presiones que le impidan un funcionamiento imparcial.

   Por otra parte, el TEPJF tiene esquemas de control interno   débiles. Su contraloría solo fiscaliza aspectos administrativos y su ámbito de competencia es solo con personal no jurisdiccional. Los magistrados de la Sala Superior solo se pueden investigar y sancionar ellos mismos y para el resto del personal quien los puede sancionar es la Comisión de Administración,  en donde participan tres Consejeros de la Judicatura y dos magistrados de Sala Superior, con el posible riesgo de parcialidad en sus resoluciones.

   Un indicio de estos riesgos de corrupción se dio con la revelación que hizo la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, del supuesto intercambio de mensajes  entre el entonces presidente del TEPJF, Francisco Fuentes y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, en donde,  de ser cierto, se evidencia un tráfico de influencias con intercambio de favores entre autoridades electorales y actores políticos.

   Este tipo de denuncias las debe investigar una autoridad independiente al TEPJF, ya que actualmente las responsabilidades administrativas en que incurren los magistrados de la Sala Superior se investigan y resuelven en la misma Sala Superior. En los mensajes presentados por la gobernadora Sansores, se da a entender que todos los magistrados de la Sala Superior podrían estar involucrados en el tráfico de influencias. Entonces, no habría forma de investigar y sancionar este caso de manera imparcial. Por ello, no hay certeza de que se investigue esta denuncia,  como sí lo haría de oficio cualquier Órgano Interno de Control. Sin embargo, esperemos que lo hagan y den a conocer sus hallazgos. Por otra parte, esta denuncia debería investigarse también por la vía penal.

  Es ineficaz combatir la corrupción desde adentro de las instituciones electorales por la vía administrativa por las razones expuestas. Por la vía penal caería en el ámbito de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.  Hace falta darles los recursos necesarios a estas Fiscalías pues, entre las dos,  su presupuesto en 2022 representa apenas el 2% del presupuesto de la Fiscalía General de la República.  

   Los riesgos de corrupción en las instituciones electorales se pueden mitigar mediante un buen control interno y mediante una fiscalización externa independiente.  El INE tiene la ventaja de que el contralor es nombrado por la Cámara de Diputados, pero en el TEPJF donde todo se resuelve por empleados del propio Tribunal,  quienes responden a los magistrados de la Sala Superior, existe la necesidad de crear una instancia de control interno con mayor autonomía para que sea eficaz.  Ojalá la discusión sobre el tema electoral se enfoque más en cómo combatir la corrupción al interior de estas instituciones y no en otras reformas que no contribuyen a favorecer la democracia.  

 

                      

EL CASH EN LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

    La reciente publicación del libro El Rey del Cash,  de la periodista Elena Chávez, causó gran polémica y se convirtió en uno de los libros más vendidos. Este testimonio confirma cómo se obtiene dinero para las campañas políticas en México. Si bien se sabía ya de estos manejos por videos que se han filtrado y otros testimonios, en este libro la autora, como testigo privilegiada, revela casos específicos.  

    En El Rey del Cash la autora revela algunas prácticas, tales como el desvío de recursos públicos, la corrupción en contrataciones públicas y la extorsión a empleados de gobierno.

    A pesar de los mecanismos de vigilancia con que cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE), las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la fiscalización de instituciones como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública,  el financiamiento y gasto ilegal para las campañas políticas es uno de los mayores problemas que enfrenta nuestra democracia porque permite “comprar” las elecciones y es una gran fuente de corrupción.

   Para los operadores políticos, el manejar una campaña equivale a sacarse la lotería. Los sobres, las maletas y los costales llenos de billetes, son una bonanza para ellos, porque no le rinden cuentas a nadie y lo usan como quieren. Además, estos fondos, por su naturaleza clandestina y en efectivo,  no dejan huella, por lo que una buena parte del dinero se quedará en sus manos para aumentar su patrimonio personal. 

   Si gana su candidato, tendrán acceso a más dinero ilícito mediante la corrupción por la asignación irregular de contratos para repagar los “favores” y, sin duda, también recibirán una comisión. Pero tampoco les molesta si pierden sus candidatos, pues siempre habrá otras elecciones. Por eso hay partidos políticos que se manejan más como negocio que como verdaderas opciones políticas.

    Este fenómeno no es nuevo. Por décadas, las elecciones se han llevado a cabo con manejos ilegales de recursos y también ha sido notorio el enriquecimiento inexplicable de algunos de estos personajes que coordinan campañas, dirigen partidos y de los propios candidatos. Aunque estos últimos llevan más que perder, pues a veces apuestan su patrimonio,  ya que incluso las candidaturas se venden al mejor postor. Por ello, es pertinente aquella frase que se le atribuye al Prof. Carlos Hank González:   “Un político pobre es un pobre político”.

   Para conocer  mejor acerca del financiamiento y gasto ilegal en las campañas políticas,  recomiendo el libro de Casar y Ugalde Dinero Bajo la Mesa. Para ellos, las fuentes de financiamiento ilícito son: el desvío de recursos públicos, las contribuciones ilegales de particulares y el financiamiento del crimen organizado.

   Para dimensionar el fenómeno, Casar y Ugalde recurren a cifras del Banco de México en donde se muestra que en los primeros meses del 2018, durante las campañas, aumentó el flujo de efectivo en 58 mil millones de pesos vs. 5 mil millones que creció el año anterior. Este crecimiento inusual lo atribuyen en buena parte al uso ilícito de efectivo en las campañas. En contraste, el tope legal de todos los gastos de campaña de ese año ascendió a 5,193 millones de pesos.

   ¿Es difícil acabar con toda esta corrupción? Sí, pero no imposible.  Hay que seguir la pista del dinero.  Como lo he reiterado en esta columna,  la mejor forma de encontrar a los corruptos y que también serviría para identificar el financiamiento y gasto ilegal en las campañas políticas, es investigando los flujos de dinero asociados con estos procesos.

   Existen las instituciones para hacerlo,  pero tienen la desventaja de que carecen de autonomía,  ya sea por depender de los partidos políticos o del gobierno en turno. En este sentido, el INE es una institución con la autonomía y capacidad para tratar de mitigar el fenómeno,  pero requiere ayuda de otras instituciones tales como la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y el SAT entre otros, para ser más eficaz. Sin embargo,  no se aprecia que más allá del INE, exista interés por combatir estos flujos ilegales.    

   El financiamiento y gasto ilegal en campañas políticas daña a nuestra democracia pues permite “comprar”  las elecciones y no ganarlas en una competencia justa. Pierde el gobierno con la corrupción en las contrataciones públicas que se hacen para pagar “favores” y con el desvío de recursos para las campañas políticas. Pierden los trabajadores del gobierno a quienes se les obliga a “cooperar” con la causa. Pierden empresarios y particulares que creen que se beneficiarán de esta corrupción.

   Pierde la democracia en general, pues las elecciones se venden al mejor postor.  

 Para que México tenga una verdadera democracia es necesario evitar la corrupción que hace fluir dinero ilícito hacia las campañas políticas e impedir que los operadores políticos se enriquezcan. De otra forma,  tendremos los gobiernos que los grupos de interés que cuenten con los recursos, partidos y puestos públicos, puedan comprar.

 

RIESGO DE UNA GUERRA NUCLEAR

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

     Este mes se cumplen 60 años de la crisis de los misiles en Cuba cuando la humanidad estuvo a punto de sufrir una guerra nuclear que probablemente hubiera acabado con la vida de los seres humanos en el planeta y alterado por completo al resto de las formas de vida que hubieran sobrevivido. Es muy preocupante que, a pesar de los enormes riesgos, se hable en estos momentos de otra posible contienda con armas de este tipo, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania.

     Para quienes no vivieron la Guerra Fría, en donde el futuro de la humanidad pendía de un hilo, recordemos que los dirigentes de las potencias nucleares tenían el dedo siempre sobre el gatillo nuclear que destruiría al planeta.  Por ello,  quizás no se entienda la angustia y preocupación que esa amenaza puede causar.

    Recuerdo que en octubre de 1962 mi mamá lo único que tenía a su alcance para alterar un poco lo que nuestra familia tendría que afrontar en caso de que pasara lo peor, era acumular víveres. No hubieran servido de mucho, pero reflejaba la angustia y la frustración que ella, como la mayor parte de la humanidad, sentía ante el posible fin de la vida en él planeta.  

    Hoy renace la amenaza de usar armas nucleares. Aunque diversos reportes señalan que no hay indicios de que se estén alertando las fuerzas nucleares rusas, la retórica bélica de Putin empieza a considerar esta posibilidad. Rusia podría realizar un ataque táctico en Ucrania con bombas atómicas pequeñas.  Pero usar este tipo de armas es abrir una caja de Pandora que no tiene reversa. Los efectos de estas armas se pueden salir de control. Si bien, tampoco hay evidencia de que las potencias occidentales estén dispuestas a contestar un ataque así con armas nucleares, se corre el riesgo de una escalada.

   No estamos en este momento tan cerca del desastre como lo estuvimos en octubre de 1962, pero ha vuelto esta amenaza que no habíamos tenido desde la Guerra Fría.

    El presidente Biden no cree que Putin llegue tan lejos. Sin embargo, el problema con los dictadores es que no tienen contrapesos internos para evitar que tomen decisiones que,  incluso, lleven a la destrucción a sus propios países tal y como lo hizo Hitler.

    La decisión de usar armas nucleares depende de muy pocas personas, pues solo los líderes de los países con estos arsenales tienen ese poder. En este momento es Putin quien amenaza con usar estas armas.

    Los efectos de una guerra nuclear no se circunscriben al territorio donde se usan. Una bomba atómica no respeta fronteras y la destrucción que provoca en el mediano y largo plazo (Los afortunados son quienes mueren de inmediato) pone en riesgo la vida de todas las personas.

    El sufrimiento que desencadenaría en todo el mundo lo viviríamos de manera personal en forma atroz debido a las enfermedades por radiación, al hambre y a la escasez generalizada de todo.  

    México, fiel a su tradición de querer un mundo libre de armas nucleares, tal como se plasmó en el Tratado de Tlatelolco que hizo de América Latina una región sin ellas y que le dio al Embajador García Robles el Premio Nóbel de la Paz, debería pugnar en todos los foros internacionales por la prohibición de la fabricación y uso de estas armas.  

   Por otra parte,  México debe ser prudente en la posición que adopte ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay que recordar como los alemanes, durante la Primera Guerra Mundial querían que México se incorporara a la guerra de su lado para atacar a Estados Unidos, aspecto que se dio a conocer al revelarse el contenido del Telegrama Zimmermann.  El presidente Carranza rechazó esta invitación y evitó una guerra con nuestro vecino en la que nuestro país hubiera sacado la peor parte. Esta es una lección que nos da la historia y que no hay que olvidar.

    Será importante reforzar la cercanía y amistad con Estados Unidos. Quizás así, nuestro país podría tratar de influir en impedir el uso del arsenal atómico. Por otra parte, hay que evitar tomar partido con el país equivocado , en este caso Rusia, tal y como sucedió con el Telegrama Zimmermann, cuando México, sabiamente,  no apoyó a Alemania.   

     Es lamentable que en pleno Siglo XXI,  estemos de nuevo padeciendo el riesgo de que ocurra una guerra nuclear. Pero mientras existan bombas atómicas y la decisión de destruir a la humanidad dependa de un dictador, estaremos en riesgo todos. Urge poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y que Rusia abandone los territorios invadidos.  Lo que está en juego no es solo la disputa por un territorio, sino el futuro de la humanidad.

SECRETOS DE ESTADO Y LAS GUACAMAYA LEAKS

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

   El robo de seis terabytes de información de los sistemas informáticos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), realizada por el grupo clandestino autodenominado Guacamaya, ha prendido las alarmas de los expertos en ciberseguridad, seguridad nacional,  protección de datos personales y las autoridades del gobierno federal. Ya reconoció el presidente López Obrador que la información publicada, derivada de la sustracción, es auténtica.   

   La cantidad de información saqueada no tiene precedentes. Los Papeles de Pandora, habían sido el más grande robo de información y  contenía 2.94 terabytes, los  Papeles de Panamá 2.6 terabytes y los Paradise Papers 1.4 terabytes. En comparación,  Wikileaks contenía 1.5 gigabytes. Esto es, los Guacamaya Leaks son 4,000 veces el tamaño de Wikileaks. Lo sustraído a SEDENA comprende más de   4 millones  de correos con archivos adjuntos.    

   De acuerdo con la BBC,  los documentos contienen información sobre operaciones contra la delincuencia; espionaje a personajes, entre ellos al Embajador de Estados Unidos en México; la seguridad y salud del presidente López Obrador; y las redes de corrupción de políticos, legisladores y funcionarios y sus nexos con el crimen organizado. Por lo pronto, la publicación de esta información tan sensible, continuará.  Este hurto plantea varios aspectos a tomar en cuenta:

   Ciberseguridad. Urge mejorar la ciberseguridad del gobierno para proteger al Estado mexicano. Algunos aspectos que llaman la atención del hurto de información son los siguientes.

  Para hacer un vaciado de información de seis terabytes de manera remota, suponiendo un enlace de veinte megabits por segundo, tomaría un mes de conexión continua,  en condiciones óptimas. Este es un periodo muy largo para que no se hubieran dado cuenta los sistemas de seguridad de la SEDENA.

   La ciberseguridad no solo se refiere a los mecanismos informáticos de protección de las comunicaciones y las bases de datos. Incluye también los controles sobre el personal que atiende a estos sistemas tales como controles de acceso, controles de confianza y la seguridad perimetral que impida el acceso físico a los equipos informáticos a personal no autorizado, entre otros elementos.

    Dadas las circunstancias del robo de la información, no habría que descartar la posibilidad de que la fuga pudo venir de personal de la institución o de prestadores de servicios con acceso a estos equipos, por ejemplo, si el servidor de correos residiera en equipos de terceros. En caso de que  la sustracción hubiese sido un trabajo interno,  hay que  considerar que descargar toda esa información en un disco duro externo, puede tomar más de cuatro horas y media,  lo cual también requeriría violar  medidas de seguridad física sin despertar sospechas o bien tratarse de personal autorizado.  

    Secretos de Estado. Este robo de información demuestra que se requiere una Ley de Secretos de Estado,  como existe en otros países,  para proteger información para la seguridad nacional, estableciendo medidas de seguridad para ella y sanciones a quien la viole.

    En México, la protección de información por razones de seguridad nacional se ha distorsionado. Actualmente se deja a las instituciones la interpretación de lo que debe reservarse por motivos de seguridad nacional, frecuentemente entrando en conflicto con criterios del INAI y en ocasiones favoreciendo la opacidad de información que pudiera estar asociada a actos de corrupción. Tal es el caso de contrataciones de bienes, servicios y obra pública que son reservadas por motivos de seguridad nacional, cuya revelación en realidad no la afecta.

    En el sexenio pasado, el entonces titular de CONAGUA, David Korenfeld, trató de ocultar el uso que le daba al helicóptero de la institución con fines personales, con el pretexto de que su revelación afectaba a la seguridad nacional, aspecto que fue incluso respaldado incorrectamente por el INAI, pues había muy buenas razones para determinar que no era información que afectara a la seguridad nacional. Posteriormente Korenfeld fue sancionado por haber usado dicho helicóptero para su beneficio personal.   

   Con una Ley de Secretos de Estado se podría dar claridad a la información que se  debe proteger por motivos de seguridad nacional. Sería conveniente que fuera el INAI, ya con criterios claros, quien se encargara de vigilar la aplicación de dicha Ley,  como ya lo hace actualmente en la protección de datos personales.

    Protección de datos personales. La información robada a la SEDENA incluye datos personales, cuya protección deberán cuidar los periodistas al publicar la información sustraída, para no afectar la privacidad de las personas expuestas,  ya que incluso puede poner en riesgo su vida.  

   El gobierno debe tomar medidas para minimizar el daño por la información sustraída, analizar el alcance de la fuga, encontrar a los responsables para someterlos a juicio y prevenir futuros robos de información. Ojalá los legisladores también emitan una Ley que permita proteger a los secretos de Estado y evitar opacidades que, con el pretexto de tratarse de seguridad nacional, oculten posibles actos de corrupción.

LEYES DE RESPONSABILIDADES SIN RESULTADOS

 

Por: Octavio Díaz García de León

    Desde tiempos de los aztecas hasta nuestros días se han dictado leyes y creado instituciones para que los funcionarios del gobierno cumplan con su cometido. Estos controles internos han funcionado deficientemente porque el Estado no es lo suficientemente fuerte,  por no tener leyes eficaces, por falta de voluntad política o por carecer de instituciones adecuadas.

     Quizás el primero que estableció reglas con este propósito fue Nezahualcóyotl. Por ejemplo, si los embajadores no cumplían sus órdenes, eran degollados. Los jueces que eran sobornados o no eran imparciales se les quitaba el empleo, los trasquilaban en el tianguis o eran condenados a muerte. Los recolectores de impuestos que se excedían en sus atribuciones, eran degollados.

   Durante el periodo novohispano se utilizaron dos figuras para la rendición de cuentas y el castigo a la corrupción:  el juicio de residencia, que se aplicaba una vez terminados los encargos de los funcionarios y donde podían participar los ciudadanos que tenían quejas; y los visitadores, una especie de fiscales anti corrupción con amplios poderes,  incluso sobre los virreyes.

     La Constitución de Apatzingán mantiene el Juicio de Residencia  para castigar los delitos de “heregía, apostasía, infidencia, concusión y dilapidación de los caudales públicos”.  (Ver El primer sistema de anticorrupción en México). Al lograr la independencia,  el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano permitía a cualquier mexicano acusar de soborno, cohecho y prevaricato a magistrados y jueces.  

    La Constitución de 1824 contemplaba el que las Cámaras pudieran conocer acusaciones contra el presidente de la república, gobernadores y secretarios de despacho por traición, cohecho o soborno.  Las Leyes Constitucionales de 1836 mencionaba delitos oficiales de los más altos funcionarios del gobierno. Las Bases Orgánicas de la República de 1843,   dictaban el que “Toda prevaricación por cohecho, soborno o baratería produce acción popular contra cualquier funcionario público que lo cometiere”. Ya con la vigencia de la Constitución de 1857 se promulgaron dos leyes de responsabilidades de los altos funcionarios una en 1870 y la otra en 1896.

    La Constitución de 1917 contempla también las responsabilidades de los servidores públicos, aunque no es hasta finales del sexenio de Cárdenas en 1940,  que se promulga la ley reglamentaria respectiva. Esta Ley aplica a todos los servidores públicos; tipifica 71 conductas como delitos oficiales e introduce el concepto de faltas oficiales que son las infracciones y omisiones que no sean consideradas delitos. Ambos casos se juzgan por un Jurado constituido por 7 personas: un representante de los servidores públicos, un representante de la prensa, un profesionista, un profesor, un obrero, un campesino y un agricultor, industrial o comerciante. Introduce la investigación por enriquecimiento inexplicable y el que los bienes que no se justifiquen,  pasarán  al dominio de la nación; se concede acción popular para hacer denuncias por estos hechos; se introduce la obligación para todo servidor público, al tomar posesión de su encargo, de hacer su declaración patrimonial.  En 1980 se deroga la Ley de 1940 y se promulga una nueva,  pero prácticamente sin cambiar nada.

    Miguel de la Madrid expide en 1982 la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos con la cual separa los delitos cometidos por servidores públicos, los cuales se incorporan al Código Penal, se crea la Secretaría de la Contraloria General de la Federación encargada de sancionar faltas administrativas, entre otras tareas,  y se genera la obligación de los estados para emitir leyes de responsabilidades. (Ver Sistema de Responsabilidades en México).   En 2002 se hace una extraña reforma emitiéndose la nueva Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pero dejando vigente la anterior Ley,  para que aplique solo a los servidores públicos del Distrito Federal. La última reforma de 2016 crea el Sistema Nacional Anticorrupción y se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otras disposiciones.

     Considero que la reforma de 1982, impulsada por Miguel de la Madrid,  ha sido la mejor hasta ahora al separar las faltas administrativas de los delitos y crear una secretaría para el control interno del gobierno federal. Las reformas de 2016 han sido un retroceso en materia legal; han creado confusión al volver a mezclar el control interno con el combate a la corrupción y no se han fortalecido las instituciones encargadas de estas materias.

   Pero ninguna de las reformas en materia de responsabilidades y combate a la corrupción en el México independiente han dado los resultados que el país necesitaba.

    Valdría la pena retomar las lecciones de la historia para corregir lo que no funciona, evitar inventar el hilo negro y tomar las mejores prácticas del pasado. Reformar a las disposiciones de responsabilidades administrativas para fortalecer el control interno del gobierno y a las de carácter penal para poder encarcelar a los corruptos. Reforzar a las instituciones encargadas de aplicar estas leyes,  revirtiendo el deterioro que han sufrido y reconsiderar el Sistema Nacional Anticorrupción que no ha dado resultados ni está diseñado para contener la corrupción. ____________________________________________________________

 

PUERTAS HACIA LA IMPUNIDAD

 

Por: Octavio Díaz García de León

  Pareciera que nuestras leyes penales y de responsabilidades administrativas están hechas para un país ideal en donde las autoridades encargadas de aplicarlas tienen enormes recursos, preparación, métodos avanzados de investigación, cuentan con instalaciones adecuadas y suficiente personal altamente capacitado para atender todos los casos que se les presentan. Ciertamente México no tiene estas capacidades y por lo tanto las leyes por sí mismas no son de mucha utilidad, generando impunidad.  

   ¿Por qué estas leyes requieren instituciones tan profesionales y bien equipadas? Porque es muy difícil cumplir todo lo que se pide de ellas ya que las leyes son muy difíciles de aplicar. Esta dificultad proviene, entre otras razones, de su garantismo que suele dar a los presuntos responsables más ventajas que a las víctimas y por un sesgo de nuestro sistema jurídico que hace que los procedimientos tengan preponderancia sobre el fondo de los asuntos.

   Habrán escuchado de innumerables casos en donde los ministerios públicos o las contralorías no pudieron armar bien un expediente de investigación para acusar a personas que a todas luces eran culpables y, entonces,  los jueces las dejan en libertad y las contralorías sin sanción, o bien,  de procesos judiciales en donde por no seguir de forma estricta los procedimientos legales y sin revisar el fondo de los asuntos, se pierden los casos.  

    Ante nuestra realidad institucional, el garantismo y el procesalismo han sido puertas que conducen a la impunidad, fomentada a su vez,  por otros factores tales como los pocos recursos humanos y materiales con que cuentan las autoridades y la corrupción que afecta a todos los procesos relacionados con la aplicación de las leyes.

    A pesar de la evidencia, se sigue pensando en reformar o emitir más leyes con mayor sofisticación,  en lugar de armonizarlas con las instituciones y su realidad. Como si por arte de magia,  nuevas leyes o reformas de avanzada fueran a resolver el problema de la impunidad, sin tomar en cuenta las capacidades y circunstancias de las instituciones que tendrán que aplicarlas. 

  Bajo esta lógica,  se han creado sistemas barrocos disfuncionales como el Sistema Nacional Anticorrupción,  el cual no ha podido combatir la corrupción porque integra a instituciones cuyo mandato no es combatir la corrupción (excepto una)  o se ha reformado la Ley de Responsabilidades Administrativas, la cual tiene numerosos errores, para intentar combatir actos de corrupción por esta vía, sin considerar que los órganos internos de control y las contralorías no están diseñados para este propósito y siendo además que sus disposiciones se duplican con el Código Penal Federal.

    La más reciente Ley General de Responsabilidades Administrativas,  en vigor desde 2017,  es mucho más garantista y extensa en procedimientos que su antecesora, con lo que se amplían los caminos hacia la impunidad,  dado que ni se modificaron las instituciones encargadas de aplicarla ni se les dieron los recursos necesarios para cumplir con estas nuevas exigencias.  Otro factor que la hace disfuncional es que en lugar de que dicha Ley sea una herramienta para el control interno del gobierno, se trató que fuera el instrumento primordial para combatir la corrupción.

  Si bien es muy válida la preocupación por la violación a las garantías individuales en procesos judiciales, como la presunción de inocencia, sobre todo con tantos antecedentes de violación a los derechos de los acusados, el inclinar el balance legal en favor de los presuntos malhechores va en detrimento de los derechos de las víctimas, pervierte el objetivo primordial de las leyes que es proteger a la población y no cumple con el propósito de prevenir conductas ilícitas. 

  También son necesarios procedimientos legales claros para evitar arbitrariedades en los procesos, pero no debería darse más importancia a estos cuando las evidencias de la culpabilidad de los acusados no son desvirtuadas,  pues esto pone la atención de las autoridades en la parte equivocada: en la forma y no en el fondo. Adicionalmente, ante procedimientos demasiado detallados y barrocos, es más probable su incumplimiento debido a errores o por falta de capacidad de las autoridades, impidiendo el proveer justicia.

  Hace falta que legisladores y juristas estén más enfocados a darle resultados a la sociedad y diseñen leyes que logren ese propósito,  haciéndolas más sencillas de aplicar y orientadas al fondo y no a la forma jurídica. 

  A la vez es urgente fortalecer a fiscalías, contralorías, policías, Poder Judicial y todos aquellos encargados de combatir ilícitos y faltas administrativas, dándoles más recursos y rediseñándolas para que puedan ser eficaces en la aplicación de las leyes.   

   Una vez alineados el marco legal con las instituciones que lo aplican, se deberá vigilar que ambas cumplan con su cometido y de no ser así, corregir. No se pueden seguir creando y reformando leyes sin modificar, adaptar y fortalecer a las instituciones que tienen que aplicar esas leyes. Se requiere una visión integral orientada a darle resultados a la sociedad.  

UN PAÍS DESTRUIDO POR SU LÍDER

 

Por: Octavio Díaz García de León

    El 18 de abril de 1945 en Ansbach, Alemania, las tropas americanas están a punto de tomar la ciudad. Los dirigentes nazis han huido, los soldados alemanes han sido retirados, la población está aterrorizada por los bombardeos. Cualquier persona racional rendiría la plaza,  pero el jefe militar nazi, un fanático,  insiste en pelear hasta el final, con el riesgo de provocar la destrucción total de su ciudad como ocurrió en otros casos. Un estudiante de teología decide oponerse a esa medida, llevando a cabo sabotajes para impedir que continúe la lucha inútil. Es capturado y ejecutado cruelmente, con la complicidad de los lugareños y sin consideración por lo cercano del final y lo inútil de su muerte. Minutos después de la ejecución, el comandante militar nazi huye en bicicleta y cuatro horas después el ejército americano entra en la ciudad.

    Con este relato inicia su libro "El Final" el historiador Ian Kershaw. En él describe el fanatismo irracional con el que Alemania se auto destruyó al final de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo como consecuencia que murieran inútilmente millones de alemanes; que parte de su territorio fuera sometido duramente por los soviéticos; que ocasionó la desaparición del centenario reino de Prusia; que millones de alemanes fueran expulsados de territorios donde habían vivido sus antepasados por siglos; que se destruyeran ciudades y regiones. 

   ¿Como fue posible que se llegara a esos extremos? ¿Por qué no se rindieron antes de que las fuerzas aliadas arrasaran el país? ¿Qué impulso suicida motivó a los alemanes a pelear hasta el final? Estas preguntas las intenta responder Kershaw.  

   Para ello, describe las circunstancias que evitaron que Alemania se rindiera en 1944,  cuando la guerra ya estaba perdida. Dice que hubo factores tales como la mentalidad alemana, el apoyo incondicional de las masas a Hitler, el terrible aparato de terror nazi, el dominio del partido nazi, el papel de los cuatro dirigentes más importantes, el terror a la ocupación de los rusos y el hecho de que la burocracia y los líderes militares estuvieron dispuestos a seguir cumpliendo con sus tareas, a pesar de que ya todo estaba perdido.   

   Hitler y su maquinaria de propaganda jugaron un papel muy importante para convencer al pueblo alemán de cometer suicidio colectivo. Los mitos nacionalistas, raciales y todo tipo de mentiras, como la supuesta posesión de armas secretas que los harían ganar la guerra, fueron aceptados sin crítica alguna por los alemanes.

   Kershaw atribuye esta catástrofe a la forma como estaba estructurado el régimen,  centralizando un poder absoluto en un líder carismático. A pesar de que la popularidad de Hitler ya había menguado, las estructuras y mentalidades de su gobierno carismático duraron hasta su muerte. Las élites dominantes, divididas como estaban, no tuvieron el deseo colectivo, ni los mecanismos de poder, para evitar que Hitler llevara a Alemania a su destrucción total.

    ¿Como es posible que un hombre sea capaz de imponer su voluntad a millones de seres humanos sin importar las consecuencias? ¿O que las élites dirigentes estén dispuestas a acatar cualquiera de sus órdenes por absurdas que sean,  dejando de lado su inteligencia y pensamiento crítico,  que sí los tienen en otros ámbitos de su vida? Quizás habría que hacer un análisis de psicología de masas, como el que hizo Erich Fromm en su obra El Miedo a la Libertad  o explorar La Banalidad del Mal como lo hace Hanna Arendt.

   Montesquieu en El Espíritu de las Leyes y Hamilton, Madison y Jay en El Federalista   encontraron el antídoto contra los gobernantes absolutistas mediante la separación de poderes para  evitar el daño causado por el despotismo y la irracionalidad de los líderes carismáticos. En México esto se ha venido reforzando con la creación de instituciones autónomas.

   Sin embargo, cuando las instituciones y los contrapesos de un sistema democrático se van destruyendo y las élites se someten para darle gusto al líder, pudiera anunciar el nacimiento de una dictadura que podría destruir a un país.

    Este proceso puede tomar años y pasar desapercibido como lo relata William Shirer en su libro Diario de Berlín,  respecto al ascenso de Hitler al poder absoluto. Por ello,  les tomó mucho tiempo a judíos y opositores al régimen nazi, darse cuenta del peligro que corrían, hasta que fue demasiado tarde.

    Nuestra época no está exenta de líderes carismáticos aferrados al poder y con comportamientos destructivos, como podemos observar en países tales como Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua,  Hungría, Turquía o Rusia,  en donde se han destruido las instituciones democráticas y los contrapesos al poder. Algunos de estos países han sido destruidos y están en la ruina.  Hemos visto que este peligro amenaza incluso a democracias bien desarrolladas tales como en el caso de Trump en Estados Unidos.  Podría pasar en México, si lo permitimos.

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