INGRESO BÁSICO PARA TODOS

  

Por: Octavio Díaz García de León.

     La idea: El que haya un ingreso básico universal para todos es una vieja propuesta que ha tomado fuerza recientemente. Debido a los avances tecnológicos que están produciendo el desplazamiento de la fuerza de trabajo, se requiere analizar cómo se puede implementar esta iniciativa y que sea fiscalmente viable. También es importante atender a los impactos psicológicos que puede causar en las personas y los tabúes culturales que hay que romper.  

      Hace tres años escribí un artículo  sobre este tema derivado de una propuesta de campaña que hizo el entonces candidato a la presidencia, Ricardo Anaya. Como no ganó, ya no sabremos si se hubiera podido dar este beneficio a la población. Esta propuesta tenía muchas ventajas, pero una de las limitaciones que yo observaba era la viabilidad fiscal para sostener un programa así, con un ingreso que realmente permitiera a las personas subsistir.

     El presidente López Obrador mantiene un programa que inició en el sexenio del presidente Calderón, dirigido a los adultos de más de 68 años y a los de 65 o más que viven en municipios indígenas, con un monto que asciende a $15,300 pesos al año. Este es el único apoyo de carácter universal, aunque acotado por la edad, que otorga el gobierno.

    En las condiciones económicas que ahora vive nuestro país, es menos viable que en 2018 el poder otorgar un beneficio de este tipo a la población, a menos que sustituyera a todos los programas sociales. Sin embargo, el mundo se enfrenta a una revolución industrial que requiere considerar el otorgar un ingreso básico para todos.

    La Cuarta Revolución Industrial que estamos viviendo es producto de avances extraordinarios en la tecnología. Una de las transformaciones que se están dando es, por ejemplo, la robotización de la producción de bienes y servicios, lo cual inevitablemente desplazará de sus actuales trabajos a cientos de millones de personas por todo el mundo.

    Las empresas, al abaratarse y perfeccionarse los robots, la capacidad de procesamiento y almacenamiento de información, las telecomunicaciones, el transporte, y la inteligencia artificial, irán eliminando empleos, desplazando no solo a trabajadores que realizan trabajo manual repetitivo, sino también a los profesionistas.  

    En un ensayo de 1966, Erich Fromm proponía un “sueldo asegurado” para todos.  El veía una sociedad próspera con suficiente dinero para dar un ingreso mínimo garantizado a todos. Le impulsaba a proponerlo el que el hombre tuviera libertad de actuación, la cual era limitada por las condiciones sociales imperantes que obligaban a las personas a trabajar para subsistir. El sueldo asegurado daría esa anhelada libertad a todas las personas para poder dedicarse a desarrollar sus potencialidades como seres humanos.

     Pero eso requería transformaciones importantes. Tal como “pasar del consumo individual máximo el consumo óptimo; desplazar la producción de las necesidades individuales a la producción de bienes públicos”. La necesidad de superar ciertos tabúes psicológicos tal como “la abolición del principio “el que no trabaja no come””.

     El Estado tendría que transformarse también para convertirse en un eficiente proveedor de bienes públicos básicos y ser el articulador con el empresariado para orientar la producción de bienes y servicios hacia aspectos que permitan mejorar la calidad de vida y disminuir el consumo irracional. Debería también ser capaz de reciclar las utilidades generadas por empresas que ya no ocupen personal, para distribuirlas a través de este ingreso universal.

     Es oportuno considerar el otorgar este “sueldo asegurado” para todos, antes de que la tecnología desplace al ser humano de sus trabajos. También hay que reflexionar sobre los cambios que deben ocurrir en la sociedad para racionalizar el consumo, para ocupar de una manera productiva el tiempo liberado y superar el condicionamiento psicológico que asocie el derecho a subsistir con la obligación de trabajar, para con ello acceder a una sociedad que permita desarrollar todas las capacidades del ser humano.

     Si bien para México el escenario de la disrupción por la Cuarta Revolución Industrial aún se ve distante, el impacto vendrá tarde o temprano y es oportuno ir construyendo el andamiaje necesario para transitar hacia ella. 

    La Cuarta Revolución Industrial junto con el ingreso básico universal permitirán desarrollar todas las capacidades del ser humano, gracias al tiempo del que dispondrá al no tener que vivir para trabajar. Los satisfactores que hacen posible la vida humana serán en su mayoría producidos por robots y todos tendrán acceso a un ingreso básico que les permita vivir.  

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    Twitter: @octaviodiazg

 

FISCALIZACIÓN IMPARCIAL

 

Por: Octavio Díaz García de León

    La idea: La fiscalización no puede realizarse por consigna. Ni para perjudicar a unos ni para solapar a otros. Para que ésta sea profesional y eficaz debe ser imparcial. Existe siempre la tentación de usar a las instancias fiscalizadoras para atacar a los adversarios y proteger a los amigos, pero eso es una forma de corrupción. Si aspiramos a tener un buen control interno en el gobierno, se debe fiscalizar apegado a las mejores prácticas internacionales.

     En un artículo reciente  Peniley Ramírez menciona que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está realizando una investigación  dirigida a un juez que ha fallado en contra de ciertas políticas del  presidente López Obrador. Dice que iniciaron con algunos indicios, pero aparentemente sin tener un caso sólido y como “pescando” información que pudiera más bien, perjudicar al investigado. Esto sería lamentable pues parecería una actuación por consigna por parte de la UIF. Sin embargo, esto confirmaría que algunas de sus intervenciones recientes parecen ser selectivas.   

     Es importante que instituciones como la UIF se apeguen a metodologías que permitan investigar casos sospechosos sin ningún sesgo. Lo mismo aplica para las instancias de fiscalización cuya actuación debe también ser imparcial, profesional y apegada a derecho.

      La fiscalización es una herramienta del control interno que permite averiguar si determinada actividad cumple con la normatividad aplicable. En el gobierno, esta actividad la llevan a cabo los órganos internos de control, las contralorías internas y la Auditoría Superior de la Federación.

     Existen buenas prácticas de fiscalización que se han desarrollado a través de los años. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública tiene lineamientos para que sus órganos internos de control formulen sus planes de trabajo. Desde hace por lo menos dos décadas estos lineamientos usan el Modelo COSO, desarrollado por organizaciones que agrupan a auditores, contadores y financieros, quienes tienen por objetivo desarrollar marcos de referencia y guías en materia de administración de riesgos institucionales, control interno y combate al fraude.

     El  Modelo COSO  consta de un marco de referencia para la adiminstración de riesgos, el cual consiste en un conjunto de principios organizados en cinco componentes interrelacionados:

Gobernanza y cultura. La gobernanza destaca la importancia de una buena supervisión y la cultura se refiere a los valores éticos, comportamientos deseados y el entender los riesgos de la entidad.

Estrategia y fijación de objetivos. Permite alinear el apetito por riesgo, a la estrategia; los objetivos ponen en práctica la estrategia sirviendo a la vez como base para identificar, evaluar y responder al riesgo.

 Desempeño. Se identifican los riesgos que impactan el logro de la estrategia y objetivos; se jerarquizan los riesgos por severidad en el contexto del apetito por riesgo; la organización selecciona las respuestas al riesgo y toma una visión de portafolio sobre los riesgos que está corriendo; e informa a sus partes interesadas en materia de riesgos.  

Repaso y revisión. Al revisar el desempeño de la institución, se puede ver que tan bien están funcionando los componentes de la administración de riesgos y que revisiones se requieren.

Información, comunicación y reportes. La administración de riesgos requiere un proceso continuo para obtener y compartir información a través de la organización.

    Para saber si este modelo y otras herramientas de fiscalización se están aplicando correctamente, podríamos observar, por ejemplo, si existe un sesgo hacia encontrar irregularidades en administraciones anteriores, sin poner tanta atención en la actual. Un enfoque así desvirtúa el propósito de la fiscalización que, como auxiliar en el control interno, le debe interesar si la actual administración se está apegando a la normatividad y qué medidas correctivas se están aplicando para evitar desviaciones en el logro de sus objetivos.

     El querer revisar lo que sucedió en el sexenio anterior o incluso más allá, podría ser una pérdida de tiempo porque las irregularidades para fincar responsabilidades administrativas podrían estar prescritas. Además, si las instancias fiscalizadoras que revisaron esos ejercicios no encontraron nada, fue porque efectivamente no existieron irregularidades o bien, porque fueron omisas y quizá cómplices para ocultarlas y entonces seguramente habrán destruido las evidencias.

     La metodología de auditoría normalmente pide revisar el ejercicio inmediato anterior, esto es, en 2021, revisar lo que ocurrió en 2020, puesto que, quien debe corregir las desviaciones e irregularidades, como una medida de control interno, es la autoridad en turno. En todo caso, si se tienen indicios de corrupción de años anteriores, se deben realizar otro tipo de investigaciones que podrían auxiliarse de auditorías forenses, pero que no se deben mezclar con las tareas de fiscalización del año en curso.

     Los organismos encargados de la fiscalización no deben actuar por consigna política sino con un enfoque y metodología profesional que permita con imparcialidad y eficacia ayudar en el control interno para corregir desviaciones en el cumplimiento de los objetivos de la institución. Convertir la fiscalización en instrumento de venganzas o encubridora de la administración en curso, es otra forma de corrupción.

 

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