PUERTAS HACIA LA IMPUNIDAD

 

Por: Octavio Díaz García de León

  Pareciera que nuestras leyes penales y de responsabilidades administrativas están hechas para un país ideal en donde las autoridades encargadas de aplicarlas tienen enormes recursos, preparación, métodos avanzados de investigación, cuentan con instalaciones adecuadas y suficiente personal altamente capacitado para atender todos los casos que se les presentan. Ciertamente México no tiene estas capacidades y por lo tanto las leyes por sí mismas no son de mucha utilidad, generando impunidad.  

   ¿Por qué estas leyes requieren instituciones tan profesionales y bien equipadas? Porque es muy difícil cumplir todo lo que se pide de ellas ya que las leyes son muy difíciles de aplicar. Esta dificultad proviene, entre otras razones, de su garantismo que suele dar a los presuntos responsables más ventajas que a las víctimas y por un sesgo de nuestro sistema jurídico que hace que los procedimientos tengan preponderancia sobre el fondo de los asuntos.

   Habrán escuchado de innumerables casos en donde los ministerios públicos o las contralorías no pudieron armar bien un expediente de investigación para acusar a personas que a todas luces eran culpables y, entonces,  los jueces las dejan en libertad y las contralorías sin sanción, o bien,  de procesos judiciales en donde por no seguir de forma estricta los procedimientos legales y sin revisar el fondo de los asuntos, se pierden los casos.  

    Ante nuestra realidad institucional, el garantismo y el procesalismo han sido puertas que conducen a la impunidad, fomentada a su vez,  por otros factores tales como los pocos recursos humanos y materiales con que cuentan las autoridades y la corrupción que afecta a todos los procesos relacionados con la aplicación de las leyes.

    A pesar de la evidencia, se sigue pensando en reformar o emitir más leyes con mayor sofisticación,  en lugar de armonizarlas con las instituciones y su realidad. Como si por arte de magia,  nuevas leyes o reformas de avanzada fueran a resolver el problema de la impunidad, sin tomar en cuenta las capacidades y circunstancias de las instituciones que tendrán que aplicarlas. 

  Bajo esta lógica,  se han creado sistemas barrocos disfuncionales como el Sistema Nacional Anticorrupción,  el cual no ha podido combatir la corrupción porque integra a instituciones cuyo mandato no es combatir la corrupción (excepto una)  o se ha reformado la Ley de Responsabilidades Administrativas, la cual tiene numerosos errores, para intentar combatir actos de corrupción por esta vía, sin considerar que los órganos internos de control y las contralorías no están diseñados para este propósito y siendo además que sus disposiciones se duplican con el Código Penal Federal.

    La más reciente Ley General de Responsabilidades Administrativas,  en vigor desde 2017,  es mucho más garantista y extensa en procedimientos que su antecesora, con lo que se amplían los caminos hacia la impunidad,  dado que ni se modificaron las instituciones encargadas de aplicarla ni se les dieron los recursos necesarios para cumplir con estas nuevas exigencias.  Otro factor que la hace disfuncional es que en lugar de que dicha Ley sea una herramienta para el control interno del gobierno, se trató que fuera el instrumento primordial para combatir la corrupción.

  Si bien es muy válida la preocupación por la violación a las garantías individuales en procesos judiciales, como la presunción de inocencia, sobre todo con tantos antecedentes de violación a los derechos de los acusados, el inclinar el balance legal en favor de los presuntos malhechores va en detrimento de los derechos de las víctimas, pervierte el objetivo primordial de las leyes que es proteger a la población y no cumple con el propósito de prevenir conductas ilícitas. 

  También son necesarios procedimientos legales claros para evitar arbitrariedades en los procesos, pero no debería darse más importancia a estos cuando las evidencias de la culpabilidad de los acusados no son desvirtuadas,  pues esto pone la atención de las autoridades en la parte equivocada: en la forma y no en el fondo. Adicionalmente, ante procedimientos demasiado detallados y barrocos, es más probable su incumplimiento debido a errores o por falta de capacidad de las autoridades, impidiendo el proveer justicia.

  Hace falta que legisladores y juristas estén más enfocados a darle resultados a la sociedad y diseñen leyes que logren ese propósito,  haciéndolas más sencillas de aplicar y orientadas al fondo y no a la forma jurídica. 

  A la vez es urgente fortalecer a fiscalías, contralorías, policías, Poder Judicial y todos aquellos encargados de combatir ilícitos y faltas administrativas, dándoles más recursos y rediseñándolas para que puedan ser eficaces en la aplicación de las leyes.   

   Una vez alineados el marco legal con las instituciones que lo aplican, se deberá vigilar que ambas cumplan con su cometido y de no ser así, corregir. No se pueden seguir creando y reformando leyes sin modificar, adaptar y fortalecer a las instituciones que tienen que aplicar esas leyes. Se requiere una visión integral orientada a darle resultados a la sociedad.