DECLARACIONES PATRIMONIALES

LA SILLA ROTA

         

Por: Octavio Díaz García de León.

La idea:  Todo servidor público está obligado a presentar sus declaraciones de situación patrimonial, posible conflicto de interés y, cuando aplica, la fiscal. Presentarlas no es suficiente para combatir la corrupción. Hacen falta investigaciones especializadas para verificarlas y ver si hubo malos manejos.

   El propósito de que todos los empleados de gobierno presenten estas declaraciones es poder detectar enriquecimientos ilícitos registrados en el aumento de su patrimonio y de sus dependientes.

    Si esta información se hiciera pública, en teoría cualquier persona podría verificar si un servidor público vive más allá de las posibilidades que le da su ingreso. Una sociedad vigilante podría detectar estos comportamientos y denunciarlos.

   En la práctica, ni los funcionarios corruptos declaran todo su patrimonio ni la sociedad civil está dispuesta a investigar y denunciarlos. Por ello, esta función la tiene que realizar el gobierno y ya conocemos las dificultades que existen para abatir la impunidad cuando el gobierno se cuida a sí mismo.

   La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) amplió el número de sujetos obligados a presentar las “3 de 3” declaraciones. De esta forma, desde el 19 de julio de 2017, cinco millones de servidores públicos están obligados a presentarla.

   La mayoría de los nuevos obligados están esperando que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción dé a conocer los formatos que se usarán con este propósito.

   Por lo pronto, 212 mil empleados federales debieron presentar su declaración de modificación de situación patrimonial en el mes de mayo. Todos aquellos que no lo hicieron, podrán ser sancionados, aunque la nueva Ley de Responsabilidades no lo considera una falta grave, como sí lo consideraba la anterior Ley Federal de Responsabilidades.

   Además del reto técnico que representa captar cinco millones de declaraciones en los sistemas informáticos de la Secretaría de la Función Pública, existen otros retos que deberán enfrentarse: no todos los obligados tienen acceso a computadoras e internet; algunos no hablan español; otros se rigen por usos y costumbres; existe personal con discapacidades; y una porción de ellos podrían ser analfabetas.

   Hay preocupaciones sobre toda esta información que estará en manos de las autoridades federales. Si bien su propósito es combatir la corrupción, no está exenta de que se haga mal uso de ella para afectar a los declarantes.

   Por ello, se necesitará que el personal que tenga acceso a las mismas esté sujeto a su vez a vigilancia y los sistemas informáticos tengan las suficientes protecciones para evitar ser hackeados.

   Otra preocupación es cuál información de las declaraciones se hará pública. Se trataría de darles la máxima publicidad sin exceder lo que la propia Ley contempla para proteger datos personales: por ejemplo, los números de las cuentas de banco o de las tarjetas de crédito con sus respectivos saldos (Secreto bancario), la ubicación de los inmuebles, etc.

   Asimismo, la propia Ley contempla que no deberán revelarse datos de las declaraciones que afecten la vida privada de los servidores públicos. En este último caso se podría argumentar que la publicidad del patrimonio de los servidores públicos podría afectar su vida privada al exponerlos a ser víctimas de secuestro o extorsión, por lo cual existe la posibilidad de que quienes no quieran publicitar su información, se amparen.

    Lo que a nadie se le debe negar es su derecho a hacer pública su declaración patrimonial si así lo desea, tal y como ocurre hoy en día.

   Ha transcurrido casi año y medio desde que el Comité de Participación Ciudadana se formó en febrero de 2017 y aún no están listos los formatos.  Pero no es que diseñarlos sea algo complejo, sino que quienes escribieron la LGRA no previeron las dificultades operativas que implicaba incorporar a cinco millones de personas a esta obligación.

   No toda la dificultad está en recabar estas declaraciones. Una de ellas será explotarlas para descubrir actos de corrupción; otra será el verificar si la información es fidedigna; y el cómo encontrar toda aquella información patrimonial que el servidor público oculte.

   Como lo he mencionado aquí, se requieren capacidades de investigación en materia de lavado de dinero para seguir la huella de los recursos mal habidos. Que la Unidad de Inteligencia Financiera forme parte de la Fiscalía General de la República y tanto ésta como la Fiscalía Anticorrupción tengan la independencia y capacidades técnicas necesarias para realizar estas investigaciones.

   La LGRA asigna la tarea de investigar las evoluciones patrimoniales, a la Secretaría de la Función Pública, sus órganos internos de control y sus equivalentes en las entidades federativas. Sin embargo, estas instancias el día de hoy no cuentan con suficientes herramientas para realizar estas investigaciones y tampoco debería ser su función.

   Un buen ejemplo de lo que sí puede funcionar en el combate a la corrupción es la Dirección Anticorrupción Rumana, que opera como una fiscalía independiente y en su equipo de trabajo cuenta con especialistas en banca, economía, finanzas, aduanas y es apoyada por policías judiciales. Un diseño parecido se podría lograr con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción.

   En el tema de declaraciones patrimoniales aún falta mucho por hacer. Lo más importante será cuidar cómo, quién y para qué use esa información, cuál se dará a la publicidad y como se desarrollarán las capacidades para investigar la información allí proporcionada. Será una gran tarea para la próxima administración federal, si es que al próximo presidente le interesa combatir a fondo la corrupción.

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