INTELIGENCIA PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

 

Por: Octavio Díaz García de León

    La inteligencia suele asociarse con la seguridad nacional y la seguridad pública, pero su lógica es igualmente útil para empresas y gobiernos: reunir información, contrastarla y convertirla en conocimiento para anticipar riesgos. En el sector privado puede servir para estar alerta contra la competencia o para descubrir fraudes. En el sector público, una de sus aplicaciones está en la identificación de riesgos en contrataciones públicas, donde una revisión preventiva puede detectar señales de alerta.

 Riesgos en contrataciones públicas

    Cuando se realizan licitaciones públicas y las convocatorias para dichas licitaciones no están elaboradas de manera adecuada, pueden llegar a participar empresas fantasma, empresas fachada, intermediarios, empresas con vínculos entre sí, empresas que siempre se ven favorecidas por los funcionarios de las instituciones, empresas quebradas o sin el personal para hacer el trabajo. También se pueden identificar vínculos con funcionarios, licitaciones dirigidas y otros riesgos de corrupción.

 Casos del pasado

    El periodismo de investigación ha venido haciendo uso de estas herramientas y ha descubierto importantes casos de corrupción en el gobierno. Por ejemplo, la Estafa Maestra documentó contratos por 7,670 millones de pesos canalizados por 11 dependencias federales y ocho universidades; 128 de las 186 empresas investigadas presentaban irregularidades graves o carecían de capacidad para prestar los servicios. Más recientemente, Fantasmas del Erario, de Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad, identificó 3,529 contratos otorgados entre 2002 y 2022 a 834 empresas que facturaron operaciones simuladas por 11,492 millones de pesos. El caso de la Casa Blanca de Peña Nieto exhibió, en otro plano, los riesgos derivados de la cercanía entre altos funcionarios y contratistas gubernamentales con el consecuente conflicto de interés.

 Casos recientes: INE y Olinia

    Los riesgos no son únicamente las empresas fantasma. En 2024, el periódico Reforma cuestionó el contrato del INE con la empresa Bell-Krom para producir 25,302 chamarras de identificación para capacitadores electorales por 18 millones de pesos pese a que otra propuesta rondaba los 8 millones. La empresa terminó entregando únicamente 1,606 prendas dentro del plazo y, según la investigación, había distribuido la fabricación entre ocho pequeños talleres cuya propiedad no acreditó, realizando una subcontratación prohibida. El propio Instituto documentó después el incumplimiento y rescindió el contrato.

    Algo similar ocurrió con el carro eléctrico del gobierno, Olinia. En 2025, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación contrató por 5.9 millones de pesos a Rocketel, empresa conocida por servicios de telefonía y sin trayectoria conocida en la industria automotriz, para la conceptualización y coordinación del proyecto del automóvil eléctrico. La investigación de El CEO señaló además que la contratación se realizó mediante invitación restringida. Fotografías difundidas en redes mostraron un domicilio de la empresa que resultó ser una casa, lo que hizo dudar sobre su capacidad técnica. Aunque eso no demuestra irregularidades, combinando la falta de experiencia de la empresa y una asignación restringida, sí podría ser una señal de alarma.

 Qué puede aportar la inteligencia

    La inteligencia puede provenir de varias fuentes: la OSINT— inteligencia de fuentes abiertas— permite revisar registros públicos, antecedentes corporativos, sanciones, contratos, litigios, socios y experiencia. La exploración de presencia en la internet y redes sociales ayuda a comprobar si la huella digital de una empresa es congruente con la capacidad que declara. GEOINT— inteligencia geográfica— e IMINT— inteligencia de imágenes— permiten contrastar domicilios, instalaciones, obras o evidencia fotográfica. FININT— inteligencia financiera— ayuda a detectar riesgos financieros.  HUMINT —inteligencia humana— puede revelar conflictos de interés, acuerdos verbales u otras prácticas ocultas. También son útiles el análisis documental, el análisis de contratos y el análisis de vínculos, los cuales pueden revelar competencia simulada, sobrecostos, fraccionamiento, criterios de evaluación dirigidos, redes entre personas, empresas y representantes, beneficiarios comunes, prestanombres y proveedores relacionados. Además, se pueden potenciar estos métodos con inteligencia artificial.

     Estas herramientas aplicadas con una metodología sistemática permiten que las autoridades eviten contratar empresas incumplidas o fantasma. Un buen diseño de las bases de licitación, el aplicar controles de confianza al personal que realiza las contrataciones y otras medidas de prevención, evitan la comisión de actos de corrupción y/o delitos. También evitan el daño reputacional hacia los funcionarios de las instancias de gobierno,  pues se ha visto como el periodismo de investigación puede descubrir casos de corrupción.

 De la auditoría reactiva a la preventiva

    Las auditorías tradicionales revisan hechos consumados, mientras la inteligencia aplicada a la gestión pública es preventiva.  Las fianzas y requisitos administrativos que se solicitan en las licitaciones son necesarios, pero no suficientes, para disminuir los riesgos de una mala contratación. Si bien, la inteligencia no pretende sustituir controles jurídicos ni suponer culpabilidades, busca encontrar información que permita identificar riesgos para concentrar la prevención en estas áreas. El objetivo es detectar antes lo que, con demasiada frecuencia, se descubre cuando el recurso público ya se perdió.