Por:
Octavio Díaz García de León.
@octaviodiazg
La
reforma anticorrupción está avanzando a marchas forzadas pues la idea es que
quede lista antes de que termine esta legislatura federal en abril. No ha sido
fácil debido a la complejidad del tema. Pero lo urgente es pasar a la acción y
en este caso lo perfecto es enemigo de lo oportuno y de lo posible. Hay que
recordar que el diseño original que había planteado el presidente Peña al
inicio de su mandato contemplaba la desaparición de la Secretaría de la Función
Pública (SFP) y la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción al mando de
un grupo de comisionados y con plena autonomía constitucional. La iniciativa se
detuvo en el Congreso pues se quiso incorporar en la dinámica del Pacto por
México buscando consensos entre las fuerzas políticas, lo que no se logró. No
era una mala propuesta, como lo demuestra el camino que se va a tomar en España
con una Oficina Nacional Antifraude, pero tampoco hubo prioridad en limar las
diferencias para lograr acuerdos, así que dicha iniciativa se quedó durmiendo durante
más de dos años. Debido a los cuestionamientos y escándalos de corrupción que
han surgido en los últimos meses, nuevamente tomó importancia impulsar una reforma anticorrupción.
El
20 de octubre del año pasado el presidente del PAN, Ricardo Anaya, vio oportuno
retomar una iniciativa que contempla la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA) - la cual había sido impulsada por la Red por la Rendición de Cuentas -
misma que incluso fue apoyada por el presidente Peña.
La Red aglutina a un número importante de organizaciones
de la sociedad civil y expertos en el tema y es coordinada
por el Dr. Mauricio Merino del CIDE. La propuesta recoge las ideas de dicha
Red, pero principalmente del Dr. Merino y de Eduardo Bohórquez de Transparencia
Mexicana. Según esta nueva propuesta, ya no es necesario crear nuevas
instituciones para combatir la corrupción sino reforzar las existentes. Los cuatro
pilares institucionales del SNA son:
1. La Secretaría de la Función Pública renovada
y fortalecida.
2. La Auditoría Superior de la Federación
(ASF) con más atribuciones, mayor autonomía y reforzada.
3. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa transformado en un tribunal dedicado a sustanciar los procesos
de responsabilidades que le turnarían los Órganos Internos de Control (OIC), la
SFP y la ASF.
4. La Fiscalía Anticorrupción dependiente
de la Fiscalía General de la República.
La
propuesta es buena, pero el reto estará en los detalles. En una mesa de discusión
el pasado 16 de febrero de la Red por la Rendición de Cuentas a la que el Dr.
Mauricio Merino me hizo favor de invitarme y a la que asistieron, entre otros, Luis Carlos Ugalde, José Octavio López Presa de
Causa en Común, Roy Campos, María Marván y Eduardo Bohórquez de Transparencia
Mexicana, el Ing. Rogelio Sada Zambrano,
Ángel Trinidad, Mariana Campos de México Evalúa, el Dr. Enrique Cárdenas del Centro
de Estudios Espinosa Yglesias y diputados del PAN y el PRD, se consideró que la
reforma debía considerar los siguientes aspectos:
1. Las cuatro instituciones deben tener autonomía de gestión. El sistema anticorrupción
no puede depender del Poder Ejecutivo.
2. Los titulares de las instituciones y
su personal deben ser imparciales y con amplias credenciales profesionales en
estos temas. En algunas instituciones como la ASF, esto se ha logrado.
3. Las cuatro instituciones deben tener los
recursos materiales y humanos para atender las tareas que implican un combate
efectivo a la corrupción. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía Anticorrupción,
está formada con los recursos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia
de la PGR que hoy en día tiene alrededor de 40 personas y sería totalmente insuficiente para
desempeñar sus tareas.
4. El sistema anticorrupción tiene que
tener alcance nacional. Es necesario que funcione en los tres poderes,
organismos autónomos y en los tres niveles de gobierno y no solo en el
ejecutivo federal.
5. Se requiere un gran trabajo
legislativo en materia de las leyes secundarias respectivas.
6. Me permití sugerir en dicho foro que
hará falta un Secretariado Ejecutivo que articule a todo el Sistema Nacional
Anticorrupción, quizá algo parecido al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, que cuente con
programas de subsidios a estados y municipios para impulsar la lucha contra la
corrupción.
Todo
ello es un gran reto para el Congreso y para quien sea responsable de poner en
marcha el SNA. Hizo falta que a dicha reunión acudieran diputados del PRI, PANAL y PVEM para que escucharan a la
sociedad civil. La reforma no puede tener sesgos partidistas sino ser una
propuesta de estado. Entiendo que la Red
ha tenido discusiones en petit comité
con funcionarios de la Presidencia de la República, lo cual ayudará también a
lograr los consensos para sacar adelante la reforma.
Sin
embargo, aún si saliera pronto la reforma constitucional, faltarían meses para
tener la legislación secundaria lista y luego años quizá para tener
instituciones como las pretende esta reforma. Si hacemos cuentas, no alcanzará este sexenio para tener resultados tangibles. Pero
eso no impide que con lo que hoy existe se logren resultados inmediatos. No es
necesario esperar a las reformas para que empiece la lucha contra la corrupción.
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