RETO PARA FISCALIZADORES

 

 

Por: Octavio Díaz García de León

    Nunca ha sido fácil el trabajo de los Órganos Internos de Control (OIC) y sus equivalentes,  las contralorías internas. Empezando porque muy pocas personas entienden cuál es su papel y ese desconocimiento incluye a veces a sus propios jefes. Los OIC y contralorías, han existido en nuestro país con diversos nombres desde la época colonial. Más recientemente cobraron fuerza a partir de la reforma anticorrupción que llevó a cabo el presidente Miguel de la Madrid a partir de 1983 cuando crea la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF).

    Con esta reforma se crearon los órganos de control interno  (luego les cambiaron el nombre) que dependían inicialmente de los titulares de las instituciones y que posteriormente pasaron a depender directamente de la SECOGEF. Esta Secretaría también fue cambiando de nombre y hoy se llama Secretaría de la Función Pública (SFP). También se creó un grupo de comisarios y delegados encargados de verificar el control interno desde los órganos de gobierno de entidades y dependencias. Este esquema fue replicado en las entidades federativas e incluso en los municipios.

   Asimismo, en 1983 se reformó la ley de responsabilidades de los servidores públicos. El diseño institucional de la Secretaría y de los OIC estaba hecho para llevar el control interno del gobierno. Pero con el paso del tiempo, ese propósito se fue distorsionando y se le dio más peso a que estas instancias combatieran la corrupción, siendo una responsabilidad para la cual no están diseñados ni la Secretaría,  ni los OIC.

   La confusión sobre quien debe combatir la corrupción se ha acentuado, especialmente a raíz de la reforma anticorrupción de 2016 que promulgó el presidente Peña y que creó un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) donde participan instituciones cuyo propósito no es el combatir la corrupción, con excepción de una de ellas.

   Por ejemplo, el antiguo IFAI,  ahora INAI, fue objeto de esa confusión impulsada por comisionados anteriores, quienes en su discurso quisieron presentar a esta institución como una garantía de que con su labor se iba a disminuir la corrupción.

    Partieron de la premisa falsa de que a mayor transparencia menor corrupción y como se ha documentado, no existe tal causalidad. El INAI y las demás instituciones que participan en el SNA pueden auxiliar de manera indirecta en el combate a la corrupción, pero ninguna de ellas, excepto la Fiscalía Anticorrupción, tienen como misión combatirla.

   En este contexto, es importante destacar las presiones a las que están expuestos los contralores y titulares de OIC.  Empezando porque en muy contados casos tienen autonomía. La gran mayoría dependen en última instancia de las instituciones a las que fiscalizan.

     Lo cual no estaría mal si los titulares de las instituciones entendieran el papel de los OIC como auxiliares para el control interno y de lo importante que son para cumplir con los objetivos de las instituciones. Pero lo lamentable es que muy pocas instituciones tienen claros sus objetivos y sin ellos de nada sirve el control interno;  además, tampoco entienden el control interno.

    En lugar de ser los OIC y la Secretaría, instancias puramente técnicas en donde se audita, se promueven buenos controles internos, se investigan denuncias y se sancionan a los servidores públicos que incumplen con la normatividad, su labor se ve mermada por consideraciones políticas.

   En ocasiones, los responsables de las instituciones intentan usar a los OIC como instrumento para ocultar malos manejos o para realizar acciones que son contrarias a la norma. Presionan a los OIC y sus jefes para que, en lugar de sancionar responsables, los encubran.

   Otro aspecto, sobre todo cuando arrancan los sexenios, es dedicar a los OIC a buscar las conductas ilícitas de sus predecesores, lo cual está bien,  sobre todo si los órganos de fiscalización anteriores se dedicaron a cubrir los pasos de los corruptos que actuaron antes, pero este propósito se desvirtúa cuando se usan como instrumento de venganza política.

   El caso de la Estafa Maestra es un buen indicador. Durante el sexenio de Peña no se actuó con firmeza al descubrir estas irregularidades y al inicio de este sexenio, en lugar de prestar atención a este enorme fraude, se dio preferencia a revivir casos del sexenio de Calderón, aunque fueran conductas ya prescritas.

   Una muestra del valor de la independencia de las instancias de fiscalización es que el mega fraude en SEGALMEX lo descubrió la Auditoría Superior de la Federación,  la cual tiene independencia del Poder Ejecutivo.

   En este sentido, es importante que los OIC y contralorías gocen de independencia,  se les permita trabajar con un enfoque puramente técnico para que sirvan como verdaderos instrumentos de control interno y no como tapaderas de los gobiernos en turno, ni como instrumentos de venganza política y que su labor se entienda como auxiliares en el combate a la corrupción, no como responsables de este.