SOCIEDAD CIVIL A PRUEBA

LA SILLA ROTA  OPINIÓN

Por: Octavio Díaz García de León

Twitter: @octaviodiazg

      La sociedad civil ha venido tomando un papel protagónico en la lucha contra la corrupción al grado de asumir un papel de alta responsabilidad en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Pero ello también ha tenido su costo. Desde las críticas recientes que han recibido por el proceso de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), las críticas anteriores por la selección del Secretario Técnico del Secretariado Ejecutivo, hasta el espionaje de que fueron víctimas quienes realizaron propuestas clave para el Sistema Anticorrupción. ¿Cuál será el futuro para la sociedad civil que ha decidido tomar un papel relevante en el combate a la corrupción? Se pone en juego su prestigio y posiblemente, la tranquilidad personal de sus integrantes.

     Cuando hablo de sociedad civil en este artículo, no me refiero a todos los que podrían formar parte de ella. Una definición de sociedad civil es “todos aquellos individuos con el título de ciudadanos de una sociedad determinada que actúan de manera colectiva, con el objetivo de tomar decisiones en lo concerniente al ámbito público, por fuera de cualquier tipo de estructura gubernamental” (https://www.definicionabc.com/social/sociedad-civil.php). Esto es demasiado amplio y millones de personas participan de una manera u otra en organizaciones de la sociedad civil tales como clubes deportivos, cámaras, asociaciones de todo tipo, etc.  

     Me refiero a personas que colaboran en organizaciones dedicadas a estudiar el problema y proponer políticas públicas en materia de combate a la corrupción y a algunos académicos quienes han incidido en la formación del Sistema Nacional Anticorrupción. Estas personas pertenecen a organismos e instituciones que en su mayoría se encuentran en ciudad de México; tienen amplio acceso a medios de comunicación; son muy solicitados como interlocutores por funcionarios del gobierno; son personas con un alto perfil académico, muchos de ellos con estudios avanzados en universidades extranjeras; y en conjunto, quizá no pasen de ser un grupo de 100 personas altamente especializadas y motivadas.

     ¿Representan a la sociedad en su conjunto? No en el sentido clásico de haber sido elegidos como tales. Tampoco son una muestra representativa de la sociedad civil. Sin embargo, por su acceso a los medios de comunicación y a funcionarios gubernamentales tienen gran influencia ante la opinión pública educada y el gobierno, en materia de combate a la corrupción.    

    La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción prevé que la sociedad civil participe en el Sistema a través de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, el cual “tiene como objetivo coadyuvar, en términos de esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador”. El Comité Coordinador está integrado por: los titulares de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y un representante del CPC, quien lo presidirá.  Por ello, ni el presidente, ni el resto del Comité de Participación Ciudadana tendrán responsabilidad directa por la operación cotidiana de las instituciones que forman parte del Comité Coordinador.

     La misma Ley dice que los miembros del CPC no son empleados de la Secretaría Ejecutiva y que serán remunerados por la vía de honorarios sin vínculo laboral con ella, aunque por otra parte esta Ley dice que de acuerdo al artículo 108 Constitucional, se les considera servidores públicos para efectos de responsabilidades administrativas. 

     A partir de abril, tal y como lo dispuso la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, cinco integrantes de la sociedad civil, proveniente de este selecto grupo especializado en el tema de combate a la corrupción, se incorporaron al Comité de Participación Ciudadana y uno de ellos asumió el cargo de presidente del Comité Coordinador del Sistema.  Además, para operar, al Comité Coordinador se le ha dado una Secretaría Ejecutiva con un presupuesto de 214 millones de pesos en este año que servirán para contratar a 117 personas (Ver). Esta Secretaría Ejecutiva está encabezada por un Secretario Técnico, el Lic. Ricardo Salgado Perrilliat, quien fue elegido por el Comité Coordinador de entre una terna propuesta por el Comité de Participación Ciudadana.

   El Secretario Técnico junto con los cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana que en ese momento no presidan al SNA, integran una Comisión Ejecutiva que “tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones”. Por todo ello, la participación de la sociedad civil en el Sistema Nacional Anticorrupción tiene la mayor relevancia y en sus manos está buena parte del éxito de dicho Sistema.

     Estas disposiciones son un poco contradictorias. Por una parte, se les quiere dar un carácter de “externos” a los integrantes de la sociedad civil que participan en el SNA, pero por otra parte participan de lleno en las labores de coordinación, inclusive presidiéndolas y son factor clave para el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción. Con ello la sociedad civil ha cruzado un umbral interesante al involucrarse de lleno en tareas de gobierno.

     Afortunadamente, a pesar de la reciente controversia donde el presidente del Senado, Pablo Escudero, expresó preocupación por el proceso de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, los elegidos cuentan con una larga trayectoria en temas de transparencia, rendición de cuentas y derechos humanos, temas que, de alguna forma, están relacionados con el combate a la corrupción. Algunos de ellos incluso han tenido puestos de muy alto nivel dentro del gobierno federal, tanto en secretarías como en organismos autónomos.   

    Sin embargo, queda la duda si esta incursión de la sociedad civil en tareas de gobierno y ya no como mero observador crítico de las mismas, no tiene sus riesgos. Recientemente me decía un alto funcionario francés de una de las agencias anticorrupción de su país, que en su institución no participa la sociedad civil, ya que para ello están y para eso les pagan, a sus funcionarios.   Esto no quiere decir que en Francia no haya una sociedad civil muy activa, sino que no interviene directamente en actividades propias del gobierno. Por lo menos no en la agencia del funcionario mencionado. Y es que en Francia y en otros países con instituciones sólidas, no es necesario que la sociedad civil realice funciones de gobierno ya que para eso hay servidores públicos que realizan con eficacia sus tareas o bien, de no cumplir con sus deberes, son removidos.  

    Desafortunadamente, debido a la debilidad de algunas de nuestras instituciones y los problemas que las rebasan, tales como la seguridad pública y la corrupción, la misma sociedad civil que impulsó el Sistema Nacional Anticorrupción y diseñó en gran parte este Sistema, ha decidido tomar un papel protagónico en estas labores y asumir tareas sustantivas en el gobierno.    

    Con ello se le pasa una gran parte de la responsabilidad por el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción a estas nuevas instancias ciudadanas y se corre el riesgo de que se diluya la responsabilidad de dar resultados. Ya no se trata de un gobierno en funciones que debe realizar sus tareas, sino ahora también será la responsabilidad de la sociedad civil el que se disminuya la corrupción en nuestro país. ¿Será conveniente para la sociedad civil haber dado este paso desde una posición externa al gobierno, a formar parte del mismo? El tiempo dirá.

Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.