Por:
Octavio Díaz García de León
Todos los días surgen noticias sobre
problemas de corrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción está lejos de
entrar en funcionamiento. Organizaciones
como mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el periódico en internet
Animal Político y en general los medios de comunicación, constantemente
reportan casos de corrupción. Uno de los más recientes se refiere a sobornos
que la empresa brasileña Odebrecht le dio al gobierno de Michoacán encabezado entonces
por el perredista Leonel Godoy. Por su parte, en las recientes elecciones estatales,
las acusaciones de compra de votos, cuyos recursos seguramente vienen de actos
de corrupción, fueron denunciados durante los procesos electorales.
Pero sigue sin haber consecuencias. Las
denuncias públicas no se traducen en casos administrativos o penales que lleven
a los acusados a proceso. La captura del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto
Borge, en Panamá es un avance, pero aún está por verse que vengan a dar a una
cárcel mexicana los ex gobernadores que saquearon a sus estados.
La semana pasada se nombró al secretario
técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
pero la lista de nombramientos pendientes en el Sistema sigue siendo larga: el
fiscal anticorrupción, los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
y el nombramiento de contralores en los órganos autónomos. Tan solo armar la
estructura de la Secretaría Ejecutiva del SNA, requerirá incorporar una
plantilla de alrededor de 200 personas. Todo ello ha tomado demasiado tiempo y tomará
más. Lo malo es que las expectativas son muy altas y la paciencia de la
sociedad muy corta.
En esta nueva etapa de combate a la
corrupción (Desde 1982 ha habido muchos intentos por combatirla desde adentro del
gobierno) la sociedad civil ha asumido un papel protagónico, tanto en el diseño
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3) como por su
participación en el Comité de Participación Ciudadana del SNA y al haber
asumido la presidencia del Comité Coordinador de dicho Sistema.
Con ello la sociedad civil asume una función
de gobierno y una gran responsabilidad por dar resultados. Se pone a prueba su
capacidad de gestión, primero para conseguir recursos para operar y luego para
mover a las estructuras burocráticas que coordinan. Ambos resultan un reto tal que
en ello suelen fracasar hasta los burócratas y políticos más avezados.
La apuesta para la sociedad civil es
elevada. Si da resultados pronto, se abrirán más caminos para que autoridades
no elegidas por la vía electoral sino por procesos meritocráticos o en base a
cuotas partidistas, lleven a cabo funciones de gobierno. De darse por la vía meritocrática,
entonces el ideal de Platón en su República se podría ver cristalizado con el
gobierno de los filósofos desplazando a los políticos de sus funciones
tradicionales. De darse el segundo caso, se pueden poner en riesgo las
instituciones al nombrar personas que tomarán decisiones con criterios políticos
y no técnicos. Por otra parte, de no tener éxito el experimento de llevar al
poder a la sociedad civil, se podría dañar el papel de esta en temas de
gobierno y ser ignorados en el futuro.
Por lo pronto y ya puestos en la
realidad cotidiana, el Comité Coordinador del SNA tiene que moverse muy rápido
para lograr resultados. Por principio de cuentas tiene que coordinar a
instituciones muy bien establecidas, con sus propias agendas y mandatos, los
cuales actualmente no están alineados al propósito de combatir a la corrupción
sino con las tareas propias que les dan las leyes que los rigen. También deberán
vencer intereses creados de todo tipo, redes de protección entre funcionarios y
otros obstáculos que serán difíciles de vencer.
Sin embargo, les ayudaría que se dieran unos golpes rápidos contra la
corrupción y se publicitaran adecuadamente.
Empezando por pedir resultados
inmediatos sobre los casos más notorios como el de Odebrecht, empresa que a la
fecha sigue sin ser inhabilitada, la farmacéutica Teva, el caso de CAPUFE, el
uso para efectos personales de helicópteros por parte del ex director de PEMEX
que denunció la Auditoría Superior de la Federación, etc.
Los brazos operativos del SNA, tanto la
Secretaría de la Función Pública y sus órganos internos de control junto con la
Auditoría Superior de la Federación seguramente tienen casos de corrupción ya
identificados cuya judicialización se puede concretar en el muy corto plazo. Ya
se ha visto que aun sin Fiscal Anticorrupción, la PGR ha podido realizar
acciones para que se capturen a los ex gobernadores prófugos y sus
colaboradores, así que solo se requiere procesar los casos que ya están maduros.
El Comité Coordinador podría darles seguimiento puntual a esos casos
relevantes. Si bien la Secretaría de Hacienda no es parte del Comité
Coordinador del SNA, la información que tienen el SAT y la Unidad de
Inteligencia Financiera permitiría seguir la huella del dinero mal habido de
los corruptos con lo que se solidificarían los casos más notorios.
El Comité Coordinador del SNA se podría
empezar a colgar algunas medallas de los asuntos relevantes que las
instituciones bajo su Coordinación ya están cocinando y con ello ganar
credibilidad para mostrar que el SNA puede dar resultados rápidos. Ojalá lo
hagan pronto y no sigan esperando otras cosas.
Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son
exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna
institución.
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