Por: Octavio Díaz García de León
Hace un año, la
periodista Carmen Aristegui, entonces conductora de uno de los programas de
noticias por la radio de mayor audiencia y su equipo de reporteros de
investigación, publicaron el reportaje acerca
de la casa que estaba construyendo la
Sra. Angélica Rivera, esposa del presidente Peña, en la colonia Lomas de
Chapultepec de la Cd. de México. Dos aspectos llamaban la atención: un avalúo
que estimaba el costo de la mansión en unos 7 millones de dólares y el hecho de
que fuera construida por Grupo HIGA, contratista de los gobiernos del Estado de
México y el federal; esta empresa, junto con otros socios, acababa de ganar uno
de los contratos más grandes de este sexenio, el tren México - Querétaro con un
costo de 58 mil millones de pesos.
Los reporteros que
realizaron aquella investigación publicaron recientemente un libro describiendo
como llevaron a cabo dicha investigación y sus hallazgos. Parte del éxito de
esta investigación fue gracias a las leyes de transparencia.
Se podría pensar que
este reportaje no tuvo mayores consecuencias pero no es así. Los periodistas fueron despedidos y la
conductora Carmen Aristegui, perdió su programa en la radio; la construcción del
tren México-Querétaro fue cancelada y ya no se construirá este sexenio; la
primera dama tuvo que vender la famosa “Casa Blanca”; el presidente Peña nombró
Secretario de la Función Pública, secretaría que tenía dos años acéfala, para
pedirle que investigara este caso y la
adquisición de otra casa ubicada en Malinalco, hecha por el ahora Secretario de Hacienda, ambas
casas ligadas al mismo contratista, Grupo
Higa, del empresario Juan Armando
Hinojosa Cantú; asimismo, después de dos
años de estar detenidas, el presidente impulsó las reformas constitucionales
anticorrupción. El reportaje afectó la imagen del presidente quien se vio
cuestionado por la prensa nacional e internacional y las redes sociales
explotaron con comentarios negativos. El reportaje pues, tuvo consecuencias importantes.
Pero un sector de la
opinión pública, esperaba algo más, incluso
pedían la destitución del presidente,
como si esto fuera posible. Y es que de
acuerdo al Art. 108 Constitucional al presidente solo se le puede juzgar por
traición a la patria y delitos graves del orden común. Así que no había materia
para juzgar al presidente por este asunto. Sin embargo, el propio presidente
Peña pidió que el caso fuera investigado por la Secretaria de la Función
Pública. Al concluir la misma, el Secretario Andrade determinó que no hubo
falta alguna. Los resultados de la
investigación están a la vista de todos
(http://www.gob.mx/sfp/documentos/expedientes-investigacion-y-resolucion-sobre-conflicto-de-interes).
Si consideramos que
México es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer periodismo (http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2015/03/24/10-cifras-sobre-la-violencia-contra-periodistas-en-2014),
cualquier periodismo de investigación puede adquirir dimensiones heroicas. No me refiero al caso de la
periodista Aristegui y su equipo, quienes por su visibilidad gozaban de una
protección que no tienen tantos otros que han sido agredidos y hasta asesinados
en estados y municipios donde realizaban
sus labores. Pero aún para una periodista con la visibilidad de Aristegui, este
reportaje le costó perder su noticiero en la radio y a sus reporteros, su empleo.
El periodismo de
investigación es muy necesario en cualquier democracia ya que es un elemento de
la rendición de cuentas. Uno de los casos emblemáticos del periodismo de
investigación fue el caso Watergate que llevó a que el presidente de Estados
Unidos, Richard Nixon renunciara. Las investigaciones de los reporteros del
Washington Post, Woodward y Bernstein, no
fueron propiamente los que hicieron renunciar al presidente: su reportaje detonó
un proceso institucional el cual ocasionó la caída de Nixon. Por una parte se
nombró a un fiscal especial para investigar el caso, en la fiscalía general de
aquel país perteneciente al poder ejecutivo. Tan independiente resultó, que
Nixon lo destituyó en medio de un gran escándalo.
El juez encargado de investigar a los
ladrones que irrumpieron en las oficinas del partido demócrata en el complejo
Watergate, profundizó en el caso sin importar a que personajes tocara. La
Cámara de Senadores estableció una comisión investigadora que empezó a citar e
interrogar a los más altos funcionarios
de aquella administración y sus audiencias fueron televisadas. La Suprema Corte
de Justicia obligó a entregar grabaciones incriminatorias que había hecho
Nixon. La Cámara de Representantes
preparó los primeros artículos para proceder a la destitución del presidente; de no haber renunciado Nixon, la Cámara de
Senadores lo hubiera condenado a la cárcel. Como podemos apreciar, la renuncia
de Nixon no se dio gracias a un trabajo de investigación periodístico bien
hecho, sino a que las instituciones de ese país funcionaron; a que el balance
de poderes es genuino y permitió hacer la investigación a pesar de la oposición
del presidente Nixon.
En México no tenemos las
leyes adecuadas ni una división de poderes lo suficientemente fuerte como para realizar
investigaciones al más alto nivel del gobierno si fuera necesario. Tuvo que ser
el propio presidente Peña quien ordenara a uno de sus colaboradores el
investigar sobre los posibles casos de conflicto de interés. Quienes podían
realizar una investigación independiente, los poderes Legislativo y el Judicial,
no lo hicieron.
Es necesario que haya
periodismo de investigación serio para que avance la democracia y el combate contra
la corrupción y la delincuencia. Pero mientras no haya una clara división de
poderes e instituciones independientes y fuertes, no habrá un caso como Watergate en México.
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Twitter: @octaviodiazg http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/ Correo: odiazgl@gmail.com
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