Por: Octavio Díaz García de León
La reforma energética fue la más trascendente del sexenio del
presidente Peña y la más importante quizá desde la firma del Tratado de Libre Comercio
para América del Norte. La liberación de
los mercados energéticos para fomentar la libre competencia en la mayor parte
de la cadena de valor y el permitir la inversión privada en esta materia, eran
medidas urgentes desde hacía décadas.
Si bien la reforma se planteó en tiempos del presidente Fox, fue hasta
este sexenio que se concretó mediante una negociación en la cual los principales
partidos políticos la aceptaron y promovieron hasta aprobarla.
La implementación de la reforma se ha dado a pasos acelerados no solo
en el tema de hidrocarburos, sino también en materia de electricidad. Solo será
posible sacar del atraso a estas industrias si se le da continuidad a lo que ya
está en marcha.
Existen diversos aspectos que podrían poner en riesgo a la reforma
energética. Ellos son:
·
Cambio
de gobierno. Un cambio de gobierno que pretenda dar marcha atrás a las reformas y regresar
a los esquemas que han probado ser un fracaso, amparados en un estatismo
trasnochado, la pondría en riesgo. Existen ya numerosos contratos con entes
privados y compromisos derivados de la reforma que, si no se respetaran,
provocarían el desprestigio del país, fuga de capitales, demandas
multimillonarias y difícilmente se atraerían nuevas inversiones extranjeras.
·
Inseguridad.
Se ha dado un crecimiento acelerado en los últimos años del robo de combustible
y su comercio ilegal. Quizás en parte derivado de la liberación de precios en
las gasolinas, pero también alentado por la impunidad y la incapacidad del
Estado mexicano para combatir este fenómeno. La inseguridad no solo amenaza al
transporte de combustible. Amenaza también la exploración y explotación de
hidrocarburos en zonas dominadas por el crimen organizado. Si no se logra
darles la seguridad que requieren, las compañías podrían recurrir a ejércitos
de mercenarios como en Iraq o simplemente abandonarán el país.
·
Corrupción.
El robo de combustible se da en gran parte por la corrupción de los
empleados y ex trabajadores de Pemex que proporcionan conocimientos técnicos a
sus cómplices. Esto ocurre en todos los puntos de la distribución, desde los grandes
depósitos de combustible, pasando por el transporte del mismo, hasta la venta
ilícita. En electricidad también ocurren robos hormiga, aunque desde que
desapareció Luz y Fuerza del Centro este fenómeno disminuyó. Pero la corrupción daña a Pemex y CFE no solo
con los robos de combustible y electricidad. También los contratos amañados de obras, las
adquisiciones innecesarias y todas aquellas operaciones que tienen por fin
enriquecer a funcionarios corruptos, son una grave amenaza a estas empresas.
·
Sindicatos
y sus privilegios. Uno de los rubros de gasto público que más crece son las pensiones de
los trabajadores al servicio del Estado y que en los últimos seis años han
venido creciendo a un promedio del 7% anual y representan ya el 3.2% del PIB.
Los privilegios y sueldos que gozan los empleados de Pemex y CFE son bien
conocidos. Empleados de nivel superior llegan a ganar como si fueran secretarios
de estado y existen jubilados que obtienen como pensión cantidades superiores a
lo que gana el presidente de la República. Estos privilegios representan una carga
insostenible para las empresas y las pueden hacer quebrar.
·
Falta
de competitividad. Las empresas del Estado (Pemex, CFE y sus subsidiarias) aquejadas por
falta de inversión y afectados por los factores antes mencionados, podrían
estar en riesgo en el ambiente de competencia a las que se les ha lanzado, de
no darse cambios radicales en su programa de gastos e inversión, tales como reducciones
salariales, reducción de personal, inversión en mantenimiento, sustitución de
equipos y tomar otras medidas para lograr que alcancen niveles de competitividad
adecuados.
·
Mercados
competitivos. Los mercados de energía están en proceso de apertura y aún existen
muchas imperfecciones y asimetrías que deberán resolverse pronto para que
funcionen y beneficien a la población. Los entes reguladores: CNH, CRE, CENACE,
CENAGAS, COFECE Y SENER, deberán vigilar muy de cerca que se alcance una
competencia adecuada, protegiendo a los consumidores.
La reforma energética es una gran reforma que podría cambiar el futuro
del país. Pero si no se resuelven los factores mencionados, podrían acabar con
una de las iniciativas más importantes de las últimas décadas y afectar el
desarrollo del país de manera permanente. Ojalá el próximo presidente de la República,
si resulta elegida una persona que desee continuar con la reforma, pueda atender
estas amenazas. Está en juego la economía del país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario