LA SILLA ROTA
Por: Octavio Díaz García de León
La idea: El Plan Nacional de Paz y Seguridad contempla erradicar la corrupción
en toda la administración pública, como uno de sus ejes estratégicos y con ello
se espera que reduzca los índices delictivos. Ante un fenómeno tan extendido
como es la corrupción, convendría que el Plan se enfocara a combatirla en las fuerzas
de seguridad.
El Plan plantea
el combate a la corrupción como el propósito más relevante del próximo gobierno y
para ello enumera 16 acciones. Habría
que ver si la futura secretaria de la Función Pública, la Dra. Sandoval, encargada
del combate a la corrupción, está de acuerdo con ellas.
Por lo
pronto, una de las medidas propuestas ya está en vigor desde hace año y medio:
la obligación de que todos los servidores públicos presenten sus 3 de 3
declaraciones.
Otra, el prohibir las adjudicaciones directas,
podría obstaculizar la marcha del gobierno y no necesariamente disminuiría la
corrupción. El que se pudiera abusar de ellas no implica que la solución
sea desaparecerlas porque hay razones válidas para tener ese mecanismo de
contratación.
Sería
mejor identificar cuales excepciones a la licitación que prevé la Ley de
Adquisiciones, son las que más usan las áreas de seguridad para auditar dichos
casos y de ser necesario, acotarlas.
Por
ejemplo, una excepción que se usa y se
abusa de ella es la que invoca razones de seguridad pública o nacional
(Art. 41, fracción IV de la Ley de Adquisiciones).
Otro
aspecto que se puede prestar a actos de corrupción es la partida de seguridad nacional sobre la cual casi no se rinden
cuentas y de la cual, en este sexenio que termina, se gastaron más de 65 mil
millones de pesos. (Ver cifras)
La
propuesta de centralizar las instancias de contraloría, tiene sus desventajas (Transformar a la SFP) y parece que no es la intención de la futura
secretaria de la Función Pública, la Dra. Sandoval, aunque hace unos días
apareció la noticia de que sí pensaban hacerlo.
Más allá
de seguir revisando las medidas anticorrupción que contempla este Plan y que se
refieren a competencias de la Secretaría de la Función Pública, convendría que
dicho Plan se enfocara a la corrupción que afecta al tema de seguridad, distinguiendo
dos tipos de fenómenos de corrupción:
Interna. Proviene del desvío de recursos públicos para beneficio
personal que realizan los funcionarios corruptos a través de adquisiciones, fraude,
peculado, nepotismo y otros fenómenos relacionados
con el manejo de recursos de la institución.
Externa. Proviene del dinero, bienes muebles e inmuebles, joyas,
obras de arte, etc. con que se soborna a
las autoridades, directa o indirectamente, para que dejen de hacer su trabajo (por omisión) o con el cual se compran a
las autoridades para que trabajen a favor de los delincuentes y/o se les vuelva
socias de los delincuentes (por complicidad).
Es
importante distinguirlas porque las estrategias de combate a la corrupción
deben ser diferentes.
Para la corrupción interna se deben aplicar las medidas de fiscalización,
vigilancia y control de los servidores públicos, de manera similar a lo que se
hace en el resto de la administración pública. En este caso, le correspondería a
la Secretaría de la Función Pública.
El combatir la corrupción que proviene
directamente de los delincuentes requiere otro tipo de actuaciones y no le corresponde a la
Secretaría de la Función Pública. Se requiere no solo investigaciones
criminales internas, sino también programas de apoyo a las fuerzas de
seguridad: desde esquemas de seguridad social y protección familiar hasta
sueldos altos que les permitan resistir la oferta de “plata o plomo”.
Para la
parte correctiva del fenómeno se cuenta
ya con las áreas de asuntos internos en las instituciones de seguridad a
las cuales se les debe reforzar y darles capacidades de actuación mayores con
auxilio de otras autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera y la
Fiscalía General de la República e incluso con la Guardia de Finanzas que
plantea el Plan.
Estas
áreas de asuntos internos se podrían centralizar
en una Visitaduría especializada en materia de seguridad para evitar su
posible vinculación con los funcionarios de las instituciones vigiladas.
Otras medidas
preventivas son la aplicación de controles
de confianza al personal, el asegurarse de que se tengan los perfiles
adecuados contando con un servicio
profesional de carrera, el tener métodos de vigilancia que los disuadan de
efectuar actos de corrupción, etc.
Para no
dispersarse en aspectos de corrupción que no son del ámbito de la seguridad sería
bueno enfocar la estrategia en función de los tipos de corrupción que enfrentan
las fuerzas de seguridad, dándole
prioridad a la corrupción más dañina: aquella que proviene directamente de los
delincuentes.
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