REFORMAS AL GOBIERNO FEDERAL

Por: Octavio Díaz García de León.

   

    La idea: El gobierno federal entrante, como lo ha venido anunciando, presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En dicha iniciativa no hay cambios de fondo y la reforma solo se refiere a las secretarías de estado. Esperemos que los pequeños cambios le sirvan al presidente para dar resultados.

    Algunos de los cambios más relevantes que propone la reforma son:

   Administración de recursos.  Se cambian de nombre a las oficialías mayores que ahora se llamarán Unidades de Administración y Finanzas. A sus titulares posiblemente se les baje un poco de nivel salarial y la mayor novedad es que estos serán nombrados directamente por el Secretario de Hacienda.

    Esto último era una práctica informal que se perdió en el sexenio del presidente Peña. Se había anunciado que las oficialías mayores desaparecerían para concentrarse en la  Secretaría de Hacienda (SHCP) con las enormes desventajas que ello planteaba (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/08/la-macro-oficialia-mayor.html) pero no fue así.

   Una desventaja es que, al no controlar el área administrativa de su dependencia, los secretarios podrían culpar a la SHCP de que se retrasen los programas por cuestiones administrativas.

   El secretario de Hacienda, a través de su oficial mayor (Se conservan los oficiales mayores de SEDENA, Marina y Hacienda) teóricamente podrá controlar mejor el gasto federal, pero solo una pequeña parte de este, dado que las paraestatales y las empresas productivas del estado son las que ejercen la mayor parte de este. Por otra parte, se le da más poder político al secretario de Hacienda.  

   Otra nueva tarea de la SHCP será consolidar compras, aspecto que ya se hacía de manera esporádica y se le transfieren algunas responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en estas materias. También la SFP le transfiere a la SHCP el Sistema de Información de Padrones Gubernamentales que es clave para una asignación transparente de apoyos sociales.

   Control interno. En cuanto a la SFP, además de lo comentado, el único cambio que afecta a los órganos internos de control (OIC), quienes dependen de esta, es que el presupuesto para el pago de los titulares de OIC (No se incluye en esta disposición a los titulares de segundo nivel de los OIC) provendrá de la SFP.

   Por ello,  los OIC siguen sin cambios, contrario a lo que ya se había anunciado  que desaparecerían para concentrarse en la SFP (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/10/reestructura-de-la-secretaria-de-la.html).  La SFP solo requiere presupuesto para pagar a los 215 titulares de OIC y Unidades de Responsabilidades. Será muy difícil que se transfiera el presupuesto de las paraestatales a la SFP, por cuestiones técnicas, pero los montos presupuestales requeridos por SFP son pequeños. 

   Superdelegados.  Esta es una figura de nueva creación orientada a programas para el desarrollo. Los superdelegados coordinarán acciones en materias prioritarias y ayudarán a supervisar servicios y trámites de programas prioritarios del gobierno federal en las entidades federativas. Inicialmente se dijo que dependerían de la Oficina de la Presidencia, pero recientemente se indicó que estarán adscritos a la Secretaría del Bienestar, lo cual en la práctica no les quitará fuerza, si permanecen las personas que designó el presidente electo.

   Aparentemente su función será más política y de supervisión que propiamente operativa,  (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/08/los-super-delegados-federales.html) pues  las secretarías y paraestatales, previa justificación,  podrán conservar sus actuales delegaciones, las cuales ahora se llamarán oficinas de representación.

   La operación de los superdelegados podría interferir con la autoridad central de secretarías y paraestatales, por lo que es posible que también en este rubro pueda haber conflictos de operación entre los secretarios y ellos.

    Seguridad Pública. Revive la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cuyas funciones se le quitan a Gobernación. Con la incorporación del CISEN a esta Secretaría se podría entender que ésta se hará cargo no solo de cuestiones de seguridad pública sino también de seguridad nacional (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/08/cisen-la-joya-de-la-corona.html). Adicionalmente se le hace responsable sobre protección civil.

    La Secretaría de Gobernación pierde sus atribuciones en materia de seguridad pública y seguridad nacional y se queda con pocos brazos operativos para llevar al cabo sus tareas de gobernabilidad al carecer de la información que le proporcionaba el CISEN.  Deja de presidir al Consejo de Seguridad Nacional y pierde también la responsabilidad sobre protección civil.

   Debido a que los superdelegados llevarán la relación política con las entidades federativas y con el Congreso, al influir directamente en gobernadores, alcaldes, diputados y senadores, se debilita la interlocución que debería tener la Secretaría de Gobernación.  

   Otros cambios. Cambian de nombre un par de secretarías. Por otra parte, Los titulares de asuntos jurídicos en cada secretaría serán nombrados por el Consejero Jurídico de presidencia y los enlaces legislativos de cada secretaría por el Secretario de Gobernación.

   En términos generales la reorganización propuesta a las secretarías no conlleva mayor impacto. Por lo pronto se puede vislumbrar que la fuerza política radicará en dos secretarios muy fuertes: el Secretario de Hacienda y el Secretario de Seguridad Pública.

    Será interesante ver como operarán las superdelegaciones, las unidades de administración y finanzas, las secretarías con facultades disminuidas, especialmente Gobernación y si el CISEN dejará de operar aspectos de seguridad nacional para enfocarse a cuestiones policiales.

   Cada presidente tiene sus ideas de cómo hacer trabajar mejor sus recursos. Habrá que ver si estos pequeños cambios dan los resultados que se espera de ellos. Por lo pronto hubo mucho ruido y pocas nueces entre los cambios anunciados y la reforma propuesta.  

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