LA SILLA ROTA
Por: Octavio Díaz García de León.
La idea: El gobierno federal entrante, como lo
ha venido anunciando, presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal. En dicha iniciativa hay reacomodos de funciones,
pero no cambios de fondo y la reforma solo se refiere a las secretarías de
estado. El nuevo gobierno arranca con una estructura ortodoxa y con dos
secretarías que son los nuevos polos de poder: Hacienda y Seguridad.
Algunos
de los cambios más relevantes que propone la reforma son:
Administración de recursos. Las oficialías mayores ahora se llamarán
Unidades de Administración y Finanzas con las mismas funciones. Quizá a sus
titulares se les baje un poco el nivel salarial y la mayor novedad es que estos serán nombrados directamente por el Secretario de
Hacienda. Esto era una práctica informal que se perdió en el sexenio del
presidente Peña.
Se había
anunciado que las oficialías mayores desaparecerían para concentrarse en la Secretaría de Hacienda (SHCP) con las enormes
desventajas que ello planteaba (La
Macro Oficialía Mayor) pero no fue así.
Una
desventaja es que, al no controlar el área administrativa de su dependencia, los
secretarios podrían culpar a la SHCP de que se retrasen sus programas por
cuestiones administrativas.
El secretario
de Hacienda, a través de su oficial mayor (Se conservan los oficiales mayores
de SEDENA, Marina y Hacienda) solo podrá
controlar directamente una pequeña parte del gasto federal, dado que las paraestatales
y las empresas productivas del estado son las que ejercen la mayor parte de
este.
Otra
nueva tarea de la SHCP será consolidar compras, aspecto que ya se hacía de
manera esporádica y se le transfieren algunas facultades de la Secretaría de la
Función Pública (SFP) en estas materias. También la SFP le transfiere a la SHCP
el Sistema de Información de Padrones Gubernamentales que es clave para una
asignación transparente de apoyos sociales.
Control interno. En cuanto a la SFP, además de lo comentado, otro
cambio es que el presupuesto para el pago de los titulares de los órganos
internos de control (OIC) (No se incluye en esta disposición a los titulares de
segundo nivel de los OIC) provendrá de la propia SFP.
Por ello,
los
OIC siguen sin cambios, contrario a lo que ya se había anunciado que desaparecerían
para concentrarse en la SFP (Reestructura
de la SFP). La SFP solo requerirá presupuesto adicional para
pagar a los 215 titulares de OIC y Unidades de Responsabilidades por lo que no
será difícil encontrar los recursos para ello.
Superdelegados. Esta es
una figura de nueva creación orientada a programas para el desarrollo. Los
delegados coordinarán acciones en materias prioritarias y ayudarán a supervisar
servicios y trámites de programas prioritarios del gobierno federal en las
entidades federativas. Se decía que dependerían de la Oficina de la Presidencia,
pero ahora indican que dependerán de la Secretaría de Bienestar.
Aparentemente, su función será más política y
de supervisión que propiamente operativa, (Superdelegados) pues las secretarías y paraestatales, previa
justificación, podrán conservar sus actuales
delegaciones, las cuales ahora se llamarán oficinas de representación.
La
operación de los superdelegados podría interferir con la autoridad central de
secretarías y paraestatales, por lo que es posible que también en este rubro
pueda haber conflictos de operación entre los secretarios y ellos dado que, aunque
estén adscritos a Bienestar, seguirán teniendo línea directa con el presidente.
Seguridad Pública. Revive la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC) cuyas funciones se le quitan a Gobernación. Con la incorporación
del CISEN (Que ahora se llamará Centro Nacional de Inteligencia, como su
homólogo español) se hará cargo no solo de cuestiones de
seguridad pública sino también de seguridad nacional (CISEN). También se le incorpora la protección civil.
La Secretaría
de Gobernación pierde sus atribuciones en materia de seguridad pública,
protección civil y seguridad nacional y se queda con pocos brazos
operativos para llevar a cabo sus tareas de gobernabilidad, entre ellas, el
carecer de la información que le proporcionaba el CISEN.
Además,
debido a que los superdelegados, designados
por el presidente, llevarán la relación política con las
entidades federativas y con el Congreso, al influir directamente en gobernadores,
alcaldes, diputados y senadores, estos preferirán dialogar con ellos, se debilitará
aún más a la Secretaría de Gobernación.
Otros cambios. Los titulares de asuntos jurídicos en cada secretaría
serán nombrados por el Consejero Jurídico de Presidencia y los enlaces
legislativos de cada secretaría por el Secretario de Gobernación. También
cambian de nombre dos secretarías.
En
términos generales la reorganización
propuesta a las secretarías no tiene mayor impacto, excepto en el ámbito
político ya que la fuerza del gobierno radicará en dos secretarios: el
Secretario de Hacienda, Carlos Urzua, y el Secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Alfonso Durazo.
Cada presidente
tiene sus ideas de cómo hacer trabajar mejor sus recursos. Habrá que ver si
estos cambios dan los resultados que se espera de ellos. Por lo pronto hubo mucho ruido y pocas nueces entre los
cambios anunciados y la reforma propuesta.
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Twitter:
@octaviodiazg
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