Por: Octavio Díaz García de León
La idea: Uno de los ejes estratégicos del Plan Nacional de Paz y Seguridad es el
erradicar la corrupción en toda la administración pública y se espera que esto
reduzca los índices delictivos. Sin duda reducir la corrupción puede reducir la
delincuencia, pero ante un fenómeno tan extendido, convendría enfocar prioritariamente
el combate a la corrupción en las fuerzas de seguridad.
El Plan plantea
el combate a la corrupción como el propósito más relevante del próximo gobierno. Este enumera 16 acciones en materia de combate a la corrupción las
cuales habría que ver si la futura secretaria de la Función Pública, encargada
del combate a la corrupción, está de acuerdo con ellas.
Por lo
pronto, una de las medidas propuestas ya está en vigor desde hace año y medio:
la obligación de que todos los servidores públicos presenten sus 3 de 3
declaraciones.
Otra, el prohibir
las adjudicaciones directas, podría obstaculizar la marcha del gobierno y no necesariamente
disminuiría la corrupción. El que se pudiera abusar de ellas no implica que la
solución sea desaparecerlas, porque hay razones válidas para tenerlas.
En este
sentido, habría que revisar cuales excepciones, que prevé la Ley de
Adquisiciones para no hacer licitaciones, son las que más usan las áreas de
seguridad, para fiscalizar dichos casos. Sin duda una excepción que se usa y se
abusa de ella es la que invoca razones de seguridad pública o nacional (Art.
41, fracción IV de la Ley de Adquisiciones).
Otro
aspecto que se puede prestar a actos de corrupción es la partida de seguridad
nacional sobre la cual casi no se rinden cuentas y la cual en este sexenio que
termina, creció de manera muy importante alcanzando la cifra de más de 65 mil
millones de pesos. (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/08/cisen-la-joya-de-la-corona.html)
Otra
propuesta, el centralizar las instancias de contraloría, ya he escrito sobre
sus desventajas y parece que no es la intención de la futura secretaria de la
Función Pública, la Dra. Sandoval. (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/10/transformar-la-secretaria-de-la-funcion.html)
Una
medida interesante que proponen es homologar sueldos entre un ministerio
público federal, un policía federal y un juez federal con la idea de pagarles más
a los policías y a los ministerios públicos, con lo cual se reconoce que, para
reducir la corrupción, hay que pagarles bien a los servidores públicos.
En ese
sentido, habrá que valorar el impacto debido a la reducción de sueldos que
sufrirán los altos mandos de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad
e impartición de justicia. Si bien, los altos funcionarios son menos susceptibles
a corromperse por tener sueldos bajos, se está abriendo esa posibilidad.
En el
tema de combate a la corrupción en las fuerzas de seguridad convendría que
dicho Plan distinguiera dos tipos de fenómenos de corrupción:
Interna. Proviene del desvío de recursos públicos para beneficio
personal que realizan los funcionarios corruptos a través de adquisiciones, fraude,
peculado, nepotismo y otros fenómenos similares. Esta es la corrupción más tradicional que
afecta no solo a las áreas de seguridad, sino a todo el gobierno.
Externa. Todo aquel dinero, bienes muebles e inmuebles, joyas, obras
de arte, etc. con que se soborna a las
autoridades, directa o indirectamente, para que dejen de hacer su trabajo (por
omisión) o con el cual se compran a las autoridades para que trabajen a favor
de los delincuentes y/o se les vuelva socias de los negocios ilícitos (por
complicidad).
Es importante
distinguirlas porque las estrategias de combate a la corrupción deben ser muy
diferentes.
Para la corrupción interna se deben aplicar las medidas de fiscalización,
vigilancia y control de los servidores públicos, de manera similar a lo que se
hace en el resto de la administración pública. En este caso, la Secretaría de
la Función Pública podría hacerse cargo de ello.
El combatir la corrupción que proviene
directamente de los delincuentes requiere otro tipo de actuaciones y no le corresponde a la
Secretaría de la Función Pública. Se requiere un enfoque no solo punitivo, como
investigaciones criminales internas, sino también programas de apoyo a las
fuerzas de seguridad: desde esquemas de seguridad social y protección familiar
hasta sueldos altos que les permitan resistir la oferta de “plata o plomo”.
Para la
parte punitiva se cuenta ya con las áreas de asuntos internos a las cuales se
les debe reforzar y darles capacidades de actuación mayores con auxilio de
otras autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía
General de la República e incluso con la Guardia de Finanzas que plantea el
Plan.
Estas
áreas de asuntos internos se podrían centralizar en una Visitaduría especializada
en materia de seguridad para evitar su posible vinculación con los funcionarios
de la dependencia a la que estén adscritos.
Otras medidas
preventivas son la aplicación de controles de confianza, el asegurarse de que
tengan los perfiles adecuados contando con un servicio profesional de carrera,
el tener métodos de vigilancia permanentes que los disuadan de efectuar actos
de corrupción, etc.
El Plan
presenta ideas esquemáticas de cosas que se pueden hacer para combatir la corrupción.
Sería bueno diseñar la estrategia en función de los tipos de corrupción que enfrentan
las fuerzas de seguridad, dándole prioridad a la corrupción más dañina: aquella
que proviene directamente de los delincuentes.
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@octaviodiazg
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