Por: Octavio Díaz García de León
La idea: La inédita, y algunos opinan que
ilegal, remoción del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, el magistrado José Luis Vargas, refleja una problemática interna
que es digna de atención por tratarse de una institución de tanta importancia
para la democracia en nuestro país. Quizás el Poder Judicial debería revisar sus
diseños institucionales para hacerlos más funcionales y evitar más crisis como
la que ha vivido ya varias veces dicho Tribunal.
En el Tribunal Electoral van siete presidentes en
los 5 años que lleva esta integración de magistrados de los cuales tan solo en
una semana hubo cuatro presidentes distintos, lo cual puede ser un indicio de
que la gobernanza del Tribunal no está funcionando.
Por otra parte, algunos medios de comunicación opuestos
al gobierno del presidente López Obrador, llevan a cabo una ofensiva permanente
contra el magistrado Vargas desde hace más de dos años, la cual se acentuó
cuando tomó la presidencia del Tribunal, quizás por sus posiciones supuestamente
a favor del gobierno.
Sin embargo, ese mismo gobierno al que se supone apoyaba
el magistrado Vargas también lo investigó a través de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), quien primero le imputó enriquecimiento inexplicable y ante
la exoneración por parte de la Fiscalía General, entonces lo acusó de posible
lavado de dinero mediante una ofensiva mediática que coincidió con la campaña
de los magistrados disidentes. Una vez lograda la renuncia del magistrado Vargas,
el titular de la UIF no ha vuelto a salir a medios para hablar del tema.
Por su parte, el presidente de la Suprema Corte apoyó
a los magistrados inconformes, dijo que “ya no es viable” la permanencia del
magistrado Vargas y le pidió que diera “un paso a lado”, quien así lo hizo,
renunciando a la presidencia del Tribunal.
También el presidente López Obrador criticó a los
magistrados de la Sala Superior del Tribunal y les pidió que todos renunciaran mientras
el grupo parlamentario de MORENA ya introdujo una propuesta de reforma legal que,
entre otras cosas, propone remover a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal.
¿Fue una ofensiva concertada contra el magistrado Vargas o contra el Tribunal?
¿Es importante la presidencia del Tribunal? Desde
el punto de vista de las controversias en materia electoral que allí se
resuelven, no es tan relevante como ya se ha visto, pues solo es un voto más, aunque
se supone que si es elegido por la mayoría de sus pares podría influir en el
sentido de las decisiones. Sin embrago, en la gestión del magistrado Vargas, de
nada le valió ser presidente pues en asuntos relevantes o mediáticos frecuentemente
tuvo el voto en contra de por lo menos 5 de sus colegas.
¿Entonces en que consiste el encanto de esa
presidencia? El presidente tiene la responsabilidad de manejar las áreas
administrativas, los órganos auxiliares de la Comisión de Administración y
otras áreas, las cuales cuentan con el 38% del personal y 25 puestos de
dirección general o superior vs. 62% de personal jurisdiccional encabezados por
25 magistrados.
Así, el presidente puede nombrar a muchas personas
en todos los niveles, repartir puestos entre los otros magistrados para
mantener la armonía interna y manejar los recursos del Tribunal. Sin embargo, esto
propicia riesgos de corrupción al entregarse los cargos a familiares y amigos,
tengan o no el perfil adecuado.
Pero los riesgos de corrupción no solo están en la
parte administrativa del Tribunal, sino que los mayores riesgos de corrupción se
encuentran en la posibilidad de comprar votos de magistrados para inclinar sus decisiones
jurisdiccionales a favor de actores políticos.
¿Cómo se podría mejorar la gobernanza, reducir los
riesgos de corrupción del Tribunal y de paso evitar disputas por la presidencia
como las que son frecuentes allí?
En teoría la administración del Tribunal la lleva la
Comisión de Administración. Está
integrada por tres Consejeros de la Judicatura, un magistrado de Sala Superior
que es seleccionado al azar y el presidente del Tribunal. Se le presenta cada
mes una agenda de 50 o más asuntos para su aprobación, pero su intervención difícilmente
llega más allá.
Si esta Comisión es la que debe administrar al
Tribunal y la manzana de la discordia es determinar quién, desde la
presidencia, maneje puestos y recursos del Tribunal, a lo mejor la solución
pasa por empoderar a fondo a la Comisión de Administración y evitarles esas
distracciones y tentaciones a los magistrados de la Sala Superior.
Para ello la
Comisión tendría que establecer un vínculo más fuerte con los operadores
administrativos. Por ejemplo, nombrando al Secretario Administrativo y este a los
directores generales, respondiendo directamente a la Comisión y no al
presidente del Tribunal. Otra forma sería el impulsar un servicio civil de
carrera entre el personal hasta los niveles más altos, para evitar actos de
nepotismo y profesionalizar al Tribunal.
Si lo que se quiere es evitar riesgos de corrupción
en los asuntos jurisdiccionales, se requieren mecanismos de investigación
externos al Tribunal que permitan detectar enriquecimiento ilícito y otras
manifestaciones de corrupción, para lo cual se tendría que modificar la
normatividad actual que prevé que los magistrados se investiguen a sí mismos.
Urge evitar más crisis como las que ha vivido el
Tribunal al sufrir cambios de presidentes que no han podido terminar el periodo
para el que fueron nombrados, diseñar formas eficaces de combate a la
corrupción y buscar una forma de gobierno institucional más estable y profesional.
Está en juego la sobrevivencia de esta institución.
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