LA SILLA ROTA
Por: Octavio Díaz García de León.
La idea: Una de las
principales banderas del presidente López Obrador ha sido el combate a la
corrupción. A un año de haber iniciado su gobierno hay muestras claras de que
se está combatiendo. Si bien otros asuntos empiezan a dominar las noticias, el
combate a la corrupción debe seguir siendo una prioridad.
Este primer año de gobierno fue abundante en investigaciones sobre casos
de corrupción. Aunque diversas instituciones han estado trabajando en el
combate a la corrupción, ha destacado la labor de la Unidad de Inteligencia
Financiera. Por lo menos los casos más sonados en los medios de comunicación han
derivado de investigaciones que lleva a cabo esta Unidad.
Esta experiencia ha demostrado que seguir la huella del dinero es una
de las mejores estrategias para detectar corrupción y castigar a los corruptos.
Con un buen mecanismo de captación de declaraciones patrimoniales y la
disponibilidad de herramientas
informáticas que permitan analizar bases de datos bancarias y de registros
públicos de la propiedad o del comercio,
se podrá también identificar casos de enriquecimiento ilícito.
No se debe descartar también el realizar labores de inteligencia que
permitan identificar redes de vínculos entre empresarios proveedores del
gobierno y funcionarios públicos, con el
fin de detectar conflictos de interés que no siempre son fáciles de
identificar. Por ello, no se debe confiar solo en las declaraciones de
conflicto de interés que hagan los servidores públicos, sino tratar de verificarlos.
La intervención de la Secretaría de la Función Pública (SFP) también ha sido relevante. No solo se
combaten casos de administraciones pasadas, sino que también se investiga a funcionarios de la presente administración tales como las
denuncias a “superdelegados” y otros
funcionarios del actual régimen, con lo cual dicha Secretaría ha demostrado su
independencia y compromiso con la integridad.
También ha habido iniciativas importantes desde la SFP tales como el
lanzamiento de la plataforma “Ciudadanos
Alertadores Internos y Externos de la Corrupción”, la propuesta de cinco ejes estratégicos de la Secretaría y el
lanzamiento reciente de la APP para celulares “Denuncia Paisano” con la cual los paisanos que vienen a
visitar a sus familiares esta temporada navideña, podrán denunciar actos de
corrupción.
Un esquema muy importante para prevenir la corrupción, es la
certificación de empresarios contra la corrupción que ha lanzado también la SFP
y que se materializa a través del Padrón
de Integridad Empresarial.
En
él, las empresas que deseen participar en procesos de contratación con el
gobierno, deberán publicar sus códigos
de conducta, sistemas de control y vigilancia, sistemas de denuncia contra la
corrupción, procesos de capacitación, políticas de recursos humanos y
mecanismos de transparencia. El gobierno federal otorgará el distintivo de
integridad empresarial a las empresas
que cumplan con ciertos estándares de honestidad y transparencia.
Los Órganos Internos de Control (OIC) que dependen de la Secretaría de
la Función Pública son elementos clave en el combate a la corrupción. Estos se
encuentran todavía en proceso de completar sus cuadros directivos pues aún
están pendientes nombramientos de algunos
titulares de los OIC y de titulares del siguiente nivel jerárquico (Auditoría,
Quejas y Responsabilidades).
Para ello la secretaria, Dra. Irma Eréndira Sandoval, ha anunciado que
privilegiará que dichos puestos sean ocupados por mujeres y hará una convocatoria para concursar esas vacantes.
Un aspecto alentador es que la secretaria Sandoval, no permitió que se
le impusiera el nombramiento de los titulares de los OIC y les está dando mayor
independencia a estos órganos al hacer que presupuestalmente dependan
directamente de la SFP, además de la independencia técnica y jerárquica que ya
tenían.
Debido a las medidas de austeridad en los OIC será necesario que la SFP
revise sus formas de operación a fin de hacer más eficaz y eficiente su
trabajo.
Por ejemplo, en administraciones anteriores se sobrecargó de tareas a
los OIC, las cuales no tenían impacto relevante en las instituciones. En ese sentido sería conveniente romper
inercias, abandonar programas que no agregan valor y mejorar los sistemas de
información de la SFP.
En cuanto a los programas de trabajo de los OIC, valdría la pena impulsar
la realización de auditorías del tipo de cumplimiento financiero y normativo e
incluso auditorías forenses
para auxiliar en la detección de actos de corrupción.
Por su parte, el Sistema Nacional Anticorrupción se ha visto poco y no
se percibe que dé resultados. Dicho Sistema ha quedado trunco porque siguen sin
nombrarse los magistrados anticorrupción en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
y si bien ha habido reuniones del Comité
Coordinador, no han salido acciones de impacto de dichas reuniones.
Un avance fue ponerse de acuerdo en los formatos para la declaración de
situación patrimonial. En contraste, la
Política Nacional Anticorrupción sigue sin aprobarse.
Este año ha sido de grandes cambios para reorientar a las instituciones
a una política de austeridad e integridad en la gestión pública. El reto para
el año que viene será dar más y mejores resultados en el combate a la
corrupción.
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