Por:
Octavio Díaz García de León.
@octaviodiazg
El
año pasado se intentó un gran cambio de estrategia en las intervenciones del
gobierno federal para apoyar a estados con gobiernos fallidos o en manos de la
delincuencia o ambas cosas, tal y como
fue el caso de Michoacán. Para ello se nombró, entre otras medidas, a un
Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán con los
poderes más amplios que se le hayan dado
a un funcionario federal trabajando en una entidad federativa. Fue un experimento
(Ver artículo) que parecía justificado ante la
emergencia que se vivía. Ahora, después
de un año, termina su encargo el Comisionado Castillo con una explicación contradictoria:
para que no interfiera con los comicios que se avecinan, cuando lo que más se
requiere es seguridad para garantizar las elecciones.
El
gobierno federal fue más allá del nombramiento de un Comisionado. Desde
el presidente hacia abajo, todo su gobierno se volcó en Michoacán. El
presidente Peña iba cada mes; los secretarios también tenían obligación de
acudir periódicamente y esa intensidad duró algunos meses. También se nombró un gabinete paralelo de
funcionarios federales para ayudar al estado; se cubrieron puestos clave del
gobierno de Michoacán con designaciones del Comisionado Castillo, avaladas por
el Congreso local y el gobernador en turno; se abrieron las arcas federales
para apoyar con dinero al estado; se reforzó la presencia militar y de la
policía federal; se convirtió a las autodefensas en guardias rurales; se logró
desarticular en buena medida a los Caballeros Templarios; se encarceló al Dr.
Mireles y se encarceló y liberó a otros líderes de las autodefensas. Todo eso y
más.
A
pesar de todo ello, pareciera que en el
fondo muy poco cambió. A mediados de diciembre del año pasado, una pelea entre dos grupos de guardias rurales (antes autodefensas) produjo la muerte de once personas; a
principios de enero de este año fueron muertas once personas en Apatzingán en un enfrentamiento con la policía federal; y el
pasado 27 de enero fue asesinado un prominente empresario en Morelia. El común denominador ante estos
acontecimientos siguen siendo la inseguridad y la impunidad que prevalecen.
También continúa la difícil situación financiera
del estado por el enorme endeudamiento a la que lo sometieron los
gobiernos de Lázaro Cárdenas, Leonel
Godoy y Fausto Vallejo. La crisis financiera aún no se resuelve a pesar del apoyo federal que se le ha dado,
con nombramiento incluido de un alto ex funcionario de Hacienda como subsecretario
de finanzas del estado.
Pero
hace falta un diagnóstico más profundo y una discusión pública de las bondades
y desventajas de la estrategia que se siguió y saber porqué se fue abandonando
poco a poco lo que había empezado con tanto entusiasmo el gobierno
federal, para dejar al final casi solo al
Comisionado. Valdría la pena también revisar si la figura de un Comisionado es
la adecuada para estos casos y si lo que faltó fue tiempo para realizar la
tarea, o bien lo que hizo falta fue poner a un funcionario más capaz. Es importante saber que funcionó y
que no, y si el modelo sirve para replicarse en otras partes. Por lo
pronto el gobierno federal desparece al Comisionado en Michoacán y ante el
desquiciamiento de Guerrero ya no quiso repetir la receta allí prefiriendo dejar
que los políticos locales arreglaran sus
problemas (Que por cierto no han podido). En el caso de Michoacán probablemente
lo mejor hubiera sido sustituir al Comisionado Castillo ya que los gobiernos estatal y municipales siguen estando tanto o más frágiles que antes;
esperar a tener un debate púbico que produjera un buen diagnóstico; esperar que pasaran las
elecciones; dar tiempo para que se
recuperara algo más la gobernabilidad
del estado y sobre todo, se iniciara la reconstrucción de las instituciones locales.
Ahora
la estrategia para Michoacán es regresar al esquema que no le funcionó al presidente
Calderón: una solución militar sin capacidad suficiente para combatir a los delincuentes y recuperar el
estado. Para lograr un impacto militar en Michoacán, probablemente se requiera usar a buena parte
del ejército y la marina para tener una cobertura territorial significativa y
lo que es peor, una permanencia prolongada defendiendo el territorio. El reducido
contingente que existe en Michoacán no alcanza para mucho. Por otra parte la
Gendarmería, con tan solo 5 mil elementos no tiene casi ningún impacto en el
contexto nacional. Ni dedicándolos todos a Michoacán alcanzarían.
Michoacán,
Oaxaca, Guerrero, la Tierra Caliente del Estado de México, Morelos y Tamaulipas
son territorios donde el Estado es muy débil y requieren apoyo del gobierno
federal. Si el esquema de Comisionado, gabinete
paralelo y las visitas mensuales del presidente y sus secretarios no
funcionaron, entonces habrá que buscar otra solución, pero no es conveniente que se abandone el
esfuerzo. La tarea de reconstruir las instituciones en esos territorios permanece
inconclusa. Ésta retirada del gobierno federal deja mal parado a Michoacán. ¿Cuál será ahora la fórmula que ayude a
resolver su problema de seguridad y gobernabilidad? El gobierno federal no
puede decir que ya se cansó de esta labor de recuperar territorios con
gobiernos fallidos pues el problema podría extenderse. Si se retira ahora, ¿quién podrá salvarlos? Por lo pronto el Papa
Francisco va a consagrar Cardenal al Arzobispo Suárez Inda de Morelia. Por lo
menos la Iglesia Católica está reforzando su presencia allí.
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