PARA QUE FUNCIONE EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

POR: Octavio Díaz García de  León

 @octaviodiazg

     Desde antes de tomar posesión el presidente Peña comprometió una reforma para crear la Comisión Anticorrupción. Con la idea de que eso iba a ser un proyecto de muy corto plazo, el 2 de enero de 2013 se modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reforma con la cual desaparecen dos secretarías: la Secretaría de Seguridad Pública que se convierte en un apéndice de la Secretaría de Gobernación sin desparecer nada de su estructura administrativa y la Secretaría de la Función Pública (SFP), algunas de cuyas funciones se transfieren a la Secretaría de Hacienda, otras a las entidades y dependencias y otras más simplemente desparecen. Uno de los artículos transitorios de la reforma  prevé que la SFP subsista hasta en tanto se cree la Comisión Nacional Anticorrupción. 

     Sin embargo la propuesta de la Comisión Anticorrupción se detuvo en el Congreso a pesar de que ya había una iniciativa muy concreta por lo que la SFP se quedó en el limbo y no ha habido iniciativas anticorrupción desde entonces. 

       Más de dos años después y en medio de escándalos de corrupción en todos los órdenes de gobierno y en los tres poderes,  existe un clamor popular por que se haga algo respecto a los problemas de corrupción que nos agobian. Muestra de este clamor fue el discurso del presidente de la CANACO  Cd. de México el pasado 9 de enero   ante el  presidente Peña cuando le dijo: “El empresariado es un sector muy vapuleado por la corrupción. Cualquier oportunidad de negocios con el gobierno está expuesta a que se le solicite una contribución por anticipado antes de ser asignada.” (Reforma primera plana).

     Además de la corrupción que impera en innumerables ámbitos del gobierno y no deja de ser muy escandaloso, por ejemplo, lo que sucede con las policías municipales - muchas de ellas tomadas por la delincuencia organizada - también están las licitaciones que está llevando a cabo la SCT y que han sido cuestionadas por parte de testigos sociales, expertos y periodistas nacionales e internacionales. O bien  los casos no aclarados satisfactoriamente de posibles conflictos de interés en las relaciones de contratistas del gobierno federal con altos funcionarios del mismo. 

     Por ello  recientemente el PAN decidió hacer suya  una propuesta elaborada por Transparencia Mexicana y la Red por la Rendición de Cuentas (CIDE) la cual parecía lograr consensos de todos los partidos para llevarla a cabo. Sin embargo nuevamente se volvió a detener en la Cámara de Diputados ante el desacuerdo del PRI con algunos puntos de la misma. Esta propuesta anticorrupción no pretende crear nuevos organismos sino fortalecer a los existentes. Sin embargo para que  funcione realmente será necesario ir más allá de cómo se ha planteado. Algunos aspectos podrían ser:

1.    Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control (OIC).  La labor de control interno en el gobierno es indispensable por su carácter preventivo y para asegurar el cumplimiento de los objetivos de las instituciones. Pero su labor debe ser realizada con independencia de las instituciones para que tenga fuerza y objetividad. Deberá darse marcha atrás a la desaparición de la SFP y su secretario debe ser seleccionado en un concurso abierto del cual el presidente escogería una terna para proponerla al  Senado (Algo similar a lo que se hizo con COFECE e IFETEL). Por otra parte los titulares de los OIC y su personal deberán estar sujetos a un servicio profesional de carrera y de ninguna manera ser nombrados o sugeridos por los titulares de las entidades y dependencias como ocurre hoy en día. Los concursos del personal de los OIC’s  podrían ser organizados por universidades y supervisados por organismos de la sociedad civil. Los candidatos a titulares de OIC deberán pasar también por un proceso de control de confianza. La SFP deberá retomar las actividades de control interno, mejora de la gestión pública y otras muchas funciones que le permitían hacer una labor preventiva en gran escala para impedir la corrupción y hacer que las instituciones cumplan con sus objetivos.

2.    Auditoría Superior de la Federación. Deberá otorgársele plena autonomía para actuar como auditor externo del gobierno federal. Sus integrantes deberán estar sujetos a un proceso de selección similar  al mencionado en el punto anterior. Sus observaciones deberán ser atendidos prontamente y con consecuencias graves en caso de no ser cumplimentadas; los pliegos de responsabilidades que generen deberán ser enviados a un nuevo tribunal administrativo que se encargaría de desahogar los procesos de responsabilidades de los servidores públicos. También, como ya se planteó, deberá poder realizar auditorías durante el ejercicio del gasto para que pueda tener incidencia durante el ejercicio en curso  y a posteriori como lo ha realizado siempre.  

3.    Tribunal Administrativo. Este Tribunal podría derivarse del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pero en todo caso separarse de los temas fiscales. Este tribunal estaría especializado en procesar los casos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos al cual llevarían sus acusaciones tanto los OIC´s como la ASF y en su caso,  aplicar las sanciones correspondientes. Este tribunal deberá tener autonomía constitucional para darle la independencia necesaria. La selección de sus miembros también deberá hacerse en base a un servicio civil de carrera y deberán pasar por  controles de confianza para asegurar la confiabilidad de sus elementos.

4.    Fiscalía Anticorrupción Federal. Si bien ésta ya existe,  su dimensión es muy pequeña y depende de la Fiscalía General de la República (Antes PGR).   Es prioritario darle total autonomía constitucional y recursos suficientes para que tenga un tamaño adecuado a  la dimensión del problema, lo que podría elevar el número de funcionarios de 30 o 40 que tiene hoy en día a quizá más de mil servidores públicos. La idea es tener una fuerza de investigación con todas las herramientas para poder hacer las investigaciones de los delitos de corrupción en que incurran servidores públicos, empresarios y ciudadanos que intenten corromper a funcionarios. Quizá también sea conveniente revisar el fuero que actualmente gozan funcionarios de alto nivel, o en todo caso perfeccionar y agilizar los mecanismos del juicio político.  En otro artículo he hablado de las características que podría tener la Comisión Anticorrupción pero que bien podrían aplicarse al diseño de ésta Fiscalía.

5.    Auditorías Superiores Estatales. En los estados habría también que fortalecer y dar mayor autonomía a estas instituciones, replicar su funcionamiento en base a las características de la federal y crear mecanismos de cooperación con la federación.   

6.    Fiscalías anticorrupción estatales. A nivel estatal también debería haber  fiscalías  anticorrupción en el ámbito de su competencia con solidez y autonomía, igualmente modeladas de conformidad con la equivalente a nivel federal.

7. Tribunales administrativos locales. De la misma forma a nivel estatal deberán crearse este tipo de tribunales a fin de que puedan procesar los casos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos que le leven las auditorías estatales y las contralorías en atención a las leyes de responsabilidades locales.

8.    Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción. A fin de coordinar los esfuerzos a nivel nacional en la materia sería necesario crear un pequeño secretariado ejecutivo que incorpore además a organismos de la sociedad civil en un Comité de Ética. Este secretariado también se encargaría de canalizar apoyos financieros a estados y municipios para combatir la corrupción a través de fondos especiales creados con ese propósito.

Para combatir la corrupción lo que hace falta es voluntad política y algunas herramientas institucionales básicas para que se pueda realizar esta labor. No es necesario crear elefantes blancos burocráticos que den la ilusión de combatir la corrupción, sino instituciones eficaces que den resultados pronto. Ojalá que la reforma que se estará discutiendo el mes que viene  tenga estos elementos y no se quede en puro gatopardismo reformista.

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