29 de agosto de 2012

IDEAS PARA UNA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN


    
     El candidato ganador en las elecciones presidenciales, el Lic. Peña Nieto, ha propuesto  la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción (CNA).  Entre los pocos detalles que se han dado a conocer se contempla que esta Comisión sustituya a la Secretaría de la Función Pública con la posibilidad de actuar en los tres niveles de gobierno y los tres poderes. Esta es una propuesta muy importante para continuar los esfuerzos del gobierno en el combate a la corrupción y satisfacer así lo que siempre ha sido una gran demanda de la sociedad. 
     Si bien la percepción pública de lo que constituye un acto de corrupción es muy amplia, es conveniente tomar la definición de Transparencia Internacional: “se define operacionalmente como el abuso del poder público confiado a una persona para obtener un  beneficio personal”. Sin embargo desde el punto de vista jurídico, la corrupción  es aquella conducta a la que se le pueda caracterizar como tal y que esté tipificada como delito o falta administrativa. La tarea de una Agencia Anticorrupción sería precisamente combatir este tipo de conductas ilícitas.
     Pero no basta el crear una  Agencia Anticorrupción. Esta debe formar parte  de una política  más amplia en materia de combate a la corrupción. Esta política podría tener los siguientes objetivos:

·         Hacer del combate a la corrupción una política de estado que incluya a todos los órdenes de gobierno, los tres poderes, los organismos autónomos, sindicatos, empresas, organizaciones sociales y partidos políticos.

·        Impulsar la participación ciudadana en el diseño, ejecución y monitoreo de políticas públicas y fortalecer la rendición de cuentas.

·         Enfocar el combate a la corrupción a las áreas más sensibles del gobierno.

·        Enfatizar las medidas preventivas para el combate a la corrupción.

·         Abatir la impunidad y castigar con ejemplaridad los actos de corrupción.

·        Propiciar que los servidores públicos, empresarios y los ciudadanos en general cuenten con una cultura de honestidad, integridad y transparencia.

      La eficacia de las acciones del gobierno se podría medir en base a mejorar la calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional para alcanzar  6.0 al finalizar el sexenio (Fue de 3.0 en 2011) y a reducir a la mitad los actos de corrupción  registrados en la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana (200 millones de actos de corrupción en 2010) en el mismo periodo.

      En lo que respecta a la creación de  una Agencia Anticorrupción con las características que se han planteado para la CNA, alguien podría objetar los siguientes aspectos:
  •   Podría tomarse como una iniciativa contraria al pacto federal si la Agencia fuera competente en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
  •      Podría considerarse contraria al principio de separación de poderes al tener injerencia en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
  •        Desaparecer la Secretaría de la Función Pública podría dejar al gobierno sin las importantes funciones de control interno y mejora de la gestión pública.


      La política de estado para el combate a la corrupción requeriría realizar reformas constitucionales muy importantes, sobre todo si se desea que abarque a los tres poderes y a los tres niveles de gobierno. Además de las reformas constitucionales, sería conveniente proponer la promulgación de una Ley Anti-Corrupción de carácter general. Esta Ley Anti-Corrupción podría incluir lo siguiente:

·            Crear una Agencia Anticorrupción con carácter similar a una fiscalía independiente. Que tenga capacidades de investigación, inteligencia, táctico-operativas y la posibilidad de integrar y presentar sus casos ante los tribunales competentes. Sería un organismo constitucional autónomo con posibilidad de establecer medidas de carácter preventivo obligatorio para todo el gobierno,  fomentar una cultura anticorrupción  en la sociedad y propiciar  la participación ciudadana en el monitoreo del gobierno.

·         Crear al Instituto Nacional de Evaluación de la Gestión Pública para medir la corrupción y la eficiencia administrativa en los tres órdenes de gobierno y  los tres poderes. El Instituto tendría carácter autónomo y entre sus actividades estarían el publicar los resultados de sus evaluaciones, difundir las mejores prácticas y ofrecer asesoría para generar una mejora generalizada en los servicios públicos.

·         Endurecer las sanciones contra quienes ofrezcan soborno o se coludan con servidores públicos para cometer actos de corrupción.

·         Establecer mecanismos efectivos para proteger la seguridad y los derechos de quienes denuncien actos de corrupción.

·         La Secretaría de la Función Pública deberá reorientar sus tareas a fortalecer el control interno e impulsar la mejora de la gestión pública. Debe además  transferir su capacidad sancionatoria  al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y  ser coadyuvante pero no actora en el  combate a la corrupción.

      En caso de presentarse dificultades para lograr la aprobación de estas reformas se podrían implementar estas medidas con los recursos e instituciones con que se cuenta actualmente. Por ejemplo, la Agencia Anticorrupción se puede crear a partir de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la  PGR; se puede aprovechar el Sistema Nacional de Seguridad Pública para  proyectos anti-corrupción y el Instituto de Evaluación podría arrancar dentro del IFAI o del INEGI. 

     Esperamos que la propuesta del nuevo gobierno prospere para fortalecer el combate a la corrupción en nuestro país. Pero que vaya más allá de la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción y se encuadre en una política  de estado anticorrupción de mayor alcance.

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