5 de septiembre de 2012

IDEAS PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA


El Presidente Electo Peña Nieto ha determinado como prioritario en el inicio de su administración el fortalecer al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) dándole autonomía constitucional y atribuciones para fortalecer la transparencia en estados, municipios y en los poderes Legislativo y Judicial. Con ello se podrán continuar reforzando los trabajos del gobierno federal en esta materia. Quisiera resaltar tres conceptos que se confunden ya que se usan a veces  como si fueran equivalentes: primero, el acceso a la información pública gubernamental es un derecho que garantiza a la población el acceso a documentos en posesión del gobierno; segundo, la transparencia consiste en entender el quehacer de los servidores públicos, sus decisiones, actuación y resultados y requiere del acceso a la información pública; tercero, la rendición de cuentas contempla el que el funcionario exponga su actuación de manera pública y asuma las  consecuencias en caso de que no cumplan de sus obligaciones y requiere de que exista transparencia. Los tres elementos reducen los espacios para la actuación inapropiada de los servidores públicos,  fomentan la discusión pública informada y documentada sobre el quehacer gubernamental  y ayudan a combatir la corrupción.
En México existieron  intentos  desde 1977 para garantizar el acceso a la información pública, pero  no fue hasta abril de 2002 que se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) con lo que cristalizó este derecho. Posteriormente se reformó el Artículo Sexto Constitucional a fines de 2006  con el objeto de homogeneizar y sentar las bases mínimas del derecho de acceso a la información.
Por lo que respecta a estados y municipios está pendiente un buen acceso a la información gubernamental, no se han logrado niveles de transparencia adecuados y  hay poca rendición de cuentas. En cuanto al  gobierno federal, si bien se ha avanzado en facilitar el acceso a la información, al ciudadano medio le resulta muy difícil reconstruir la actuación y el desempeño del servidor público y por lo tanto saber si ha hecho bien su trabajo y ha utilizado eficientemente los recursos que se le han asignado. En materia de rendición de cuentas actualmente sólo realizan este ejercicio quienes encabezan el poder ejecutivo, los Secretarios de Estado y algunos titulares de empresas descentralizadas que tienen que comparecer ante el Congreso. De allí en fuera, en el mejor de los casos,  la obligación se reduce a producir informes de labores que muy pocas personas revisan o cuestionan.
Una política de Estado que abarque los tres aspectos mencionados,  tendría los siguientes objetivos:
1.   Extender la obligatoriedad del acceso a la información pública a los poderes legislativo y judicial, organismos autónomos y organismos de la sociedad civil que reciban recursos públicos.
2.   Ampliar el acceso a la información en los tres órdenes de gobierno: federación, estados y municipios.
3.   Dar transparencia al actuar de los servidores públicos.
4.   Que los funcionarios que tengan nivel de director general hacia arriba en el poder ejecutivo federal o sus equivalentes en los otros poderes y niveles de gobierno, realicen una rendición de cuentas periódica.
5.   Fomentar que la sociedad demande transparencia y rendición de cuentas a sus servidores públicos.
6.   Ser más rigurosos en las sanciones a los servidores públicos incumplidos.
Para concretar ésta política,  se podrían realizar las siguientes acciones:
·           Transformar al IFAI en un Órgano Constitucional Autónomo, otorgándole facultades respecto a los tres poderes y los tres órdenes de gobierno.
·           Dotar al IFAI  de facultades sancionatorias por el no acatamiento de sus resoluciones, así como cuando tenga conocimiento de negativas de acceso decretadas por los sujetos obligados sin justificación legal.
·           Incluir como sujetos obligados a los partidos políticos y a los sindicatos, a fin de que rindan cuentas de  la utilización de sus recursos y  de su gestión.
·           Modificar la LFTAIPG otorgándole el carácter de Ley General, en la cual se estandarizarán los procedimientos de acceso y se eliminaran las disparidades regulatorias de las diversas entidades federativas.
·           Estandarizar la regulación en materia de archivos.
·           Imponer bases mínimas para transparentar los recursos transferidos a los estados y municipios por la federación y condicionar las  transferencias presupuestales a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de dichos recursos.
·           Ampliar las áreas de información pública obligatoria aumentando aquellos temas que tengan que reportar los sujetos obligados sin que medie solicitud alguna.
·           Crear mecanismos públicos de rendición de cuentas de los funcionarios  de nivel de Director General hacia arriba y realizarlos de forma periódica y obligatoria.
Estaremos atentos a las propuestas del equipo de transición del Presidente Electo pero es muy importante el que se haya tratado al tema de transparencia como uno de los asuntos prioritarios para la próxima administración federal. Con ello se va a coadyuvar en el combate a la corrupción y todos podremos juzgar y opinar de manera informada sobre la actuación de nuestros gobernantes.
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