El
Presidente Electo Peña Nieto ha determinado como prioritario en el inicio de su
administración el fortalecer al Instituto Federal de Acceso a la Información
(IFAI) dándole autonomía constitucional y atribuciones para fortalecer la
transparencia en estados, municipios y en los poderes Legislativo y Judicial.
Con ello se podrán continuar reforzando los trabajos del gobierno federal en
esta materia. Quisiera resaltar tres conceptos que se confunden ya que se usan a
veces como si fueran equivalentes:
primero, el acceso a la información
pública gubernamental es un derecho que garantiza a la población el acceso
a documentos en posesión del gobierno; segundo, la transparencia consiste en entender el quehacer de los servidores
públicos, sus decisiones, actuación y resultados y requiere del acceso a la información pública; tercero, la rendición de cuentas contempla el
que el funcionario exponga su actuación de manera pública y asuma las consecuencias en caso de que no cumplan de sus
obligaciones y requiere de que exista
transparencia. Los tres elementos reducen los espacios para la actuación
inapropiada de los servidores públicos, fomentan la discusión pública informada y
documentada sobre el quehacer gubernamental y ayudan a combatir la corrupción.
En
México existieron intentos desde 1977 para garantizar el acceso a la
información pública, pero no fue hasta
abril de 2002 que se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental (LFTAIPG) con lo que cristalizó este derecho.
Posteriormente se reformó el Artículo Sexto Constitucional a fines de 2006 con el objeto de homogeneizar y sentar las
bases mínimas del derecho de acceso a la información.
Por
lo que respecta a estados y municipios está pendiente un buen acceso a la
información gubernamental, no se han logrado niveles de transparencia adecuados
y hay poca rendición de cuentas. En
cuanto al gobierno federal, si bien se
ha avanzado en facilitar el acceso a la información, al ciudadano medio le
resulta muy difícil reconstruir la actuación y el desempeño del servidor
público y por lo tanto saber si ha hecho bien su trabajo y ha utilizado
eficientemente los recursos que se le han asignado. En materia de rendición de
cuentas actualmente sólo realizan este ejercicio quienes encabezan el poder ejecutivo,
los Secretarios de Estado y algunos titulares de empresas descentralizadas que
tienen que comparecer ante el Congreso. De allí en fuera, en el mejor de los casos, la obligación se reduce a producir informes
de labores que muy pocas personas revisan o cuestionan.
Una
política de Estado que abarque los tres aspectos mencionados, tendría los siguientes objetivos:
1.
Extender la obligatoriedad del acceso a la
información pública a los poderes legislativo y judicial, organismos autónomos
y organismos de la sociedad civil que reciban recursos públicos.
2.
Ampliar el acceso a la información en los tres
órdenes de gobierno: federación, estados y municipios.
3.
Dar transparencia al actuar de los servidores
públicos.
4.
Que los funcionarios que tengan nivel de
director general hacia arriba en el poder ejecutivo federal o sus equivalentes
en los otros poderes y niveles de gobierno, realicen una rendición de cuentas
periódica.
5.
Fomentar que la sociedad demande transparencia
y rendición de cuentas a sus servidores públicos.
6.
Ser más rigurosos en las sanciones a los
servidores públicos incumplidos.
Para
concretar ésta política, se podrían
realizar las siguientes acciones:
·
Transformar al IFAI en un Órgano
Constitucional Autónomo, otorgándole facultades respecto a los tres poderes y
los tres órdenes de gobierno.
·
Dotar al IFAI de facultades sancionatorias por el no
acatamiento de sus resoluciones, así como cuando tenga conocimiento de
negativas de acceso decretadas por los sujetos obligados sin justificación
legal.
·
Incluir como sujetos obligados a los partidos
políticos y a los sindicatos, a fin de que rindan cuentas de la utilización de sus recursos y de su gestión.
·
Modificar la LFTAIPG otorgándole el carácter
de Ley General, en la cual se estandarizarán los procedimientos de acceso y se
eliminaran las disparidades regulatorias de las diversas entidades federativas.
·
Estandarizar la regulación en materia de
archivos.
·
Imponer bases mínimas para transparentar los
recursos transferidos a los estados y municipios por la federación y condicionar
las transferencias presupuestales a la
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de dichos recursos.
·
Ampliar las áreas de información pública obligatoria
aumentando aquellos temas que tengan que reportar los sujetos obligados sin que
medie solicitud alguna.
·
Crear mecanismos públicos de rendición de
cuentas de los funcionarios de nivel de
Director General hacia arriba y realizarlos de forma periódica y obligatoria.
Estaremos
atentos a las propuestas del equipo de transición del Presidente Electo pero es
muy importante el que se haya tratado al tema de transparencia como uno de los
asuntos prioritarios para la próxima administración federal. Con ello se va a
coadyuvar en el combate a la corrupción y todos podremos juzgar y opinar de
manera informada sobre la actuación de nuestros gobernantes.
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