Por:
Octavio Díaz García de León
Cada vez más organismos y líderes de la
sociedad civil intervienen en temas que afectan a la sociedad. Sin embargo, en
algunos casos han empezado a tomar tareas de gobierno que no les corresponden.
Es necesario que sociedad civil y gobierno guarden una sana distancia para que
los primeros ejerzan una función de contrapeso sobre las autoridades sin
involucrarse en procesos que no les tocan.
La sociedad civil participa activamente en
aspectos tales como transparencia y rendición de cuentas, combate a la
corrupción, seguridad pública, combate a la pobreza, evaluación de programas
sociales y muchos otros. Además, existe gran cantidad de fundaciones, instituciones
de asistencia privada y organismos filantrópicos que realizan una
extraordinaria labor de apoyo a grupos sociales desprotegidos.
Otras formas menos ortodoxas de
participación de la sociedad civil son los grupos de autodefensa como en
Michoacán y Guerrero, asociaciones de vecinos que vigilan sus barrios contra la
delincuencia, comunidades que se autogobiernan como en Cherán, Michoacán y
otros municipios que se rigen bajo principios de usos y costumbres y a donde
las instituciones del Estado mexicano prácticamente no llegan.
La participación de la sociedad civil ha
sido determinante para que el Estado mexicano ponga atención a aspectos de la
vida pública que no se atendían adecuadamente. Sin embargo, esta participación es
reflejo de un problema mucho más profundo: la carencia de instituciones fuertes
del Estado mexicano. A pesar de ello, no
es conveniente que sustituya a las instancias de gobierno o se empiece a
confundir con ellas.
Los gobiernos son elegidos por los
ciudadanos en un proceso democrático y por ello resulta contradictorio que se
quiera ciudadanizar al gobierno, pues para eso tenemos un proceso electoral a
través del cual se eligen a las autoridades. Cuando intervienen líderes y organizaciones de
la sociedad civil en tareas gubernamentales, por lo general llegan allí no
porque fueran elegidos por los ciudadanos para esas tareas, sino por su poder de
interlocución con las autoridades; en algunos casos incluso, puede ser una
forma de cooptación.
Hace días asistí a un seminario
organizado por el Banco Mundial y la Secretaría de la Función Pública en donde
hubo ponentes de diversos países europeos, especializados en el tema de prevención
de conflicto de interés y combate a la corrupción. En una de las mesas pregunté
a los ponentes como trabajaban con las organizaciones de la sociedad civil y
que tan activas estaban en sus países en los temas que a ellos tocaban. Los ponentes
de países del este de Europa presentaron un panorama similar al de México, con
gran involucramiento de la sociedad civil.
Sin embargo, el ponente francés, alto
funcionario en su país, me vio como si fuera extraterrestre por hacerle esa
pregunta. Palabras más o menos dijo que en Francia las ONG no participaban de
ninguna forma con ellos. Comentó que las instituciones del Estado francés y sus
funcionarios estaban para servirles a los ciudadanos y para eso les pagaban un salario
por lo que no era necesaria la participación de la sociedad civil en actividades
que solo les incumbían a ellos.
La creciente participación de la
sociedad civil en tareas que antes realizaba solo el Estado mexicano, más que reflejar
algo positivo, refleja la debilidad del Estado ante los problemas que debería
resolver por sí mismo. Con su participación, la sociedad civil solo está
llenando ese vacío. Eso no quita que
haga falta una sociedad civil activa y participante en los asuntos públicos. Lo
que no es conveniente es que esa participación tome funciones que corresponden a
las instituciones del Estado mexicano.
En el diseño del Sistema Nacional
Anticorrupción se creó la figura del Comité de Participación Ciudadana (CPC) el
cual fungirá como asesor de dicho Sistema.
El Estado mexicano seguirá operando las tareas anticorrupción a través
de las 6 instituciones que conforman el Comité Coordinador (CC) del SNA apoyado
por el CPC (Séptimo integrante del CC). Este Comité Coordinador solo tendrá
funciones de coordinación, sin invadir la esfera de autoridad de sus
integrantes.
Quizás influido por la idea de la
ciudadanización de instituciones de gobierno, estamos viviendo un proceso de
balcanización de la función pública con el surgimiento de cada vez más
organismos constitucionalmente autónomos cuyos dirigentes no son elegidos por
un proceso democrático, sino por el Congreso federal mediante procesos de
selección con criterios a veces meritocráticos, pero en otros, partidistas. De la misma forma, empieza a verse cómo
liderazgos de la sociedad civil asumen tareas que no les corresponden. Quizás es tiempo de reflexionar si en lugar de
fortalecer al Estado, la ciudadanización lo esté debilitando.
Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son
exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna
institución pública o privada.
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