Por:
Octavio Díaz García de León
Para los periodistas que exponen la vida
en su profesión y los que ya la perdieron.
El periodismo puede ser un gran
catalizador para lograr que se haga justicia. Especialmente en nuestro país
donde la impunidad alcanza cifras escandalosas, el trabajo de los periodistas
es un acicate para que las autoridades cumplan su cometido. Pero no siempre las investigaciones
periodísticas se convierten en castigo para los delincuentes, ya sea porque no
existen las pruebas suficientes o las capacidades de las autoridades investigadoras
son muy limitadas o incluso, porque existen complicidades que encubren los
ilícitos.
Existen por lo menos dos temas que
cubren los periodistas a riesgo de su propia vida. Uno es el de seguridad
pública, relacionado con narcotráfico y bandas criminales. El otro con actos de
corrupción. Cubrir el tema de delincuencia organizada ha convertido a México en
uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. El
asesinato de 6 periodistas en lo que va de 2017, el último de ellos, Javier
Valdez en Sinaloa, es muestra de la gravedad de la situación y de la impunidad
con que actúan los delincuentes. El tema
de la corrupción si bien no es tan letal, no deja de ser también un tema
riesgoso para los periodistas porque narcotráfico, delincuencia organizada y
corrupción van de la mano.
Sin embargo, el reportar sobre estos
temas puede resultar frustrante si lo que se busca es que haya justicia
(También hay periodismo irresponsable que solo busca el escándalo para vender
la nota). Los periodistas profesionales investigan, reúnen evidencias, sacan a
la luz transacciones oscuras y luego no pasa nada. A veces por indiferencia o
complicidad de las autoridades; otras veces porque judicializar un caso para
condenar a alguien es sumamente complicado. Esto último ocurre porque para
evitar acusar a inocentes, las pruebas tienen que ser contundentes y cuidar la
legalidad de cómo se obtienen dichas pruebas. El sistema jurídico mexicano es
muy “garantista”, como dirían los abogados. Esto es, protegen los derechos de
los acusados de los posibles abusos de la autoridad y obligan a que las autoridades
sustenten muy bien sus acusaciones y respeten minuciosamente los procedimientos
que dicta la Ley, los cuales suelen ser complejos.
Las cifras del combate a la delincuencia
reflejan esta situación. El 98% de los delitos permanecen impunes y se entra en
un círculo vicioso: ante la falta de castigo a los delincuentes, las víctimas
prefieren no denunciar, con lo que la impunidad aumenta.
Desde luego la impunidad no se puede
atribuir a un sistema jurídico “garantista” que protege más al acusado que a la
víctima, pero este sistema pone un grado de exigencia en las autoridades
investigadoras que, en algunos casos, es muy superior a sus actuales posibilidades.
Y allí está el detalle. Si para acusar a una persona se requieren pruebas técnicas
de mucha contundencia, entonces se requieren investigaciones muy profesionales.
Desafortunadamente las autoridades encargadas de investigar delitos o faltas
administrativas, en su gran mayoría no tienen las capacidades para hacerlo, lo
cual alimenta la impunidad o bien solo condena al que no tiene la capacidad
económica para defenderse.
Las autoridades investigadoras se
enfrentan todos los días a este problema. Las herramientas con las que cuentan suelen
ser muy limitadas, no tienen recursos suficientes para el tamaño del problema;
además, su personal está mal capacitado para atender las exigencias del sistema
jurídico y expuesto a sobornos y amenazas para que no hagan su trabajo. Y eso
sin considerar que ciertos casos llevados ante el Poder Judicial, se pierden
por la corrupción de algunos jueces y magistrados.
Muchas veces se diseñan las leyes
pensando que, por solo emitirlas, las cosas van a mejorar mágicamente sin
considerar el esfuerzo institucional que se requiere para ejecutarlas. Por
ejemplo, una de las nuevas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas consiste en que cualquier acusado tendrá derecho a un defensor de oficio. A un
par de meses de que entre en vigor esta Ley, aún no está claro de donde saldrán
dichos abogados, porque el presupuesto de egresos de la federación no prevé las
plazas y los recursos para ello.
Es importante que los periodistas y su
público lector conozcan que no será sencillo que una investigación periodística
se convierta en una condena automática de los denunciados. En un sistema
jurídico garantista se requiere un esfuerzo de investigación muy profundo. Si
bien no es el papel de los periodistas actuar como autoridades investigadoras, entre
más sólidas, desde un punto de vista jurídico, sean las pruebas que aporten,
más fácil será para las autoridades castigar a delincuentes, elevarán el costo
de sus complicidades a las autoridades corruptas y hará que mejoren las ineptas.
Ayudaría también el considerar que las
autoridades encargadas de investigar delitos no están preparadas para un
sistema de justicia garantista, por lo que sería necesario ya sea, mejorar sustancialmente
sus capacidades en un plazo corto o buscar que existan disposiciones legales
menos orientadas al procedimiento y exigentes con las pruebas. Algo difícil de lograr cuando el legislador ha
pensado en un país ideal alejado de nuestras realidades, dando prioridad al
respeto a los derechos humanos de los delincuentes sin darle suficiente peso a
buscar justicia para las víctimas. Por lo pronto el papel del periodismo de
investigación serio es muy importante para impulsar a legisladores y
autoridades a actuar.
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Twitter: @octaviodiazg http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/ Correo: odiazgl@gmail.com
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