UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

 

     Existe en México una obsesión por hacer leyes pero no por cumplirlas. Desde la independencia de nuestro país ha habido leyes que son aspiracionales. Es decir que más que tomar el espíritu de la nación y convertir en leyes las costumbres que prevalecen y modularlas y adaptarlas para mejorar la convivencia, se han promulgado leyes que reflejan el modelo al que se aspira a llegar,  en contra a veces, de la realidad del país.  Por ello los ciudadanos buscan cómo evadir aquellas  que van contra sus costumbres o que les incomodan; por otra parte los políticos, imposibilitados de aplicarlas por imprácticas, las usan a su favor: amenazan con ejercer la fuerza del estado para imponerla, a cambio del apoyo  de los grupos inconformes; una vez obtenido o negociado ese apoyo, la Ley puede seguir sin cumplirse. Desde luego que hay ciudadanos cumplidos y funcionarios que intentan hacerla cumplir. Pero ambos se frustran cuando ven que otros no cumplen y no pasa nada.

     Ejemplos hay muchos. Desde el siglo XIX cuando se vaciló entre ser una república federal o centralista quedó, en la letra de las leyes, como una república federal pero en la práctica con un gobierno centralista. Lo vimos con Juárez y Díaz. También se osciló entre ser una república laica o una con religión única, hasta que se llegó al acomodo en que en la letra de las leyes se era una república laica y en la práctica se permitía todo tipo de manifestaciones religiosas. Se planteó también ser una república democrática en la letra, mientras que en la práctica no se permitía la oposición al partido gobernante. A nivel local los ejemplos se multiplican. La economía informal permea por todas partes con mini empresarios que trabajan al margen de la ley sin pagar impuestos, sin darles seguridad social a sus empleados o que trabajan en las calles sin permisos. Los reglamentos de tránsito son  motivo de negociación entre los automovilistas y el policía que intenta hacerlos cumplir. Los otros reglamentos municipales también son objeto de negociación entre ciudadanos y  las autoridades respectivas.

     A pesar de ello, se insiste en  corregir los problemas del país mediante la emisión de leyes. Prevalece la idea de que si mejoramos las leyes mejoramos al país. Nuestra  Constitución, promulgada el 5 de febrero de 1917, ha sufrido  552 cambios desde 1917,  reformando a 109 artículos y quedando solo 27 sin modificar. Los que más cambios han sufrido son el 73 que determina las facultades del congreso (67 reformas), el 123 que regula el trabajo y previsión social (23 reformas) y el 27 que regula la propiedad de las tierras y aguas nacionales (18 reformas). Seguramente los legisladores constituyentes difícilmente reconocerían la Constitución que ahora tenemos como suya. Es lógico: el país de 1917 es totalmente diferente al México de hoy. Aquél país estaba en medio de una revuelta en donde diversas facciones se disputaban el poder (Díaz renunció en 1911 y el usurpador Huerta ya había sido derrotado). Era mayoritariamente rural, no urbano, prácticamente sin industria y con una economía agrícola, minera y petrolera. Un país con una población de  14 millones de habitantes en 1920 que había tenido cerca de un millón de muertos por la revolución y por la pandemia de influenza “española”. México  había sido invadido por los americanos en la expedición de Pershing persiguiendo a  Villa y la de toma de Veracruz. En el entorno internacional estaba la primera guerra mundial, la muerte de los viejos imperios, el surgimiento del comunismo y el fascismo y el  nuevo papel imperial de los Estados Unidos. El país de la Constitución del 17 es totalmente distinto al de casi 100 años después.

     Hoy en día las grandes discusiones políticas para tratar de solucionar los problemas de la nación pasan por proponer  reformas a la Constitución y  la emisión de nuevas leyes secundarias. La atención del Presidente, su gabinete, actores políticos, grupos  afectados, se centran en ello. Sin embargo, lo que hace falta es la voluntad para cumplirlas y capacidad para hacerlas cumplir. Ahora que la CNTE ha tomado la Cd. de México porque se opone a la reforma educativa, uno de los profesores fue entrevistado y su respuesta fue que no importaba que leyes aprobara el Congreso y promulgara el Presidente, que  ellos no iban a cumplirlas.

     Por ello no bastan reformas y nuevas leyes. Tampoco es adecuado seguir modificando una Constitución que se promulgó para un país muy distinto al actual. El gran reto es que haya una aceptación general a las leyes para que se cumplan y un Estado fuerte capaz de respaldarlas. Entonces quizá sea mejor un gran borrón y cuenta nueva. Una nueva Constitución con principios generales sencillos y que a todos parezcan  deseables. Derogar las leyes existentes y emitir  unas pocas nuevas, simples, fáciles de acatar, que reflejen lo que el país del Siglo XXI necesita. Impulsar un Estado solidario y subsidiario que invada mínimamente la esfera privada. La obsesión por legislar y el esfuerzo y talento que muchos mexicanos le dedican para ver como no cumplir las leyes nos debería hacer reflexionar. No estemos yendo al fondo del problema que es tener un acuerdo básico de lo que queremos para México. Es tiempo de tenerlo y plasmarlo en una nueva Constitución.


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Nota: Gracias al comentario de Macario Schettino por hacerme ver que fue un millón de muertos entre la pandemia y los combates en la época de la Revolución y no dos millones como  lo había yo puesto. Corrijo pues el error.

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