¿Debe
el Estado proveer todo tipo de servicios a la sociedad? El debate se ha
extendido por todo el mundo. El impulso de las políticas neoliberales por parte
de Margaret Thatcher y Ronald Reagan crearon una revolución global, impulsando
el que empresas privadas proveyeran muchos servicios que en las décadas anteriores
habían sido prestados por los gobiernos. Tampoco es que los gobiernos siempre
hayan prestado servicios públicos. Esta es una tendencia que se generalizó en el Siglo XX.
Esto viene a cuento ahora que con la propuesta
fiscal impulsada por la actual administración federal se busca recaudar más
impuestos con el objeto de que el gobierno preste más servicios y provea más
infraestructura. Pero a nadie le gusta pagar impuestos y menos si los servicios
ofrecidos por el gobierno son malos. Hay países en donde los impuestos son altísimos
pero los servicios que provee el Estado son de primera y protegen a los
ciudadanos desde su nacimiento hasta la muerte como por ejemplo en Suecia. En ese caso hay menos
objeción a pagar impuestos. En los países comunistas, el Estado que debía
proveerlo todo, nunca lo logró.
En
el caso de México a partir de los años veinte del siglo pasado, los gobiernos
en turno fueron extendiendo la participación estatal con: la expropiación
petrolera; las escuelas públicas; la creación del IMSS, del ISSSTE, los
hospitales de la Secretaría de Salud, las universidades públicas, la
estatización de las compañías eléctricas, el INFONAVIT y la estatización de muchas
empresas que culminó con la nacionalización de la Banca en 1982 de tal forma que el Estado
mexicano invadía todos los ámbitos de la
vida nacional. A partir del sexenio del presidente Salinas se empezó a dar
marcha atrás con una oleada de privatizaciones que quedó inconclusa. México se
quedó con un sector estatal todavía muy grande y con servicios privatizados en
algunos ámbitos como bancos, carreteras y recientemente, el caso de las
cárceles federales.
El
problema es que ninguno de los dos esquemas ha funcionado. El Estado mexicano
ha demostrado en términos generales ser un mal proveedor de servicios y el
sector privado, o bien su impacto es muy
pequeño, o no tiene vocación para prestar servicios públicos o los servicios que provee son demasiado caros.
La raíz del problema es que ambos tienen objetivos distintos a los que requiere
la población. Por ejemplo, en el caso de los servicios prestados por el Estado,
sus funcionarios tienen primero objetivos políticos que cumplir para satisfacer
al partido que los llevó al poder o a los grupos a los que pertenecen y en segundo término la
prestación de un servicio adecuado. Para el sector privado es igual: su
objetivo primordial es generar utilidades para sus accionistas y luego prestar
el servicio que requieren los usuarios. Se puede argumentar que para que exista
un beneficio económico o político en las
empresas o en las instituciones del gobierno es requisito que haya un buen
servicio. Pero hemos visto que no es el caso. Los mercados todavía son muy
imperfectos en esos ámbitos como para castigar a los malos prestadores de
servicios. Un par de ejemplos son: 1.
Escuelas: Pese a reformas educativas y mejoras que se intenten en el sector
educativo, pasarán años antes de que puedan dar servicios de calidad. Por ello,
quien puede pagarlas, prefiere a las privadas. 2. Hospitales: Los servicios que
otorga el gobierno están saturados y no hay atención adecuada. Igualmente, quién
puede pagarlos, opta por hospitales
privados.
En
ambos casos los servicios otorgados con fines de lucro son una mala opción. Por
ejemplo, los hospitales privados cuyo objetivo son las ganancias, realizan
intervenciones quirúrgicas y estudios
costosos innecesarios. O bien las
escuelas privadas que una vez captado al alumno elevan las colegiaturas año con
año muy por encima de la inflación, se
vuelven negocios muy rentables.
Entonces,
¿quién debe proveer servicios de primera necesidad como atención de servicios
de salud, escuelas, asilos y otros similares? Hemos visto que el gobierno y sus funcionarios
obedecen a prioridades políticas; los empresarios a la generación de
utilidades. Por ello, deben ser Instituciones como las que fundó la Madre
Teresa, en donde el único afán debe ser atender a quienes va dirigido el
servicio. En siglos anteriores las organizaciones religiosas fueron las
principales prestadoras de estos
servicios por razones humanitarias y aún son importantes pero cada vez menos. Pero
ya hay un sector incipiente de la sociedad que está empezando a llenar estos
huecos. Instituciones como la Cruz Roja son ejemplares. Sin embargo aún no existen buenos mecanismos de fondeo que
les permitan sobrevivir a estas instituciones y sobre todo crecer.
Si los
impuestos en lugar de destinarse a instituciones agobiadas por el gigantismo, la
corrupción, la ineficacia y la ineficiencia se dedicaran a organizaciones sin
fines de lucro, podrían empezar a cambiar los esquemas de bienestar de la
población. No hay muchas “Madre Teresa” en nuestro país pero sí existen personas
dispuestas a ayudar sin ánimo de lucro económico o político. Esta podría ser la verdadera tercera vía para
el desarrollo del país.
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