UNA NUEVA ÉTICA

  

Por: Octavio Díaz García de León

 

    La idea: Nuestra época está llena de desafíos éticos. La mayor parte impulsados por cambios tecnológicos que plantean a los seres humanos situaciones que nunca ha enfrentado. Las certezas que proporcionaba la religión, la ética, la moral, hoy se ven sacudidas por las inmensas posibilidades que el ser humano ha liberado a través de la tecnología. No hay respuestas talladas en piedra para los nuevos problemas éticos. Habrá que irlas construyendo racionalmente dejando ideologías y emociones a un lado.

  Recientemente Juan Enríquez Cabot publicó en Estados Unidos el libro “Correcto/Incorrecto. Cómo la Tecnología Transforma Nuestra Ética.” Dice el autor que “… la tecnología cambia la ética. Pone en entredicho viejas creencias, pone patas arriba a las instituciones que no crecen o cambian. Estamos en la edad de los cambios exponenciales en la ética.”

  Por ello, hay que adaptarse a los tiempos, pues constantemente surgen problemas éticos sin precedentes. Esta evolución de la ética no es nueva. La humanidad ha ido cambiando lo que es o no aceptable para la convivencia entre las personas.  

   Por ejemplo, la esclavitud fue una práctica normal y aceptable por siglos hasta muy recientemente. La tortura a los prisioneros, la falta de derechos de las mujeres, la discriminación por el color de la piel y tantas otras prácticas, hoy son inaceptables.

   Dice Enríquez que el día de mañana futuras generaciones verán con horror muchas de las prácticas que hoy consideramos normales: la matanza de animales para convertirlos en alimentos; el uso de animales para realizar experimentos; la fabricación de armas y su distribución indiscriminada; el calentamiento global; la acumulación de fortunas en manos de unos cuantos y quien sabe que tantas otras conductas que en el futuro se verán como abominaciones.

   Enríquez nos da en su libro un gran número de ejemplos acerca de los nuevos problemas éticos que están surgiendo, derivados principalmente de la tecnología.

   Entre ellos, el rediseño del ser humano. Hoy en día se realizan millones de cirugías estéticas para “mejorar” la imagen de las personas, pero la tecnología pronto permitirá reemplazar partes del cuerpo, no solo por razones estéticas, sino para alargar la vida. Con ello se puede llegar a la inmortalidad, pues la tecnología pronto permitirá detener el envejecimiento sustituyendo los órganos que ya no funcionan.

   Esta revolución se da también en la genética. Ya es posible modificar al ser humano para diseñarlo con características estéticas, de fortaleza, de inteligencia deseadas, lo cual nos conduce a una evolución dirigida, en donde habrá que decidir lo que es aceptable cambiar del genoma humano.

   La medicina ha hecho posible también la transformación de los comportamientos sexuales. Gracias a los anticonceptivos el tener relaciones sexuales ya no tiene como consecuencia el tener descendencia. Tampoco es necesario tener relaciones sexuales para concebir hijos, mediante la concepción in vitro, lo cual a su vez genera un gran número de nuevas posibilidades. También es posible el cruce con otras especies, tener sexo con robots, etc. con lo cual habrá que dilucidar cuales son comportamientos aceptables.  

   Asimismo, la sexualidad ha dejado de ser binaria (Hombre – Mujer) ayudada por intervenciones médicas que permiten cambiar de sexo y medicamentos que alteran las hormonas. Con ello la gama de posibilidades de relaciones ente parejas se ha multiplicado y gracias a lo cual ha surgido una robusta comunidad LGTBIQ, con lo cual estas conductas han ganado aceptación.  

  El aborto, dice Enríquez, plantea importantes problemas éticos: “el derecho y deseo de las madres vs. los derechos del feto; ¿se debe traer al mundo a un niño si no se le puede o quiere cuidar?; ¿cuáles son los derechos y obligaciones de los padres (hombres)?; ¿deberá haber excepciones por violaciones e incesto?”

  Enríquez no pretende dar una respuesta a esta problemática sino plantearla para discutir cuales deberán ser los caminos que resultan mas aceptables para el ser humano.

   Edgar Morin en su libro “Mis Demonios” habla de una Auto-ética. “Una ética que se funda en sí misma, dependiente de las condiciones históricas, sociales, culturales y psíquicas en las que emerge.” Dice que “enfrentamos la necesidad de una ética compleja. Una ética que encuentra sin cesar, en su seno, la incertidumbre y la contradicción. Es una ética de la apuesta. “

  Vivimos en un mundo complejo donde las certezas mueren cada día. Esto puede traer angustia pues ya no hay respuestas ni recetas establecidas que indiquen lo que es correcto o incorrecto en la convivencia cotidiana de los seres humanos y su interacción con el medio ambiente.

   Nos vemos en la necesidad de ir construyendo respuestas de la mejor manera posible, quizá apelando a unos cuantos principios como sugiere Enríquez tales como compasión, modestia, generosidad, empatía, humildad, decencia, veracidad, etc.,   a partir de los cuales se puedan elaborar. Quizá deberemos adoptar una ética de la apuesta, como dice Morin, en donde hay espacio para equivocarnos y corregir, para llegar a soluciones razonables.

PRONTUARIO DE LA CORRUPCIÓN

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

   La idea: La corrupción requiere herramientas. Una de ellas es el lenguaje. En la particular cultura de México se ha desarrollado un idioma que permite realizar corruptelas sin ofender la sensibilidad de los corruptos, cuya dignidad parece tener prioridad sobre cualquier consideración ética y legal. Entender este idioma ayuda también a desnudar las prácticas corruptas.

 

    Hace casi 20 años que Transparencia Mexicana le encargó al escritor, periodista y humorista, Germán Dehesa, que escribiera un diccionario de la corrupción. Como dice el autor, esa era una tarea titánica cuyo resultado podía haber sido más extenso que la Enciclopedia Británica. Así que prefirió escribir algo más breve y de allí resultó el libro “¿Cómo nos arreglamos? Prontuario de la corrupción en México” con prólogo de Federico Reyes Heroles.

   El prontuario, lleno de humor, pero también de profundidad, define o explica alrededor de 90 vocablos que se utilizan de manera cotidiana en nuestro país y que para un mexicano resultan tan familiares como la corrupción que padecemos.

   Las palabras que devela Dehesa son eufemismos e indirectas, para no herir la susceptibilidad de los corruptos, quienes se ofenden fácilmente si se les llama por su nombre o se les dice sin tapujos lo que se quiere de ellos. Un lenguaje de la corrupción que refleja la cultura del centro de México conocida por su amabilidad y amaneramiento. Dehesa bautiza a este idioma como “corrupñol”.

    No es que la corrupción se concentre en la Ciudad de México, pero a lo largo de la historia de nuestro país, es en esta ciudad donde se ha forjado gran parte de la cultura de la corrupción y con ello el lenguaje propio de ella.

    Esto se debe a que en la capital se concentra la mayor parte de la burocracia federal, especialmente aquella donde se diseñan y realizan los grandes actos de corrupción. También los gobiernos de la Ciudad de México cuentan con una larga historia de cómo han organizado a sus clientelas negociando la ley (obedézcase, pero no se cumpla) mediante la corrupción.

    Los casos de corrupción y clientelismo (muy vinculados) se pueden observar por toda la Ciudad de México: construcciones que violan los reglamentos, invasión de propiedades, tianguis, vendedores ambulantes, taxistas “tolerados”, narcomenudistas, giros negros operando y una gran cantidad de clientelas controladas mediante la corrupción. Contribuyen a ella el enorme aparato burocrático de la Ciudad de México, que cuenta con  130 mil personas.  

   También a lo largo de la historia, gobernadores y presidentes municipales convirtieron a sus estados y municipios en negocios particulares, logrando que la corrupción y el corrupñol se descentralizaran.   

     Los términos que incluye Dehesa en su prontuario nos resultan muy conocidos a los mexicanos: tener charola y charolear, cachirul, chayote, chueco, contacto, coyote, una corta, un entre, un hueso, tener influencia o ser influyente, irse por la libre, maicear, echar una mano, moche, mordida, movida, tener palanca, estar bien parado, ser tapadera, untar, aceitar, aflojar, tener cola (que le pisen), autos chocolate, un ciego, una milanesa, faltar un documento o una firmita o un sello, etc... Estas palabras no son lo que parecen. Para un extranjero inocente, le sonará a lo que dice su diccionario, pero en buen corrupñol, sabemos que se refieren a otra cosa.

    Con el término “Fuerte”, Dehesa hace un análisis del mexicano. Dice que “nuestro concepto de las capacidades del individuo, por ejemplo, y nuestra capacidad de autoestima tienden a la inexistencia. Cada mexicano se mira como huérfano, como un pobre venadito, perseguido por un destino fatal, víctima de la mitología, de la teología, de la historia y de su familia política…” “No somos nadie y, por lo tanto, nadie puede exigirnos nada, ni pedirnos cuentas, ni esperar que obtengamos algo: si no somos nadie, alguien tiene que darnos todo…” “lo único que puedo hacer es esperar un prodigio celestial, alguna “busquita” política o que se me aparezca, a mí que no soy nadie, algún Don Alguien que me haga fuerte, es decir, que auxilie mi debilidad y que por caminos legales, semiilegales o francamente ilegales (...) me saque de la nada y me proporcione algo.” Una idea tan propicia a la corrupción dice Dehesa “que nos es inculcada (inoculada) en el hogar, en la iglesia, en la escuela, en la oficina y hasta en el estadio de fútbol”.  

    En estos 20 años que distan de la publicación de este libro, la corrupción no ha disminuido pese a los esfuerzos de organizaciones pioneras como Transparencia Mexicana. El corrupñol, si acaso, se ha enriquecido con términos como “estafa maestra”, “dinero bajo la mesa”, “paraísos fiscales” y tantos otros que denotan que no solo no avanzamos, sino que cada vez estamos peor en materia de corrupción.

    El libro de Dehesa no se ha vuelto a editar desde entonces, pero sería muy oportuno que Transparencia Mexicana lo reeditase, quizá enriqueciéndolo con nuevos términos, porque para combatir la corrupción también tenemos que entender el idioma que habla y este se actualiza todos los días.

 

CORRUPCIÓN EN COMPRAS PÚBLICAS

 

   La idea: Recientemente el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó su Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) en materia de compras públicas. Este índice y el estudio que lo respalda constituye una buena herramienta para combatir la corrupción. Ojalá las autoridades responsables analicen estos hallazgos y tomen cartas en el asunto.

 El estudio realizado por el IMCO es muy exhaustivo pues analizó medio millón de procesos de compra entre 2018 y 2020 que representan un monto de 1.18 billones de pesos. Para construir el índice lo hizo en base a tres grandes rubros: favorecer licitaciones públicas (Competencia); cumplir con obligaciones de transparencia (Transparencia); y cumplimiento con la Ley (Legalidad).

 El resultado más relevante de este estudio fue que “entre 2018 y 2020 aumentó el riesgo de corrupción en las compras públicas en 147 de 247 instituciones federales (59%) por la falta de competencia, poca transparencia e incumplimiento de la ley.”

 Algunos aspectos del estudio del IMCO y que podrían ser materia de una reforma a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) son los siguientes:

 Artículo primero. El artículo primero de la LAASSP prevé diversas excepciones para la no aplicación de esta Ley. La utilización de las excepciones que plantea este artículo dio origen al mecanismo de la “Estafa Maestra”. Esto sucedió al utilizar instituciones públicas de educación superior, las cuales no tenían la capacidad para proveer bienes y servicios o realizar las obras públicas para las que fueron contratadas. Por ello, estas instituciones a su vez subcontrataron dichas adquisiciones, en algunos casos en violación a las limitaciones que fija dicho artículo y en otras, en abiertos actos de defraudación. El año pasado se reformó dicho artículo con el único propósito de dar entrada a las compras de insumos médicos vía la UNOPS , lo cual también representa un riesgo de corrupción por la opacidad de estas adquisiciones y porque dicha institución no cumple con las leyes mexicanas. Esta reforma está siendo analizada para su posible invalidación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 Adjudicaciones directas. Con la información que tiene el IMCO valdría la pena realizar un análisis de las causas de excepción a la licitación invocadas por las instituciones del gobierno, para diferenciar el riesgo de corrupción. Por ejemplo, se ha abusado de las excepciones por razones de seguridad nacional, pero, por otra parte, algunas otras permiten atender emergencias por lo que sería importante no eliminarlas. Cualquier reforma a la LAASSP se debería consultar con quienes la operan y la fiscalizan, para evitar problemas de implementación como las que se ha dado, por ejemplo, con la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se diseñó sin tener suficiente conocimiento de su operación y ha resultado ineficaz.

 Invitación a cuando menos tres.   Esta modalidad presenta riesgos de corrupción similares a la de adjudicación directa. Se suele usar para disimular la adjudicación directa al estar predeterminado quien va a ser el proveedor adjudicado. Incluso se dan casos de empresas que solo dan cotizaciones sin tener intención de ser proveedores para simular el procedimiento, ya sea a cambio de un pago o con el compromiso de ser adjudicadas en la próxima adquisición.

 Licitaciones públicas. Este mecanismo es más transparente y bien aplicado reduce riesgos de corrupción, pero también se dan muchos casos de licitaciones dirigidas o amañadas.  Una manera de detectar esta situación es analizando las inconformidades que presentan los proveedores y ver como resuelve al respecto la Secretaría de la Función Pública. Hay otros casos en donde simplemente se niegan a participar los proveedores en la licitación porque saben que no resultarán ganadores y esto se detecta al saber quiénes piden acceso a las bases y quienes finalmente participan. Se dan casos en que pocas empresas, a veces solo una, participan en las licitaciones porque las demás prefieren no ser comparsas de procedimientos dirigidos.

 Del estudio del IMCO resulta muy importante que todos los incumplimientos a la ley detectados en este estudio sean denunciados a la Secretaría de la Función Pública y a las contralorías internas de los organismos autónomos, quienes tendrán la obligación de investigarlos para, en su caso, sancionar a los funcionarios públicos.

 En el caso de la UNOPS habría que pedir a las autoridades que la contrataron, soliciten que se transparentan las adquisiciones que ha realizado. También que reconsideren la contratación de este organismo ya que podría contravenir el artículo 134 de la Constitución, resulta demasiado caro y no se justifica, pues desde hace décadas que existe en el gobierno capacidad para realizar las compras de insumos médicos a nivel internacional.     

 En un futuro también sería conveniente incluir en el Índice de Riesgos de Corrupción al Poder Legislativo, al Poder Judicial y continuar el trabajo realizado por el IMCO en las entidades federativas pues en estos casos también existen altos riesgos de corrupción.

 Es de agradecer al IMCO que realice este tipo de estudios para ayudar a combatir la corrupción por ser un problema que daña la competitividad del país al generar   distorsiones en los mercados.

REVOCACIÓN DE MANDATO

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

    La idea: Ya que se aprobó la Ley de Revocación de Mandato es tiempo de ver algunas posibles implicaciones, tal como quien asumiría la presidencia en caso de que se le revocara el mandato al presidente López Obrador, para estar preparados ante esa posibilidad.

    La administración del presidente López Obrador está impulsando una práctica inédita en nuestro país:  la consulta popular. Los primeros dos ejercicios significativos son la consulta para enjuiciar a expresidentes y la revocación de mandato.

    Estas consultas que algunos califican como inútiles, especialmente en el primer caso pues cumplir la Ley no debe someterse a consulta, plantean retos a considerar.

    La consulta para enjuiciar a expresidentes, que en realidad tenía una pregunta más vaga que no mencionaba a exmandatarios, pero cuya intención era juzgarlos por quien sabe que delitos, llegó, pasó y no ocurrió nada. Aún si se hubiera alcanzado el mínimo requerido para ser vinculante y se hubiera votado por el sí, no quedaba claro que seguía.

    Los partidos de oposición quizás erraron la estrategia. Hubiera sido más efectivo sumarse a la exigencia de que cualquier funcionario público que no cumpla con la Ley sea enjuiciado y sancionado. Hubiera sido mejor apoyar la consulta y una vez lograda su validez, formar una comisión anticorrupción multipartidista para juzgar a cualquier funcionario de esta o de pasadas administraciones que hubiese violado la ley, siempre y cuando no estuvieran prescritos los delitos y las faltas administrativas.

    Quizá perdieron una oportunidad importante para unirse a las grandes mayorías que desean acabar con la impunidad y juzgar a los delincuentes, sin importar a que adiminstración pertenezcan.

    La siguiente consulta es la de revocación de mandato. Al aprobarse la Ley respectiva, una vez que se cumplan los requisitos que allí se señalan, el siguiente paso será que el Instituto Nacional Electoral organice las votaciones. Seguramente el INE lo hará con la eficiencia que lo ha caracterizado como lo demostró recientemente en las elecciones de junio y con la consulta para enjuiciar a expresidentes. La consulta  sobre revocación de mandato será tentativamente el 27 de marzo de 2022.

    Lo que sigue ahora es prever uno de los posibles escenarios, esto es, quien va a sustituir al presidente López Obrador si la votación resuelve que se le revoque su mandato.

    No es mi intención aquí señalar si esto tiene posibilidades de ocurrir. Lo que es importante es prever todos los escenarios y estar listos por si ocurre. Si la votación decide que continúe el presidente en funciones, pues no hay mucho más que hacer. Pero en el otro escenario, en caso de que se le revocara el mandato, habrá que decidir quién lo sustituya.

   ¿Qué dice la Constitución al respecto? Dice que, en caso de revocación de mandato, será presidente de la República provisionalmente quien sea presidente del Congreso, en este caso, el presidente de la Cámara de Diputados. Actualmente dicho cargo lo tiene el diputado de MORENA Sergio Carlos Gutiérrez Luna.

   Dentro de los 30 días siguientes deberá nombrarse presidente sustituto para concluir el periodo del presidente López Obrador. Para ello el Congreso deberá constituirse en Colegio Electoral con las dos terceras partes de quórum de ambas Cámaras y elegirlo por mayoría absoluta (50% más un voto).

    Para ser elegido por el Congreso presidente, se debe cumplir con los requisitos del Art. 82 de la Constitución. Los candados más relevantes para cualquier aspirante son: no puede estar en el servicio activo del Ejército seis meses antes de la elección y no ser secretario, subsecretario, Fiscal General de la República, gobernador o Jefe de Gobierno de la CDMX también seis meses antes de la elección. De mantenerse las fechas previstas, nadie que ostente esos puestos a partir de noviembre de 2021 podrá ser elegido presidente sustituto.

   Hoy en día ningún partido político tiene mayoría, así que la elección de presidente la deberán determinar dos partidos por lo menos.  Lo interesante será entonces a quien elegirán presidente sustituto y allí se abre la baraja a muchas posibilidades. Por ejemplo, cualquier legislador podría serlo y allí entrarían personajes como Ricardo Monreal, Mario Delgado y Olga Sánchez Cordero, sin descontar a otros morenistas destacados. Sería interesante saber a quién tiene preparado para ese cargo MORENA, como partido mayoritario, y si será capaz de convencer a otros partidos de votar por su candidato para lograr la elección en el Congreso.

   Esta revocación de mandato, en caso de que se apruebe, será un reto desde el punto de vista legal pues está por determinarse la validez de la aplicación retroactiva de esta disposición al presidente en funciones. También desde un punto de vista político, pues habrá un presidente provisional y luego un presidente sustituto, situación que no ocurre desde los años treinta del siglo pasado.  

   Estamos transitando terrenos desconocidos, para lo cual habrá que estar preparados y los partidos políticos tener previsto quien sería presidente sustituto en caso de ser necesario.

¿REVUELTA EN EL TRIBUNAL O TRIBUNAL REVUELTO?

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

      La idea: La inédita, y algunos opinan que ilegal, remoción del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado José Luis Vargas, refleja una problemática interna que es digna de atención por tratarse de una institución de tanta importancia para la democracia en nuestro país. Quizás el Poder Judicial debería revisar sus diseños institucionales para hacerlos más funcionales y evitar más crisis como la que ha vivido ya varias veces dicho Tribunal.

     En el Tribunal Electoral van siete presidentes en los 5 años que lleva esta integración de magistrados de los cuales tan solo en una semana hubo cuatro presidentes distintos, lo cual puede ser un indicio de que la gobernanza del Tribunal no está funcionando.

   Por otra parte, algunos medios de comunicación opuestos al gobierno del presidente López Obrador, llevan a cabo una ofensiva permanente contra el magistrado Vargas desde hace más de dos años, la cual se acentuó cuando tomó la presidencia del Tribunal, quizás por sus posiciones supuestamente a favor del gobierno.

    Sin embargo, ese mismo gobierno al que se supone apoyaba el magistrado Vargas también lo investigó a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien primero le imputó enriquecimiento inexplicable y ante la exoneración por parte de la Fiscalía General, entonces lo acusó de posible lavado de dinero mediante una ofensiva mediática que coincidió con la campaña de los magistrados disidentes. Una vez lograda la renuncia del magistrado Vargas, el titular de la UIF no ha vuelto a salir a medios para hablar del tema.

    Por su parte, el presidente de la Suprema Corte apoyó a los magistrados inconformes, dijo que “ya no es viable” la permanencia del magistrado Vargas y le pidió que diera “un paso a lado”, quien así lo hizo, renunciando a la presidencia del Tribunal.

    También el presidente López Obrador criticó a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal y les pidió que todos renunciaran mientras el grupo parlamentario de MORENA ya introdujo una propuesta de reforma legal que, entre otras cosas, propone remover a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal. ¿Fue una ofensiva concertada contra el magistrado Vargas o contra el Tribunal?

    ¿Es importante la presidencia del Tribunal? Desde el punto de vista de las controversias en materia electoral que allí se resuelven, no es tan relevante como ya se ha visto, pues solo es un voto más, aunque se supone que si es elegido por la mayoría de sus pares podría influir en el sentido de las decisiones. Sin embrago, en la gestión del magistrado Vargas, de nada le valió ser presidente pues en asuntos relevantes o mediáticos frecuentemente tuvo el voto en contra de por lo menos 5 de sus colegas.

    ¿Entonces en que consiste el encanto de esa presidencia? El presidente tiene la responsabilidad de manejar las áreas administrativas, los órganos auxiliares de la Comisión de Administración y otras áreas, las cuales cuentan con el 38% del personal y 25 puestos de dirección general o superior vs. 62% de personal jurisdiccional encabezados por 25 magistrados.  

    Así, el presidente puede nombrar a muchas personas en todos los niveles, repartir puestos entre los otros magistrados para mantener la armonía interna y manejar los recursos del Tribunal. Sin embargo, esto propicia riesgos de corrupción al entregarse los cargos a familiares y amigos, tengan o no el perfil adecuado.

    Pero los riesgos de corrupción no solo están en la parte administrativa del Tribunal, sino que los mayores riesgos de corrupción se encuentran en la posibilidad de comprar votos de magistrados para inclinar sus decisiones jurisdiccionales a favor de actores políticos.  

    ¿Cómo se podría mejorar la gobernanza, reducir los riesgos de corrupción del Tribunal y de paso evitar disputas por la presidencia como las que son frecuentes allí?

     En teoría la administración del Tribunal la lleva la Comisión de Administración. Está integrada por tres Consejeros de la Judicatura, un magistrado de Sala Superior que es seleccionado al azar y el presidente del Tribunal. Se le presenta cada mes una agenda de 50 o más asuntos para su aprobación, pero su intervención difícilmente llega más allá.   

     Si esta Comisión es la que debe administrar al Tribunal y la manzana de la discordia es determinar quién, desde la presidencia, maneje puestos y recursos del Tribunal, a lo mejor la solución pasa por empoderar a fondo a la Comisión de Administración y evitarles esas distracciones y tentaciones a los magistrados de la Sala Superior.

     Para ello la Comisión tendría que establecer un vínculo más fuerte con los operadores administrativos. Por ejemplo, nombrando al Secretario Administrativo y este a los directores generales, respondiendo directamente a la Comisión y no al presidente del Tribunal. Otra forma sería el impulsar un servicio civil de carrera entre el personal hasta los niveles más altos, para evitar actos de nepotismo y profesionalizar al Tribunal.

   Si lo que se quiere es evitar riesgos de corrupción en los asuntos jurisdiccionales, se requieren mecanismos de investigación externos al Tribunal que permitan detectar enriquecimiento ilícito y otras manifestaciones de corrupción, para lo cual se tendría que modificar la normatividad actual que prevé que los magistrados se investiguen a sí mismos.  

    Urge evitar más crisis como las que ha vivido el Tribunal al sufrir cambios de presidentes que no han podido terminar el periodo para el que fueron nombrados, diseñar formas eficaces de combate a la corrupción y buscar una forma de gobierno institucional más estable y profesional. Está en juego la sobrevivencia de esta institución.

 

NUEVOS RETOS PARA FUNCIÓN PÚBLICA

                                       

Por: Octavio Díaz García de León 

   La idea: En una conferencia matutina reciente, el presidente López Obrador mencionó que, con la llegada del nuevo secretario de la Función Pública, el Mtro. Salcedo, se iban a realizar cambios importantes a dicha Secretaría. Sin embargo, lo que propuso tiene enormes retos y las preguntas son: ¿podrán hacerse los cambios que propone? y ¿funcionarán? Se ve difícil.

    Lo que planteó el presidente como reformas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) representa el cambio mas radical desde su creación. Sería unificar las adquisiciones y las de control interno y fiscalización de todo el gobierno federal en una sola Secretaría. Todas las contrataciones de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública del gobierno se llevarían a cabo en la SFP. Por cierto, en su alocución, el presidente ya no habló de combatir la corrupción desde la SFP sino actuar como vigilante de la honestidad de los servidores públicos.

    El presidente también mencionó lo que sería un cambio trascendente para cada institución del gobierno federal, si se lleva a cabo: “En vez de que haya un director administrativo y aparte un director de la función pública, va a ser uno. Esto se va a simplificar”.  Lo que se entiende de estas palabras es que se unirían las áreas administrativas y las de fiscalización bajo un solo titular en cada institución del gobierno federal.

    En sexenios anteriores las labores administrativas estaban a cargo de los oficiales mayores que tenían nivel de subsecretario en las secretarías y de los directores generales de administración en las paraestatales. En este sexenio, se bajó el nivel salarial de los oficiales mayores, se le cambio de nombre al puesto y ahora son Titulares de la Unidad de Administración y Finanzas (TUAF).

    Los TUAF teóricamente son nombrados por la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y dependen de ella. En la práctica no sucedió así. Los TUAF siguen siendo personas de confianza de los secretarios y la oficial mayor de Hacienda no tiene mucha influencia sobre ellos.  

    Por otra parte, la fiscalización ha estado en manos de los órganos internos de control (OIC) dependientes de la SFP a cargo de los titulares de OIC, quienes ellos sí, en este sexenio han mantenido la independencia de los secretarios.

    Si la idea es consolidar en un solo puesto ambas responsabilidades habrá que empezar por modificar la Constitución en todas aquellas atribuciones que les da a los OIC y de allí en cascada a todas las leyes que hacen referencia a esta figura, así como a las que hacen referencia a las unidades de administración y finanzas lo que implicaría un enorme rediseño institucional.   

     Algunos posibles problemas serían:

   El concentrar en una sola institución todas las contrataciones del gobierno representa un enorme cuello de botella. El desabasto que ahora ocurre en el sector salud podría estar sucediendo en el resto del gobierno federal. Cuando se planteó, antes de iniciar el sexenio, la creación de la macro oficialía mayor,  señalé los problemas que enfrentaría. Al final quedó un híbrido que trató solo de consolidar ciertas compras generando problemas de desabasto, y eso que solo se incluyeron las secretarías en el esquema y no las paraestatales, pues el problema hubiera sido mayor para PEMEX, y CFE, entre otras.

    Tener bajo una misma cabeza a la fiscalización y a las adquisiciones no solo a nivel secretaría sino en cada institución, representa un gran conflicto de interés pues las áreas que más se fiscalizan desde los OIC son las que manejan los recursos. Para el titular del área administrativa, con todas las presiones que tiene, siempre será prioritario atender a sus clientes internos y jefes y si puede, lo haría pasando por encima de la normatividad. Esto podría ocurrir al quitársele el freno del organismo fiscalizador, al tenerlo bajo su mando. Ni que decir de las oportunidades de corrupción que sería sumamente fácil ocultarlas con una fiscalización simulada.

    Lo que creo:

    No se unirán el administrador y el fiscalizador en cada institución. Por otra parte, sí se irá la oficialía mayor que estaba en Hacienda a SFP, aunque no consolidarán compras de paraestatales. Me parece que el nuevo secretario de Hacienda entendió que tener esa responsabilidad representaba un lastre por apartarse de sus responsabilidades principales y a que, además, las oficiales mayores no le respondían al secretario de Hacienda sino al presidente.

    Recordemos que al principio del sexenio se le quitaron atribuciones a SFP en materia de normatividad en contrataciones y recursos humanos para incorporarlas a la oficialía mayor de Hacienda. Esas funciones estarían regresando a SFP junto con la enorme responsabilidad de realizar todas las adquisiciones del gobierno federal y quizá, el presupuesto asociado. La pregunta es, ¿quién va a fiscalizar las adquisiciones?, ¿ellos mismos? Así parece.

    Queda ver como resuelven operativamente toda esa reestructura. Como dijo el presidente: “Por eso Roberto Salcedo va a estar allí. Yo creo que ahora sí se las puse difícil.”

LA PIEZA ANTICORRUPCIÓN FALTANTE

 

Por: Octavio Díaz García de León

   La idea: La reforma anticorrupción modificó el marco normativo e incluso el nombre del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Tribunal) para darle nuevas atribuciones anticorrupción. Sin embargo, el retraso en el nombramiento de magistrados para las nuevas funciones, han dejado inconclusa dicha reforma desde 2017. Ante la falta de resultados de la reforma anticorrupción, es oportuno revisar el papel de este Tribunal.

     Recuerdo que a principios del sexenio del presidente Fox discutíamos, en la que ahora se llama Secretaría de la Función Pública (SFP), la posibilidad de que sus órganos internos de control (OIC) dejaran de tener la facultad de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidades administrativas ya que los OIC auditaban, investigaban, procesaban y sancionaban a los servidores públicos por faltas administrativas.

    Esto planteaba un posible conflicto de interés al ser juez y parte. La idea era que el procedimiento de responsabilidades de los servidores públicos se transfiriera al entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Finalmente, no ocurrió, entre otras cosas, porque representaba saturar de trabajo al Tribunal.

    El posible conflicto de interés se mantuvo al mínimo por el esquema de trabajo de los OIC que ponía separación estricta entre las áreas investigadoras y substanciadoras y este esquema aún permanece funcionando así. Con la reforma anticorrupción finalmente se separaron estas funciones concretando lo que desde hacía muchos años se había planteado, pero se hizo parcialmente.

    Al Tribunal se le dio, a partir de julio de 2017, la facultad de substanciar y resolver los casos de responsabilidades administrativas, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el caso de las faltas graves cometidas por los servidores públicos, dejando en los OIC la facultad de hacer lo mismo tratándose de faltas no graves.

    Para ello se previó la incorporación de una Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal y la creación de cinco salas especializadas en responsabilidades administrativas, para las cuales se requería nombrar a 18 magistrados. Sin embargo, desde 2017 que entraron en vigor las reformas, solo hasta este año  se nombraron dos magistrados para la Tercera Sección y es posible que ya no se nombre al resto por razones de austeridad. Sin embargo, las atribuciones y las obligaciones derivadas de la reforma subsisten y han tenido que ser atendidas habilitando a una de las Salas Regionales del Tribunal (La XIII Metropolitana) para desahogar estos casos.

   Durante estos cuatro años ha sido difícil atender los procedimientos derivados de faltas graves, entre otras cosas, por la falta de personal para que atendiera los casos en el Tribunal y por una confusión derivada de la mala redacción del artículo tercero transitorio de la Ley de Responsabilidades, por la cual el Tribunal rechazó innumerables asuntos que les enviaron los OIC, quedando algunos de ellos en el limbo, al no definirse bien de quien era la competencia para resolverlos.

  El Tribunal pertenece al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, un cuerpo colegiado de instituciones de las cuales solo la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, tiene el mandato de combatir la corrupción, con lo cual la eficacia de este Comité en materia de combate a la corrupción se ve reducida.

    Mas allá de estas peripecias de la reforma anticorrupción que no ha podido acabar de implementarse desde 2017, sería conveniente replantear la estructura tan compleja que se diseñó para combatir la corrupción ya que no ha dado resultados hasta ahora.

    He escrito en esta columna que la corrupción no se debe combatir por la vía administrativa debido a que los actos de corrupción ya están tipificados como delitos y las instituciones encargadas de aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas no están diseñadas para combatir la corrupción.

    El régimen disciplinario de los servidores públicos debería retomar su espíritu: ser una herramienta que auxilie en el control interno del gobierno a través de esquemas de sanción expeditos con efecto inmediato para corregir desviaciones a la normatividad, el mal uso de los recursos públicos y castigar el incumplimiento de objetivos.

    En ese sentido, quizás el Tribunal solo deba conservar su atribución como instancia de apelación en matera de sanciones administrativas y quitarle la facultad de resolver procedimientos en casos de faltas administrativas graves, para dejar en los OIC la capacidad de aplicar en forma integral el régimen disciplinario de los servidores públicos.

    Ante la falta de resultados del Sistema Nacional Anticorrupción es tiempo de evaluarlo y ver si se debe continuar con ese esquema o, como lo he propuesto, reforzar a la Fiscalía Anticorrupción dándole la suficiente autonomía, recursos y capacidad operativa. Por su parte, las instituciones que integran su Comité Coordinador, tales como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sería conveniente que se concentren en las funciones para las cuales fueron creadas.  

¿FUNCIONA EL CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO?

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

    La idea: Todos los días se discute si los gobiernos están logrando el fin para el que fueron creados. Para ello se requieren metas claras y un sistema de control que permita corregir el rumbo en caso necesario. Los organismos encargados del control interno ayudan en esa labor, pero se han burocratizado y se les pone a realizar tareas para las que no fueron diseñados. Es tiempo de revisar todo el andamiaje de planeación y control del gobierno.

    En mi colaboración pasada mencioné aspectos operativos que dificultaron la actuación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante la gestión de la secretaria saliente, la Dra. Sandoval. Sin embargo, más allá de los problemas operativos, quizás es tiempo de que el nuevo secretario, el Mtro. Salcedo, replantee el papel de dicha Secretaría.

    Actualmente las funciones de la SFP están bien delimitadas: auxiliar en el control interno del gobierno federal a través de organizar, coordinar, supervisar, normar y vigilar el cumplimiento del control interno; fiscalizar a las instituciones; recibir quejas y denuncias, investigarlas y turnarlas a las autoridades correspondientes; y procesar y sancionar a los servidores públicos que violen la Ley de Responsabilidades.

    Adicionalmente, tiene otras funciones tales como resolver inconformidades en procedimientos de adquisiciones y obra pública y sancionar a proveedores del gobierno. También propone mejoras a la gestión pública y registra y autoriza las estructuras organizacionales del gobierno.  Forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización. 

    Para realizar estas labores, la SFP se apoya en sus 213 órganos internos de control (OIC) y dos unidades de responsabilidades, quienes emplean a alrededor de 5,000 personas que están en la nómina de secretarías y paraestatales. Las oficinas centrales de la SFP tienen 2,500 plazas de las cuales alrededor de 1,300 corresponden a personal de los OIC transferidos a la SFP. En total, esta Secretaría tiene a más de 7,000 funcionarios púbicos.

   Sin embargo, habría que revisar que tan eficaz ha sido este aparato burocrático. Por una parte, como hemos visto, no está diseñado para combatir la corrupción, así que es de esperarse pocos resultados en este aspecto. Por otra parte, en lo que respecta a sus funciones sustantivas, enfrenta diversos retos.

    La normatividad de control interno que aplica al gobierno federal está plasmada en un acuerdo emitido por la SFP que si bien está apegado a las mejores prácticas internacionales, no se aplica cabalmente, resulta muy complejo, está burocratizado y parte del supuesto que las instituciones de gobierno cuentan con planes, objetivos y metas adecuadas a lo que requiere la población. Como esto no ocurre así, el control interno pierde buena parte de su eficacia.

    Además, no existen consecuencias por incumplir esas metas y objetivos. No me imagino a SFP sancionando a los más altos funcionarios de la Secretaría de Salud por el más de medio millón de muertos por la pandemia, por la falta de medicamentos y la lenta aplicación de vacunas;  o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por el número récord de asesinatos y la pérdida de territorios, que ahora son controlados por la delincuencia organizada, cuando el derecho a la vida, la salud y la libertad de los mexicanos deberían ser objetivos primordiales del gobierno.  

    En cuanto a las capacidades de la SFP como autoridad investigadora de faltas administrativas, estas son limitadas, lentas y pocas veces resultan en casos de responsabilidades contra servidores públicos. La gran mayoría de los casos que llevan son por incumplimientos a la presentación de declaraciones patrimoniales; ni siquiera por investigaciones derivadas de estas declaraciones que pudieran detectar enriquecimientos ilícitos. Además, está saturada por denuncias que no dan elementos para investigar o son intrascendentes.

    Quizá lo más rescatable son las labores de fiscalización que realiza la SFP, pero esta capacidad se ha visto disminuida por decisiones de la Secretaría al hacer énfasis en auditorías al desempeño y en disminuir el tiempo de trabajo de los OIC, como lo señalé.

  Otra área de oportunidad es el proceso disciplinario de los servidores públicos mediante el cual se les sanciona por violaciones a la Ley de Responsabilidades. He señalado el retroceso que representó la promulgación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la cual amerita una reforma a fondo. Expertos han señalado sus deficiencias y en la práctica ha sido poco eficaz.

   Ahora que llega el nuevo secretario de la Función Pública es oportuno plantearse cuál es el papel que debe jugar esta Secretaría, hacer una revisión a fondo de su marco normativo, revisar el diseño de sus procesos de trabajo y reorientarla a que sea una Secretaría que, a través del control interno, ayude al presidente y a la población guiando las acciones de todo el gobierno federal en el cumplimiento de sus objetivos. Constituye un gran reto para el nuevo secretario de la Función Pública ya que solo quedan tres años de esta administración.