¿REVUELTA EN EL TRIBUNAL O TRIBUNAL REVUELTO?

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

      La idea: La inédita, y algunos opinan que ilegal, remoción del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado José Luis Vargas, refleja una problemática interna que es digna de atención por tratarse de una institución de tanta importancia para la democracia en nuestro país. Quizás el Poder Judicial debería revisar sus diseños institucionales para hacerlos más funcionales y evitar más crisis como la que ha vivido ya varias veces dicho Tribunal.

     En el Tribunal Electoral van siete presidentes en los 5 años que lleva esta integración de magistrados de los cuales tan solo en una semana hubo cuatro presidentes distintos, lo cual puede ser un indicio de que la gobernanza del Tribunal no está funcionando.

   Por otra parte, algunos medios de comunicación opuestos al gobierno del presidente López Obrador, llevan a cabo una ofensiva permanente contra el magistrado Vargas desde hace más de dos años, la cual se acentuó cuando tomó la presidencia del Tribunal, quizás por sus posiciones supuestamente a favor del gobierno.

    Sin embargo, ese mismo gobierno al que se supone apoyaba el magistrado Vargas también lo investigó a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien primero le imputó enriquecimiento inexplicable y ante la exoneración por parte de la Fiscalía General, entonces lo acusó de posible lavado de dinero mediante una ofensiva mediática que coincidió con la campaña de los magistrados disidentes. Una vez lograda la renuncia del magistrado Vargas, el titular de la UIF no ha vuelto a salir a medios para hablar del tema.

    Por su parte, el presidente de la Suprema Corte apoyó a los magistrados inconformes, dijo que “ya no es viable” la permanencia del magistrado Vargas y le pidió que diera “un paso a lado”, quien así lo hizo, renunciando a la presidencia del Tribunal.

    También el presidente López Obrador criticó a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal y les pidió que todos renunciaran mientras el grupo parlamentario de MORENA ya introdujo una propuesta de reforma legal que, entre otras cosas, propone remover a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal. ¿Fue una ofensiva concertada contra el magistrado Vargas o contra el Tribunal?

    ¿Es importante la presidencia del Tribunal? Desde el punto de vista de las controversias en materia electoral que allí se resuelven, no es tan relevante como ya se ha visto, pues solo es un voto más, aunque se supone que si es elegido por la mayoría de sus pares podría influir en el sentido de las decisiones. Sin embrago, en la gestión del magistrado Vargas, de nada le valió ser presidente pues en asuntos relevantes o mediáticos frecuentemente tuvo el voto en contra de por lo menos 5 de sus colegas.

    ¿Entonces en que consiste el encanto de esa presidencia? El presidente tiene la responsabilidad de manejar las áreas administrativas, los órganos auxiliares de la Comisión de Administración y otras áreas, las cuales cuentan con el 38% del personal y 25 puestos de dirección general o superior vs. 62% de personal jurisdiccional encabezados por 25 magistrados.  

    Así, el presidente puede nombrar a muchas personas en todos los niveles, repartir puestos entre los otros magistrados para mantener la armonía interna y manejar los recursos del Tribunal. Sin embargo, esto propicia riesgos de corrupción al entregarse los cargos a familiares y amigos, tengan o no el perfil adecuado.

    Pero los riesgos de corrupción no solo están en la parte administrativa del Tribunal, sino que los mayores riesgos de corrupción se encuentran en la posibilidad de comprar votos de magistrados para inclinar sus decisiones jurisdiccionales a favor de actores políticos.  

    ¿Cómo se podría mejorar la gobernanza, reducir los riesgos de corrupción del Tribunal y de paso evitar disputas por la presidencia como las que son frecuentes allí?

     En teoría la administración del Tribunal la lleva la Comisión de Administración. Está integrada por tres Consejeros de la Judicatura, un magistrado de Sala Superior que es seleccionado al azar y el presidente del Tribunal. Se le presenta cada mes una agenda de 50 o más asuntos para su aprobación, pero su intervención difícilmente llega más allá.   

     Si esta Comisión es la que debe administrar al Tribunal y la manzana de la discordia es determinar quién, desde la presidencia, maneje puestos y recursos del Tribunal, a lo mejor la solución pasa por empoderar a fondo a la Comisión de Administración y evitarles esas distracciones y tentaciones a los magistrados de la Sala Superior.

     Para ello la Comisión tendría que establecer un vínculo más fuerte con los operadores administrativos. Por ejemplo, nombrando al Secretario Administrativo y este a los directores generales, respondiendo directamente a la Comisión y no al presidente del Tribunal. Otra forma sería el impulsar un servicio civil de carrera entre el personal hasta los niveles más altos, para evitar actos de nepotismo y profesionalizar al Tribunal.

   Si lo que se quiere es evitar riesgos de corrupción en los asuntos jurisdiccionales, se requieren mecanismos de investigación externos al Tribunal que permitan detectar enriquecimiento ilícito y otras manifestaciones de corrupción, para lo cual se tendría que modificar la normatividad actual que prevé que los magistrados se investiguen a sí mismos.  

    Urge evitar más crisis como las que ha vivido el Tribunal al sufrir cambios de presidentes que no han podido terminar el periodo para el que fueron nombrados, diseñar formas eficaces de combate a la corrupción y buscar una forma de gobierno institucional más estable y profesional. Está en juego la sobrevivencia de esta institución.

 

NUEVOS RETOS PARA FUNCIÓN PÚBLICA

                                       

Por: Octavio Díaz García de León 

   La idea: En una conferencia matutina reciente, el presidente López Obrador mencionó que, con la llegada del nuevo secretario de la Función Pública, el Mtro. Salcedo, se iban a realizar cambios importantes a dicha Secretaría. Sin embargo, lo que propuso tiene enormes retos y las preguntas son: ¿podrán hacerse los cambios que propone? y ¿funcionarán? Se ve difícil.

    Lo que planteó el presidente como reformas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) representa el cambio mas radical desde su creación. Sería unificar las adquisiciones y las de control interno y fiscalización de todo el gobierno federal en una sola Secretaría. Todas las contrataciones de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública del gobierno se llevarían a cabo en la SFP. Por cierto, en su alocución, el presidente ya no habló de combatir la corrupción desde la SFP sino actuar como vigilante de la honestidad de los servidores públicos.

    El presidente también mencionó lo que sería un cambio trascendente para cada institución del gobierno federal, si se lleva a cabo: “En vez de que haya un director administrativo y aparte un director de la función pública, va a ser uno. Esto se va a simplificar”.  Lo que se entiende de estas palabras es que se unirían las áreas administrativas y las de fiscalización bajo un solo titular en cada institución del gobierno federal.

    En sexenios anteriores las labores administrativas estaban a cargo de los oficiales mayores que tenían nivel de subsecretario en las secretarías y de los directores generales de administración en las paraestatales. En este sexenio, se bajó el nivel salarial de los oficiales mayores, se le cambio de nombre al puesto y ahora son Titulares de la Unidad de Administración y Finanzas (TUAF).

    Los TUAF teóricamente son nombrados por la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y dependen de ella. En la práctica no sucedió así. Los TUAF siguen siendo personas de confianza de los secretarios y la oficial mayor de Hacienda no tiene mucha influencia sobre ellos.  

    Por otra parte, la fiscalización ha estado en manos de los órganos internos de control (OIC) dependientes de la SFP a cargo de los titulares de OIC, quienes ellos sí, en este sexenio han mantenido la independencia de los secretarios.

    Si la idea es consolidar en un solo puesto ambas responsabilidades habrá que empezar por modificar la Constitución en todas aquellas atribuciones que les da a los OIC y de allí en cascada a todas las leyes que hacen referencia a esta figura, así como a las que hacen referencia a las unidades de administración y finanzas lo que implicaría un enorme rediseño institucional.   

     Algunos posibles problemas serían:

   El concentrar en una sola institución todas las contrataciones del gobierno representa un enorme cuello de botella. El desabasto que ahora ocurre en el sector salud podría estar sucediendo en el resto del gobierno federal. Cuando se planteó, antes de iniciar el sexenio, la creación de la macro oficialía mayor,  señalé los problemas que enfrentaría. Al final quedó un híbrido que trató solo de consolidar ciertas compras generando problemas de desabasto, y eso que solo se incluyeron las secretarías en el esquema y no las paraestatales, pues el problema hubiera sido mayor para PEMEX, y CFE, entre otras.

    Tener bajo una misma cabeza a la fiscalización y a las adquisiciones no solo a nivel secretaría sino en cada institución, representa un gran conflicto de interés pues las áreas que más se fiscalizan desde los OIC son las que manejan los recursos. Para el titular del área administrativa, con todas las presiones que tiene, siempre será prioritario atender a sus clientes internos y jefes y si puede, lo haría pasando por encima de la normatividad. Esto podría ocurrir al quitársele el freno del organismo fiscalizador, al tenerlo bajo su mando. Ni que decir de las oportunidades de corrupción que sería sumamente fácil ocultarlas con una fiscalización simulada.

    Lo que creo:

    No se unirán el administrador y el fiscalizador en cada institución. Por otra parte, sí se irá la oficialía mayor que estaba en Hacienda a SFP, aunque no consolidarán compras de paraestatales. Me parece que el nuevo secretario de Hacienda entendió que tener esa responsabilidad representaba un lastre por apartarse de sus responsabilidades principales y a que, además, las oficiales mayores no le respondían al secretario de Hacienda sino al presidente.

    Recordemos que al principio del sexenio se le quitaron atribuciones a SFP en materia de normatividad en contrataciones y recursos humanos para incorporarlas a la oficialía mayor de Hacienda. Esas funciones estarían regresando a SFP junto con la enorme responsabilidad de realizar todas las adquisiciones del gobierno federal y quizá, el presupuesto asociado. La pregunta es, ¿quién va a fiscalizar las adquisiciones?, ¿ellos mismos? Así parece.

    Queda ver como resuelven operativamente toda esa reestructura. Como dijo el presidente: “Por eso Roberto Salcedo va a estar allí. Yo creo que ahora sí se las puse difícil.”

LA PIEZA ANTICORRUPCIÓN FALTANTE

 

Por: Octavio Díaz García de León

   La idea: La reforma anticorrupción modificó el marco normativo e incluso el nombre del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Tribunal) para darle nuevas atribuciones anticorrupción. Sin embargo, el retraso en el nombramiento de magistrados para las nuevas funciones, han dejado inconclusa dicha reforma desde 2017. Ante la falta de resultados de la reforma anticorrupción, es oportuno revisar el papel de este Tribunal.

     Recuerdo que a principios del sexenio del presidente Fox discutíamos, en la que ahora se llama Secretaría de la Función Pública (SFP), la posibilidad de que sus órganos internos de control (OIC) dejaran de tener la facultad de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidades administrativas ya que los OIC auditaban, investigaban, procesaban y sancionaban a los servidores públicos por faltas administrativas.

    Esto planteaba un posible conflicto de interés al ser juez y parte. La idea era que el procedimiento de responsabilidades de los servidores públicos se transfiriera al entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Finalmente, no ocurrió, entre otras cosas, porque representaba saturar de trabajo al Tribunal.

    El posible conflicto de interés se mantuvo al mínimo por el esquema de trabajo de los OIC que ponía separación estricta entre las áreas investigadoras y substanciadoras y este esquema aún permanece funcionando así. Con la reforma anticorrupción finalmente se separaron estas funciones concretando lo que desde hacía muchos años se había planteado, pero se hizo parcialmente.

    Al Tribunal se le dio, a partir de julio de 2017, la facultad de substanciar y resolver los casos de responsabilidades administrativas, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el caso de las faltas graves cometidas por los servidores públicos, dejando en los OIC la facultad de hacer lo mismo tratándose de faltas no graves.

    Para ello se previó la incorporación de una Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal y la creación de cinco salas especializadas en responsabilidades administrativas, para las cuales se requería nombrar a 18 magistrados. Sin embargo, desde 2017 que entraron en vigor las reformas, solo hasta este año  se nombraron dos magistrados para la Tercera Sección y es posible que ya no se nombre al resto por razones de austeridad. Sin embargo, las atribuciones y las obligaciones derivadas de la reforma subsisten y han tenido que ser atendidas habilitando a una de las Salas Regionales del Tribunal (La XIII Metropolitana) para desahogar estos casos.

   Durante estos cuatro años ha sido difícil atender los procedimientos derivados de faltas graves, entre otras cosas, por la falta de personal para que atendiera los casos en el Tribunal y por una confusión derivada de la mala redacción del artículo tercero transitorio de la Ley de Responsabilidades, por la cual el Tribunal rechazó innumerables asuntos que les enviaron los OIC, quedando algunos de ellos en el limbo, al no definirse bien de quien era la competencia para resolverlos.

  El Tribunal pertenece al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, un cuerpo colegiado de instituciones de las cuales solo la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, tiene el mandato de combatir la corrupción, con lo cual la eficacia de este Comité en materia de combate a la corrupción se ve reducida.

    Mas allá de estas peripecias de la reforma anticorrupción que no ha podido acabar de implementarse desde 2017, sería conveniente replantear la estructura tan compleja que se diseñó para combatir la corrupción ya que no ha dado resultados hasta ahora.

    He escrito en esta columna que la corrupción no se debe combatir por la vía administrativa debido a que los actos de corrupción ya están tipificados como delitos y las instituciones encargadas de aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas no están diseñadas para combatir la corrupción.

    El régimen disciplinario de los servidores públicos debería retomar su espíritu: ser una herramienta que auxilie en el control interno del gobierno a través de esquemas de sanción expeditos con efecto inmediato para corregir desviaciones a la normatividad, el mal uso de los recursos públicos y castigar el incumplimiento de objetivos.

    En ese sentido, quizás el Tribunal solo deba conservar su atribución como instancia de apelación en matera de sanciones administrativas y quitarle la facultad de resolver procedimientos en casos de faltas administrativas graves, para dejar en los OIC la capacidad de aplicar en forma integral el régimen disciplinario de los servidores públicos.

    Ante la falta de resultados del Sistema Nacional Anticorrupción es tiempo de evaluarlo y ver si se debe continuar con ese esquema o, como lo he propuesto, reforzar a la Fiscalía Anticorrupción dándole la suficiente autonomía, recursos y capacidad operativa. Por su parte, las instituciones que integran su Comité Coordinador, tales como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sería conveniente que se concentren en las funciones para las cuales fueron creadas.  

¿FUNCIONA EL CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO?

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

    La idea: Todos los días se discute si los gobiernos están logrando el fin para el que fueron creados. Para ello se requieren metas claras y un sistema de control que permita corregir el rumbo en caso necesario. Los organismos encargados del control interno ayudan en esa labor, pero se han burocratizado y se les pone a realizar tareas para las que no fueron diseñados. Es tiempo de revisar todo el andamiaje de planeación y control del gobierno.

    En mi colaboración pasada mencioné aspectos operativos que dificultaron la actuación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante la gestión de la secretaria saliente, la Dra. Sandoval. Sin embargo, más allá de los problemas operativos, quizás es tiempo de que el nuevo secretario, el Mtro. Salcedo, replantee el papel de dicha Secretaría.

    Actualmente las funciones de la SFP están bien delimitadas: auxiliar en el control interno del gobierno federal a través de organizar, coordinar, supervisar, normar y vigilar el cumplimiento del control interno; fiscalizar a las instituciones; recibir quejas y denuncias, investigarlas y turnarlas a las autoridades correspondientes; y procesar y sancionar a los servidores públicos que violen la Ley de Responsabilidades.

    Adicionalmente, tiene otras funciones tales como resolver inconformidades en procedimientos de adquisiciones y obra pública y sancionar a proveedores del gobierno. También propone mejoras a la gestión pública y registra y autoriza las estructuras organizacionales del gobierno.  Forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización. 

    Para realizar estas labores, la SFP se apoya en sus 213 órganos internos de control (OIC) y dos unidades de responsabilidades, quienes emplean a alrededor de 5,000 personas que están en la nómina de secretarías y paraestatales. Las oficinas centrales de la SFP tienen 2,500 plazas de las cuales alrededor de 1,300 corresponden a personal de los OIC transferidos a la SFP. En total, esta Secretaría tiene a más de 7,000 funcionarios púbicos.

   Sin embargo, habría que revisar que tan eficaz ha sido este aparato burocrático. Por una parte, como hemos visto, no está diseñado para combatir la corrupción, así que es de esperarse pocos resultados en este aspecto. Por otra parte, en lo que respecta a sus funciones sustantivas, enfrenta diversos retos.

    La normatividad de control interno que aplica al gobierno federal está plasmada en un acuerdo emitido por la SFP que si bien está apegado a las mejores prácticas internacionales, no se aplica cabalmente, resulta muy complejo, está burocratizado y parte del supuesto que las instituciones de gobierno cuentan con planes, objetivos y metas adecuadas a lo que requiere la población. Como esto no ocurre así, el control interno pierde buena parte de su eficacia.

    Además, no existen consecuencias por incumplir esas metas y objetivos. No me imagino a SFP sancionando a los más altos funcionarios de la Secretaría de Salud por el más de medio millón de muertos por la pandemia, por la falta de medicamentos y la lenta aplicación de vacunas;  o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por el número récord de asesinatos y la pérdida de territorios, que ahora son controlados por la delincuencia organizada, cuando el derecho a la vida, la salud y la libertad de los mexicanos deberían ser objetivos primordiales del gobierno.  

    En cuanto a las capacidades de la SFP como autoridad investigadora de faltas administrativas, estas son limitadas, lentas y pocas veces resultan en casos de responsabilidades contra servidores públicos. La gran mayoría de los casos que llevan son por incumplimientos a la presentación de declaraciones patrimoniales; ni siquiera por investigaciones derivadas de estas declaraciones que pudieran detectar enriquecimientos ilícitos. Además, está saturada por denuncias que no dan elementos para investigar o son intrascendentes.

    Quizá lo más rescatable son las labores de fiscalización que realiza la SFP, pero esta capacidad se ha visto disminuida por decisiones de la Secretaría al hacer énfasis en auditorías al desempeño y en disminuir el tiempo de trabajo de los OIC, como lo señalé.

  Otra área de oportunidad es el proceso disciplinario de los servidores públicos mediante el cual se les sanciona por violaciones a la Ley de Responsabilidades. He señalado el retroceso que representó la promulgación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la cual amerita una reforma a fondo. Expertos han señalado sus deficiencias y en la práctica ha sido poco eficaz.

   Ahora que llega el nuevo secretario de la Función Pública es oportuno plantearse cuál es el papel que debe jugar esta Secretaría, hacer una revisión a fondo de su marco normativo, revisar el diseño de sus procesos de trabajo y reorientarla a que sea una Secretaría que, a través del control interno, ayude al presidente y a la población guiando las acciones de todo el gobierno federal en el cumplimiento de sus objetivos. Constituye un gran reto para el nuevo secretario de la Función Pública ya que solo quedan tres años de esta administración.

 

CAMBIOS EN FUNCIÓN PÚBLICA

 

Por: Octavio Díaz García de León

     La idea: Recientemente se dio el relevo de secretarios en la Secretaría de la Función Pública federal después de dos años y medio de gestión de la secretaria saliente, la Dra. Sandoval, donde estuvo acompañada por el nuevo secretario Salcedo todo ese tiempo. Es oportuno para el nuevo secretario revisar el rumbo de dicha Secretaría y reforzar sus tareas.

   Desde que inició la administración del presidente López Obrador hubo cambios importantes en la Secretaría de la Función Pública (SFP) que afectaron su capacidad de actuación.

    No me refiero al tema de combatir a la corrupción, donde hubo pocos logros significativos,  ya que la SFP no está diseñada para esa tarea como lo he mencionado en ésta columna: si se quiere que la SFP combata la corrupción, debería tener otras atribuciones, empezando por darle formalmente la de combatir la corrupción y un nuevo diseño institucional.  

    Algunos aspectos que limitaron los trabajos de dicha Secretaría en la nueva administración fueron:

    Al inicio del sexenio se sustituyó a casi todos los comisarios y subcomisarios, personal clave en la estructura de la SFP, llegando personal con poca o ninguna experiencia en temas de la Secretaría. Esto afectó la coordinación con los órganos internos de control (OIC) y causó deficiencias en su participación en los órganos de gobierno del gobierno federal. Sería oportuno que el nuevo secretario revise el perfil y actuación de las personas que forman parte de este grupo fundamental.

   Hubo importantes reducciones de personal en la Secretaría. De tener tres subsecretarías se quedó solo con una y hubo otros recortes en sus áreas centrales. En los OIC se redujo la plantilla autorizada en un 30% y se eliminó a uno de los titulares de área, además de la pérdida de prestaciones y la disminución de salarios que afectó a todo el gobierno federal. Todo ello mientras creció sus tareas, sin cambiar los métodos de trabajo, lo que ocasionó pérdida de capital humano y deficiencias en la operación.  Además, el cubrir vacantes tomaba meses e incluso años, lo que debilitaba aún más su actuación. El nuevo secretario quizá podría volver a reforzar a la SFP.

   Se hizo más énfasis en hacer auditorias al desempeño (50% del total de auditorías cuando antes eran solo un 20%) las cuales producen recomendaciones que no son de cumplimiento obligatorio para los entes auditados, por lo cual a veces quedan en buenos deseos. Esta reducción en auditorías financieras y de cumplimiento redujo las posibilidades de detectar violaciones a la normatividad y actos de corrupción.  También se redujo el tiempo para realizar auditorías al cerrar el plan anual de trabajo a mediados de noviembre, quitando casi dos meses de trabajo a los OIC para realizar más auditorías. 

   Se multiplicaron las solicitudes de información a los OIC por parte de oficinas centrales, sin saberse para que se requerían o que acciones se tomaron sobre esos informes. Se estima que los 213 OIC enviaron a oficinas centrales más de 100,000 informes por año. Quizás el nuevo secretario podría revisar esta práctica que en ocasiones llega a ocupar la mitad del tiempo de los OIC, por la premura con que se piden.

    Inicialmente, para el nombramiento de titulares de OIC, se continuó con el procedimiento que venía por lo menos de tiempos del presidente Fox, de hacer exámenes rigurosos a los candidatos. Estos exámenes se descontinuaron hace dos años por lo que ya no se validaron las capacidades técnicas de los nuevos titulares de los OIC que fueron nombrados en este periodo. El nuevo secretario podría retomar este ejercicio para asegurar que se nombre en estos puestos a personal con los conocimientos y experiencia necesarios.

    Uno de los proyectos de inicio de sexenio fue concentrar al personal y el presupuesto de los OIC en la SFP.  El proceso quedó inconcluso y solo se lograron avances parciales en los OIC de las secretarías de estado.  Con los OIC de las paraestatales no se pudo realizar esa transferencia. El nuevo secretario pudiera revisar esta medida que ha afectado la operación de los OIC que se quedaron a medias.

     Llega como secretario, Roberto Salcedo, quien tiene casi 50 años de experiencia profesional y era el único subsecretario que quedaba en la estructura de la SFP. Fue Auditor Especial de Desempeño en la Auditoría Superior de la Federación por 18 años, entre otros puestos relevantes, por lo que es de esperarse que siga impulsando una estrategia preventiva en el control interno del gobierno federal.

    Ojalá pueda reestructurar algunos de los procesos que dificultaron la actuación de la SFP en la gestión de su antecesora y replantear aspectos como los mencionados. Entre ellas, dejar de insistir en que la SFP sea la encargada de combatir la corrupción, ya que dicha Secretaría no está diseñada para eso. Le deseo al secretario Salcedo mucho éxito en su gestión.

ENFOCARSE EN LO IMPORTANTE

 

Por: Octavio Díaz García de León.

     Uno de los retos que enfrento para escribir un artículo es la elección del tema. Inevitablemente, una fuente fértil de asuntos son las conferencias mañaneras de nuestro presidente las cuales casi siempre son motivo de polémica. Él fija la agenda, él dice de qué se habla y de allí surge el coro de las lamentaciones contra sus dichos por parte de aquellos que no están de acuerdo con él y, por otro lado, el coro de las alabanzas de quienes lo apoyan. Todo lo cual amplifica sus mensajes de manera que no es fácil ignorarlos.

    Desde luego que en el espacio de dos o más horas de conferencia de prensa diarias el presidente habla de muchos temas. Algunos importantes, otros no. Pero basta un par de frases o comentarios para dominar el resto del día y, a veces semanas, la discusión pública, aunque estos no tengan relevancia.

     Entre ellos, por ejemplo, la polémica que surgió por sus comentarios contra la clase media a la cual pertenecemos, él mismo y la mayoría de quienes tenemos oportunidad de comentar sus dichos. La tentación al escribir estas líneas era unirme a esa discusión. Pero creo que al respecto ya se habló en demasía y hubo quien lo hizo con especial brillantez como Jesús Silva-Herzog.

     A veces le damos más importancia a las palabras que a los hechos y eso es un gran distractor, pues el espacio público se llena de debates que no llevan a ninguna parte. Este efecto comunicativo suele distraernos de lo que está sucediendo en nuestro país y de cómo se están resolviendo los grandes problemas de México.

    En el entorno nacional hay señales buenas y malas. Entre las primeras, tenemos que no hay protestas sociales, no hay grupos guerrilleros levantados en armas, no hay intentos golpistas, no hay escasez de alimentos y no hay una crisis de gobernabilidad. Decenas de millones de personas fueron a votar en paz y se respetó el voto.  Existe estabilidad macroeconómica a pesar de los semáforos amarillos en las finanzas nacionales, pero no existen los problemas que sufrimos en los años ochenta y mediados de los noventa, en parte porque se ha respetado la autonomía del Banco de México, el INEGI y otras instituciones clave, a pesar del discurso en su contra.

    Sin embargo, las noticias malas en 2020 y lo que llevamos del 2021 son alarmantes. Nos ha tocado vivir (o sobrevivir, más bien) la peor pandemia desde la influenza española de hace un siglo, la cual ha costado más de medio millón de vidas (el 0.5% de la población mexicana) y secuelas de por vida para millones de personas. Además, la pandemia no ha terminado por más que se haya tratado de minimizarla, aunado a que el sistema público de salud sigue con graves problemas, incapaz de dar atención a todos los que lo necesitan y que acusa falta de medicamentos, vacunas e insumos.

    Vivimos la peor crisis de inseguridad de este siglo que marca ya 72,723 homicidios en lo que va de este sexenio lo que demuestra el grado extremo de violencia que padecemos. Lo vimos con el asesinato de candidatos durante las pasadas elecciones y por los avances que ha realizado la delincuencia organizada al gobernar cada vez más territorios, desplazando al Estado mexicano.

    También tenemos tragedias urbanas tal como el accidente del metro en la Ciudad de México que dejó 26 muertos y 80 heridos y que dejará sin ese servicio a una zona de la ciudad, pero también por la inseguridad y la falta de servicios públicos.

    Estamos pasando por la peor recesión económica desde los años treinta del siglo pasado, la cual tomará años en recuperarse y que ha producido la pérdida de millones de empleos, el cierre de empresas y el aumento del número de pobres. Se están llevando a cabo proyectos de infraestructura de poca viabilidad económica en lugar de inversiones estratégicas que estimulen a la economía y se han cancelado proyectos que hubieran impulsado el crecimiento económico. Millones de niños no han podido acudir a las escuelas, en deterioro de la calidad educativa, ya de por sí bastante mala. 

    El rescate de PEMEX y CFE se está haciendo a costa de sacrificar la inversión privada cuando ni estas empresas ni el gobierno tienen los recursos para invertir y no se atienden las causas de fondo, como son los contratos colectivos onerosos, la corrupción, la ineficiencia y las pensiones que ahogan a ambas paraestatales.

    Para salir adelante como sociedad es urgente atender los problemas que he mencionado, sin descuidar los aspectos positivos que han permitido mantener la paz social y unas finanzas públicas relativamente sanas.   

    Más que estar al pendiente de las ocurrencias del día en las redes sociales o de los distractores cotidianos, pidamos conocer los planes que resolverán los grandes problemas nacionales en el mediano y largo plazo para debatirlos, darle seguimiento a su implementación y ver si están dando resultados. Hay que enfocarse a lo importante y no distraernos con lo trivial.

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  Twitter: @octaviodiazg

 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

 

Por: Octavio Díaz García de León

    Hace un par de años escribí  acerca del régimen de responsabilidades que aplica a los miembros del Servicio Exterior Mexicano.  El Poder Judicial de la Federación también tiene un régimen distinto al que aplica al Poder Ejecutivo y puede tener variaciones entre los organismos que lo conforman: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tribunal).

    Aquí me referiré al régimen disciplinario que aplica al Tribunal. Lo primero que hay que señalar es que el régimen está incompleto porque no se terminó de realizar la armonización normativa en materia disciplinaria según lo requería el decreto  que modificaba la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tal como elaborar un acuerdo general en materia de responsabilidades que debió estar publicado a fines de 2018.  Ahora que se reformó dicha Ley de nuevo, se podría aprovechar para armonizar estas normas y emitir aquellas que estén pendientes.  

    Esté régimen disciplinario tiene complejidades. Entre ellas, el que existen cuatro grupos de servidores públicos que son tratados de manera diferente:  los magistrados de Sala Superior, el personal con labores jurisdiccionales, el personal administrativo y el de la Contraloría Interna. Por otra parte, seis autoridades intervienen en el proceso, a diferencia del Poder Ejecutivo donde normalmente operan dos.

   En el Poder Ejecutivo el régimen disciplinario no distingue entre personal de áreas sustantivas y áreas administrativas. Tampoco se tienen procedimientos disciplinarios diferenciados dependiendo del nivel jerárquico de los servidores públicos.   

    Entre las reformas que se hicieron para adaptar el régimen disciplinario del Tribunal a la nueva Ley de Responsabilidades, se creó una Dirección General de Investigaciones en Responsabilidades Administrativas para evitar que una misma autoridad fuera la que investigue y, a la vez, lleve los procedimientos de responsabilidades. Sin embargo, aunque se separaron las dos autoridades, ambas dependen de la Comisión de Administración, por lo que tal independencia es relativa.

   En el Poder Ejecutivo, ambas actividades las hacen los órganos internos de control, tratándose de faltas no graves.  Por ello, en el Tribunal estas funciones podrían estar en la Contraloría, como ocurre en el Poder Ejecutivo.

   En la investigación de quejas y denuncias participan diversas áreas del Tribunal. Si bien, solo una de ellas tiene la atribución de actuar como autoridad investigadora, de conformidad con la Ley de Responsabilidades, algunas actividades que realizan las autoridades substanciadoras, en este caso la Contraloría y la Visitaduría Judicial, tales como auditorías, evolución patrimonial y visitas de inspección, se pueden considerar como investigaciones, por lo que la separación no es clara. 

   Las causas de responsabilidad administrativa de acuerdo con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de las que prevé la Ley de Responsabilidades, contemplan quince conductas adicionales, de las cuales once se califican como graves, aunque su sanción podría ser similar a la de faltas no graves.

   La Sala Superior, integrada por siete magistrados, es la facultada para investigar y desahogar casos de responsabilidades de sus propios miembros, lo cual podría plantear un posible conflicto de interés. Sería más conveniente que estos asuntos se desahogaran en una instancia independiente del Tribunal.

   La Visitaduría Judicial es la que investiga al personal jurisdiccional con respecto a las actividades jurisdiccionales y la Contraloría los puede auditar siempre y cuando sean temas administrativos. Este diseño resulta complejo y podría plantear una duplicidad innecesaria. La Visitaduría podría también formar parte de la Contraloría Interna, por la similitud de funciones que realizan.

   Tanto la Contraloría como la Visitaduría informan de posibles irregularidades a la Dirección de Investigaciones para que ésta termine de integrar la investigación y en su caso, realice un informe de presunta responsabilidad administrativa para turnarlo al área que desahogue el procedimiento de responsabilidades: la Visitaduría, en el caso de personal jurisdiccional o la Contraloría para el resto. Esta división plantea una posible duplicidad ya que ambos procedimientos podrían ser llevados por una sola instancia.

   Quien resuelve y sanciona los asuntos de responsabilidades por faltas graves o no graves son: la Sala Superior cuando se trata de alguno de sus integrantes y la Comisión de Administración para el resto de los servidores públicos, a diferencia del Poder Ejecutivo en donde no se separa la resolución del expediente del proceso de substanciación, en los casos de faltas no graves.

   El Poder Judicial de la Federación está formado por personal de muy alta especialización técnica y, salvo casos excepcionales, con personas de comportamiento ético destacado.  Para mantener el control interno ha desarrollado un régimen disciplinario que, en el caso del Tribunal, resulta complejo, podría estar duplicando estructuras y plantea posibles conflictos de interés.

   Habrá que ver si este diseño legal e institucional responde a las crecientes demandas por un mejor control interno que evite actos de corrupción tales como el nepotismo. La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación hace especial énfasis en resolver este problema, pero siempre habrá oportunidad para buscar mejoras al sistema disciplinario que los rige.

 

 

INGRESO BÁSICO PARA TODOS

  

Por: Octavio Díaz García de León.

     La idea: El que haya un ingreso básico universal para todos es una vieja propuesta que ha tomado fuerza recientemente. Debido a los avances tecnológicos que están produciendo el desplazamiento de la fuerza de trabajo, se requiere analizar cómo se puede implementar esta iniciativa y que sea fiscalmente viable. También es importante atender a los impactos psicológicos que puede causar en las personas y los tabúes culturales que hay que romper.  

      Hace tres años escribí un artículo  sobre este tema derivado de una propuesta de campaña que hizo el entonces candidato a la presidencia, Ricardo Anaya. Como no ganó, ya no sabremos si se hubiera podido dar este beneficio a la población. Esta propuesta tenía muchas ventajas, pero una de las limitaciones que yo observaba era la viabilidad fiscal para sostener un programa así, con un ingreso que realmente permitiera a las personas subsistir.

     El presidente López Obrador mantiene un programa que inició en el sexenio del presidente Calderón, dirigido a los adultos de más de 68 años y a los de 65 o más que viven en municipios indígenas, con un monto que asciende a $15,300 pesos al año. Este es el único apoyo de carácter universal, aunque acotado por la edad, que otorga el gobierno.

    En las condiciones económicas que ahora vive nuestro país, es menos viable que en 2018 el poder otorgar un beneficio de este tipo a la población, a menos que sustituyera a todos los programas sociales. Sin embargo, el mundo se enfrenta a una revolución industrial que requiere considerar el otorgar un ingreso básico para todos.

    La Cuarta Revolución Industrial que estamos viviendo es producto de avances extraordinarios en la tecnología. Una de las transformaciones que se están dando es, por ejemplo, la robotización de la producción de bienes y servicios, lo cual inevitablemente desplazará de sus actuales trabajos a cientos de millones de personas por todo el mundo.

    Las empresas, al abaratarse y perfeccionarse los robots, la capacidad de procesamiento y almacenamiento de información, las telecomunicaciones, el transporte, y la inteligencia artificial, irán eliminando empleos, desplazando no solo a trabajadores que realizan trabajo manual repetitivo, sino también a los profesionistas.  

    En un ensayo de 1966, Erich Fromm proponía un “sueldo asegurado” para todos.  El veía una sociedad próspera con suficiente dinero para dar un ingreso mínimo garantizado a todos. Le impulsaba a proponerlo el que el hombre tuviera libertad de actuación, la cual era limitada por las condiciones sociales imperantes que obligaban a las personas a trabajar para subsistir. El sueldo asegurado daría esa anhelada libertad a todas las personas para poder dedicarse a desarrollar sus potencialidades como seres humanos.

     Pero eso requería transformaciones importantes. Tal como “pasar del consumo individual máximo el consumo óptimo; desplazar la producción de las necesidades individuales a la producción de bienes públicos”. La necesidad de superar ciertos tabúes psicológicos tal como “la abolición del principio “el que no trabaja no come””.

     El Estado tendría que transformarse también para convertirse en un eficiente proveedor de bienes públicos básicos y ser el articulador con el empresariado para orientar la producción de bienes y servicios hacia aspectos que permitan mejorar la calidad de vida y disminuir el consumo irracional. Debería también ser capaz de reciclar las utilidades generadas por empresas que ya no ocupen personal, para distribuirlas a través de este ingreso universal.

     Es oportuno considerar el otorgar este “sueldo asegurado” para todos, antes de que la tecnología desplace al ser humano de sus trabajos. También hay que reflexionar sobre los cambios que deben ocurrir en la sociedad para racionalizar el consumo, para ocupar de una manera productiva el tiempo liberado y superar el condicionamiento psicológico que asocie el derecho a subsistir con la obligación de trabajar, para con ello acceder a una sociedad que permita desarrollar todas las capacidades del ser humano.

     Si bien para México el escenario de la disrupción por la Cuarta Revolución Industrial aún se ve distante, el impacto vendrá tarde o temprano y es oportuno ir construyendo el andamiaje necesario para transitar hacia ella. 

    La Cuarta Revolución Industrial junto con el ingreso básico universal permitirán desarrollar todas las capacidades del ser humano, gracias al tiempo del que dispondrá al no tener que vivir para trabajar. Los satisfactores que hacen posible la vida humana serán en su mayoría producidos por robots y todos tendrán acceso a un ingreso básico que les permita vivir.  

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