29 de noviembre de 2014

MEDIDAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD



POR: OCTAVIO DÍAZ G. L.
 @octaviodiazg

      El presidente Peña Nieto anunció el pasado jueves 27 de noviembre diez medidas para mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho.  En esta ocasión no se recurrió a un gran Acuerdo Nacional como lo hiciera el ex presidente Calderón en 2008 y como originalmente lo había anunciado el propio presidente Peña. Lo cual está bien porque de aquellos 74 compromisos firmados en 2008  o no todos se cumplieron o no tuvieron efecto para  disminuir la incidencia delictiva;  hace falta  una evaluación a fondo de los resultados de dicho Acuerdo. Lo que no quedó claro es si se va a continuar con los esfuerzos para alcanzar esos 74 compromisos o ya con la propuesta del presidente Peña se echa al olvido aquél Acuerdo.

      Con las medidas anunciadas, la  Administración federal intenta responder a la emergencia nacional surgida de los acontecimientos de Iguala, Tlatlaya, de lo que ocurre en varios estados  - convertidos en “estados fallidos" -  y para disminuir el riesgo de que la ingobernabilidad se extienda por el país. El reclamo popular por mejorar la seguridad, mantener el respeto a los derechos humanos y acabar con la corrupción,  ha tenido expresiones importantes por todo México y el extranjero tanto  en las redes sociales como en grandes manifestaciones callejeras y ha sido objeto de mucha atención en medios de comunicación internacionales. Por ello, era muy grande la expectativa sobre el alcance y fuerza de las medidas que el Presidente anunció.

     La estrategia del actual gobierno federal  se ha caracterizado por un gran ímpetu legislativo como lo prueban las reformas que se han impulsado desde que inició el sexenio. Lo malo es que cualquiera de estas reformas tardará años en dar frutos. Por ejemplo, a año y medio de la reforma constitucional que dio origen a  la Comisión Federal de Competencia Económica como organismo autónomo, aún están por verse  resultados que sean iguales o mejores de los de su antecesora, la antigua Comisión dependiente de la Secretaría de Economía. Lo mismo se  puede decir de otras reformas que se han impulsado en ésta Administración ya que no bastan las reformas legislativas; se requiere que los encargados de llevarla a buen término tengan la capacidad y experiencia para dar resultados, de otra forma, son reformas inútiles que solo crean más burocracia y gasto innecesario.

     De las diez medidas que propuso el Presidente, seis de ellas incluyen  reformas legislativas: 1. Proponer una Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales. 2. Enviar una iniciativa que redefinirá por completo y dará claridad al sistema de competencias en materia penal, a fin de que los diferentes órganos de gobierno asuman su responsabilidad en ese ámbito. 3. Proponer una iniciativa de reforma constitucional para establecer las policías estatales únicas. 4. Enviar al Congreso una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana. 5. Proponer una iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada. 6. Aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia.  Algunas de las propuestas no son novedosas pues ya se están discutiendo en el Congreso, pero no por ello dejan de ser  importantes por lo que será conveniente que se aprueben pronto para que puedan tener efectos antes de que termine el sexenio.

    Otras de las medidas que propone el Presidente están desbalanceadas en cuanto a su relevancia y presentan varias dudas. Por ejemplo, la propuesta de crear un número telefónico único para emergencias (911), como el que se usa en Estados Unidos y Canadá (En Europa usan el 112) no es una medida de alto impacto y  el problema  de fondo es tener la capacidad para responder a las emergencias.  En cuanto a impulsar la Clave Única de Identidad, no sé si se trate de una confusión. Desde 1996 existe obligación para el gobierno federal de adoptar la Clave Única de Registro de Población (CURP) que es precisamente una clave única de identidad que pretende sustituir a las claves de identificación electoral del INE, a la del IMSS,  al RFC y tantas otras claves que usa el gobierno. Ya se tienen grandes avances en la asignación de la CURP.  Sin embargo, lo importante no es esa Clave,  sino la Cédula de Identidad que ya se había comprometido en el 2008 y a la fecha sigue pendiente. Esta credencial permitirá identificar de manera confiable a las personas mediante fotos y registros biométricos con lo cual se puede resolver mejor el problema de los desaparecidos e identificar a los criminales. Por lo que respecta a desarrollar un portal donde se encuentren los proveedores y contratistas del gobierno federal, éste ya existe, se llama COMPRANET y está cargo de la casi desaparecida Secretaría de la Función Pública. No está claro si se trata de mejorar dicho sistema o crear un portal nuevo.

    Una medida interesante es la creación de tres zonas económicas especiales que incluyen a Guerrero, Chiapas y Oaxaca (Lamentablemente se dejó fuera Michoacán). Por cierto,  uno de los proyectos que podrían detonar la economía en esa región es construir un canal interoceánico en Tehuantepec, además de los proyectos anunciados.

    Habrá que seguir analizando las medidas pero por lo pronto la sensación es que no responden a un sentido de urgencia ante el reclamo de la sociedad por mejorar la seguridad, el respeto a los derechos humanos y disminuir la corrupción en el muy corto plazo.
  


________________________________________­­­­­­­­­­­­­________________________

Blog: octaviodiazgl.blogspot.com                           Correo: odiazgl@gmail.com

18 de noviembre de 2014

LA “CASA BLANCA” DE LAS LOMAS Y SU CONSTRUCTOR



POR: OCTAVIO DÍAZ G. L.
 @octaviodiazg

     En las noticias sobre la mansión ubicada en  Sierra Gorda 150 en las Lomas de Chapultepec de la Cd. de México, que ha sido bautizada por los medios como la “Casa Blanca”, y que pasaría a ser propiedad de la Primera Dama Angélica Rivera aunque ya indicó que venderá los derechos del contrato de adquisición de la casa, se ha puesto el acento en cuestionar si este es un posible caso de corrupción que podría involucrar al Presidente, su familia y a funcionarios de la SCT o bien si hubo omisiones de carácter administrativo que deben ser subsanadas y sujetas a investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

     Pero en las notas que circulan en la prensa nacional y extranjera, no he visto nada acerca de la posible responsabilidad que pudiera tener la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro. Esta empresa construyó dicha casa y financió el total del valor de la propiedad ($54 millones de pesos) a la Primera Dama quien la pagaría en 55 mensualidades de $560,000 pesos y 5 anualidades de $7 MDP con los 3 años iniciales pagando sólo intereses sobre el capital. Al final la Primera Dama habría tenido que pagar $80.5 MDP según mis cálculos, de los cuales en diciembre de este año llevaría pagados ya $14.5 MDP ($405,000 pesos mensuales de intereses y no está claro si todas estas cifras incluyen los IVA´s respectivos)  Ésta empresa  pertenece al Grupo HIGA, al igual que una de las empresas - Constructora Teya -  que ganaron la licitación del tren rápido a Querétaro. Aunque posteriormente dicha licitación fue cancelada por el Secretario Ruiz Esparza,  en los medios y redes sociales se ha supuesto que existe relación entre ambos asuntos. Grupo HIGA es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú  en donde  también participaba su hijo, fallecido en un accidente aéreo, Juan Armando Hinojosa García, ambos amigos del presidente Peña. Este Grupo  recibió contratos por más de 8 mil millones de pesos durante la administración del gobernador Peña Nieto en el Estado de México, de acuerdo a diversas notas periodísticas. Además según nuevas notas periodísticas, también en este sexenio es importante contratista del gobierno federal.

    En cuanto a la “Casa Blanca”, de acuerdo con el comunicado dado a conocer por la Primera Dama este 18 de noviembre por la noche,  procederá a vender los derechos del contrato que tiene con la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro. Con sus declaraciones a través de un vídeo, la Primera Dama ha procedido a transparentar una operación comercial entre particulares pero en el que el constructor de la casa de las Lomas es y ha sido un importante contratista del gobierno del Estado de México y del gobierno federal durante las administraciones del entonces gobernador y ahora presidente Peña. Todavía falta aclarar si hubo alguna relación entre la construcción de la casa y la licitación del tren México-Querétaro que llevó a cabo la SCT y  también es muy importante que el empresario Hinojosa Cantú aclare cuál ha sido su papel en estos acontecimientos.

     Para que haya un acto de corrupción se requieren dos partes: el servidor público que acepta un soborno y, tratándose de contrataciones públicas,  el empresario que lo ofrece. De haberse realizado algo inapropiado, el empresario tendría que enfrentar su responsabilidad también. Además, hay que recordar que no era sólo Constructora Teya quien ganó la licitación. En el consorcio ganador estaban también China Railway Construction Corporation, Prodemex de Olegario Vázquez Adir y GIA de Hipólito Gerard, cuñado del ex presidente Salinas de Gortari  (Ver nota aquí) por lo que, de ser necesario,  también estas empresas tendrán que deslindarse del asunto.

     Lo importante ahora es determinar si Grupo HIGA y sus socios ganaron  la licitación del tren México a Querétaro que realizó la SCT a cambio de la “Casa Blanca”; o bien si la construcción de la casa tuvo alguna relación con los contratos que ganó en el Estado de México; o si la construcción de la casa se trata de una relación de tipo comercial entre dos particulares a quienes une un lazo  de amistad;  o,  finalmente, una combinación de estas tres posibilidades.

     Si la PGR y la SFP llegan a investigar el caso y se considera que hay elementos suficientes,  el empresario Hinojosa Cantú  podría estar sujeto a procesos penales y administrativos. La Ley es clara al respecto. El Código Penal Federal en su artículo 222 respecto al Cohecho, dice que cometen el delito de cohecho “ II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a... (servidor público o interpósita persona)… para que cualquier servidor público haga u omita un acto… relacionado con sus funciones.” Delito que es penado con prisión y decomiso de los bienes entregados como cohecho.  Por otra parte está la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas que en su artículo 8 dice que las personas físicas, morales o sus representantes que ofrezcan dinero o dádivas  a servidores públicos que intervengan o tengan injerencia en una contratación pública para obtener una ventaja o beneficio indebidos en las contrataciones públicas federales serán sujetos a procedimientos administrativos y en su caso a sanciones  que van desde inhabilitaciones hasta multas con montos muy elevados.

     Antes deberán realizarse las investigaciones respectivas. Con los indicios que se han dado a conocer, la PGR seguramente podrá abrir una investigación del Grupo HIGA y sus socios y la SFP deberá determinar si hubo violaciones a la Ley Anticorrupción. Esto con independencia de las posibles responsabilidades de los servidores públicos que participaron en la licitación del tren, todos ellos de la SCT. Lo importante es no perder de vista la responsabilidad de los empresarios involucrados en ambos asuntos, de comprobarse acciones indebidas.

_______________________________________­­­­­­­­­­­­­________________________

Blog: octaviodiazgl.blogspot.com                           Correo: odiazgl@gmail.com

14 de noviembre de 2014

LLAMADA DE ATENCIÓN DE LOS JÓVENES


Por: Octavio  Díaz García de  León
@octaviodiazg

     Los acontecimientos de las últimas semanas han puesto de manifiesto una nueva rebeldía de los jóvenes universitarios que ya se anticipaba con el movimiento #YoSoy132 surgido en la Universidad Iberoamericana de la Cd. de México y que representó una dura prueba para el entonces candidato presidencial Peña Nieto. Hoy los jóvenes estudiantes protestan por todo el país por la muerte de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa mientras que los del Politécnico  continúan en paro por razones internas. En el fondo, hay reclamos sin atender que van más allá de la coyuntura y a las que sociedad y gobierno deberían prestar más atención.

     Las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado estuvieron marcadas por una gran efervescencia juvenil en casi todo el mundo. Con la proliferación de la televisión se inauguró la época de la muerte como espectáculo para las masas  gracias a las imágenes de la guerra de Vietnam transmitidas cada noche a los hogares americanos que contaban la historia de cientos de jóvenes muertos cada  semana, traída en vivo y a todo color hasta esos hogares. Esa guerra afectó especialmente a los jóvenes de Estados Unidos que fueron sometidos a una conscripción obligatoria para ir a pelear a aquél país asiático. Mientras, en otras partes del globo, se daban las  protestas contra el opresivo régimen comunista de la Europa del Este reprimidas con mucha severidad; en París y otras capitales del mundo, los jóvenes se manifestaban contra los regímenes en turno de sus países.  La protesta tuvo  diversas caras: desde las marchas por las calles de las grandes ciudades  hasta la cultura de rebeldía impulsada por la música y las drogas. El resultado fue más democracia en todo el mundo pero, como se vio durante la primavera árabe en 2011, aún hay mucho por transformar.

     Hoy en día tenemos en nuestro país - de acuerdo con las estadísticas del censo de población 2010 - 29.7 millones de jóvenes  entre 15 y 29 años de los cuales el 47% estaban ocupados en alguna actividad económica y el 26.7% estudiaban. Pero  cerca de un millón eran desocupados. El año pasado apenas se generaron alrededor de 350,000 empleos formales y se estimaba que hacen  falta cerca de 8.5 millones de empleos formales ¿Qué sucede con esa enorme masa que queda al margen de la economía? La mayor parte de ellos se van al empleo informal pero también, una gran cantidad  se unen a bandas del crimen organizado. En 2008 el entonces Secretario de la Defensa estimó que alrededor de 500,000 personas se dedicaban a actividades ilícitas, la mayoría jóvenes. Si consideramos que desde entonces van más de 100,000 homicidios y más de 20,000 desaparecidos, las cifras no suenan descabelladas, pero señalan el costo de pertenecer a esas bandas.  La falta de oportunidades se da también para las decenas de miles de estudiantes que egresan con un título universitario cada año, los cuales  están condenados al subempleo o desempleo y en ellos la frustración es más elevada por las aspiraciones que les da su preparación.

Si a eso le sumamos que la muerte de los 46 estudiantes de la normal de Ayotzinapa ha tocado una fibra sensible de los estudiantes ante la violencia, impunidad, corrupción e injusticia que prevalece en algunas partes de México, ¿Estaremos en presencia de un nuevo movimiento estudiantil como en el 68? ¿Cuáles serán sus alcances? Hay que recordar que una parte de los participantes en el movimiento del 68 se radicalizó y optó por la guerra de guerrillas, pero en aquél entonces la revolución cubana se presentaba como modelo a seguir y había armas y entrenamiento que ofrecía aquél país. Hoy no es así. Ahora las armas y el entrenamiento lo tienen los delincuentes, o bien grupos radicales como  los islámicos sin arraigo en el país, por lo que es poco probable que opten por las armas. Pero no se pueden dejar pasar las señales que mandan estos jóvenes  que reclaman atención. Empezando por hacer que la economía funcione mejor para generar los empleos que se requieren y combatiendo con resultados evidentes, a los criminales y a la corrupción.

     De igual forma,  para evitar que caigan en manos de los criminales aquellos que no tuvieron mejores oportunidades, el Estado y la sociedad civil podrían realizar acciones de rescate en las que se les den formación, estructura, sentido de pertenencia, objetivos en su vida e instrumentos tales como oficios para que los logren. El  servicio militar, por ejemplo, podría ser remunerado y más atractivo, tal como lo logra  la Secretaria de Marina en la Cd. de México: en lugar de sólo hacerlos marchar, les adiestran en cuestiones como  practicar rapel, bucear, nadar y ayudar a población damnificada. También se pueden fomentar organizaciones como el Pentatlón Universitario con su formación deportivo y militar, organizar brigadas de trabajo de auxilio social remuneradas, formar clubes locales con actividades recreativas y deportivas, apoyarles a formar  micro empresas, etc. pero lo urgente es no dejarlos solos.

Recuerdo el poema   "Aullido" de Allen Ginsberg y cito unas líneas con mi traducción:

“Vi a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura,…

…quienes desaparecieron en los volcanes de México dejando tras sí solo la sombra de sus pantalones de mezclilla y la lava y la ceniza de poesía esparcida en la hoguera de Chicago…”      (O en nuestro caso, en un basurero de Cocula).

Que no nos sorprenda la rebeldía y la protesta de los jóvenes si la sociedad no les ofrece un futuro esperanzador.


________________________________________­­­­­­­­­­­­­________________________

Blog: octaviodiazgl.blogspot.com                           Correo: odiazgl@gmail.com

5 de noviembre de 2014

FEDERALIZAR A LAS POLICÍAS LOCALES



POR: OCTAVIO DÍAZ G. L.
 @octaviodiazg

     Los acontecimientos de Iguala y lo que ocurre en otros municipios  del país ha puesto de manifiesto el fracaso (con sus excepciones) de las policías locales – estatal y municipal - que en el mejor de los casos están mal dirigidas y en el peor, han caído víctimas de la corrupción y la infiltración de delincuentes. Dicho fracaso es  lo que más afecta a la población en materia de seguridad. Basta ver la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE) del INEGI para saber que se cometieron en 2013 más de 33 millones de delitos del fuero común y el 98% permanecen en la impunidad, afectando a 28 de cada 100  habitantes con  homicidios, secuestros, asaltos, extorsiones, robos a casa, robos de vehículos, etc.  Los ejemplos de malas policías estatales o municipales se dan en Guerrero, Morelos, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y en  otros estados de la república, en donde se han puesto al servicio de las bandas del crimen organizado o simplemente han sido rebasadas y son inoperantes.

     De poco han servido los esfuerzos de la federación para reforzar la actuación de las policías a nivel local. Por ejemplo, no está claro qué resultados haya dado  el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado en agosto de 2008 por los tres órdenes de gobierno, los tres poderes federales, por organizaciones de la sociedad civil como ONG´s, sindicatos, iglesias, empresarios y medios de comunicación y el cual contiene 74 compromisos. Entre estos se encuentran, por ejemplo,  el certificar a policías locales mediante una evaluación de confianza, crear grupos antisecuestro y aportar recursos para fortalecer los cuerpos de impartición de justicia. Pero no han sido evaluados sus resultados y en algunos casos ni siquiera se han cumplido los compromisos. Asimismo poco han servido los miles de millones de pesos que se han entregado a los estados por parte de la federación en los últimos seis años a través de programas de subsidios y transferencias como el FASP, el SUBSEMUN y el SPA. Tan solo este año el gobierno federal destinó $15,322 millones de pesos a estos programas. Todo ello no ha tenido efecto en mejorar la seguridad como lo demuestran las encuestas del INEGI.

     ¿Qué se puede hacer para resolver el problema de seguridad en nuestro país? Alejandro Hope - analista de seguridad – ha propuesto en su más reciente columna en El Universal,  que en lugar de certificar a los policías en materia de control de confianza, se certifiquen a  los departamentos de policía y en caso de no aprobar, que el nivel superior de gobierno asuma la responsabilidad. En un programa de radio, Gabriel Quadri – analista ambiental -  señalaba que ante la incapacidad  de estados y municipios la federación asuma esa responsabilidad. Ambas propuestas presentan obstáculos políticos y de implementación pero ante la emergencia nacional que vivimos, es necesario intentar alguno de esos caminos. La propuesta de Hope es más  gradual, quizá políticamente más fácil de poner en marcha y es un modelo ya probado en Estados Unidos. Pero tomaría  tiempo en tener un impacto en el problema.

     La opción de federalizar a todas las policías estatales y municipales es quizá más radical pero de implementación más rápida, una vez que se tengan los acuerdos políticos.  De hecho, existe ya esa situación de facto en aquellos municipios o estados con gobiernos fallidos. Cada vez que ocurre una afectación grave a la seguridad  pública en algún municipio, las fuerzas federales llegan a sustituir a los policías de la localidad, a desarmarlos, a investigarlos y en ocasiones a encarcelarlos.   Recordemos la intervención masiva del gobierno federal en Cd. Juárez el sexenio pasado o en Michoacán en este.

     Con todos los defectos que puedan tener las instituciones federales, éstas son mucho más sólidas que las instituciones estatales y municipales por lo que sería una solución el que la federación se haga cargo de las policías en todo el país. Podrían tomar el mando de esas policías, someterlas a control de confianza en dependencias federales o en centros locales confiables, seleccionar a los mejores elementos y dar de baja a los malos, establecer políticas de recursos humanos uniformes incluyendo sueldos y prestaciones, fortalecer las áreas de asuntos internos y contraloría, mejorar la seguridad interna y la contrainteligencia para evitar su infiltración, y darles mandos profesionales que hayan demostrado resultados (Por ejemplo, los casos de Tijuana y Cd. Juárez y en menor grado Nuevo León).

     Se puede argumentar que sería darle mucho poder a la federación, que la corrupción en lugar de afectar a departamentos de policías más pequeños podría afectar a esa policía nacional con el riesgo que ello implica y otras razones similares; pero es tiempo de tomar decisiones de gran calado. El presidente Peña ha anunciado la firma de un nuevo Pacto por la Seguridad. Al momento de escribir estas líneas aun no se conocía su contenido pero habrá que analizarlo a fondo. También habrá que evaluar el Acuerdo que se firmó en 2008 para no repetir los  errores. Está bien que haya grandes acuerdos nacionales, pero sin una implementación adecuada y una evaluación de sus resultados para corregir lo que no funciona, difícilmente se avanzará en resolver el problema.  Por ello  no basta  con que haya voluntad para firmarlo. Lo que urgen son medidas eficaces ante un problema que por su gravedad amenaza a la Seguridad Nacional. El país ya no puede esperar.  


_______________________________________­­­­­­­­­­­­­________________________

Blog: octaviodiazgl.blogspot.com                        Correo: odiazgl@gmail.com

29 de octubre de 2014

AYOTZINAPA: ¿CALLEJÓN SIN SALIDA?


POR: OCTAVIO DÍAZ G. L.
 @octaviodiazg

      Ya se cumplió más de un mes del asesinato de 6 personas, de haber resultado   20 heridos y  43 desaparecidos y sigue sin resolverse el caso aunque ya hay órdenes de aprehensión contra el alcalde de Iguala,  su esposa y el jefe de la policía de dicho municipio. Lo peor es que, al momento de escribir estas líneas, aún no se sabe el paradero de los 43 desaparecidos aunque su búsqueda se ha intensificado.

      La crisis política derivada de estos acontecimientos ya cobró sus primeras víctimas. No solo desapareció el alcalde de Iguala sino que también ya renunció el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre - ambos miembros del PRD - por lo que ese Partido ha sufrido un grave deterioro en su imagen junto con prominentes personalidades de ese Partido que les dieron  apoyo para llegar a sus puestos. El gobierno federal, por su parte, ha enviado contingentes de policías federales, gendarmería y personal de la PGR a buscar a los desparecidos e investigar quienes fueron los autores de los lamentables hechos. Si bien el presidente Peña ha salido casi todos los días a condenar el lamentable acontecimiento y a darle seguimiento  desde Los Pinos con su gabinete de seguridad, una nota del “Financial Times” lo compara desfavorablemente con el ex presidente Calderón, quien, junto con su esposa, fue a Cd. Juárez y confrontó a los familiares de las víctimas cuando la masacre de Villas Salvárcar en donde perdieron la vida 16 estudiantes, mientras que el presidente Peña no se ha acercado a Guerrero para hablar con los familiares.

      Aunque lo que pasa en los estados no es la total responsabilidad del gobierno federal, la sociedad espera que el presidente Peña y su equipo ayuden a resolver los problemas de seguridad en Guerrero y especialmente que aparezcan los secuestrados. No ayudó el que saliera información de que el gobierno federal  sabía desde hace tiempo de los vínculos del alcalde de Iguala y especialmente de su esposa, con el grupo delincuencial Guerreros Unidos. También se había  acusado al alcalde de otros asesinatos que quedaron impunes. Si ya se sabía todo esto, la pregunta  es ¿por qué no se actuó antes contra estas personas? También es importante saber porqué  y quienes, movilizaron a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa hasta  Iguala, que se encuentra a más de 100 kilómetros. De acuerdo con declaraciones de un líder de Guerreros Unidos - capturado recientemente - el ataque contra los estudiantes fue porque supuestamente habían sido infiltrados por  un grupo de criminales de la banda rival de “Los Rojos”, aspecto que ya investiga la PGR.

     La desaparición de los 43 normalistas ha generado movimientos de protesta en todo el país y en el extranjero como no se había visto antes durante  este sexenio. La prensa internacional se ha volcado contra el presidente Peña. Una campaña de imagen positiva que había sido muy exitosa en los medios extranjeros se ha derrumbado repentinamente y ha puesto por los suelos la imagen del país en tan solo unos cuantos días. Por lo pronto, los escenarios son difíciles  para el gobierno federal:

a)    Si ya están muertos los 43 secuestrados como dice el padre Solalinde y  diversos testigos, entonces puede haber un movimiento de radicalización estudiantil,  aprovechado por otros actores sociales interesados en causar problemas. Difícil de saber hasta dónde podría llegar este movimiento. A diferencia de las protestas que encabezó el poeta Javier Sicilia con otros líderes sociales por los muertos del sexenio pasado, cuyas manifestaciones  fueron vehementes pero pacíficas, en el caso de Guerrero es posible que se dé una reacción más violenta. Ya el grupo guerrillero ERPI declaró la guerra contra  Guerreros Unidos. Es difícil que la escalada de violencia en Guerrero se extienda a otras partes del país pero en ese estado la situación podría alcanzar niveles todavía más preocupantes.

b)    Si siguen vivos y sólo están secuestrados, es una hipótesis poco probable, ya que tener secuestrado un contingente tan grande cuando todo mundo los busca, no es fácil de ocultar; alguien los hubiera visto o quizá alguno de ellos podría haber escapado. En todo caso, el Secretario de Gobernación ha indicado que los buscan en más de 100 lugares. Si los llegasen a encontrar vivos – y todos esperamos que así sea - este sería uno de los mayores triunfos de esta Administración y la amenaza de inestabilidad se desinflaría.

      Una de las consecuencias inesperadas de estos acontecimientos fue el encontrar decenas de fosas clandestinas con al menos 30 cadáveres. Aunque las autoridades han dicho que no se trata de los normalistas,  por otra parte dicen que  necesitan varias semanas para identificarlos, por lo que quedan más dudas que certezas. A los normalistas desaparecidos se suman ahora estos otros asesinados que nadie sabe de quién se trata aunque era sabido por los vecinos que esa zona era un camposanto clandestino ¿Quiénes fueron los culpables de esas muertes? ¿Se les va a perseguir y se va a investigar a fondo o simplemente regresará al olvido en que esos crímenes estaban?

      La estrategia del gobierno federal parece ser ganar tiempo en la identificación de cadáveres y esperar que se calmen un poco las cosas, cosa que no ha sucedido. Habrá una fuerte reacción si se encuentran muertos y habrá que estar preparados. Pero se tienen que encontrar –vivos o muertos - ya que el gobierno difícilmente seguirá resistiendo  la presión nacional e internacional  si siguen desaparecidos.
________________________________________­­­­­­­­­­­­­________________________

Blog: octaviodiazgl.blogspot.com                                Correo: odiazgl@gmail.com

23 de octubre de 2014

INICIATIVA PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN



POR: OCTAVIO DÍAZ GARCÍA DE LEÓN
 @octaviodiazg

     Detrás de los acontecimientos de Iguala, en donde aún está sin resolverse el destino  de 43 estudiantes secuestrados, se encuentra  una historia de corrupción. En general, en el problema de seguridad que aqueja  a nuestro país, se encuentra la corrupción de autoridades de todo tipo que se vuelven cómplices de bandas criminales. Pero también la corrupción aqueja  a los hogares de todos los mexicanos como lo han demostrado los estudios de Transparencia Mexicana en donde se ha encontrado que los hogares con ingresos menores a un salario mínimo, dedicaron el 25% de su ingreso a pagar mordidas para obtener servicios públicos y, en promedio, los hogares mexicanos destinaron el 14% de su ingreso para este propósito. Por si fuera poco, también existe la corrupción de “alta escuela” que se da  en las grandes contrataciones, concesiones y permisos que realiza el sector público y en donde se dan sobornos millonarios que van a enriquecer a funcionarios corruptos y a beneficiar a empresarios cómplices, en detrimento de las finanzas públicas y de la sociedad. Todo esto ocurre, desafortunadamente, en la casi total impunidad.

     Por ello, una de las principales reformas que propuso el presidente Peña Nieto al inicio de su mandato, fue  la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción (CNA),  al tiempo que desapareció a la Secretaría de la Función Pública (SFP). Pero la falta de acuerdos entre partidos dejó en la congeladora una de las iniciativas más importantes del Presidente y a la SFP en el limbo. El pasado lunes 20 de octubre, el PAN hizo una propuesta para formar un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que fue respaldada - en términos generales - por todos los partidos. Con esta propuesta se descarta la creación de la CNA.

     El PAN tomó las  ideas que han impulsado desde hace tiempo el Mtro. Eduardo Bohórquez  de  Transparencia Mexicana, así como el Dr. Mauricio Merino del CIDE y de la Red por la Rendición de Cuentas. Ellos argumentan que no hay necesidad de crear nuevos organismos para combatir la corrupción, sino articular las instituciones ya existentes y enfocarlas a atacar mejor dicho problema. En la propuesta del PAN se recogen sus ideas y se propone articular en el SNA a instituciones hoy desvinculadas o debilitadas y corregir deficiencias de diseño institucional.  De acuerdo como lo ha comunicado el PAN, la propuesta contiene 6 elementos básicos:

1.    Crear un Consejo Nacional donde participen todos los órganos públicos que intervienen en el SNA y los ciudadanos. Quizá similar a como opera el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que será necesario crear un Secretariado Ejecutivo Anticorrupción que se encargue de coordinar al SNA.

2.    Un Comité Ciudadano para la ética pública, que instale  observatorios ciudadanos en todo el territorio nacional,  encargado de formular denuncias y proponer políticas públicas para el combate a la corrupción. Estos observatorios serán intermediarios con las autoridades y por lo tanto  deberán contar con  la plena confianza de la sociedad para que ésta acuda a ellos.

3.    En cuanto al control interno se propone fortalecer a la SFP  en materia de auditoría e investigación. Con ello se daría marcha atrás a la desaparición de la SFP y se podrían desarrollar aspectos como un servicio profesional para contralores y desligar sus nombramientos de factores políticos.

4.    En materia de control externo, se proponen dos órganos independientes del Poder Ejecutivo, que sean los responsables de auditar el uso de los recursos públicos e investigar posibles actos de corrupción:

A)   La Auditoría Superior de la Federación (ASF), modificando la Constitución para otorgarle las más amplias facultades en materia de auditoría, antes, durante y después del ejercicio del gasto y para  investigar quejas y denuncias ciudadanas. En este caso se fortalece y se le otorgan nuevas atribuciones, a la ASF.

B)   La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con las más amplias facultades de investigación, actuación ante denuncias ciudadanas y responsable de ejercer acción penal contra  quienes cometan actos de corrupción. El fiscal será independiente del Poder Ejecutivo. Muchas de las funciones que se habían pensado para la Comisión Anticorrupción las podrá desarrollar ésta fiscalía.

5.    ­­Retirar la facultad de sanción a las contralorías que dependen de los presidentes municipales, gobernadores y Presidente de la República y otorgar las facultades de sanción a los jueces en materia penal (ante acusaciones de la Fiscalía), y en materia administrativa, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). Así se terminaría el actual conflicto de interés de las contralorías que investigan y sancionan, al  dejar en manos de un tribunal especializado el proceso sancionatorio. Requerirá una reingeniería al TFJFA y quizá dividir sus facultades en materia fiscal y administrativa en dos tribunales diferentes.

6.    Reproducir por mandato constitucional el sistema en el ámbito de los Estados y  Municipios. Esto es indispensable, pues los actos de corrupción en el ámbito local son tanto o más perjudiciales para la población que los federales.

     Se cuenta  pues ya con una nueva propuesta para combatir la corrupción que ha generado consensos políticos. Habrá que tener cuidado en el aterrizaje y diseño de las leyes secundarias respectivas - una vez se aprueben las reformas constitucionales necesarias – para que sean lo suficientemente eficaces y combatan este grave problema que aqueja a nuestro país y atienda un gran reclamo de la sociedad.

________________________________________________________________

Blog: octaviodiazgl.blogspot.com                         Correo: odiazgl@gmail.com

15 de octubre de 2014

LA MUERTE EN LOS TIEMPOS DEL ÉBOLA


POR: OCTAVIO DÍAZ G.L. 

      En mi anterior artículo escribía que acontecimientos como los que ocurrieron en Iguala donde se dio muerte a 6 personas y desaparecieron 43 normalistas secuestrados por la policía,  son amenazas a la gobernabilidad del país y por tanto a la seguridad nacional. Pero si ya llovía sobre mojado en ésta materia, ahora diluvia: una nueva amenaza se cierne no solo sobre México sino sobre el mundo. Una vez más se podría presentar el riesgo de una pandemia de consecuencias incalculables, en esta ocasión protagonizada por el virus del Ébola. Hace pocos días se reportó que la enfermedad está creciendo a un ritmo exponencial en el oeste de África (Liberia, Guinea y Sierra Leona). Según un artículo de la revista “New England Journal of Medicine” entre el 30 de diciembre de 2013 y el 14 de septiembre de 2014 se han reportado 4,507 casos con una tasa de mortalidad de 70.8%. Al 10 de octubre,  la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportaba 8,396 enfermos y 4,032 defunciones. La cifra está aumentando exponencialmente y el número de casos para noviembre podría alcanzar a 20,000.

      Pero lo que parecía una enfermedad exótica en países lejanos ya apareció en Norteamérica y Europa. Una persona se trasladó de Liberia a Estados Unidos siendo portador del virus. Cuando se sintió mal acudió al Hospital Presbiteriano en la ciudad de Dallas donde fue diagnosticado con la letal enfermedad y ya falleció. Por ello Estados Unidos entró en una emergencia nacional. Además, dos de las  enfermeras que lo atendieron, a pesar de haber  seguido todos los protocolos de protección, se contagiaron, lo que ha demostrado que también los protocolos han fallado. Misma situación en España donde otra enfermera que atendió a uno de los enfermos repatriados de África a  ese país, también se ha contagiado de la enfermedad. El peligro de que la enfermedad aparezca en México proviene de la cercanía que tenemos con la ciudad de Dallas donde están los enfermos, pero también existe la posibilidad de que entren viajeros portadores de la enfermedad provenientes de África e incluso de España.

      Es conveniente recordar que los virus son estructuras orgánicas pero no se clasifican como seres vivos sino como algo intermedio entre lo orgánico e inorgánico. Tienen material genético y se reproducen mediante el auto ensamble pero no tienen metabolismo ni estructura celular que los pueda caracterizar como seres vivos. Al multiplicarse toman material de la célula invadida y la destruyen, pasando a infectar células sanas para seguir el mismo proceso. Tal es el caso del virus del Ébola que se trasladó de un animal a un ser humano y es altamente contagiosa entre seres humanos.

     De acuerdo con la OMS se identificó que los murciélagos frugívoros son  portadores naturales de este virus  y se han detectado casos de infección asociados a la manipulación de estos murciélagos, chimpancés, gorilas, monos, antílopes y puercoespines infectados. Los primeros dos brotes identificados en seres humanos  ocurrieron en Sudán y en Congo en 1976.  Los síntomas son: aparición súbita de fiebre, debilidad intensa  y dolores musculares, de cabeza y de garganta, seguida de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática y, en algunos casos, hemorragias internas y externas.  El periodo de incubación (intervalo desde la infección hasta la aparición de los síntomas) oscila entre 2 y 21 días. La transmisión de esta enfermedad se da  por contacto directo o indirecto  con los fluidos del enfermo y la tasa de mortalidad entre humanos puede alcanzar un 90%.

     Se pensaba que, a diferencia de las enfermedades transmitidas por aire como la influenza, el Ébola no  lo hacía. Sin embargo en el caso de las enfermeras contagiadas - de acuerdo con un artículo de la Universidad de Minnesota -   aparentemente  el contagio se dio no por contacto directo sino a través del aire, con fluidos del enfermo transmitidos en forma de aerosol,  aspecto que no se había entendido lo suficientemente y que pudo ocasionar el contagio al no tenerse el equipo protector adecuado. Dicha Universidad recomienda que los que atiendan a los pacientes usen máscaras con respiradores de aire purificado.

      Así como ya se aprobó la iniciativa para que México participe en las fuerzas de paz de los Cascos Azules de la ONU sería deseable que un contingente de trabajadores del área de salud se traslade a los países de África donde está en su apogeo el brote de Ébola, para que no solo ayuden a las personas afectadas sino para que tomen experiencias de primera mano en la problemática que México tendría que enfrentar en el caso de un brote de esa enfermedad en nuestro país.

     Un brote de Ébola  en nuestro territorio podría presentar el riesgo de extenderse sin control y rebasar nuestros sistemas de salud. No solo es necesario tener mecanismos de inteligencia para detectar enfermos en los puertos de entrada, sino estar alertas en todo el territorio ante cualquier indicio de la enfermedad. La clave para evitar su diseminación es que se detecte en forma muy temprana para aislar a los enfermos y posibles contagiados. El impacto de ésta  enfermedad en México  puede ser catastrófico por lo contagiosa, por el alto  índice de mortalidad y porque no hay vacuna ni remedio que la cure. Todos los esfuerzos que se hagan para evitar un brote valdrán la pena.
__________________________­­­­­­­­­­­­­_________________________________

@octaviodiazg  http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/ Correo: odiazgl@gmail.com

11 de octubre de 2014

LAS CIFRAS DEL DELITO. NOTA ACLARATORIA

POR: OCTAVIO DÍAZ GARCÍA DE LEÓN

Agradezco a la Sra María Elena Morera, gran luchadora social contra el delito a través de su organización Causa en Común, quien me hizo ver que las cifras del FASP son diferentes a lo  mencionado en mi artículo "Las Cifras del Delito" . 

El presupuesto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para 2014, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2014 Tomo III Gobernacion) es de  $8,083 MDP millones de los cuales $7,401 MDP son subsidios a través de dos programas (PEF 2014 Subsidios SESNSP):

Programa U002 También llamado "SUBSEMUN" "Otorgamiento de subsidios en  materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y el Distrito Federal" por $4,733 MDP, dedicado a subsidiar municipios principalmente.

Programa U003, también llamado SPA : "Otorgamiento de subsidios a entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial" por $2,668 MDP, para las entidades federativas.

Agradezco al Lic. Oscar Estrada, Director General de Planeación en el SESNSP la información respecto a los programas de subsidio SUBSEMUN y SPA.

Con respecto al FASP, aunque administrado por el SESNSP, este programa pertenece al Ramo 33 FASP, que son transferencias que hace la federación a las entidades federativas, similar a otros programas en materia de salud y educación. Por ello no aparace en el presupuesto del SESNSP. El monto aprobado en el PEF 2014 para el "FASP" (Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de Estados y el Distrito Federal" asciende a $7,921.6 MDP. De acuerdo con las reglas de operación del Fondo, las entidades federativas tienen que aportar la misma cantidad de recursos que la federación y está etiquetado para proyectos de seguridad muy específicos.

En conclusión, por lo menos a través del SESNSP, la federación dedica $15,322.6 MDP para apoyar a municipios y entidades federativas en materia de seguridad pública. Sin embargo, de acuerdo a la ENVIPE 2014 y a diferentes hechos recientes en materia de asesinatos, policías cooptadas y otros problemas en las entidades federativas, el uso de estos recursos no se está reflejando en los resultados que la sociedad espera. 

9 de octubre de 2014

LLUEVE SOBRE MOJADO


POR: OCTAVIO DÍAZ GARCÍA DE LEÓN
 @octaviodiazg

Llueve sobre mojado pero no debido a los efectos del devastador  huracán Odile que afectó  Baja California Sur ocasionando daños superiores a los 14 mil millones de pesos y por las lluvias que se abatieron sobre gran parte de la república en estas últimas semanas, sino por otros acontecimientos que han venido a poner a prueba  la gobernabilidad de nuestro país.

1.    Contaminación. En Sonora a principios de agosto ocurrió uno de los “peores desastres ambientales en la industria minera de los tiempos modernos”, de acuerdo con autoridades federales. Un derrame de sulfato de cobre proveniente de una mina  propiedad de Grupo México contaminó  tres ríos afectando a más de 24 mil personas en 9 municipios de ese estado. La pregunta que surge es ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la explotación de yacimientos de gas o petróleo de  esquisto usando el método para extraerlo llamado “fracking” que es una preocupación para ambientalistas por sus riesgos? ¿Están preparados estados y federación para hacer frente a contingencias ambientales cuando  se exploten estos yacimientos?

2.    Ejecuciones. En Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, un grupo de soldados se enfrentó a un grupo de delincuentes en donde perdieron la vida 22  presuntos criminales y un soldado resultó herido. El asunto no había pasado a mayores hasta que a mediados de septiembre un reportaje de la revista Esquire y la  Associated Press dio a conocer el testimonio de dos testigos quienes declararon que el Ejército ejecutó a los detenidos. Las investigaciones llevaron a la detención de trece militares pero la culpa no es solo de los detenidos. Hacen falta acuerdos del más alto nivel acerca de cual debe ser la función del ejército en labores de seguridad pública, ya que no debería estar dedicado a estas tareas. No se han llevado a cabo las reformas necesarias para justificar la actuación del Ejército en materia de seguridad pública o seguridad interior, lo que jurídicamente deja endeble su actuación; tampoco se le ha capacitado y equipado para realizar labores policiales. Los gobiernos estatales y las fuerzas policiacas federales han dejado un hueco que el Ejército ha tenido que llenar, pero que es una labor para la cual no está diseñado. 

3.    Politécnico. En la ciudad de México, estalló un conflicto estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN)  por modificaciones al reglamento interno y por cambios a planes de estudios en algunas carreras. Los estudiantes en número de alrededor de 30,000 se movilizaron de manera ordenada y pacífica en las calles de esa ciudad. El Secretario de Gobernación salió personalmente a atender sus peticiones y una semana  después el gobierno federal  aceptó todas  las demandas del pliego petitorio, incluyendo la renuncia de la directora del IPN. Al escribir estas líneas los estudiantes habían rechazado la propuesta del gobierno por “incompleta e imprecisa” por lo que la movilización  continúa. La efervescencia estudiantil está a flor de piel  no solo por las circunstancias de su propia vida estudiantil sino por el futuro incierto que les espera ya que la economía y la seguridad no mejoran. Se requiere atender el fondo de estas preocupaciones para lo cual la economía tiene que crecer a un ritmo más acelerado.

4.    Ayotzinapa. Quizá el incidente más grave de los últimos días se dio en Iguala, Estado de Guerrero, el pasado 26 de septiembre, cuando estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales, quienes dispararon contra ellos, mataron a seis personas, hirieron a 20 y hubo 43 desaparecidos. Después de la captura de tres criminales se descubrieron 6 fosas clandestinas con 28 cadáveres que parecen ser de los normalistas secuestrados. Dos sicarios confesaron que habían matado  a por lo menos 17 de los estudiantes y los habían arrojado a dichas fosas por órdenes - o en “auxilio” - de la policía de Iguala. El alcalde de Iguala está prófugo y se ha demostrado que él y su esposa tenían nexos con la banda de los Beltrán Leyva. La desintegración de las instituciones en algunos estados de la república, tomadas por el crimen organizado, son una amenaza  para la seguridad nacional. El que la federación tenga que intervenir para salvar a estados fallidos como Michoacán o tenga que intervenir luego en estados como Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca muestra la incapacidad de las autoridades locales o su complicidad con el crimen organizado, por lo que urge una limpia a fondo. Por otra parte, el hecho de que grandes capos vivan en ciudades como Querétaro y se hagan pasar por empresarios respetables - como en el caso del recientemente capturado Héctor Beltrán Leyva - también es una señal de alarma para ciudades supuestamente seguras. Es tiempo de poner las barbas a remojar en Aguascalientes.

Todos estos eventos han puesto a prueba la gobernabilidad del país ante  la incapacidad de gobernadores como el de Guerrero – que está a punto de convertirse en estado fallido -  para atender sus problemas de seguridad y vigilar  sus recursos naturales. Estos acontecimientos  se han convertido en una gran prueba para el gobierno federal ya que por su gravedad han trascendido fronteras,  han deteriorado seriamente la imagen de México en el extranjero y han causado grandes movilizaciones de protesta en varias ciudades del país. Ante la implosión de algunos gobiernos estatales, el gobierno federal deberá enfocar su prioridad, no a las próximas elecciones, sino a tomar medidas urgentes para rescatar a esos estados antes de que se acaben de colapsar sus instituciones.

________________________________________­­­­­­­­­­­­­________________________

Blog: octaviodiazgl.blogspot.com                             Correo: odiazgl@gmail.com

2 de octubre de 2014

LAS CIFRAS DEL DELITO



POR: OCTAVIO DÍAZ GARCÍA DE LEÓN
 @octaviodiazg

     Uno de los grandes problemas para entender mejor el fenómeno del delito en México es la falta de cifras confiables en esta materia. Ya se ha visto la discusión sobre el conteo de homicidios, una de las cifras que debería ser mejor cuantificada por tratarse de uno de los delitos más graves; sin embargo, existen miles de desaparecidos que no se sabe si fueron asesinados y hay  desacuerdos sobre las cifras reportadas.
  
     Se da, además, la dificultad de que la mayor parte de los delitos no son denunciados. Por ello el INEGI  realiza desde el 2011 la “Encuesta Nacional De Victimización Y Percepción Sobre Seguridad Pública” (ENVIPE) que en 2014 se aplicó a 95,516 viviendas para conocer qué está pasando con el delito en México. El INEGI señala que esta encuesta no permite conocer delitos como los de narcotráfico, delincuencia organizada o tráfico de migrantes, entre otros, ya que estos no necesariamente afectan a hogares.

     Se acaban de publicar los resultados de la ENVIPE 2014 y no son alentadores. Para empezar, en el 33.9% de las viviendas del país reportan haber sido víctimas de algún delito y el total de delitos ocurridos en el país durante 2013 fue de 33.1 millones (Un delito por segundo) que afectaron a 22.5  millones de víctimas de 18 años o más, lo que arroja una tasa de 28.2 víctimas por cada 100 habitantes. Asimismo el 58% de los encuestados consideran que el problema más importante que aqueja a su entidad es la inseguridad, seguido por 46.1% para el desempleo y un 37.7% para el aumento de precios.

     Como en años anteriores, llama la atención el hecho de que el 93.8% de los delitos no se denuncie o no se inicie averiguación previa.  Únicamente en el 3.1% de los casos hubo inicio de averiguación previa;  solo en el 0.45% de los casos se puso a disposición de un juez a los delincuentes; y hay un 1.44 % de casos en trámite. Además, el poner a disposición de un juez  no implica que se vaya a sancionar a los inculpados, sino que se les va a juzgar. Sería interesante saber en cuántos de estos casos realmente se castiga a los delincuentes. La tasa de impunidad alcanza un 98% lo cual es un gran aliciente para que los delincuentes continúen con sus actividades delictivas porque no hay consecuencias.

     Otras cifras que llaman la atención es que el costo del delito en el año 2013 se estima en $213.1 mil millones de pesos (MDP) equivalentes al 1.27% del PIB, más $64 mil MDP que fue el costo de las medidas preventivas que tomaron los hogares para defenderse de los delitos. La cifra de secuestro también creció de 2012 a 2013 en forma alarmante ya que  pasaron de 105,682  a 131,946 (25% más) y el número de víctimas de secuestro pasó de 94,438 a 123,470 (31% más).

     Por lo que respecta a Aguascalientes el número de víctimas del delito disminuyó entre 2012 y 2013 en un 1.6% mientras que a nivel nacional aumentó en un 3.2%. Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León disminuyeron en 17.9%, 16% y 15.3% respectivamente. En cuanto al número de delitos, en Aguascalientes disminuyó en 23.7%, la mayor disminución a nivel nacional, seguido por Baja California Sur y Tamaulipas (reducción de 23.6% y 23.1% respectivamente);  los estados que más aumentaron son Estado de México con 69.9%, Chiapas 49.8% y Baja California 45.2%. En cuanto a qué tan inseguro es el estado, el 49.1% de los encuestados  opinaron que  Aguascalientes era inseguro vs. 73.3% a nivel nacional, mientras que Yucatán con 29.5%, Querétaro, con 38.5% y BCS con 39.3% fueron los más bajos. Los peor calificados son el Estado de México donde el 92.6% de la población piensa que es inseguro, seguido de Morelos con 89% y Tabasco con 86.1%. Con respecto a homicidios, Aguascalientes tiene solo 4 por cada 100,000 habitantes, solo superado por Yucatán que tiene 2. La media nacional es de 19. Los estados más violentos son Guerrero, Chihuahua y Sinaloa con 63,59 y 41 respectivamente.

     Es importante hacer notar que la los delitos que se mencionan en esta encuesta son delitos del fuero común, esto es, responsabilidad de las procuradurías y  tribunales estatales, y de las policías municipales y estatales. Por ello, la solución a los problemas de la delincuencia reflejada en la ENVIPE no está en manos del gobierno federal, sino de los estados y municipios. Si bien la federación dedica $7,401 MDP en subsidios a entidades federativas y municipios a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con los programas “SUBSEMUN” y  “FASP”, es importante que estos recursos se liguen a resultados y haya una adecuada  rendición de cuentas por parte de los receptores de estos apoyos. Que se cuenten con indicadores  para medir si estos recursos están dando los resultados que la sociedad espera de ellos y que existan condiciones de cumplimiento amarrados al otorgamiento de estos fondos en el futuro. Otro programa a cargo del SESNSP que tiene una incidencia directa en la prevención del tercer delito más mencionado en la ENVIPE - el robo de vehículos -  es el Registro Público Vehicular (REPUVE) por lo que es urgente lograr la cobertura universal de este registro.

     Los resultados de la ENVIPE demuestran que el problema de la delincuencia se está agravando, por lo que estados y municipios, auxiliados por la federación, deberán redoblar esfuerzos para abatirlo.


NOTA:

Agradezco a la Sra María Elena Morera, gran luchadora social contra el delito a través de su organización Causa en Común, quien me hizo ver que las cifras del FASP son diferentes a lo aquí mencionado. Me explico:

El presupuesto del SESNSP para 2014, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación es de  $8,083 MDP millones de los cuales $7,401 MDP son subsidios a través de dos programas:

Programa U002 "Otorgamiento de subsidios en  materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y el Distrito Federal" por $4,733 MDP.

Programa U003: "Otorgamiento de subsidios a entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial" por $2,668 MDP.

Es posible que a estos dos programas se le denomine SUBSEMUN. Estoy por confirmarlo.

Con respecto al FASP, aunque administrado por el SESNSP, este programa pertenece al Ramo 33, que son transferencias que hace la federación a las entidades federativas, similar a otros programas en materia de salud y educación. Por ello no aparace en el presupuesto del SESNSP. El monto aprobado en el PEF 2014 para el "FASP" (Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de Estados y el Distrito Federal" asciende a $7,921.6 MDP. De acuerdo con las reglas de operación del Fondo, las entidades federativas tienen que aportar la misma cantidad de recursos que la federación y está etiquetado para proyectos de seguridad muy específicos.

En conclusión, por lo menos a través del SESNSP, la federación dedica $15,322.6 MDP para apoyar a las entidades federativas en materia de seguridad pública. Sin embargo, de acuerdo a la ENVIPE 2014 y a diferentes hechos recientes en materia de asesinatos, policías cooptadas y otros problemas en las entidades federativas, el uso de estos recursos no se está reflejando en los resultados que la sociedad espera. 

de los cuales $7,401,425
________________________________________­­­­­­­­­­­­­________________________

Blog: octaviodiazgl.blogspot.com                                Correo: odiazgl@gmail.com

24 de septiembre de 2014

HERRAMIENTAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN


POR: OCTAVIO DÍAZ GARCÍA DE LEÓN
 @octaviodiazg

     Los comentarios del presidente Peña Nieto respecto a si la corrupción era un problema cultural de los mexicanos, desataron mucha polémica y todavía sigue. En ésta columna publiqué hace pocas semanas lo que opino al respecto. Más recientemente plumas tan destacadas como la del Dr. Macario Schettino (El Financiero), Roger Bartra y Alejandro Faya (Reforma) por mencionar algunos, han escrito sobre el tema. Creo que está más que demostrado que la corrupción es un cáncer que impide el desarrollo de nuestro país y,  más allá de analizar las causas y discutir si es un problema de instituciones o de costumbres, lo que siempre ha estado disponible son herramientas para combatirla. Por ello urge que se retomen algunas de ellas y se apliquen de inmediato.  

     Es importante insistir en que el Senado designe ya al Fiscal Anti Corrupción adscrito a la Procuraduría General de la República y  que el Congreso promulgue la  reforma que cree la Comisión Nacional Anticorrupción. Pero no es todo lo que se puede hacer para combatir la corrupción. Algunas de las herramientas que están disponibles  se pueden reforzar o echar a andar de inmediato. Entre ellas se pueden mencionar:

1.    Transparencia. No basta que se tenga el derecho de acceder a la información pública gubernamental, es necesario que más personas e instituciones académicas se dediquen a analizar dicha información para detectar posibles actos de corrupción y  den a conocer sus hallazgos.

2.    Servicio Profesional de Carrera. Una de las ventajas del servicio civil  que  contempla la Ley federal respectiva es que los funcionarios públicos al tener certidumbre en la continuidad de sus trabajos, evitan caer en actos de corrupción. No necesitan practicar el “Año de Hidalgo” ni “robar poquito”  para asegurar su futuro pues la continuidad en sus trabajos les da certeza. Esta Ley no ha sido del agrado de los altos mandos de las dependencias federales por lo que suele haber designaciones tramposas. Es importante que se cumpla la Ley a cabalidad para crear un verdadero servicio profesional de carrera.

3.    Testigos sociales. Toda gran licitación requiere de la participación de testigos sociales quienes ayudan a dar fe de la transparencia de los procesos y su apego a la Ley. Es lamentable que en un caso reciente se haya intentado intimidar a un testigo social.

4.    Trámites automatizados. Entre menos personas intervengan en la realización de trámites, menos oportunidades existirán de que haya actos de corrupción. Es urgente  tener más trámites digitales que de ventanilla.

5.    Desregulación. Los trámites, permisos, concesiones, entre otros, se prestan a la discrecionalidad, a la opacidad y por tanto, a la corrupción. Por ello es importante que haya los menos trámites posibles. Desde que hace falta simplificar o eliminar los trámites que se requieren para abrir empresas  que solo fomentan la informalidad y detienen a la economía, hasta los trámites para obtener  concesiones en materia de hidrocarburos y electricidad.

6.    Denuncia social. La denuncia siempre ha sido una herramienta útil  para combatir actos de corrupción. Las denuncias bien encausadas que aporten elementos de tiempo, lugar y modo son fuente muy importante para instaurar   procesos sólidos contra funcionarios corruptos. Hay que propiciar que los ciudadanos denuncien cuando encuentren prácticas de corrupción.

7.    Usuario simulado. Estos operativos son grandes auxiliares para detectar actos de corrupción. Valdría la pena impulsar la realización de estos operativos.

8.    Campañas en medios. En el sexenio del presidente Fox se llevaron a cabo tareas de difusión entre la sociedad para concientizarlos acerca de   lo perjudicial que son los actos de corrupción a través de campañas como  la de los “Cine minutos contra la corrupción”, el concurso para niños “Adiós a las Trampas”, cursos universitarios contra la corrupción, etc. Se pueden retomar estos esfuerzos.

9.     Programas institucionales de combate a la corrupción. A través de la  desaparecida “Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal”, se logró que cada institución del gobierno federal (240)  tuviera sus programas de combate a la corrupción y sus resultados se presentaban ante el Presidente y el gabinete ampliado. Eran programas de carácter preventivo que permitían focalizar los esfuerzos en las áreas más proclives a corrupción con el apoyo de los titulares de las entidades y dependencias. Se podría revivir una Comisión similar.

10. Órganos internos de control (OIC) y contralorías. Si bien el propósito de los OIC no es específicamente el combarte a la corrupción, eran importantes auxiliares para combatirla. Con la desaparición de la Secretaría de la Función Pública se ha disminuido el foco en estos esfuerzos. Al depender los titulares de los OIC y contralores de los titulares de entidades y dependencias, cada uno persigue diferentes prioridades hacia adentro de sus instituciones. No necesariamente el combate a la corrupción es una de ellas. Se podría volver a orientarlos hacia el combate a la corrupción.

11. Organizaciones de la Sociedad Civil. Aún siguen siendo muy pocas las organizaciones de la sociedad civil que se encargan de darle seguimiento a los temas de corrupción y la mayoría están en la ciudad de México. Por ejemplo, no tengo noticia de una OSC con estos propósitos en Aguascalientes.

Hay más herramientas para combatir la corrupción sin necesidad de recurrir a grandes reformas. Es importante que se cree la Comisión Nacional Anticorrupción al haber desaparecido la Secretaría de la Función Pública, pero al final, para combatir la corrupción,  lo que hace falta es voluntad.

________________________________________­­­­­­­­­­­­­________________________

Blog: octaviodiazgl.blogspot.com                          Correo: odiazgl@gmail.com

20 de septiembre de 2014

LA MUERTE COMO ESPECTÁCULO


POR: OCTAVIO DÍAZ GARCÍA DE LEÓN

Twitter: @octaviodiazg

      En la impartición de la justicia más primitiva, la tortura y las ejecuciones daban un mensaje disuasorio para que los demás evitaran caer en las prácticas que habían condenado a los supliciados al cadalso. Infligir dolores extraordinarios a los condenados era una forma de venganza de la sociedad y a veces, de gozo sádico de quienes la ejecutaban. Pero también era un espectáculo para las masas, quienes simplemente por contemplar la muerte de alguien, acudían a las ejecuciones. Si bien antes ocurrían en vivo, hoy, a través de los vídeos que circulan ampliamente por internet se puede ser testigo de ejecuciones. Desde luego no me refiero a las que realizan los países en cumplimiento de sus leyes, ya que ellas se han vuelto más discretas, aunque no dejan de ser nota para periódicos y televisoras. Por lo menos  el momento de la muerte ya no se puede ver  en vivo,  salvo por un puñado de testigos.

     Pero la violencia de la muerte en las ejecuciones que hoy circulan libremente por internet se ha vuelto un espectáculo gracias a la tecnología que permite realizar vídeos, fotos y difundirlos indiscriminadamente. Estos vídeos y fotos los delincuentes los usan para enviar mensajes. Pero el efecto va más allá de estos recados sanguinarios, que las más de las veces van dirigidos a  una audiencia muy reducida; impactan de manera negativa a todos los demás que sin ser parte del juego, los ven por curiosidad o morbo.

     El efecto de este teatro macabro deja huella en los espectadores. Algunos  se horrorizan - los más - pero hay quienes gozan con el sufrimiento de otros y lo peor es que  habrá quienes luego intenten imitar ese ejemplo. En ese mundo antihumano de los delincuentes, los verdugos se vuelven estrellas de la muerte, antihéroes de un culto que crece entre  personas sin futuro alguno que buscan en la delincuencia y en sus prácticas la manera de tener éxito en la vida. Para ello anhelan ser las estrellas de estas pesadillas filmadas, sabiendo que quizá así puedan satisfacer sus sueños de grandeza. Nueva forma de vida en donde personas que no han encontrado otros caminos mas que los de la  delincuencia, buscan la riqueza, la exaltación de la fuerza, la voluntad de poder y la violencia. Pero no  como la raza de Señores que quería reivindicar Nietzsche sino como una raza de psicópatas dominada por el odio.

      La desensibilización ante la muerte violenta es un fenómeno que el negocio del espectáculo ha impulsado notablemente. Hollywood y los videojuegos nos han acostumbrado a mirar la violencia como un ingrediente más del entretenimiento. ¿Cuántos asesinatos se filman cada año en las películas que se exhiben en todo el mundo? Pero ahora podemos encontrar muertes reales filmadas por delincuentes y terroristas, no en películas de ficción sino en vídeos que circulan por la red. Con seres humanos asesinados ante cámaras de vídeo cuyas muertes se ofrecen como espectáculo para que espectadores desprevenidos o pervertidos, observen la muerte entre aterrados y entretenidos. 

     Hoy en día,  cada vez más, se buscan espectáculos que tienen que ser aterradores para que entretengan. En los parques de diversiones muchos juegos son populares por el terror que generan. La capacidad de asombro se tiene que ver superada y por eso se busca y se procura cada vez más a la violencia y el alcanzar extremos en las diversiones. Deportes extremos, espectáculos extremos, juegos extremos.

En ésta búsqueda de lo extremo, la muerte como espectáculo adquiere carta de nacionalidad ante los espectadores ávidos de emociones fuertes. Ya no bastan las películas de Hollywood en donde todos saben que son actores y sus muertes fingidas porque así las muertes no cuentan;  o bien, en los vídeo juegos, en donde  los avatares que manipula el jugador, solo son entes virtuales que mueren y renacen para generar puntos en medio de la violencia. Pero entonces hace falta algo más impactante. Hay un mundo ávido de emociones cada vez más fuertes,  entretenimiento extremo en donde su mente se trastornará  sin saberlo.

      El espectáculo de la violencia se ha documentado desde la antigüedad. Un relato estremecedor es el de Michel Foucault que inicia su libro “Vigilar y Castigar.” describiendo el suplicio de Robert François Damiens condenado en 1757 por atentar contra la vida del monarca francés Luis XV. Durante tres páginas Foucault  da cuenta de los tormentos a los que fue sometido Damiens y que duró varias horas. Los tormentos incluyeron el que la mano asesina fuera quemada con azufre. Se le atenazaron pecho, brazos, muslos y pantorrillas. Sobre esas heridas se vertió plomo derretido, cera y aceite hirviendo. Luego se le descuartizó con cuatro caballos intentando arrancarle brazos y piernas que  no cedían hasta que el verdugo las cortó con un hacha. Finalmente aún vivo – según testigos – el tronco fue arrojado al fuego y quemado. Hasta que quedó totalmente reducido a cenizas. Giacomo Casanova, el famoso aventurero y escritor,  presenció horrorizado  el suplicio de Damiens y lo describe en sus Memorias.

     Pero nuestro  siglo XXI está lleno de testimonios de violencia extrema a través de crónicas periodísticas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la descripción con lujo de detalles de  lo que ocurrió una mañana de marzo de 2004 en Irak. Después de la derrota de Sadam Hussein por el ejército americano, lo que siguió fue la sangrienta ocupación de ese país que estuvo  marcada por actos de brutalidad. En su libro “Blackwater”, Jeremy Sachill describe en un par de páginas un incidente donde pierden la vida cuatro mercenarios americanos, empleados de la compañía de seguridad Blackwater. Vigilando a un convoy de transportes, los cuatro americanos son emboscados en la ciudad de Faluya. Dos de ellos iban al frente en un vehículo y dos en la retaguardia del convoy en otro vehículo. Estos automotores no llevaban blindaje y les faltaba una persona que pudiera operar un arma para defenderlos. Al detenerse el convoy en la ciudad, le arrojan una granada al todo terreno trasero y les lanzan ráfagas de ametralladora. Heridos de muerte un grupo llega por el frente de la camioneta y les rocían  de balas sus cuerpos. A uno de los americanos - todavía con vida y suplicando por ella - le arrojaron ladrillos y le saltaron encima hasta que lo mataron. Luego le cortaron un brazo, una pierna y la cabeza y la turba bailaba y gritaba entusiasmada. Los dos que iban al frente intentaron huir pero inmediatamente fueron alcanzados por las balas. A uno de ellos le volaron la cabeza y al otro le llenaron de balas el pecho. Luego trajeron gasolina, rociaron los cuerpos y les prendieron fuego. Los cadáveres carbonizados fueron extraídos para que hombres y niños empezaran a desmembrarlos. Unos golpeaban con las suelas de sus zapatos y otros con cañerías de metal y palas. Una persona se dedicó a patear una cabeza hasta desprenderla del cuerpo. Llevaron dos de los cuerpos arrastrando hasta el puente sobre el Éufrates y colgaron los cuerpos sobre el río. Alguien más ató un ladrillo a la pierna de uno de los muertos y la arrojó por encima de unos cables de electricidad. Horas después descolgaron los cuerpos del puente, les volvieron a prender fuego y lo que quedaba de los cuerpos fue arrastrados en un desfile macabro por Faluya hasta que los arrojaron en un edificio del gobierno.

       En México no solo la crónica cotidiana de los periodistas que arriesgan su vida da cuenta de la violencia extrema que se vive derivada de los enfrentamientos entre bandas de delincuentes y de estos con fuerzas del Estado Mexicano,  sino que además ésta se manifiesta de manera singular en los narco vídeos que se pueden encontrar en internet sin  censura alguna. Decapitaciones, ejecuciones, interrogatorios y torturas entre otros. Cientos de vídeos que se pueden acceder libremente y que gracias a la tecnología se ofrecen para consumo de todo el mundo. ¿Cuantos miles o millones de espectadores habrán visto la violencia que las bandas de delincuentes mexicanos exhiben unos contra otros? Para muestra un botón: un vídeo donde ejecutan a una mujer mediante su decapitación con cuchillo. El criminal  que ejecuta a la mujer despliega una destreza asombrosa y en menos de un minuto desprende la cabeza del tronco. Es todo tan rápido que los ojos de la mujer en la cabeza desprendida intentan ver su cuerpo separado.

      La violencia legítima que ejerce el Estado Mexicano se ha visto gradualmente suavizada gracias al efecto civilizador de nuestros legisladores que, por ejemplo,  hace muchos años abolieron la pena de muerte y crearon leyes e instituciones para defender los derechos humanos. Pero habiendo entre quince y veinte mil muertes violentas al año, el ejercicio ilegal de la violencia a manos de los delincuentes está desbordado. Y no solo su ejercicio sino su exhibición. Si antes las naciones hacían públicas las ejecuciones como efecto disuasorio o como castigo, ahora para los mismos propósitos los delincuentes hacen públicas las ejecuciones gracias a los vídeos y al internet. Inclusive, y a pesar del pacto que se dio entre los medios de comunicación para censurar los mensajes de los criminales, no deja de ser noticia macabra el que aparezcan colgando de puentes,   cadáveres de ejecutados.  El Estado Mexicano ha cedido grandes espacios a la delincuencia, entre ellos el permitir  que estos vídeos sanguinarios  se exhiban sin recato en redes sociales e internet. No hay el pretexto de invocar a la libertad de prensa ya que en su exhibición no hay periodismo legítimo.  Al permitir exhibirse estos vídeos grotescos no solo se premia la impunidad del hecho mismo sino la osadía de mostrarlo abiertamente.

      Lo que ha sido noticia recientemente han sido otras decapitaciones filmadas a todo color y lanzadas para consumo de todo el mundo. Dos periodistas americanos y un ciudadano  británico fueron decapitados también frente a una cámara por miembros del “Estado Islámico de Irak y Siria” (ISIS por sus siglas en inglés).

     Mientras que las decenas de vídeos de decapitaciones de mexicanos no son noticia, por ser comunes, por indiferencia,  por ser nuestro país "violento por naturaleza"  (Es cultural, podría decir alguien) o por ser simplemente personajes anónimos que florecen en el oscuro mundo del narcotráfico y la delincuencia. En el caso de las decapitaciones en algún lugar de Siria, sí han acaparado la atención de todo el mundo. Se trata de conocidos periodistas y además ejecutados por un ciudadano británico con acento londinense. Y es que se puede esperar todo de cualquier delincuente mexicano - y entonces no es noticia - , pero que ocurra una decapitación realizada por un londinense convertido al terrorismo islámico y que se atreva a matar a tres ciudadanos del primer mundo a la vista de todo el planeta, eso sí es de llamar la atención.

     Por lo pronto la muerte de los periodistas ante los ojos azorados del mundo han servido para expandir la guerra contra ISIS y evitar que imponga un califato en esas tierras. Se ha desplegado una  nueva cruzada encabezada por los Estados Unidos pero con participación de países árabes y los americanos encabezan la ofensiva usando aviones no tripulados, proyectiles lanzados a cientos de kilómetros de distancia  para asépticamente destruir a sus enemigos. También el Congreso de ese país ha autorizado el entregarles armas a los enemigos de sus enemigos para reforzar la lucha contra estos extremistas.  Los seres humanos que mueran solo serán "daños colaterales" y los nuevos vídeos que aparezcan levantarán los "ratings" del entretenimiento. Las decapitaciones seguirán y las muertes anónimas víctimas de los bombardeos “dirigidos” a terroristas,  crecerán.

    En México nuestra cosecha de vídeos grotescos seguirá dando cuenta de la violencia que no se abate en nuestro país. Los cuerpos de los torturados y ejecutados por lo pronto serán la materia prima de la que se alimente el morbo, el espectáculo y el odio. Los cuerpos de los desconocidos que ni siquiera alcanzaron foto o vídeo permanecerán en la lista interminable de los desaparecidos.  No cabe duda, nuestra sociedad está enferma.

Bibliografía:

1.   “Blackwater. El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo.” Autor: Jeremy Scahill. Ed. Paidós. Barcelona, 2008.
2.   “Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión.” Autor: Michel Foucault. Ed. Siglo Veintiuno Editores. 35ª edición. México 2008.