7 de noviembre de 2015

EL PROBLEMA ES EL CONSUMO EXCESIVO



Por: Octavio Díaz García de León


      La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en días pasados a favor de otorgar un amparo a 4 consumidores de marihuana lo que les permitirá, de manera legal,    consumir, sembrar, poseer y transportar la misma  con fines recreativos y lúdicos. Este fallo puede llevar hacia la despenalización de la producción, transporte, comercialización y  consumo de esta sustancia en nuestro país y seguir el camino que otros países y algunos estados de la Unión Americana están ya transitando.

      Las drogas fueron prohibidas en México a principios del siglo XX, siguiendo el ejemplo de lo que hicieron nuestros vecinos del norte. Quizá el prohibicionismo nazca de que las drogas alteran el comportamiento de la gente, lo que les impide trabajar (Aunque la cocaína, por ejemplo, tenga el efecto contrario en el corto plazo), pueden causar daños a terceros (Por ejemplo, manejar un vehículo bajo la influencia de una droga y causar accidentes) y afectan la salud,  lo cual las convierte en un problema de salud pública. 
    
    La tentación prohibicionista ha crecido porque se sabe de cada vez más sustancias que ingerimos y que son dañinas. La reacción de los libertarios contra la intervención del Estado tampoco se ha hecho esperar. Cuando  el daño que provocan estas sustancias solo afectan  al individuo, ¿por qué debe el Estado permitir o no su consumo?

      Por otra parte el tráfico  de drogas se ha convertido en un gravísimo problema de seguridad pública que afecta ya incluso la seguridad nacional de nuestro país. Por ello la despenalización de la producción, comercialización y consumo de drogas  se ha propuesto como un remedio contra la violencia y el crimen asociado a este negocio ilegal. 
    
    El problema es que hacerlo en México sin que suceda al mismo tiempo en Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas en el mundo, no erradica el problema del tráfico ilegal de estas sustancias hacia aquél país. Tampoco garantiza que los traficantes actuales que actúan con lujo de violencia y al margen de la Ley, se conviertan, por el hecho de la legalización, en empresarios respetables que  ahora sí acaten las disposiciones que el gobierno dicte al efecto.

      Los problemas de seguridad pública asociados al tráfico de drogas no se van a solucionar con la legalización de las drogas. Aún en mercados donde el consumo y comercialización de sustancias como el tabaco es legal, se presenta el fenómeno de un mercado negro manejado por delincuentes. Acabar con los criminales requiere soluciones policiales eficaces, castigos ejemplares y un estado de derecho que permita acabar con la impunidad.

     Los libertarios tienen razón en parte. El Estado no debe coartar la libertad individual de las personas y la capacidad de decidir lo que es bueno o no para su cuerpo, pero siempre y cuando no afecten a terceros. Existen muchas sustancias que son dañinas al cuerpo: desde las  carnes procesadas, grasas animales y el tabaco que producen cáncer y enfermedades cardiovasculares  pasando por  las bebidas azucaradas que producen diabetes y obesidad, hasta drogas como las metanfetaminas que pueden destruir a las personas. Pero lo que causa daño no es solo la sustancia,  sino la cantidad y la frecuencia con  que se ingiere. El problema es el abuso.  Por lo tanto la solución no es prohibirlas a rajatabla sino moderar y controlar su consumo.

      El  consumo excesivo de estas sustancias se origina por dos vías.  Por un lado su producción se convierte en un buen negocio y entonces los productores impulsan su  consumo mediante enormes campañas de mercadotecnia haciendo que la gente las consuma aún a sabiendas de que causan daño. Las sustancias legales se promueven en medios masivos de comunicación;  las ilegales de una forma personalizada a través de narco menudistas y de forma indirecta a través de películas, novelas o programas de televisión cuando se presentan  como algo deseable. La otra vía es que la mayoría  de estas sustancias causan adicción. En ambos casos sería conveniente la intervención del Estado para moderar el consumo prohibiendo toda la mercadotecnia, encarcelando a  los “empujadores de drogas”, limitando  la producción y controlando  la comercialización.

     Un consumo moderado (Dentro de parámetros médicos) y controlado (En establecimientos especiales)  se podría dar sin afectar a la salud de las personas ni dañar a terceros. Sin embargo no es sencillo racionar el consumo, especialmente si se trata de sustancias adictivas. Es importante respetar la libertad de las personas para que usen estas sustancias; lo que debe combatirse es el consumo en exceso y todo aquello que pueda ocasionar daños a terceros. Se podría entonces legalizar las drogas dentro de ciertos límites de consumo. Quizá se requerirían aparatos como los alcoholímetros para conocer los límites de consumo permisible; quizá se podrían usar mecanismos como el de medicinas con receta para racionar su venta; quizá permitir el consumo solo en establecimientos  controlados; quizá desarrollar áreas de producción muy acotadas.  

       La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abierto el camino para un debate amplio de cómo debemos tratar el tema de las drogas y de otras sustancias que causan daño a las personas cuando son tomadas con exceso. El camino de la prohibición a ultranza no funciona. Se debe explorar el camino del consumo con moderación. Así se podrían conciliar las libertades individuales con evitar el daño a terceros y a la sociedad. _______________________________________________________________

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31 de octubre de 2015

DE SALCHICHAS Y OTRAS HISTORIAS DE TERROR



Por: Octavio Díaz García de León

     Hace unos días la Organización Mundial de la Salud (OMS) causó gran revuelo  al condenar el consumo excesivo de carnes rojas y carnes procesadas por haberse demostrado que aumenta el riesgo de padecer cáncer. El anuncio se prestó a que los memes explotaran en las redes sociales burlándose del anuncio. Y es que son tantos los agentes cancerígenos a los que estamos expuestos, desde los rayos del sol hasta las partículas que respiramos todos los días en las grandes ciudades derivados de lo que desprenden los procesos de combustión en industrias y vehículos, que la reacción fue de burla: todo produce cáncer. Pero no se trata de una falsa alarma o de un exceso de precaución. El estilo de vida que hemos adoptado tiene sus riesgos para la salud. Este estilo de vida poco sano es impulsado por los grandes intereses comerciales que producen estos alimentos;  los riesgos son reales y las estadísticas no mienten.

      El comunicado de la OMS decía que “Los expertos concluyeron que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18%.” El riesgo también incluía el consumo de carnes rojas  (http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/cancer-red-meat/es/).

   En la lista de alimentos a evitar  se encuentran las “carnes procesadas incluyendo  frankfurters (perros calientes/hot dogs/), jamón, salchichas, carne en conserva (corned beef), y cecina o carne seca, así como carne en lata, y las preparaciones y salsas a base de carne.” En cuanto a las carnes rojas estas incluyen “todos los tipos de carne muscular de mamíferos, tales como la carne de res, ternera, cerdo, cordero, caballo o cabra.”

     Estos alimentos  afectan a aquel segmento de la población que tiene el dinero para comprarlos pero no hay que olvidar que en nuestro país conviven dos problemas de salud muy  graves  que muestran las contradicciones de nuestra sociedad. A un segmento de la población no le alcanza su ingreso para consumir una canasta mínima de alimentos, por lo que  padece hambre, mientras que otro grupo de la población padece múltiples enfermedades asociadas con comer mal y en exceso.

     En 2014 el 23.4% de la población, esto es 28 millones de mexicanos estaban en  situación de sufrir “carencia por  acceso a la alimentación” (http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx) que se traduce en  padecer hambre, pues todo su ingreso no alcanza para comprar un mínimo de alimentos. Por ello el gobierno federal lanzó una “Cruzada contra el Hambre”, de la que por cierto, aún falta ver si da resultados.

    El resto de la población come mal y en exceso. Esto se refleja en las estadísticas de mortandad en donde las causas más frecuentes de muerte tienen que ver precisamente por una alimentación inadecuada. Esto se puede apreciar observando cuales son las  enfermedades que más muertes causan cada año en nuestro país y que están asociadas a problemas de alimentación: enfermedades del corazón (109 mil 297), diabetes (85 mil), cáncer (73 mil), enfermedades cerebrovasculares  (31 mil 902), enfermedades del riñón (12 mil) y obesidad (México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos). (http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/cardiovascular/articulos/10-enfermedades-comunes-mexico.html).

     El problema de la alimentación en México tiene entonces dos aristas contrastantes: por una parte el hambre que padecen 28 millones de mexicanos y por otra la mala alimentación del resto. Para los primeros, los programas de gobierno, el desarrollo económico y la solidaridad de los demás podrán ayudar a mitigar esas carencias.  Para los demás, mejor información, campañas de salud y mayor conciencia de los riesgos derivados de una mala alimentación. Pero también serviría la ayuda de los productores de alimentos.

     La producción de carnes, aves y pescados se ha sofisticado y masificado, al tiempo que  las condiciones de vida de los animales y peces que luego se van a sacrificar se han deteriorado de tal manera que podrían representar un riesgo a la salud. En los Estados Unidos ha habido ya denuncias contra las pésimas condiciones de las enormes granjas avícolas  (http://www.care2.com/causes/horrific-conditions-for-factory-farmed-chickens-exposed.html). Además,  el procesamiento y la comercialización de los mismos, requiere el uso de aditivos cosméticos para mejorar el aspecto de los alimentos  y conservadores que, como lo indica la OMS, son los que traen agentes cancerígenos. Como se ha visto con el problema del consumo de bebidas azucaradas, la mercadotecnia que usan las compañías embotelladoras impulsa el consumo de estas bebidas a pesar de  que causan problemas como diabetes y obesidad. Gravarlas con un impuesto puede desestimular el consumo pero no es suficiente. Seguramente este enfoque tampoco funcionaría si se aplicara a las carnes procesadas.

     Los empresarios tienen una responsabilidad al respecto. Más allá de generar ganancias para sus accionistas, tienen obligaciones con la sociedad. Los problemas y daños que causan a los demás con sus productos  también les afectan a ellos y sus familias. La industria de la alimentación podría encontrar negocio ofertando y promoviendo el consumo de alimentos sanos, reduciendo la oferta de proteínas animales, enfatizando las proteínas vegetales, disminuyendo  la oferta de alimentos con altos contenidos de azúcares, carbohidratos y grasas animales y todos aquellos que puedan causar problemas de salud. Por ejemplo, dejar de producir alimentos chatarra.

     Por lo que toca a los consumidores, hay que cambiar los hábitos de alimentación y consumo. No llegar al extremo de convertirse en veganos, como si fuera una nueva religión, sino encontrar satisfacción y salud en la variedad, el balance y la moderación.  
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24 de octubre de 2015

LA LUCHA DE LAS MUJERES


Por: Octavio Díaz García de León

Para las mujeres que han sido parte de mi vida.

Una de las grandes transformaciones de la sociedad en los últimos 60 años es la incorporación masiva de las mujeres a la fuerza de trabajo remunerada, a trabajos más calificados y a posiciones directivas en todos los sectores. La transformación ha tenido un costo importante de carácter personal para las mujeres que se han incorporado de manera  exitosa al mercado de trabajo ante una sociedad que no está preparada para ello.  Porque lo han hecho sin abandonar  los papeles que ancestralmente se les habían asignado y continúan desempeñando de manera cada vez más precaria al aumentar sus responsabilidades fuera del hogar. Los países desarrollados han sido más exitosos en solucionar este cambio de papeles, pero en México el atraso es manifiesto y hace falta resolverlo.

Las mujeres de clase media o alta que crecieron a finales del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX,  por lo general  no tenían más perspectiva que dedicarse a labores del hogar y a la crianza de hijos;  la educación de estas mujeres no pasaba de la elemental y se les enseñaban algunas habilidades que pudieran aplicar a las labores domésticas. La mujer estaba expuesta  a múltiples embarazos en malas condiciones sanitarias; las familias de diez o más hijos eran la norma y tenían que tolerar malos tratos cuando tenían parejas abusivas.  Las religiones  reforzaban estos esquemas de dependencia y tolerancia al abuso (El Islam lo sigue haciendo). Para el Estado,  las mujeres eran prácticamente inexistentes y con derechos casi equivalentes a los de menores de edad.

En las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, el control de la natalidad y un feminismo contestatario ayudaron a romper ese paradigma. La mujer pudo tener relaciones sexuales sin estar sujeta a quedar embarazada ni tener que casarse,  decidiendo el número de hijos que quería. Las familias pasaron de tener en promedio más de  6 hijos a estar formadas por menos de 3. Las opciones educativas pasaron de estudiar para secretarias  a  cursar  carreras universitarias. Por ello y otros factores,  las mujeres tuvieron mayor posibilidad de entrar a una fuerza de trabajo dominada por los hombres,  compitiendo por los mismos puestos de trabajo.

Las cosas han evolucionado positivamente para las mujeres  pero aún hay temas no resueltos. Solo por mencionar dos ejemplos:

Mujeres profesionistas. Aquellas mujeres con trabajo remunerado que  optan por la maternidad tienen que hacer grandes sacrificios y  pagan un precio personal muy elevado. Sufren por no poder estar con sus hijos para educarlos y atenderlos ya que los hijos entre más pequeños, demandan más tiempo de sus mamás, que de sus papás.  Aun cuando tengan quien les ayude con los hijos, se sienten culpables de no estar presentes.  Al mismo tiempo  tienen que mantener el equilibrio con sus parejas al  interesarse por sus actividades,  tratar de ser parte de las mismas y en general tener una relación integral. En el campo profesional tienen que demostrar más capacidad que los hombres teniendo que resistir hostigamiento y discriminación  sexual y  laboral. Todo ello las hace estar en tensión, con el consecuente desgaste físico y emocional. Su gran carencia es la falta de tiempo para ellas mismas ya que todo su tiempo se reparte entre quienes les rodean.

Mujeres en el hogar. Aquellas mujeres que  optan por permanecer en el hogar y formar a los hijos, tienen un trabajo intenso mientras los hijos crecen. Pero una vez que han concluido esa etapa de su vida les cuesta mucho trabajo reencontrar sus otras vocaciones y realizar las demás potencialidades que quedaron latentes. Luego les resulta muy difícil reinsertarse en la fuerza de trabajo en donde la discriminación por falta de experiencia o edad impide que puedan acceder a ella. 

Hace falta cancha pareja para las mujeres. No bastan leyes y buenas intenciones. Se requiere un cambio de mentalidad,  ayudas muy concretas para que la mujer desarrolle su potencial y se dé el tiempo que requiere para sí misma. Se podría empezar  por transformar los papeles  de hombre y mujer desde el hogar al no otorgar privilegios ni deberes  prestablecidos que sean discriminatorios para ninguno de los dos sexos; las escuelas deberán reforzarlo. Los esquemas de trabajo  tienen que cambiar para que los hombres puedan realizar labores en el hogar que antes solo se asignaban a mujeres. Para ello se requiere el trabajo flexible que no requiere presencia en oficinas.

Otro  aspecto es dar facilidades a las mujeres que opten por la maternidad pero no por la crianza de los hijos y que sus parejas tampoco puedan hacerlo. Para ello deberá haber instituciones de la más alta calidad que puedan encargarse, después de la escuela, de la labor formativa que requieren los hijos.  

Si la mujer opta por la maternidad y la crianza, los esquemas de trabajo tienen que ser flexibles al no exigir su presencia en una oficina sino pagarle por el trabajo realizado. Deberán prever también su reinserción al mercado laboral cuando la carrera profesional se haya interrumpido por la maternidad.

Está bien que el gobierno haga la parte que le corresponde pero no esperar de él la solución. Está en manos de la sociedad  dar condiciones que permitan a la mujer desarrollar todo su potencial y que la humanidad  aproveche mejor a la mitad de su población.


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17 de octubre de 2015

LA TELENOVELA DEL CHAPO



Por: Octavio Díaz García de León

     “La Fuga de El Chapo” fue la telenovela favorita este verano y ahora resulta que ya hay  segunda temporada. Pasamos de la película  muda al video con sonido. Recordemos que la primera temporada fue estrenada el día en que el presidente viajaba con numerosa comitiva a Paris. Cuando despertamos al día siguiente,  El Chapo ya no estaba allí.   

     La telenovela mantuvo en vilo a todos. Pronto salieron los videos mudos a la luz y se pudo observar los privilegios que tenía El Chapo, incluida su televisión. Conocimos las entrañas del más famoso túnel que se haya cavado en los últimos tiempos en este país;  la motocicleta que servía para sacar material y condujo a la libertad a El Chapo; las herramientas de trabajo; el hoyo en la regadera; vimos como el delincuente desapareció por allí como por acto de magia; nos  asombramos de la forma como a 500 metros de una instalación militar se pudieron sacar cientos de toneladas de tierra sin que nadie se diera cuenta. Luego vimos desfilar a las más altas autoridades de seguridad del país llegando al extremo de salida del túnel,  como si se tratara de una peregrinación a un  lugar sagrado y sin importar si alteraban la escena del crimen; vimos como a estas personalidades se les mostraba casi con orgullo la obra de ingeniería y como parecían admirados del ingenio del prófugo;  conocimos con detalle los planos ultra secretos de las instalaciones del penal de máxima seguridad y se nos explicó cómo se habían ido perforando las instalaciones sin que nadie se diera cuenta; hubo algunas lágrimas por parte de las autoridades americanas que agregaron emoción a la telenovela; nos tuvieron en ascuas esperando la defenestración de algún alto funcionario, quizá la caída de algún secretario; al final cayeron peces menores y después de meses de espera,   la caída de más alto rango fue la de Don Monte Alejandro Rubido sin mayor explicación.

     Cuando pensamos que no podía agregarse más a la telenovela que no fuera la captura o muerte de El Chapo, surge la segunda temporada de “La Fuga del Chapo”. Ahora, gracias a la difusión de un video con audio,  se vuelve a exhibir la notoria incompetencia o complicidad de los vigilantes de El Chapo,  quienes no escucharon el tremendo ruido que hacía la perforación del túnel. Se llenó la prensa de especulación acerca de los motivos para la filtración del nuevo video: que si fue para perjudicar al CISEN o a la PGR o a la Policía Federal; que si fue para acabar de inculpar a los custodios del penal y a los agentes del CISEN que están ya presos;  que si lo filtró la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. El video dado a conocer sirvió para inaugurar la segunda temporada de la telenovela.

     Más allá del nuevo video, nos enteramos también que El Chapo tuvo  numerosos encuentros conyugales con distintas mujeres (incluyendo a una diputada anónima del PAN) y más visitas de abogados que los que podría tener un juzgado;  todo ello  para el reo más peligroso y en el penal de más alta seguridad de este país.  También supimos  que los americanos vuelan aviones no tripulados con toda libertad en nuestro territorio para buscar a El Chapo y que éste estuvo dos veces a punto de ser capturado por la Marina pero se les escapó.

     Para agregar a la confusión, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que no tenía responsabilidad en estos temas,    (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac.pdf) citó para que les dieran información sobre la fuga,  a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la PGR, de la Comisión Nacional de Seguridad,  del CISEN,  y al secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, quienes acudieron puntualmente a la cita. Ahora,  uno de los miembros de la Comisión Bicameral acusa al ex titular de la CNS de haberles mentido. Parece ser que a los legisladores no les queda claro que la fuga no es un asunto de seguridad nacional o por lo menos no han dicho por qué tratan estos temas como si lo fueran  (http://octaviodiazgl.blogspot.mx/2012/08/que-es-la-seguridad-nacional.html). La confusión no es menor,  pues se sigue involucrando en temas de seguridad pública a las instancias de seguridad nacional tales como a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de  Marina Armada de México y al CISEN quienes actúan en estos asuntos sin tener necesariamente las atribuciones legales.   

      Las telenovelas  entretienen  y distraen como es el caso de esta segunda temporada de “La Fuga de El Chapo”. Pero el problema de la inseguridad no se va a resolver con la captura o muerte de El Chapo, como no se ha resuelto con la captura o muerte de otros capos destacados. El público televisivo se podrá entretener con la captura o la fuga del capo en turno, pero sin cambio de estrategia gubernamental que mejore la seguridad pública, la población  seguirá sufriendo en carne propia el alto número de homicidios, los secuestros, los robos, las extorsiones, el lavado de dinero, el tráfico de armas  y  el trasiego y venta de drogas, que afectan cotidianamente a gran parte de la población de nuestro país. Ojalá esta telenovela no distraiga a las autoridades encargadas de la seguridad pública de su tarea primordial: mejorar la seguridad en el país.


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10 de octubre de 2015

CRUZADA CONTRA LA POBREZA… INTELECTUAL



Por: Octavio Díaz García de León


         Ahora que el gobierno federal instauró un programa para mitigar la falta de alimentos entre la población más pobre,  lo bautizó como “cruzada contra el hambre”.  Si bien la mitad de la población en nuestro país sufre de pobreza material y una proporción  menor de hambre, creo que la pobreza intelectual afecta a casi toda la población a juzgar por los discursos de políticos, la preferencia de la mayoría de la población por entretenimientos televisivos y la falta de lectura de libros.  No será con la creación de la Secretaría de Cultura  como se van resolver las carencias culturales e intelectuales de los habitantes de nuestro país. Hace falta una cruzada nacional contra  la pobreza cultural e intelectual.  

     Algunas evidencias de nuestras  carencias intelectuales  se pueden observar ahora que se ha puesto de moda exhibir en periódicos las mansiones de políticos. Tal es el caso de la supuesta mansión del gobernador Gabino Cué de Oaxaca;  me llamó la atención de esa casa su enorme biblioteca… sin libros. O bien,  los discursos del  nuevo gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez,  en su toma de posesión. Diversos artículos han reseñado la pobreza intelectual de los discursos: uno de Roberto Zamarripa en el periódico Reforma comparando el lenguaje del nuevo gobernador con el lenguaje florido del Piporro: muy apropiado para “la raza” (Ver artículo); y otro artículo  muy simpático de Gil Gamés en El Financiero  quien dice que junto a Jaime Rodríguez, Fox resulta un Demóstenes (Podía haber hecho referencia a un Demóstenes anterior, Luis Echeverría, pero la mayoría de los lectores no había nacido cuando este presidente caía en amplios y floridos excesos verbales) (Ver artículo)

     Quedó muy atrás la época donde políticos mexicanos destacados  podían hilvanar discursos inteligentes y no necesitaban que se los escribieran,  como ahora,  los profesionales de la pluma. No hemos vuelto a tener personajes públicos  de la talla de  Vasconcelos, Gómez Morín, Reyes Heroles o Lombardo Toledano; políticos de  amplia cultura e ideas, autores no solo de grandes discursos sino también de libros y artículos de importancia. Lo lamentable es que quienes escriben los discursos a funcionarios y políticos tampoco parecen ser capaces de articular ideas, citar autores, mostrar algo de cultura, ubicarse en alguna corriente ideológica moderna o algo por el estilo. Hay pobreza de ideas y cultura  hasta en los profesionales de los discursos.

     Platón pensaba que el gobernante debería ser cuidadosamente seleccionado y educado desde la infancia y que al Estado lo gobernasen  reyes - filósofos como lo propuso  en su diálogo “La República o del Estado”. El futuro rey recibiría estricta educación elemental hasta los 18 años, luego dos años de un riguroso entrenamiento físico; quienes superaran este proceso,  tomarían diez años de educación matemática y luego les seguirían cinco años de aprendizaje de la dialéctica;  finalmente tendrían otros quince años de aprendizaje para gobernar . Llegados a los cincuenta años, se escogería entre el mejor de todos al que  sería rey.   Platón desde luego era  enemigo de la democracia y las fallas de su esquema elitista han sido puestas en evidencia por diversos autores.

     Pero estaría tentado a darle la razón a Platón después de ver el tipo de gobernantes que pueden surgir de las democracias: desde Hitler hasta  Chávez y Evo Morales pasando por algunos especímenes locales, todos elegidos en procesos democráticos. Pero no hay que desfallecer de las convicciones democráticas.  No necesitamos déspotas ilustrados sino demócratas ilustrados. Que sepan manejar ideas absorbidas y meditadas mediante  la lectura y el estudio, enriquecidas con el debate y llevadas a buen término mediante ejercicios de gobierno inteligentes.

     Pero no solo es necesario elevar el nivel cultural de los gobernantes; hace falta elevar el de toda la población.  Una cruzada contra la pobreza intelectual podría incluir: el crear bibliotecas de barrio en donde las personas pudieran aportar y pedir prestados libros; pedir donativos para adquirir libros para esas bibliotecas; tener en ellas  libros no solo de papel sin también electrónicos mediante computadoras de deshecho o tabletas baratas. Otra cosa que se podría hacer es crear un programa para repartir en forma masiva tabletas electrónicas exclusivamente hechas para leer libros (como los “Kindle” de Amazon).  Estas tabletas, con su enorme capacidad de memora podrían contener miles de títulos con obras clásicas de la literatura, las principales obras de filosofía, enciclopedias, obras de  matemáticas, física, química, biología, genética y obras referentes a oficios de aplicación práctica. Estas bibliotecas individuales serían más grandes que la mayoría de las bibliotecas personales que existen hoy en día.   Además se podrían actualizar con novedades  periódicamente. Imagínense si en lugar de regalar millones de televisores con el pretexto del apagón analógico se hubieran regalado tabletas así;  hubiera sido una gran aportación a la cultura de este país.

     También se podrían organizar  clubes de lectura y de debates a partir de las bibliotecas de barrio; talleres de novela, poesía, periodismo, pintura, escultura, música y demás artes. A partir de la biblioteca de barrio se podría hacer un mini centro para las artes. Allí se podrían tener tertulias con  personajes relevantes de la comunidad que transmitan conocimientos y estimulen el debate.  

    Elevar el nivel cultural de los mexicanos es tan urgente como elevar su nivel de vida. De hecho,  ambas cosas van de la mano. No se necesita mucho dinero. Solo un poco de imaginación,  ganas y no esperar que el gobierno lo haga todo.
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3 de octubre de 2015

LOS EMPRESARIOS CONTRA LA CORRUPCIÓN



Por: Octavio Díaz García de León
  
     Los gobiernos paternalistas  han acostumbrado a sus gobernados  a esperar que les  resuelvan todo.  En México, que durante tantos años vivió el estatismo, el populismo y el paternalismo gubernamental, la población espera  que el gobierno resuelva todos los problemas. Pocos  se plantean, como lo dijo el presidente Kennedy en su toma de posesión: “No pregunten que puede hacer su país por ustedes; pregunten que pueden hacer ustedes  por su país”.

     Eso sucede con el problema de la corrupción.  Se prefiere dejar en manos de la burocracia y los políticos la solución del problema. Pero dado que la corrupción requiere dos partes,  el que da soborno y el que lo recibe, en este proceso participan de manera fundamental los particulares. Por ello  los empresarios son parte esencial de la  solución.

      El 1 de octubre pasado,  tuvo lugar  en la Cd. de México  un taller llamado “Cultura de la Integridad en México. Combate a la Corrupción.” Organizado por el Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) y su presidente el Dr. Felipe González, del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE),  junto con el Centro para la Empresa Privada Internacional con base en  Estados Unidos. En este taller se reunió un grupo de egresados del IPADE, en su mayoría empresarios,  para compartir ideas acerca de que se puede hacer en el ámbito empresarial, especialmente las pequeñas y medianas empresas (PYMES),  para combatir la corrupción.

     Las grandes empresas siempre tienen más recursos para defenderse de la corrupción aunque en ocasiones ellas mismas la propician (Casos Wal-Mart, Banamex, Oceanografía, HSBC, OHL, etc.).  Pero las PYMES están más a merced de la corrupción, acosadas por  leyes complejas y excesivas,   de las cuales se aprovechan malos funcionarios públicos para obtener un beneficio personal.

     Está claro que la corrupción es mala para los negocios. Primero porque no hay un juego competitivo justo; gana el que coyunturalmente tiene el contacto con un funcionario corrupto. Segundo, porque los empresarios que obtienen beneficios temporales corrompiendo a funcionarios públicos, dañan a la comunidad y se dañan ellos mismos. Por ejemplo, los precios excesivos que se pagan por bienes y servicios públicos obtenidos a base de corrupción los pagan los causantes de impuestos. No le sale más caro al gobierno. Le sale más caro a quien paga impuestos. Así,  la corrupción,  aunque parece beneficiarlos en el corto plazo, va deteriorando el ámbito público y de negocios en el que todos salen perjudicados. Además  alimenta a una burocracia a la cual nunca le alcanza el dinero y siempre requiere más impuestos o deuda  para gastar más.

     Durante el taller surgió el tema de la extorsión en contraste con el soborno. Digamos que son dos caras diferentes de la corrupción: cuando hay soborno de por medio se trata de un acuerdo de voluntades. En el caso de la extorsión es una voluntad la que se impone a la otra por la fuerza. Las soluciones a ambos problemas son diferentes. Para evitar el soborno, se requiere una cultura de integridad que empieza por el particular que evite corromper al funcionario público. Para el problema de extorsión se requiere que haya un estado de derecho donde el particular pueda denunciar la extorsión y la autoridad castigue al delincuente. Los funcionarios públicos  extorsionadores  no son diferentes a la delincuencia organizada que exige por ejemplo, derecho de piso. Para erradicar este delito se  requiere que el Estado ofrezca seguridad a los particulares y si no la da,  se le debe exigir.

    Una de las propuestas del Taller es que dado que los pequeños y medianos empresarios difícilmente pueden incidir de manera individual contra la corrupción, lo podrían hacer de manera colectiva. Ya sea a través de sus cámaras y asociaciones o bien en coaliciones específicas para combatir la corrupción, como ocurre en  países como Tailandia o Colombia. Para incidir contra el soborno existen   herramientas como los pactos para la transparencia y los pactos de integridad, entre otras. Algunas ideas que podrían ayudar a los empresarios a  combatir la corrupción por soborno podrían ser:

1.    Manifestar abiertamente al interior y hacia el exterior que sus empresas no pagan soborno bajo ninguna circunstancia.
2.    No disfrazar a los sobornos como cortesías hacia clientes y funcionarios.
3.    Pedir a sus empleados clave que manifiesten sus conflictos de interés.
4.    Tener un código de conducta que guíe a sus empleados.
5.    Capacitar a sus empleados en los programas de combate a la corrupción.
6.  Desarrollar sistemas y controles a través de un gobierno corporativo profesional aunque sean empresas muy pequeñas.

     Para incidir contra la extorsión, la acción colectiva tiene que orientarse a presionar a las autoridades para que proporcione un auténtico estado de derecho; que se combata por igual a los delincuentes que secuestran, roban o piden derecho de piso así como a las autoridades corruptas que extorsionan.

     La iniciativa del CIGE del IPADE es una buena noticia. Para combatir la corrupción, está bien exigirle al gobierno que haga su parte, pero el sector privado no se puede quedar con los brazos cruzados a que los políticos produzcan resultados. La iniciativa de particulares y empresarios hará la diferencia en esta lucha. Ojalá que las cámaras y asociaciones empresariales de todo el país  tomen nota y participen en esfuerzos como las que la  Universidad Panamericana realiza a través del IPADE y del CIGE.

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26 de septiembre de 2015

LO QUE CUENTA SON LOS RESULTADOS



Por: Octavio Díaz García de León
  
     Los candidatos ganadores a puestos de elección popular prometen cosas atractivas, importantes, novedosas;  el electorado cree que lo irán a cumplir y votan por ellos. Pero como todos sabemos, es más fácil prometer que llevar a cabo lo prometido. Como dijo el ex congresista americano Tip O’Neill “Es más fácil postularse para un puesto que ejercer el puesto” (Citado por Michael Barber en su libro “Como Gobernar” (Ver artículo)). Muchos gobiernos fracasan a la hora de querer cumplir lo prometido (Si son serios). El ex primer ministro ruso Víctor Chernomyrdin  dijo “Tratamos de hacer mejor las cosas, pero todo salió como siempre.” (Citado por M. Barber). Frase que una gran cantidad de nuestros gobernantes hubieran podido hacer suya.

    En el libro antes mencionado,  el autor dice que aún en países  relativamente bien gobernados, el gobierno es ineficaz e ineficiente lo cual tiene un enorme impacto  negativo en la economía de esos países;  además  hace que los ciudadanos estén menos dispuestos a pagar impuestos, los vuelve escépticos de los gobiernos en general y en el peor de los casos,  incluso los hace  dudar acerca del valor de la democracia. ¿Suena conocido? Basta ver los resultados de la más reciente encuesta de Latinbarómetro 2015 publicada en el periódico Reforma este 26 de septiembre y en donde solo 19% de los mexicanos están satisfechos con la democracia, cuando el promedio en la región anda en un 37%. 

     ¿Por qué los gobiernos no dan resultados? Hay muchas razones: no tienen claridad en los objetivos o simplemente no tienen objetivos; son incapaces de  fijar metas realistas; no pueden medir los avances y no saben si se cumplieron las metas. Esto se debe a que no hay los directivos con las capacidades y habilidades gerenciales necesarias para conducir a organizaciones tan complejas como son las instituciones de gobierno. Además, al no haber rendición de cuentas, no existen consecuencias  ante la falta de  resultados por lo que tampoco hay incentivos para cumplir.

     En la iniciativa privada los resultados se tienen que dar por necesidad. De otra forma, a menos que sean empresas protegidas por el gobierno, no podrán competir y estarán condenadas a desaparecer del mercado. Por ello hay excelentes escuelas de negocios por todo el mundo preparando futuros líderes empresariales. En México,  el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) hace énfasis no solo en las técnicas de la administración sino, como su nombre lo indica, en la dirección,  lo cual le da la debida importancia a la dimensión humana de cualquier institución  ya que las organizaciones están hechas de hombres y mujeres a las que hay que conducir para lograr resultados. Escuelas así escasean para el sector público y sus egresados rara vez llegan a la cúspide de los gobiernos.

    Los políticos prefieren colocar en los niveles más altos de sus administraciones,  en el peor de los casos a sus amigos sin importar sus capacidades y en el  mejor de los casos a personas de una alta especialidad técnica, a veces con doctorados en las mejores escuelas del mundo. Por lo general, ninguno de los dos grupos sabe dirigir personas.  

     Por ello es muy frecuente encontrar funcionarios del más alto nivel sin las necesarias capacidades gerenciales. Esto se manifiesta, por ejemplo, en los horarios de trabajo absurdos que tienen algunos. Empiezan a las 7 de la mañana y terminan a las 2 o 3 de la mañana del día siguiente, incluyendo sábados y domingos. Lo único que demuestran estos horarios es  su incapacidad para ser líderes, delegar tareas y responsabilidades a sus equipos de trabajo, descentralizando la toma de decisiones y empoderando a niveles más bajos de su organización. En otras palabras, no saben dirigir. 

     Los casos son bastante patéticos para ciertas administraciones que  se llenan de este tipo de funcionarios “trabajo adictos” con el consecuente desgaste para ellos en su vida personal llegando a destruir a sus familias,  pero además,  sin capacidad para dar resultados. Sus colaboradores se frustran al no poder tomar decisiones,  no realizan un trabajo significativo sino solo subordinado,  sus horarios de trabajo son inútilmente  largos y sus jefes se convierten en enormes cuellos de botella.  

     Ante la falta de resultados que aqueja a tantos gobiernos del mundo, se ha venido tomando la experiencia que M. Barber describe en su libro,  para tratar de que los gobiernos cumplan lo que se proponen. En Gran Bretaña y otros 58 países, de acuerdo con datos del Banco Mundial,  se han creado “Unidades para Dar Resultados” o “Unidades de Implementación” emulando la que se creó en el gobierno de Tony Blair en Gran Bretaña y que encabezó Michael Barber.

    En México, plagado de reformas legislativas, proyectos faraónicos y ocurrencias de todo tipo, sería muy provechoso que se creara una Unidad similar para enfocar los esfuerzos del gobierno a unas cuantas prioridades y se asegurara de llevarlas a cabo. Aquellos gobiernos que den resultados podrían pasar a la historia como verdaderos benefactores del  país y en una de esas hasta sus partidos podrían repetir en el poder de una manera legítima y no a través de la compra de votos. Perder de vista que lo importante de gobernar es ofrecer resultados,  es condenar al país a un gatopardismo permanente en donde todo cambia para seguir igual… hasta que la gente se canse.


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19 de septiembre de 2015

UN ESCENARIO POPULISTA PARA EL 2020



Por: Octavio Díaz García de León


     Hay libros que sacuden la conciencia de amplios segmentos de la población. En Francia causó conmoción la publicación de la novela “Sumisión” de Michel Houellebecq justo el 7 de enero de 2015, día del atentado cometido por terroristas islámicos contra el semanario Charlie Hebdo que costó la vida a 12 personas e hirió a otros 11. La novela presenta un escenario donde un partido político islamista toma el poder en ese país y va  transformando a Francia en un país musulmán con la consecuente pérdida de libertades individuales, el sometimiento a las costumbres misóginas de esa religión, el abandono del laicismo y la represión por motivos ideológicos, entre otros efectos. El libro tocó una fibra sensible tanto en aquellos franceses que temen que efectivamente eso pueda suceder como en aquellos que lo sintieron  un ataque  contra las minorías musulmanas de ese país.

     En México, tan acostumbrados a que ocurran  tragedias, un novelista tendría que esforzarse para encontrar un tema  que causara verdadero desasosiego. Por ejemplo: convertirnos en una narco república; sufrir una invasión de un Estados Unidos presidido por Trump; recibir un ataque de Guatemala reclamando a Chiapas; padecer un terremoto que devastara la ciudad de México de nuevo; surgir una  pandemia de  virus aviar que acabase con la décima parte de la población. Para efectos de este artículo no vayamos tan lejos.

     Supongamos que estamos en  enero de 2020. Desde finales de 2015  creció el desencanto con el gobierno en general por su impotencia ante los problemas de inseguridad,  por una corrupción rampante, la ingobernabilidad en ciertos estados, la mayor violencia de la delincuencia organizada y una economía en franco decrecimiento. La población atribuía los problemas no solo al gobierno sino a los partidos políticos.

     Por ello no fue de extrañarse que en 2016 surgiera un candidato independiente asociado al zapatismo, con un discurso  que empezó a serle atractivo a las masas. Prometía muchas cosas: repartir la riqueza de los que más tienen; ayudar a los pobres con dádivas directas; instaurar un seguro de desempleo muy generoso;  que el gobierno diera empleo a millones de desempleados; “nacionalizar” bancos, transporte aéreo, afores y dar marcha atrás a la reforma energética; recuperar la seguridad con mano dura; meter a los corruptos a la cárcel sin juicio. Sus promesas eran más radicales que las de otros políticos,  pero el personaje tenía un enorme carisma, usaba un lenguaje bronco, retador, insultante,  que recogía muy bien las frustraciones de la población.  

     En las elecciones de julio de 2018, los partidos políticos, desconectados del electorado, presentaron candidatos poco atractivos: el PRI, a Manlio Fabio Beltrones; el PAN,  a Rafael Moreno Valle;  el  PRD,  a Jesús Ortega; MORENA, a López Obrador;  El PVEM,  a Arturo Escobar; Movimiento Ciudadano,  a Enrique  Alfaro. Entre todos ellos solo  obtuvieron el 48% del voto emitido. El candidato independiente ganó con un 52% del voto lo que le daba un claro mandato. En el Congreso las cifras fueron parecidas y los candidatos  asociados con el candidato independiente lograron mayoría. Lo mismo ocurrió con las gubernaturas en juego.

      A partir de diciembre de 2018 el nuevo presidente empezó a cumplir sus  promesas apoyándose en un gasto desmedido que pronto desquició las finanzas públicas.  De tal forma que para enero de 2020, gracias a su control del Congreso,  ya había logrado: volver a estatizar todo aquello que se había abierto a la inversión privada en el sector de energía; nacionalizar la banca ante la fuga de capitales; quitar la autonomía al  Banco de México e imponer el control de cambios; “nacionalizar” los fondos de las Afores pasando a ser del gobierno dichos recursos; estatizar las líneas aéreas y las empresas de telecomunicaciones; desaparecer a los partidos políticos y con ello al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  ante el regocijo de la gente; quitar la autonomía a todos los órganos del estado que la tenían, despareciendo a algunos como el IFT y la COFECE.

     En consecuencia,  para cubrir el enorme gasto social que impulsó, la deuda externa superó al 100% del PIB; sin las trabas de un Banxico autónomo, la inflación se disparó a más del 120% anual; hubo una  salida masiva de capitales y de las personas con capital suficiente  para ser admitidas en otros países. Hubo muchas otras consecuencias que sería largo de enumerar pero que ustedes imaginan.  Ello provocó descontento en las clases alta y media alta  por el caos económico,  pero gracias al reparto de dinero y los programas asistenciales, el resto de la población aceptaba sumisa al nuevo presidente. Las fuerzas militares se mantenían leales al gobierno legítimamente elegido.

     Si piensan que estoy describiendo un panorama descabellado, recordemos que  la situación descrita era similar a la vivida en la década de los setenta y ochenta del siglo pasado.

     Este escenario no debe estar tan errado porque recientemente el presidente Peña dijo que había que combatir al populismo. Su reto será hacerlo no en el terreno electoral, sino en los hechos de gobierno. Ya nos demostró la elección en Nuevo León que en pocos meses puede surgir un candidato independiente que catalice el descontento de la población contra gobiernos y partidos corruptos.  Si para los franceses un escenario  preocupante es caer en manos de un gobierno islamista, para México un escenario desastroso sería regresar al populismo.
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12 de septiembre de 2015

RETOS DE LA REFORMA ENERGÉTICA



Por: Octavio Díaz García de León
  
      La reforma energética  ha sido quizá la acción de gobierno más trascendente  desde la firma del Tratado de Libre Comercio para Norteamérica (TLCAN) en 1993.  El sector de energía no había tenido una acción de tanto impacto  desde la estatización de la industria petrolera en 1936 y  de la industria eléctrica en 1960. Pero estos cambios legales solo son un  mapa de ruta. Llevarlos a su destino dependerá de quienes trabajan en dichas industrias.

     El gobierno del presidente Peña fue capaz de retomar e impulsar una iniciativa que propiciara la apertura en los mercados de la energía, a pesar de que su partido la había rechazado durante los 12 años anteriores. Esto es explicable pues dicha reforma era parte integral de la agenda liberal del PAN y de algunos sectores modernos del PRI pero iba en contra de la  tradición estatista que los sectores más conservadores del PRI, así como el PRD, habían defendido por años. Parecía también conveniente hacer fracasar una reforma de esta trascendencia en los gobiernos del PAN para luego impulsarla como uno de los logros más grandes del PRI.  Para ello,  se podía contar con el apoyo del PAN para pasar esta reforma tan cercana a sus convicciones tal y como ocurrió con el TLCAN.

     Otras fuerzas a favor de la reforma encarnaban en el sector privado local pero especialmente en  los intereses de negocios extranjeros, en una época en que el precio del petróleo alcanzó niveles sumamente altos y con el desarrollo de tecnologías como el “fracking” que hicieron viables la explotación de hidrocarburos de muy difícil acceso. También ayudó el que la producción de petróleo en nuestro país fuera en picada, el que ya no hubiese dinero para desarrollar nuevos campos petroleros, el que la corrupción de los líderes sindicales se volviera menos tolerable y que las ineficiencias tanto de CFE como de PEMEX le estaban  ya costando al país demasiado al ser un tremendo lastre para las finanzas públicas debido a los enormes pasivos laborales con que cargan dichas empresas y los costos excesivos de producción.

     La reforma comprendió la expedición de nueve  leyes y reformas a otras doce leyes,  acompañadas de la emisión  de  otras disposiciones normativas. El 20 de diciembre de 2013 se publican las modificaciones a los artículos 25,  27 y 28 constitucionales y entre julio y agosto de 2014 las leyes secundarias.

    Estas modificaciones pretenden que se realice una transición  hacia la apertura de los mercados y la competencia al pasar de ser el Estado Mexicano quien tenga el monopolio de la industria de hidrocarburos y la industria eléctrica hacia mercados donde participe la iniciativa privada. Esta reforma no contempló  la privatización de las dos empresas más grandes del estado mexicano (tabú intocable) pero deberán volverse competitivas si desean sobrevivir en el largo plazo.
 
     Por lo pronto las reformas no pretenden que  se desplomen estas empresas súbitamente,  sino que proveen para un aterrizaje que puede tomar décadas. La reforma incluye la creación o el fortalecimiento de organismos regulatorios que seguirán protegiendo a esas empresas a la vez que traten de ir abriendo estos mercados.
    
    También se está evitando cometer los errores que se dieron con la privatización de Teléfonos de México  en el  sexenio del presidente Salinas de Gortari, empresa a la    que se le permitió continuar siendo prácticamente un monopolio privado y que ha impedido que  20 años después termine la apertura en el mercado de  telecomunicaciones.

     Pero hay un reto extraordinario en la transformación de PEMEX y CFE. Las reformas por sí mismas solo son mapas de ruta.  Los cambios en la industria no se dan por decreto; se dan gracias a  la evolución de sus trabajadores. Tendrán que volverse eficientes, orientarse a que su empresa sea rentable,  evitar el desperdicio,  modernizar todos sus procesos,  actuar de manera ética erradicando la corrupción y los conflictos de interés que los han plagado y encargarse de cuidar a sus empresas que ahora deben caminar cada vez más  sin el sostén del gobierno. Requiere un cambio de actitudes, de lenguaje, de cultura, que implican  enormes sacrificios. Requiere pasar de ser trabajadores “derechohabientes” de las empresas estatales a ser contribuyentes esenciales al buen desempeño de las mismas.

     Cambiar la mentalidad de cerca de 250,000 trabajadores representa una enorme  transformación institucional y desafortunadamente no hay leyes que provean el  liderazgo  requerido. Este tiene que venir de las personas que integran sus Consejos de Administración, de  sus directores. Pero el primer problema que tienen estas empresas es que sus sindicatos tienen más fuerza que la gerencia ¿Cómo se puede impulsar un cambio si el liderazgo para hacerlo no se encuentra en los directivos de las empresas? Tampoco se le puede pedir al sindicato que actúe contra sus intereses y de sus agremiados. Por el contrario, serán una dura oposición a los cambios que requieran sacrificios.

    El gobierno federal no debe olvidar que el fracaso o éxito de la reforma energética y la sobrevivencia de PEMEX y CFE pasan por tomar en cuenta al factor humano que es el  que lo hará posible. Me pregunto si los trabajadores de estas empresas están convencidos de abrir sus mercados, enfrentarse a una competencia formidable, renunciar a sus comodidades  y contribuir genuinamente al éxito de sus empresas; si aunado a esto habrá el liderazgo de los directivos para conducir con éxito el cambio;  o bien, si todo quedará en buenos deseos.
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5 de septiembre de 2015

GUATEMALA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN


Por: Octavio Díaz García de León

     El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina,  fue encarcelado el pasado jueves 3 de septiembre. Después de quitarle el fuero político, ordenar su arresto y presentar su renuncia, el jueves ya durmió el ex presidente en la cárcel. ¿Cómo es posible que un país con instituciones débiles, con una oligarquía que históricamente ha dominado ese país con impunidad, con una historia de dictaduras, guerras civiles, abusos a los derechos humanos, pobreza extrema y otros problemas que superan a los nuestros, tenga la posibilidad de destituir a un presidente y enjuiciarlo por corrupción?

     Nuestro vecino del sur es un perfecto desconocido para la mayoría de los mexicanos. Acostumbrados como estamos a mirar al norte, Belice y Guatemala nos pasan desapercibidos. Con Guatemala compartimos una enorme frontera totalmente porosa de 960 km y una historia que nos hermana desde los tiempos prehispánicos. En Guatemala, Chiapas y la península de Yucatán floreció la civilización maya; una vez  lograda la independencia de España,  Guatemala fue parte del Imperio Mexicano por un corto tiempo; y Chiapas era parte de ese país hasta que decidió anexarse a México. Guatemala cuenta con 15 millones de habitantes;  un ingreso per cápita de $5,300 dólares (En México es de $17,300 Dlls.). País de paisajes hermosos y pobreza lacerante, tiene una joya colonial, la Antigua Guatemala, destruida por un terremoto y hoy convertida en hermoso centro turístico.

      Los problemas de corrupción en Guatemala son añejos, como lo son en nuestro país. De hecho, Guatemala es vecino de México en la clasificación que hace Transparencia Internacional en esta materia ya que ocupa el lugar 115 de 175 países con una calificación de 32/100  mientras que México está en el 103 de 175 con 35 de calificación.

      Pero mientras en nuestro país seguimos discutiendo una posible reforma anticorrupción (Faltan todas las leyes secundarias) y que, de llevarse a cabo, sus efectos se verán quizá para el próximo sexenio, en Guatemala han sido capaces de llevar el combate a la corrupción hasta el nivel más alto del gobierno de ese país.

     Gracias a una investigación llevada a cabo por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la fiscalía de esa nación, el pasado 16 de abril  se puso al descubierto una enorme red de corrupción en el gobierno que lucraba con los aranceles  que se cobran en las aduanas de  ese  país. La red de corrupción llegaba hasta el presidente Pérez Molina y primero le costó el puesto a la vicepresidenta Roxana Baldetti, luego gran parte del gabinete renunció y finalmente cayó el presidente. Todo esto fue acompañado de un enorme movimiento de protesta social pacífica,  que movilizó a decenas de miles de personas de clase media, quienes manifestaron su rechazo a los enormes niveles de corrupción que alcanzó el gobierno de ese país.

   ¿Qué es y cómo le hace la CICIG para combatir la corrupción a tan alto nivel? (Ver Nota) La CICIG fue formada mediante un acuerdo de la ONU con el gobierno de Guatemala y recibe apoyo financiero y técnico internacional. Es un órgano internacional independiente creado en el 2007 para auxiliar  al Ministerio Público, a la Policía Nacional, así como a otras instituciones guatemaltecas a través del  apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos de alto impacto.  Está formada  por un equipo humano internacional y opera dentro del marco legal y del sistema de justicia del país. El mandato de dicho organismo es investigar  la existencia de cuerpos ilegales de seguridad que cometen delitos contra los derechos humanos y  sus vínculos con funcionarios del Estado; desarticularlos, perseguirlos y sancionarlos;  y hacer recomendaciones al gobierno de Guatemala para la adopción de políticas públicas que ayuden a erradicarlos.

     Sin embargo, ha ampliado su actuación para investigar otros casos de alto impacto, por lo que la CICIG también combate ilícitos tales como:  el contrabando y la defraudación fiscal; la corrupción en el sector público; el financiamiento de partidos políticos y las campañas electorales; la corrupción judicial;  y el narcotráfico y lavado de dinero. Además del caso más reciente que le costó el puesto al presidente Pérez Molina, ha llevado otros casos de muy alto impacto.

     México ha optado por una reforma anti corrupción que pretende fortalecer cuatro instituciones del Estado Mexicano: una secretaría de estado  dedicada al control interno, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción.
   
    Sin embargo,  dado el éxito que ha tenido con nuestro vecino del sur, no estaría demás considerar la incorporación en México de un cuerpo internacional formado  por la ONU, similar al de Guatemala,  que cuente con las capacidades técnicas de investigación, personal internacional capacitado, recursos y sobre todo autonomía e independencia de actuación para  que auxilie a las autoridades mexicanas en la persecución de casos de alto impacto que pudieran involucrar a los niveles más altos de los tres órdenes de  gobierno y de los tres poderes.

    Con ello se daría mayor eficacia y credibilidad a las investigaciones por tratarse de un organismo anticorrupción internacional que actúe con imparcialidad y sin conflictos de interés. Ahora que es un clamor popular en nuestro país el combate a la corrupción, vale la pena estudiar y adoptar mejores prácticas en la materia como es el caso de la CICIG en Guatemala.
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