COMBATIR LA CORRUPCIÓN EL PRÓXIMO SEXENIO

TODO TERRENO

         

Por: Octavio Díaz García de León.

    La idea:  El presidente electo anunció que la nueva secretaria de la Función Pública será la Dra. Irma Eréndira Sandoval quien, además, será responsable del combate a la corrupción. Uno de los enormes retos que se han propuesto es hacer que México pase del lugar 135 de 180 países al lugar 8 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI).

    Para ello en su Proyecto de Nación 2018-2024, AMLO propuso 26 acciones anticorrupción y hace poco anunció 50 medidas de austeridad y anticorrupción (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/07/cincuenta-sombras-de-amlo.html). La próxima secretaria ha indicado más recientemente que se concentrará en 5 líneas de acción.

   Las líneas y algunos comentarios a las mismas son:

    Austeridad republicana. Se sigue insistiendo en el recorte de salarios de la alta burocracia siendo que el grueso del gasto innecesario está en los privilegios de los sindicatos, el exceso de personal en algunas áreas del gobierno federal, proyectos  tipo “elefantes blancos” y otros gastos que son puro desperdicio.

Además, reducir los salarios de los altos mandos no genera grandes ahorros y presenta riesgos de corrupción al incentivar a ciertos funcionarios a complementar sus ingresos mediante actos ilegales. 

   Conflicto de interés.  Es muy necesario se combatan estas prácticas por lo que se tendrá que dar un nuevo impulso a las medidas desarrolladas en la reforma anticorrupción de 2015.  

Por otra parte, las nuevas declaraciones patrimoniales inundarán de información a las autoridades, la cual difícilmente servirá  para prevenir conflictos de interés. Para ser eficaces en este rubro, se requieren labores de inteligencia.

   Transparentar recursos. La idea es  usar tecnología para saber en qué se gasta el dinero público tal como la blockchain. Pero no basta disponer de la información en tiempo real.

Por ejemplo, en materia de transparencia y acceso a la información, ha faltado más participación de la sociedad debido a que el lenguaje burocrático es muy complejo y se requieren especialistas para entenderlo y poder identificar actos de corrupción. Se necesitan desarrollar esas capacidades entre la sociedad.

    Flujos financieros ilegales. Combatir este fenómeno es clave ya que la forma más eficaz de combatir la corrupción es seguir la huella del dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP tiene las herramientas para detectar esos movimientos y con el auxilio de la información patrimonial que tendrá la SFP podrán identificar actos de corrupción. (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/02/una-propuesta-anticorrupcion.html). Las herramientas están allí, lo que hace falta es aplicarlas en el combate a la corrupción.

    Combatir la impunidad. Este es un aspecto clave para darle credibilidad a cualquier política anticorrupción. Para ello habría que impulsar reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que además de ser muy garantista, adolece de fallas como ya se ha expresado en muchos foros. Urge se modifique la Ley y otras disposiciones legales inadecuadas que están abriendo aún más las puertas de la impunidad.

   La Dra. Sandoval enfrentará un gran reto en un ambiente complejo. Si bien las estrategias mencionadas son pertinentes, son insuficientes y falta aterrizarlas. Llama la atención que no mencione para nada al Sistema Nacional Anticorrupción. Habría que ver si entra en los planes de la nueva administración.

    Si la idea es que México pase del lugar 135 al lugar 8, en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) la calificación tendrá que aumentar de 29 (100 es sin corrupción) a 88 y colocarnos al nivel de Holanda y Gran Bretaña. Para lograr eso hay que entender cómo se calcula el Índice y ver si las medidas funcionarán. Además, si se logra, no implica que se acabará con la corrupción, sino con la percepción de la misma (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2016/09/el-reto-de-medir-la-corrupcion.html).

    La Dra. Sandoval distingue entre la pequeña corrupción, la de la mordida o soborno en pequeña escala y la corrupción estructural, la gran corrupción que se da en obras públicas y grandes adquisiciones en donde encajan los casos como el de Odebrecht (https://adnpolitico.com/presidencia/2018/08/08/vamos-contra-los-aviadores-no-contra-los-buenos-burocratas-irma-sandoval). Sobre la pequeña corrupción dice la Dra. Sandoval que quizá nunca se acabe y que la que realmente se debe combatir es la estructural.  

    Un problema con este enfoque es que el IPC recoge lo que las personas perciben como corrupción, que suele ser la cotidiana e inmediata. Si lo importante es mejorar la calificación de México en el IPC, no bastará con acabar con la corrupción estructural ya que en su mayor parte es invisible para el público, por sofisticada y clandestina.

    La que sí se ve, es la pequeña corrupción y esa es la que eleva la percepción de corrupción junto con las noticias sobre casos notorios. Sin embargo, es factible combatirla quitando trámites de ventanilla y estableciendo sistemas de monitoreo tecnológicos que desincentiven los actos de corrupción, por lo que no se deberá descuidar.(https://octaviodiazgl.blogspot.com/2016/10/una-estrategia-anticorrupcion.html)

   La Dra. Sandoval tendrá un gran reto no solo al asumir el mando en la Secretaría de la Función Pública sino en reducir la corrupción e incidir en la calificación de México que emite Transparencia Internacional.

    La experiencia de las últimas décadas muestra que la corrupción no ha disminuido a pesar de todos los esfuerzos y mejorar la calificación en el IPC es algo que ya se ha intentado antes, sin éxito. Ojalá que la Dra. Sandoval tenga una muy buena gestión, por el bien del país.

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¿SE PODRÁ REDUCIR LA CORRUPCIÓN?

LA SILLA ROTA

        

Por: Octavio Díaz García de León.

     La idea:  El presidente electo anunció que la nueva secretaria de la Función Pública será la Dra. Irma Eréndira Sandoval quien, además, será responsable del combate a la corrupción. Uno de los enormes retos que se han propuesto es hacer que México pase del lugar 135 de 180 países al lugar 8 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI).

    Para ello en su Proyecto de Nación 2018-2024, AMLO propuso 26 acciones anticorrupción y hace poco anunció 50 medidas de austeridad y anticorrupción (Ver artículo). La próxima secretaria ha indicado más recientemente que se concentrará en 5 líneas de acción.

   Estas líneas son (Reforma 24 de agosto):

    Austeridad republicana. Orientada a fomentar el respeto a los derechos humanos, contempla reducir salarios a la alta burocracia y eliminar derroche.

     Combatir el conflicto de interés de los funcionarios.

   Transparentar el ejercicio de los recursos públicos, usando nuevas tecnologías para comprobar en tiempo real, el manejo de dinero público y figuras innovadoras de vigilancia ciudadana.

    Combatir la corrupción a través de flujos fiscales y financieros. La idea es evitar que salga el dinero del país.  Este tema lo llevará la Secretaría de Hacienda.

    Combatir la impunidad de los casos de corrupción. Se promoverán sanciones efectivas contra los responsables.

   La Dra. Sandoval sin duda enfrentará un gran reto en un ambiente complejo. Si bien las estrategias mencionadas son pertinentes, quizá no sean suficientes. Llama la atención que no mencione para nada al Sistema Nacional Anticorrupción. Habría que ver si entra en los planes de la nueva administración.

   Si la idea es que México pase del lugar 135 al lugar 8, la calificación tendrá que pasar de 29 (100 es sin corrupción) a 88 y colocarnos al nivel de países como Holanda y Gran Bretaña en el IPC. Para lograr eso hay que entender cómo se calcula el Índice para ver si las medidas propuestas funcionarán. Además, si se logra, no implica que se acabará con la corrupción, sino con la percepción de la misma (Medir la corrupción).

     La Dra. Sandoval distingue entre la pequeña corrupción, la de la mordida o soborno en pequeña escala y la corrupción estructural, la gran corrupción que se da en obras públicas y grandes adquisiciones en donde encajan los casos como el de Odebrecht (Entrevista). Sobre la pequeña corrupción dice la Dra. Sandoval que quizá nunca se acabe y que la que realmente se debe combatir es la estructural.  

   Un problema con este enfoque es que el IPC recoge lo que las personas perciben como corrupción, que suele ser la más cotidiana e inmediata. Si lo importante es mejorar la calificación de México en el IPC, no bastará con acabar con la corrupción estructural ya que en su mayor parte es invisible para el público, por sofisticada y clandestina.

    La que sí se ve, es la pequeña y cotidiana y esa es la que eleva la percepción de corrupción junto con las noticias sobre casos de corrupción notorios. Sin embargo, es factible combatir la pequeña corrupción quitando trámites de ventanilla y estableciendo sistemas de monitoreo tecnológicos que desincentiven los actos de corrupción, por lo que no se deberá descuidar. (Estrategia anticorrupción)

   En cuanto a los ejes propuestos:

    Austeridad republicana. Se sigue insistiendo en el recorte de salarios de la alta burocracia cuando el grueso del gasto está en los privilegios de los sindicatos y el exceso de personal en algunas áreas del gobierno federal. Esta medida también presenta riesgos al incentivar a ciertos funcionarios a complementar sus ingresos mediante actos de corrupción. 

Conflicto de interés.  Es muy necesario se combatan estas prácticas por lo que se tendrá que dar un nuevo impulso a las medidas desarrolladas en la reforma anticorrupción de 2015, para hacerlas efectivas.

Transparentar recursos. La idea de usar tecnología para saber en qué se gasta el dinero público es muy interesante. Existen tecnologías como la blockchain que permitirían hacerlo. Pero no basta disponer de la información en tiempo real.

Por ejemplo, en materia de transparencia y acceso a la información, ha faltado más participación de la sociedad debido a que el lenguaje burocrático es muy complejo y se requieren especialistas para entenderlo y poder identificar actos de corrupción. Se necesita desarrollar esas capacidades entre la sociedad.

Flujos financieros ilegales. Combatir este fenómeno es clave ya que la forma más eficaz de combatir la corrupción es seguir la huella del dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP tiene las herramientas para detectar esos movimientos y con el auxilio de la información patrimonial que tendrá la SFP podrán identificar actos de corrupción. (Propuesta anticorrupción).

Combatir la impunidad. Este es un aspecto clave para darle credibilidad a cualquier política anticorrupción. Valdría la pena que se impulsaran reformas a la Ley General de Responsabilidades que además de ser muy garantista, adolece de diversas fallas que propician la impunidad. (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2017/09/funcionara-la-ley-3-de-3_9.html)

   La Dra. Sandoval tendrá un gran reto no solo al asumir el mando en la Secretaría de la Función Pública sino en reducir la corrupción e incidir en la calificación de México que emite Transparencia Internacional.

   La experiencia de las últimas décadas muestra que la corrupción no ha disminuido a pesar de todos los esfuerzos y mejorar la calificación en el IPC es algo que ya se ha intentado antes, sin éxito. Ojalá que la Dra. Sandoval tenga una muy buena gestión, por el bien del país.

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LA MACRO OFICIALÍA MAYOR

Por: Octavio Díaz García de León.

Para Paty

     La idea:  El presidente electo ha mencionado que dentro de su propuesta anticorrupción y de austeridad, desaparecerán las oficialías mayores y se creará una oficialía mayor única. El asunto no es menor por sus implicaciones y su impacto en el gobierno federal. Si bien incrementa el control sobre el gasto y podría generar economías de escala, también podría causar parálisis al gobierno y concentrar demasiado poder en una instancia.

    Todavía no se han dado detalles de la configuración y operación de esta nueva macro oficialía mayor que dependerá de la Secretaría de Hacienda y con lo cual desaparecerán las oficialías mayores del gobierno federal, pero se pueden vislumbrar algunas implicaciones.

    Ha faltado explicar qué problema se estaría solucionando con este nuevo esquema de trabajo. Se me ocurre que podrían ser economías de escala y por lo tanto quitar personal de las oficialías mayores. O reducir la corrupción al tener que supervisar menos instancias que manejen recursos.

     Las instituciones que tienen oficialías mayores en el gobierno federal son las secretarías y la Procuraduría General de la República (Dependencias). Las paraestatales cuentan con funciones similares pero estas áreas tienen otros nombres. Por ejemplo, Dirección de Administración y Finanzas. Algo que habría que aclarar es si esta medida se refiere solo a las dependencias o a todas las instituciones del gobierno federal.

   Las oficialías mayores cuentan por lo general con cuatro áreas: recursos materiales y servicios generales, programación y presupuesto, recursos humanos y tecnologías de la información. Se dice que la intención es concentrar las compras en un solo lugar. Si este fuera el caso, no desparecerían las otras áreas de las oficialías mayores y solo se transferiría la parte de adquisiciones, que es relativamente pequeña.

    Y es que trasladar las otras áreas sería prácticamente imposible. Por ejemplo, tener que recurrir a la macro oficialía para realizar un mantenimiento urgente en instalaciones, atender un tema urgente de limpieza, llevar la nómina con altas, bajas y promociones, firmar contratos de trabajo, llevar las relaciones laborales, llevar la contabilidad y el presupuesto o concentrar todos los servicios de TIC´s en la macro oficialía, sería muy impráctico y disfuncional ya que se requiere presencia directa de estas áreas en las instituciones.

     Si se dejaran fuera de la macro oficialía a las paraestatales, tan solo Pemex, IMSS, ISSSTE y CFE concentran la mayor parte de las adquisiciones del gobierno federal, por lo que el impacto en posibles ahorros por volumen sería muy reducido y el impacto en combate a la corrupción, menor.  

     Por otra parte, centralizar en la macro oficialía las compras de paraestatales, requeriría un aparato gigantesco dado que allí está el grueso del gasto federal y complicaría sustancialmente la operación diaria de estas empresas en donde el área de adquisiciones es un componente vital de la operación.

   Si a estos retos le agregamos que las secretarías estarán dispersas por todo el territorio nacional, la complejidad de atención en todas las áreas de la oficialía mayor sería enorme. Incluso si solo se trata de centralizar las compras.

    Otra consideración sería que la Secretaría de Hacienda se volverá aún más poderosa al decidir cuál será el presupuesto de las dependencias y al mismo tiempo ejercer una buena parte del mismo. Los secretarios tendrán una enorme dependencia del Secretario de Hacienda para que les permita trabajar y cumplir sus objetivos.

    Un tema más es la logística de la distribución de bienes. Actualmente las dependencias realizan las compras y reciben los bienes y servicios en sus instalaciones.  De no recibirlos a satisfacción, les pueden aplicar penalizaciones a sus proveedores. Al estar separados de la institución las funciones administrativas, se podría perder el control en la recepción de bienes por parte del usuario final.  

     Otro tema es qué tamaño y cuantos recursos tendría que tener la macro oficialía para atender a todo el gobierno federal. Podría requerir a casi todo el personal que se despediría de las oficialías mayores porque el número de operaciones sería el mismo y por lo tanto no habría ahorros significativos.

    Por otra parte, si todas las funciones de las oficialías mayores desaparecieran para concentrarse en una sola, entonces los órganos internos de control (OIC) quedarían básicamente para realizar auditorías de desempeño y programas de mejora de la gestión, pues no tendrían que fiscalizar el uso de recursos. Al no haber auditorías financieras, no habría tampoco mucho trabajo para las áreas de quejas y responsabilidades. Problema aparte sería la operación de programas sociales pues en esos casos sí se requeriría fiscalización directa.

     Si bien se podría reducir el tamaño de los OIC, por otra parte, se requeriría un gran grupo de auditores para fiscalizar a la Secretaría de Hacienda y no habría grandes ahorros.

  

Hacen falta más detalles para conocer cuál es el problema que se pretende resolver con la desaparición de las oficialías mayores y si la macro oficialía mayor vendrá a resolverlos. Por lo pronto hay más dudas que certezas respecto a esta medida.

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LOS SUPER DELEGADOS FEDERALES

Por: Octavio Díaz García de León.

   La idea:  El nombramiento de super delegados federales en los estados, podría ser un primer paso para restar fuerza a los poderes locales. Además, importantes funcionarios federales (secretarios y directores de paraestatales) vendrían también a ejercer su influencia política en los estados donde serán reubicados. Los gobernadores tendrán un reto muy importante en su relación con el gobierno central.

   El presidente electo va a nombrar Delegados de Programas Integrales de Desarrollo, o super delegados federales, quienes concentrarán la representación del gobierno federal en las entidades federativas en una sola persona y quienes tendrán una interlocución privilegiada con el presidente.

   Este esquema podría ir en detrimento de los ciudadanos de Aguascalientes, ya que ellos eligieron a sus autoridades locales, mientras que a los super delegados o funcionarios federales de alto nivel que radicarán aquí, los nombra el Presidente de la República y por lo tanto no tienen un mandato local que legitime sus decisiones.

   Esta propuesta la justifica el nuevo gobierno con la idea de que los recursos lleguen a los beneficiarios sin intermediarios, aunque en la realidad el super delegado será un intermediario único y muy poderoso. Las autoridades locales: alcaldes, diputados, senadores y el gobernador, todos elegidos por los aguascalentenses, no podrán opinar si la aplicación de esos recursos es la más adecuada para el interés de sus representados.

   Pareciera que este esquema operativo pretende que los recursos federales son ajenos al estado por venir de la CDMX, siendo que los impuestos federales se pagan y recaudan de los habitantes de Aguascalientes.  Así que no es que sea dinero “del gobierno federal”, sino de los hidrocálidos que los pagaron con sus impuestos y por eso es justo que ellos decidan el destino de los mismos a través de sus representantes.

   No hay que olvidar Aguascalientes genera el 1.2% del PIB nacional y recibe solo el 0.3% del presupuesto federal, por lo que habrá que buscar formas de que se queden en el estado los recursos en proporción a la generación de riqueza local.

   Por otra parte, la dependencia de Aguascalientes de los recursos federales es muy elevada ya que asciende al 83% de los ingresos estatales.  (http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/Uploads/osyPresupuestodeEgresosAno2018DecretoNo180LeydeIngresosdelEstadodeAguascalientesparaelejerciciofiscal2018.pdf.pdf) y de allí vendrá el poder que ejercerá el super delegado.

   El presidente Peña Nieto estableció un esquema de vinculación política con las autoridades locales, a través de secretarios de estado. Sin embargo, fue en Michoacán donde el presidente Peña llevó a cabo un experimento centralista que se asemeja más a lo que pretende hacer el presidente electo, López Obrador, en todo el país.

   Recordemos que ante la ingobernabilidad que sufría Michoacán, el presidente Peña nombró como Comisionado del gobierno federal a Alfredo Castillo, desplazando del poder al gobernador en turno, Fausto Vallejo, quien finalmente renunció derivado de la presión por sus vínculos con la delincuencia organizada.

   A dicho Comisionado se le dio la autoridad sobre todos los delegados federales, incluyendo las fuerzas de seguridad, creó un gabinete paralelo y nombró funcionarios claves de la administración estatal. Incluso influyó en el nombramiento del gobernador sustituto, Salvador Jara.  (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2014/03/michoacan-un-experimento-centralista.html)

   Si bien el presidente electo ha pedido que los super delegados sean humildes y mesurados, el hecho de haber nombrado a personajes importantes de MORENA, 7 de ellos ex candidatos a gobernador derrotados, pareciera que sus intenciones son más bien de control político que de eficiencia en la aplicación de recursos.

   Al intervenir directamente con los beneficiarios de los programas sociales, los super delegados podrán cultivar sus propias clientelas con los recursos federales y tendrán con ello el sustento político para tratar de llegar al poder estatal.

    Se quiere justificar la existencia de estos super delegados con la idea de evitar corrupción y malos manejos por parte de las autoridades estatales, pero así no se logra el objetivo, ya que nada garantiza que el super delegado no realizará actos de corrupción y desvío de recursos con propósitos electorales.

    Si lo que preocupa es la corrupción y el uso de los recursos con fines clientelares, la responsabilidad de esa vigilancia debe recaer en la Contraloría del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior de Aguascalientes, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.

    Para eso está también el Sistema Anticorrupción estatal. De cualquier forma, habrá que vigilar con mucho cuidado precisamente que esos super delegados y sus colaboradores no caigan en actos de corrupción.

    Si, además, habrá la presencia de un funcionario de alto nivel en los estados, por ejemplo, el secretario de Educación en Puebla, el director del IMSS en Michoacán o la titular de la CONADE en Aguascalientes, estos funcionarios también tendrán influencia política local porque manejan presupuestos importantes y oportunidades de trabajo.

    Los gobernadores se verán ante una gran presión por parte del gobierno central con estos personajes, quienes estarán disputándoles el poder político. Deberán desarrollar una estrategia para contrarrestar esa influencia que contemple

reducir la dependencia de los recursos federales y otras medidas. El gobernador Martín Orozco y sus colegas, tendrán un gran reto cuando se formalicen estos cambios.

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CISEN: LA JOYA DE LA CORONA

LA SILLA ROTA

     

Por: Octavio Díaz García de León.

     La idea:  El gobierno entrante está planteando hacer cambios en el CISEN porque el presidente electo se ha quejado que lo espían desde hace años. Se propone cambiarle de nombre y adscribirlo a la Secretaría de Seguridad Pública, quitándolo de la Secretaría de Gobernación. Si bien los cambios anunciados no son sustanciales, es conveniente replantear algunas de sus actividades y tener cuidado con el destino que se le dará a esta institución.   

    El Lic. Alfonso Durazo debe conocer muy bien las capacidades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Seguramente cuando fue secretario particular del presidente Fox, por su escritorio pasaron los informes que el CISEN entrega con frecuencia al presidente de la República.

   Debió valorar muy bien esta información ya que esta no solo sirve para atenuar los riesgos en materia de seguridad nacional, sino que también puede servir para el control político del país.

    Por ello, no es extraño que quien lleve la voz cantante acerca del futuro del CISEN sea el Lic. Durazo y no la Lic. Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación y donde actualmente está adscrito el CISEN.

   Probablemente la Lic. Sánchez Cordero no haya tenido oportunidad de conocer las actividades del CISEN y su utilidad para la Secretaría de Gobernación, pero no estaría de más que valorara el transferirlo a otra secretaría.

   Especialmente porque el CISEN no está diseñado para tareas policiales y no solo pondría en grave riesgo a sus integrantes, sino que perdería su eficacia.

   Hay que recordar que el CISEN se originó de la Dirección Federal de Seguridad, una policía política que en su momento se corrompió a tal grado que asesinaba opositores políticos al gobierno y manejaba el narcotráfico. Sería muy riesgoso que el CISEN se volviera a convertir en un ente policíaco.

   El CISEN es el aparato de inteligencia civil con que cuenta el Estado mexicano para prevenir y atenuar las amenazas a la seguridad nacional. Su larga historia y el desarrollo de sus capacidades lo han convertido en una institución clave del gobierno federal. Cuenta con personal especializado que se ha formado a lo largo de muchos años gracias a sus tareas constantes de capacitación y entrenamiento.

   Ha servido para prevenir desde movimientos subversivos hasta para identificar el origen de una pandemia. Quizá también les ha dado seguimiento a los actores sociales más relevantes de este país para auxiliar en la gobernabilidad y anticipar riesgos al Estado.

   Es probable que algunas administraciones hayan confundido la defensa a las instituciones con la defensa al gobierno en turno (Lo cual en parte es legítimo) y al partido en el poder (Lo cual no lo es).

   Allí es donde hay un área de oportunidad para el nuevo gobierno: diferenciar entre lo que es una inteligencia a favor de un grupo político e inteligencia para la defensa del Estado mexicano.

    El Lic. Durazo ha indicado que rescatará al “personal que tiene un desempeño histórico”.(http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/asi-estaria-integrada-la-ssp-en-el-gobierno-de-amlo) y que valorara la actuación de todos. Gracias a que cuenta con el mejor centro de control de confianza del país, podrá dar pronto con quienes son aptos o no, para la institución.  

   Otro aspecto que bien haría en revisar el nuevo gobierno es en que se gastó la partida de seguridad nacional, no solo en el CISEN sino en todo el gobierno federal y sobre la cual prácticamente no se rinden cuentas y se fiscaliza muy poco. Hay que evitar que se convierta en la nueva partida secreta que había hasta antes de la administración de Zedillo.

   Desde el 2013 al primer semestre de 2018 se llevaban gastados casi 65 mil millones de pesos en las partidas de seguridad nacional (Tan solo en este primer semestre ya se gastó más que todo lo presupuestado para todo 2018. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos) de los cuales el CISEN gastó 14 mil millones, lo que representó el 45% del presupuesto de esta institución.  

   Ahora que el nuevo gobierno cuestiona los bonos extraordinarios, también haría bien en revisar los bonos por riesgo, de los cuales se llevan pagados en todo el gobierno federal poco más de 8 mil millones de pesos en el periodo antes citado. Es oportuno revalorar quien verdaderamente merece recibir el bono por riesgo.

   Con el nuevo Congreso será importante que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, la cual vigila la operación del CISEN, también entre en funciones pronto para que pueda ayudar en la reorientación y reestructura del CISEN.

   Lo ideal sería que sus miembros no pertenecieran a MORENA y sus partidos aliados, para que cumpla mejor su función de vigilancia y contrapeso.

   El CISEN es una institución que permite prever riesgos en materia de seguridad nacional y también auxilia en la gobernabilidad del país.

   Por ello, será muy difícil el dejar de recabar inteligencia sobre actores políticos, pues es un elemento clave para la gestión política del gobierno. Sin embargo, debe cuidarse de no usar métodos ilegales de espionaje contra estos personajes.  

   El Lic. Durazo está por llevarse la joya de la corona del gobierno federal, si la Lic. Sánchez Cordero lo permite, el presidente electo está de acuerdo y el Congreso lo aprueba. Ojalá no se trastoque el objetivo de esta institución,  el cual está plasmado en la Ley de Seguridad Nacional.

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EN DEFENSA DE LA TERCERA EDAD

Por: Octavio Díaz García de León.

     La idea:  Existe una forma de discriminación de la que se habla poco. Me refiero a la discriminación laboral que sufren las personas de más de 50 años. Ahora que los colaboradores de AMLO, incluyéndolo a él, pertenecen a la tercera edad, quizá se podrían implementar programas para revertir esta discriminación injustificada.

     Hace unos días el experto en seguridad,  Alejandro Hope, publicó un tuit (https://twitter.com/ahope71/status/1023465465119686656) en donde daba la edad de las personas propuestas para formar el gabinete de AMLO. Tan fuerte y extensa fue la respuesta recibida al tuit, que luego escribió un artículo al respecto.

    Hope mencionaba que los nuevos integrantes del gabinete tenían en promedio 59.7 años y se preguntaba si era el gabinete más viejo de la historia; él mismo respondió que no, ya que el último gabinete de Porfirio Díaz fue el de mayor edad. (http://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/un-tuit).

    A pesar de que solo manifestó un hecho, hubo todo tipo de respuestas, algunas acusándolo de gerontofobia y otras lindezas. Lo que concluye Hope es que aún los simples hechos pueden ser usados como un argumento a favor o en contra de alguna creencia. Los hechos no son inocentes para los habitantes de la selva tuitera.  

    Pero me parece interesante que Hope lo haya señalado, porque ciertamente la edad de los colaboradores es parte del perfil de las personas que rodean al presidente. Por un lado, es lógico que los colaboradores del presidente electo sean cercanos a su edad, después de todo él tiene 64 años y resulta entendible que sus personas de confianza sean sus contemporáneos o incluso mayores.

    Por otra parte, desde 1913 con Victoriano Huerta, no teníamos un presidente de la edad de AMLO que tendrá 65 años cuando tome posesión. Con excepción de Ruiz Cortines quien tenía 62 años cuando tomó posesión, en general desde entonces, ha habido presidentes que se encuentran en sus cuarentas. 

     Lo cierto es que la edad de los futuros miembros del gabinete se ha convertido en tema de discusión. Hace unos días veía una nota donde se criticaba la edad de los que serán colaboradores del nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes indicando que la primera plana de dicha Secretaría tendrá 67 años en promedio (el futuro titular tiene 81).

     ¿Debe ser la edad un criterio para formar un gabinete o en términos generales, para la contratación de personal? Por un lado, efectivamente no se debería contratar a menores de edad, pero por otra parte no debería ser una limitante el ser de edad avanzada, si cumple con los requisitos del puesto. Y eso es lo que hay que analizar respecto a los futuros colaboradores de AMLO.

     El gobierno ha sido más o menos inmune a este tipo de discriminación laboral y es frecuente encontrar personas de más de 70 años trabajando en el gobierno soportando bien horarios y cargas de trabajo excesivos como los que suele haber en algunos puestos.

    Esto puede deberse a dos aspectos. Uno es la falta de un sistema de pensiones que permitan a los jubilados tener una vida digna, especialmente en el caso del ISSSTE, lo cual obliga a personas de la tercera edad a seguir trabajando hasta edad avanzada. Este problema se acentuará al desparecer el seguro de separación individualizado y la cancelación del seguro de gastos médicos.

    Otro es que, si cuentan con un ingreso digno, los jubilados no encuentran qué hacer con su tiempo libre.  Si las personas están sanas, debería haber esquemas de trabajo que les permitieran dedicarse a lo que les gusta y seguir aportando a la sociedad de forma remunerada.

    En la iniciativa privada las prácticas son peores que en el gobierno, respecto a los mayores de edad. Es prácticamente imposible encontrar un empleo en el sector privado si se cuenta con más de 50 años. Hace unos días observaba en un anuncio donde buscaban empleados para la empresa Cinépolis, en el cual ponían como límite de edad, 50 años.

     Otras empresas son más discretas y aunque no lo anuncien abiertamente, lo primero que observan los reclutadores, sin siquiera ver el resto del currículum del candidato, es si la persona rebasa cierto límite de edad. Otra práctica que es frecuente en el sector privado es que, pasando determinada edad (Entre 45 y 50 años), las empresas despiden a sus empleados sin importar antigüedad o méritos.

    Ojalá que el nuevo presidente y una buena parte de sus colaboradores cercanos, quienes pertenecen a la tercera edad, puedan implementar mecanismos para evitar la discriminación laboral por motivos de edad.

    Con la generación del “baby boom” envejeciendo y la pirámide poblacional invirtiéndose, urge tener estrategias de atención a adultos mayores: pensiones dignas para quienes ya no puedan o quieran trabajar; oportunidades de empleo para quienes tengan las habilidades y el deseo de seguir trabajando; capacitación para adultos mayores en materia de nuevas tecnologías; y, sobre todo, servicios de salud adecuados para atender a quienes contribuyeron con su trabajo la mayor parte de su vida. 

     Es lo menos que la sociedad puede hacer con quienes ya dedicaron casi toda su vida al trabajo productivo y habría que seguir el ejemplo de AMLO quien sí contrata personas de edad avanzada.

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VIDAS PARALELAS: FOX Y AMLO

Por: Octavio Díaz García de León.

    La idea:  Tanto Fox como López Obrador representaron la esperanza de cambio de millones de mexicanos cansados y decepcionados de los regímenes del PRI. Desde enfoques diferentes, uno empresarial y otro estatizador, coinciden en algunas medidas. En ambos casos, las expectativas que la población puso en ellos son enormes, pero con el mandato que recibió AMLO en las urnas tiene más posibilidades de llevar adelante sus propuestas que Fox.

    Se dan algunos paralelismos entre lo que ha manifestado López Obrador (AMLO) ya como virtual presidente electo y lo que en su momento dijo e hizo Fox, respecto al CISEN, el Estado Mayor Presidencial y Los Pinos. También ambos basaron su campaña en prometer que combatirían la corrupción de los gobiernos anteriores y se comprometieron a reducir los gastos de la burocracia, ya que entonces como ahora, había excesos.   

    Recordemos que el presidente electo Fox había planteado desaparecer al CISEN, por las mismas razones que ahora esgrime AMLO: que era un organismo al servicio del partido en el poder que se dedicaba a espiar a los opositores políticos.  

    Al final el presidente Fox no desapareció al CISEN, pero le limitó mucho los recursos, tal y como hizo con muchas otras áreas de gobierno, ya que hubo una importante reducción de gastos en ese sexenio. El CISEN, durante el gobierno de Fox, quedó a cargo del ahora ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, quien lo mantuvo operando en los mismos términos que en el pasado.

    Ahora el presidente electo López Obrador quiere cambiarle de nombre, quitar algunos funcionarios (Pero no a la vieja guardia), revisar sus funciones y adscribirlo a la Secretaría de Seguridad Pública. Esto último es un error porque las labores de seguridad nacional son muy diferentes a las de seguridad pública tal y como lo he publicado en esta columna (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2012/08/que-es-la-seguridad-nacional.html)  y como muchos expertos lo han señalado.

    Sería muy sano que revise en qué se gastaron los recursos extraordinarios que se le dieron al CISEN en este sexenio, especialmente cómo y en que se gastó la partida de seguridad nacional. En total se le dieron al CISEN más de 31 mil millones de pesos, cifra muy superior a sexenios anteriores (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/02/espias-descubiertos.html), la mayoría de los cuales se fueron a gastos de seguridad nacional de los cuales no hay rendición de cuentas.

   En cuanto al Estado Mayor Presidencial (EMP), hay que recordar que Fox no quería que se hicieran cargo de su seguridad y por ello tenía su propio cuerpo de seguridad privado. Sin embargo, una vez que llegó a Los Pinos, el EMP operó de manera normal y Fox ya no insistió en desaparecerlo.

   AMLO ya dijo que reintegrará al EMP y a Guardias Presidenciales al Ejército. Habrá que ver cómo piensa resolver el problema de su seguridad pues cualquier presidente requiere de seguridad personal y apoyo logístico para sus actividades. Si no quiere hacerlo, valdría la pena que le informen acerca de las innumerables amenazas que reciben todos los presidentes y los riesgos que corren.

    Otro aspecto en donde hay coincidencias es que cuando Fox llegó a los Pinos, le pareció excesiva y lujosa la residencia presidencial por lo que decidió convertirla en oficinas y se mudó a dos “cabañas” que existían dentro de Los Pinos situación que se mantuvo con Calderón.  Cuando llegó Peña, desapareció las oficinas de la residencia y la volvió a utilizar como vivienda presidencial.

    AMLO llega con la misma actitud de austeridad que Fox, aunque su propuesta es dejar Los Pinos para que se convierta en museo. Será importante ver dónde va a vivir, si tendrá la seguridad necesaria y no ocasionará problemas de tráfico con sus traslados.

   Otro aspecto que enfatizó Fox fue el combate a la corrupción creando instancias para ello, programas anti corrupción, emitiendo la Ley de Transparencia y la Ley del Servicio Profesional, entre otras medidas anticorrupción. También recortó gastos e implementó fuertes programas de austeridad. Por ejemplo, congeló sueldos y salarios del personal de confianza en el 2001, mismos que han seguido congelados hasta ahora por lo que en términos reales los sueldos de este personal han perdido un 50% de su valor.

   Fox desapareció subsecretarías, direcciones generales, secretarios particulares, quitó coches para funcionarios, obligó a que los vehículos llevaran un logotipo de la dependencia o entidad a la que pertenecían y redujo viáticos, entre otras muchas medidas de austeridad.

    AMLO ya anunció un programa de austeridad ante el gasto descontrolado que se tuvo en el sexenio que termina. Falta que anuncie su programa anticorrupción del cual solo se han esbozado algunas ideas.

   Ya sabemos lo que pasó con Fox, quien, si bien tuvo un gobierno con resultados satisfactorios, la gente le reclama que no desmanteló al viejo PRI y quedó a deber en diversas áreas. AMLO, por su parte, tiene al Congreso de su lado, cosa que no tuvo Fox, así que tendrá más oportunidades de impulsar sus programas.  

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