@octaviodiazg
Ante
una situación de gobierno fallido en Michoacán, el gobierno federal ha tomado
las riendas del estado. El presidente Peña nombró en enero de este año un Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo
Integral de Michoacán con poderes para
coordinar a todos los funcionarios y programas del gobierno federal en el
estado, para removerlos de ser necesario, para realizar todo tipo de convenios y acuerdos
entre la federación y el estado y sus
municipios e inclusive le dio facultades para solicitar el auxilio de las
fuerzas armadas para cumplir sus objetivos. La emergencia que vive el estado de
Michoacán lo requería pero sienta un precedente importante.
El
centralismo fue una forma de gobierno que tuvo nuestro país entre 1835 y 1846 cuando se deroga la constitución
federalista de 1824 y se promulgan las Leyes Constitucionales de la República
Mexicana. En estas leyes se mantenían los tres poderes pero se creaba el
Supremo Poder Conservador por encima del Judicial y el Legislativo; los estados
se convertían en departamentos; desaparecían las legislaturas locales y se formaban las juntas departamentales
integradas por 7 miembros; y los gobernadores eran nombrados por el presidente
entre una terna que enviaban las juntas departamentales. El presupuesto de toda la república era
administrado por el gobierno nacional. A esa etapa de nuestra historia se le
denominó la república centralista con funestas consecuencias para el país. Se
intentaron separar de la república Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas,
Yucatán y se perdió a Texas. Ya en el siglo XX durante el gobierno hegemónico
del PRI que duró 70 años, los presidentes de la república nombraban a los
gobernadores de los estados quienes pasaban el trámite de la elección usando la maquinaria de su partido y del
gobierno.
Lo
que ocurre ahora en Michoacán no es nuevo pero sí marca el regreso de una
práctica que con la alternancia se había descontinuado. Lo sorprendente es que
nadie se ha quejado de esta pérdida de soberanía estatal: ni los ciudadanos, ni
los partidos políticos de oposición, ni organismos ciudadanos, ni periodistas o comentaristas. Salvo un artículo
en la revista The Economist tampoco nadie en el extranjero lo ha notado. Parece
ser que nadie pone en duda la necesidad de la intervención masiva del gobierno
federal ante la crisis en que cayó
Michoacán y que el tema de la soberanía de ese estado pase a segundo término.
La
toma del poder por parte del gobierno federal ha sido una apuesta interesante. Pero
además el presidente Peña ha puesto todo su compromiso en esta estrategia. Quizá
el diagnóstico interno del gobierno federal indicaba que la situación era mucho
mas grave que lo que se maneja en público o que esta crisis podía poner en riesgo a otras regiones del país.
Desaparecer poderes y convocar a nuevas elecciones mientras las autodefensas
avanzaban tomando todo el estado, era demasiado riesgoso. Por otra parte era
claro que los poderes locales de Michoacán, estatales y municipales, o estaban cooptados por la delincuencia organizada o
bien eran incapaces de resolver el problema. No quedaba más que intervenir
masivamente ayudados por un gobernador
débil y una legislatura local que se
prestaron a ello.
Recordemos
que la intervención federal inició el
año pasado primero con la llegada de miles de policías federales y
soldados; más tarde con visitas de los secretarios de Gobernación
y de Hacienda. Este último mencionó en su visita que “Hoy en
Michoacán está amenazado el Estado Mexicano, el estado de derecho y estamos
enfrentando uno de los mayores retos de la nación”. Ya en enero al llegar el
Comisionado, lo primero que hizo fue destituir al Procurador General de Justicia de
Michoacán y al Secretario de Seguridad
Pública y nombrar por medio del gobernador y con el aval de la legislatura
local - para no perder las formas legales - a personas de su confianza.
El
presidente Peña anunció a principios de febrero apoyos federales que ascienden
a 45,500 millones de pesos. Sin embargo
para administrar estos recursos que equivalen al 45% de los recursos que tendrá
Michoacán este año, se nombrará como
subsecretario de finanzas del gobierno estatal a un funcionario de la
Secretaría de Hacienda. Ninguna autoridad local tendrá posibilidad de operar
esos recursos ya que a mediados de febrero el gobierno federal designó a un
gabinete paralelo: un total de 24 funcionarios representando a todas las
secretarías, organismos desconcentrados y las paraestatales más importantes del
gobierno federal dándoles la responsabilidad de operar esos recursos a través
de los programas de sus instituciones. Llama la atención que muchos de estos
representantes son personas muy allegadas al presidente Peña quienes lo acompañaron en puestos de relevancia cuando fue
gobernador del Estado de México. Adicionalmente el gabinete federal y el presidente
Peña han desfilado en frecuentes giras
por el estado.
La
opinión pública, absorta con la captura del Chapo y con lo que sucede con las
autodefensas no ha objetado la pérdida
de soberanía del estado de Michoacán. El modelo centralista aplicado en pequeña
escala está de regreso. ¿Estará para quedarse o se le regresará a Michoacán su
autonomía un día de estos? Será difícil mientras falten liderazgos locales
capaces de dirigir al estado y que no estén cooptados por la delincuencia
organizada. Pero más importante, será hasta que los michoacanos quieran
recuperar su gobierno y su soberanía.
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