@octaviodiazg
El
común denominador detrás de las malas noticias del acontecer cotidiano en
nuestro país es, por lo general, una historia
de corrupción. Tenemos por ejemplo en las noticias más destacadas de la semana,
el caso del fraude de la empresa Oceanografía - proveedor de PEMEX - y aunque
aún no se ha acusado a funcionarios de esa paraestatal, el caso fue detonado
por una investigación del órgano interno de control en dicho organismo por lo
que pronto se hablará de funcionarios responsables de las irregularidades
detectadas en Pemex. Otro caso fue la demanda por 200 millones de pesos al PRD y
a Rosario Robles, entonces presidenta de ese partido y hoy Secretaria de Desarrollo Social del
gobierno federal, presentada por el empresario de origen argentino, Carlos
Ahumada. Recordarán que Ahumada se volvió famoso cuando entregó a los medios de
comunicación videos en donde altos dirigentes del PRD, como René Bejarano
y Carlos Ímaz, recibían fuertes cantidades de dinero en
efectivo. Por ello Ahumada fue objeto de una feroz persecución por parte de los
gobiernos del PRD, especialmente cuando se pensaba que esas revelaciones podían
afectar las aspiraciones presidenciales de López Obrador. Finalmente esta semana se comentó el caso de
la regidora de Guadalajara a quien se le sorprendió en actos de corrupción y quien
fue sometida a juicio político por el congreso del estado de Jalisco e
inhabilitada por 10 años.
Pero las noticias de corrupción no paran allí. La
protección que a lo largo de muchos años se le dio al narcotraficante Chapo
Guzmán y que involucró a autoridades de los tres órdenes de gobierno, le
permitió desde fugarse de un penal de máxima seguridad hasta que pudiera hacer
negocios a lo largo de 13 años sin mayor problema. O bien el auge de los grupos
delincuenciales de la “Familia Michoacana” y de los “Caballeros Templarios” que
pudieron operar a lo largo de muchos años gracias a la corrupción de
innumerables autoridades en el estado de Michoacán.
Para
darnos una idea de la gravedad del fenómeno de la corrupción, el Índice Nacional de Corrupción y Buen
Gobierno de Transparencia Mexicana lo mide en 35 servicios públicos y privados.
En el último Índice disponible del 2010, estimaron que durante el año hubo 200 millones de actos de corrupción, con un costo
promedio por “mordida” de $165 pesos y
que en total se destinaron al pago de “mordidas” más de 32 mil millones de pesos. De acuerdo
con esta medición los hogares mexicanos destinaron un 14% de su ingreso al pago
de “mordidas”. Por su parte Transparencia Internacional colocó a México en el lugar 106 de 177 países
con una calificación de 34 sobre un máximo de 100 que lo coloca en un lugar
bastante malo a nivel mundial. La OECD califica que hay muy pocos esfuerzos
para combatir la corrupción en nuestro país y el Banco Mundial nos coloca en el
percentil 44% de los países (El 66% de los países que analizan tiene mejores
calificaciones en este rubro que México) que analiza en su indicador de control
de la corrupción.
Se
han estado impulsando muchas reformas en el Congreso pero sigue faltando la del
combate a la corrupción que es clave para el desarrollo económico y social de
nuestro país como lo han demostrado estudios del Banco Mundial y la OECD. Después
de las elecciones el presidente electo Peña Nieto propuso una reforma
constitucional para la creación de una Comisión Anticorrupción. A año y medio
de distancia sigue pendiente su discusión y aprobación en el Congreso. Para
agravar este retraso, la Secretaría de la Función Pública (SFP) se eliminó en
la reforma del 1 de enero de 2013 a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, pero no ha acabado de desaparecer porque se estableció que siguiera
funcionando hasta que entrara en operación
la Comisión Anticorrupción. Sin embargo, nunca se nombró a un Secretario de la
SFP y la extinta Secretaría ha venido trabajando en forma precaria. Asimismo se
puso ya en práctica el que los contralores, aunque nombrados formalmente por el
encargado del despacho de la SFP, sean designados por los titulares de entidades
y dependencias del gobierno federal, perdiendo así la independencia que tenían
en el pasado. Todo ello ha debilitado
significativamente los esfuerzos del gobierno federal en materia de combate a
la corrupción. Esto para no hablar del nulo combate a la corrupción en estados
y municipios o en el poder legislativo y judicial.
No
solo es preocupante que no se hayan realizado las reformas constitucionales
para la creación de la Comisión
Anticorrupción sino que para que empiece a funcionar, una vez que se apruebe la reforma
constitucional en el Congreso Federal, deberá pasar a aprobación de las
legislaturas estatales; luego se deberá nombrar a los comisionados para crear propiamente la Comisión; para finalmente
asignarle recursos, contratar personal y darle recursos materiales. Todo ello puede tardar otros dos años. Mientras, el problema de la corrupción sigue dándose por
todas partes y no hay un esfuerzo gubernamental para combatirla. Esto es muy grave
porque existen enormes proyectos de gasto del gobierno federal que no tendrán
una vigilancia adecuada. Esperemos que tanto el gobierno federal como el Congreso pongan atención a lo que debe ser una
de las mayores prioridades en nuestro país: el combate a la corrupción.
Blog:
octaviodiazgl.blogspot.com Correo: odiazgl@gmail.com
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