15 de marzo de 2014

MÉXICO: LA DISPUTA POR EL PODER


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@octaviodiazg
 

      Pareciera que el imaginario colectivo de nuestro país está anclado en el absolutismo de otras épocas. Se suele pensar que el presidente de la república  tiene un poder absoluto  para hacer lo que quiera… o que debe tenerlo. Claro, hay políticos que han hecho evolucionar  nuestro país hacia la democracia y millones de personas con su voto la han ratificado.  Pero en el fondo, en el inconsciente colectivo, se prefiere y espera que el presidente sea todopoderoso. No importa si no tiene la responsabilidad de lo que ocurre en el ámbito soberano estatal y municipal,  en el poder legislativo y judicial o en cuestiones ajenas al gobierno. Un gran número  de mexicanos espera que él lo resuelva todo. Aún en comentarios de gente educada y convencida de la democracia, no falta el reclamo que dice que tal o cual error o tal o cual acontecer se debe  a la incapacidad del presidente en turno, aunque no sea su responsabilidad. Se sigue pensando que, como en las épocas de las “presidencias imperiales” – como las llamó Enrique Krauze-, los presidentes deberían seguir siendo la autoridad omnipotente capaz de resolver los problemas de nuestro país. Por ejemplo casi nadie atribuye a la incapacidad de los gobernadores y presidentes municipales el que creciera el problema del narcotráfico sino que la culpa se atribuye a quien ha ocupado la oficina de Los Pinos.

      Pero el presidente Peña está dispuesto a ser el presidente fuerte que anhelan muchos mexicanos. Su experimento de gobernar Michoacán por encima de las autoridades locales y la gran aceptación que ha tenido,  va en este sentido  así como muchas otras de sus iniciativas. Para lograrlo, tiene que alinear a las numerosas fuerzas que concurren a orientar la dirección que toma nuestro país. No solo aquellas plasmadas en nuestra Constitución tales como los tres poderes, los órganos constitucionales  autónomos  y los  gobiernos estatales y municipales,  sino también  a los poderes extra legales.  Entre estos últimos podemos mencionar:

1.    Grandes empresas con poder de mercado suficiente para fijar las condiciones en las que participan en sus mercados, normalmente desventajosas para competidores y consumidores, y además con poder para influir en decisiones gubernamentales clave.

2.    Grandes sindicatos como el de maestros, electricistas, petroleros, trabajadores del Seguro Social, trabajadores al servicio del estado, mineros, telefonistas, etc.,  todos con capacidad para vetar los esfuerzos del gobierno.

3.    Cámaras y asociaciones empresariales  y gremiales de todo tipo impulsando sus agendas.

4.    Partidos políticos interesados sólo en ganar elecciones.

5.    Empresas de comunicación electrónica e impresa interesadas en influir en gobiernos y manipular la opinión pública.

6.    Grupos de la delincuencia organizada.

7.    Gobiernos extranjeros que desean influir en el rumbo de nuestro país. Notoriamente Estados Unidos.

8.    Iglesias de todas las denominaciones pero especialmente la más grande que es la católica.

9.    Inclusive el poder ejecutivo federal no es monolítico. La enorme burocracia federal que tiene más de 250 instituciones entre secretarías, empresas paraestatales, organismos desconcentrados y fideicomisos, actúan en función de sus propios intereses y objetivos.

 

     Para  alinear todas estas fuerzas, el presidente Peña ha impulsado algunas medidas que contribuirán a  ello:

1.    Creación de organismos autónomos para romper privilegios de los grandes empresarios. Al gozar estos organismos  de autonomía y estar dirigidos por comisionados con un perfil muy técnico, lleva al campo de la técnica lo que antes era una lucha de poder en donde lo que valía era el peso e influencia de los actores económicos.

2.    La autonomía constitucional y creación del organismo de la transparencia y el de combate  a la corrupción, lleva al terreno de la rendición de cuentas lo que antes eran disputas feudales, corrupción e ineficiencia en la actuación de todos los niveles de gobierno y con lo cual se espera disminuir los abusos de la burocracia.

3.    La autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa para llevar al terreno técnico un tema contencioso con el sindicato de maestros y la autonomía del CONEVAL para darle independencia a la evaluación de resultados de los programas de gobierno.

4.    La creación del Instituto Nacional Electoral en sustitución del IFE y de los institutos electorales estatales  pretende reducir  el poder que tenían los gobernadores para manipular las elecciones locales.

5.    La creación de la gendarmería para reforzar la seguridad en estados y municipios espera combatir a la delincuencia organizada y acotar a las fuerzas estatales y municipales de seguridad pública corrompidas.

6.    La firma del  Pacto por México alineó a partidos políticos de oposición -  antes enfocados a combatir al gobierno en turno - hacia las grandes metas del actual gobierno.

 

      El presidente y su gobierno solo son una fuerza más que empuja al país en determinada dirección.  Su  gran reto es lograr orientar los intereses y fuerzas - que apuntan en todas direcciones - hacia el logro de los objetivos de su presidencia. Hemos visto como el  presidente Peña ha entendido lo que se debe hacer y de paso satisfacer el anhelo de un gran segmento de nuestra población que añoran los tiempos de un presidencialismo fuerte. Pero lo importante no es perseguir el poder por el poder. Este debe usarse con el fin de lograr una buena conducción del país. Usarlo solo para perpetuarse en él, no será bueno para nadie.



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