@octaviodiazg
El problema del narcotráfico en México
tiene casi un siglo de existencia. Prácticamente
afecta a todo el país y ha generado una violencia extraordinaria. El tráfico
ilegal de drogas surgió hace cien años cuando en Estados Unidos se
prohibió dicho tráfico, prohibición que luego se dio en México en 1926.
Independientemente de que el prohibicionismo que ha impulsado Estados Unidos desde
entonces no ha funcionado, el fenómeno no ha dejado de crecer. Nuestros vecinos
son los mayores consumidores de sustancias ilícitas en el mundo y esta es una
gran oportunidad de negocios para los criminales.
¿Cómo pudo ser que en México
creciera tanto el fenómeno de la delincuencia asociado al tráfico de drogas? En
el excelente libro de Guillermo Valdés Castellanos, “La Historia del
Narcotráfico en México” se hace un recuento muy bien documentado de esa
historia. Valdés nos da un recorrido por ese mundo desde su posición privilegiada
como ex director del CISEN que le permitió conocer de primera mano las entrañas
del fenómeno.
Fue un negocio que empezó con el
tráfico de opio impulsado por inmigrantes chinos que llegaron a Sinaloa a fines
del siglo antepasado y que ha crecido a niveles insospechados. El negocio mueve
decenas de miles de millones dólares al año (Nadie sabe con certeza cuanto) y
hace pocos años, el Secretario de la Defensa en turno dijo que empleaba a
alrededor de medio millón de personas. Esos números explicarían también que haya
entre quince y veinte mil muertos al año derivado de las pugnas de quienes
manejan ese negocio en nuestro país.
Valdés describe como el gobierno
federal controló, desde los años cuarenta, el tráfico de drogas por medio de la Dirección
Federal de Seguridad (DFS): fijó reglas, repartió plazas, puso condiciones, y
de paso enriqueció a sus comandantes, a gobernadores y a funcionarios
federales. Si bien no hay pruebas que los presidentes en turno se beneficiaran
del negocio, es casi seguro que conocían de ello y permitieron que se operara
así. Este arreglo se rompió con el asesinato del agente de la DEA, Enrique
Camarena, en 1984 a manos de Caro Quintero - recientemente liberado de manera
inesperada - cuando la presión que ejercieron
los americanos sobre el gobierno de México forzó a tomar medidas que rompieron
acuerdos que ya tenían cuatro décadas de
existir. A raíz de ello se encarcelaron a
los principales capos del narco, se dio una fragmentación de las bandas de
delincuentes que se repartieron el país y
desapareció la DFS ya totalmente corrompida. En la década de los noventa el papel que antes
tenía la DFS lo tomaron destacados funcionarios de la Procuraduría General de
la República, entre ellos el comandante
de la policía judicial, González Calderoni (Por cierto, con raíces familiares
en la Tierra Caliente michoacana), quien repartió plazas entre los nuevos capos e impuso reglas
del juego. Al perder el PRI su hegemonía en el país, los funcionarios federales
dejaron de tener la capacidad para controlar y ordenar el mercado ilícito de
las drogas. Los cárteles se fueron fragmentando y enfocaron sus baterías a capturar
a las autoridades locales empezando por los municipios y siguiendo por los
gobiernos estatales. Tuvieron tanto éxito que para mediados de la década pasada
lo que era un problema de seguridad pública se convirtió en un problema de
seguridad nacional al haber extensos territorios del país gobernados por las
bandas de delincuentes. El narcotráfico era un negocio tolerado por sociedad y
gobierno porque había muchos actores que se beneficiaban de él, hasta que la
banda de los Zetas implantaron un nuevo modelo de negocio en donde lo
importante ya no era solo el trasiego de drogas sino extorsionar y abusar de la
población con una dosis muy alta de violencia. El modelo fue imitado en estados
como Michoacán donde los “Caballeros Templarios” fueron particularmente
abusivos hasta que surgieron los grupos de autodefensa.
La violencia de los cárteles y la
captura de grandes territorios a manos de los narcos en todo el país hicieron
que el presidente Calderón convocara a los tres niveles de gobierno y a los
tres poderes a la firma del Acuerdo
Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en 2008 para enfrentar
entre todos el fenómeno. Faltó tiempo para que diera frutos, pero se sentaron
algunas bases. Valdés dice convincentemente que los esfuerzos del gobierno de
Calderón no fueron los que originaron la violencia que se desató a partir de
2007. Sin embargo tampoco lograron abatirla.
No va a ser fácil resolver un problema
que está marcado por la complicidad de autoridades, la carencia de un estado de
derecho, la debilidad institucional del Estado Mexicano, el poderío de las
mafias del narcotráfico y la demanda incesante de drogas ilícitas por nuestro
vecino país. Falta ver si la intervención federal en Michoacán tiene éxito para
saber si es un modelo que se puede reproducir en otros estados capturados desde
hace tiempo por los delincuentes. Lo que ya no es posible es regresar al viejo
modelo en donde el gobierno, en una actuación esquizofrénica, administraba el
negocio ilícito a la vez que lo combatía.
Bibliografía:
1. "Historia del Narcotráfico en México" . Autor: Guillermo Valdés Castellanos. Editorial Aguilar. México D.F., 2013
Nota:
El comandante de la policía judicial González Calderoni era hijo de una familia respetable y acomodada cuyos orígenes familiares vienen de Cirándaro, pueblo de la tierra caliente michoacana donde su abuelo era un hacendado muy importante.
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