QUE SIGUE EN EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Por: Octavio Díaz García de León

       Todos los días surgen noticias sobre problemas de corrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción está lejos de entrar en funcionamiento.  Organizaciones como mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el periódico en internet Animal Político y en general los medios de comunicación, constantemente reportan casos de corrupción. Uno de los más recientes se refiere a sobornos que la empresa brasileña Odebrecht le dio al gobierno de Michoacán encabezado entonces por el perredista Leonel Godoy. Por su parte, en las recientes elecciones estatales, las acusaciones de compra de votos, cuyos recursos seguramente vienen de actos de corrupción, fueron denunciados durante los procesos electorales.

      Pero sigue sin haber consecuencias. Las denuncias públicas no se traducen en casos administrativos o penales que lleven a los acusados a proceso. La captura del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, en Panamá es un avance, pero aún está por verse que vengan a dar a una cárcel mexicana los ex gobernadores que saquearon a sus estados.

     La semana pasada se nombró al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pero la lista de nombramientos pendientes en el Sistema sigue siendo larga: el fiscal anticorrupción, los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el nombramiento de contralores en los órganos autónomos. Tan solo armar la estructura de la Secretaría Ejecutiva del SNA, requerirá incorporar una plantilla de alrededor de 200 personas. Todo ello ha tomado demasiado tiempo y tomará más. Lo malo es que las expectativas son muy altas y la paciencia de la sociedad muy corta.

      En esta nueva etapa de combate a la corrupción (Desde 1982 ha habido muchos intentos por combatirla desde adentro del gobierno) la sociedad civil ha asumido un papel protagónico, tanto en el diseño de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3) como por su participación en el Comité de Participación Ciudadana del SNA y al haber asumido la presidencia del Comité Coordinador de dicho Sistema.

     Con ello la sociedad civil asume una función de gobierno y una gran responsabilidad por dar resultados. Se pone a prueba su capacidad de gestión, primero para conseguir recursos para operar y luego para mover a las estructuras burocráticas que coordinan. Ambos resultan un reto tal que en ello suelen fracasar hasta los burócratas y políticos más avezados.    

     La apuesta para la sociedad civil es elevada. Si da resultados pronto, se abrirán más caminos para que autoridades no elegidas por la vía electoral sino por procesos meritocráticos o en base a cuotas partidistas, lleven a cabo funciones de gobierno. De darse por la vía meritocrática, entonces el ideal de Platón en su República se podría ver cristalizado con el gobierno de los filósofos desplazando a los políticos de sus funciones tradicionales. De darse el segundo caso, se pueden poner en riesgo las instituciones al nombrar personas que tomarán decisiones con criterios políticos y no técnicos. Por otra parte, de no tener éxito el experimento de llevar al poder a la sociedad civil, se podría dañar el papel de esta en temas de gobierno y ser ignorados en el futuro.  

     Por lo pronto y ya puestos en la realidad cotidiana, el Comité Coordinador del SNA tiene que moverse muy rápido para lograr resultados. Por principio de cuentas tiene que coordinar a instituciones muy bien establecidas, con sus propias agendas y mandatos, los cuales actualmente no están alineados al propósito de combatir a la corrupción sino con las tareas propias que les dan las leyes que los rigen. También deberán vencer intereses creados de todo tipo, redes de protección entre funcionarios y otros obstáculos que serán difíciles de vencer.  Sin embargo, les ayudaría que se dieran unos golpes rápidos contra la corrupción y se publicitaran adecuadamente.

    Empezando por pedir resultados inmediatos sobre los casos más notorios como el de Odebrecht, empresa que a la fecha sigue sin ser inhabilitada, la farmacéutica Teva, el caso de CAPUFE, el uso para efectos personales de helicópteros por parte del ex director de PEMEX que denunció la Auditoría Superior de la Federación, etc.  

     Los brazos operativos del SNA, tanto la Secretaría de la Función Pública y sus órganos internos de control junto con la Auditoría Superior de la Federación seguramente tienen casos de corrupción ya identificados cuya judicialización se puede concretar en el muy corto plazo. Ya se ha visto que aun sin Fiscal Anticorrupción, la PGR ha podido realizar acciones para que se capturen a los ex gobernadores prófugos y sus colaboradores, así que solo se requiere procesar los casos que ya están maduros. 

    El Comité Coordinador podría darles seguimiento puntual a esos casos relevantes. Si bien la Secretaría de Hacienda no es parte del Comité Coordinador del SNA, la información que tienen el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera permitiría seguir la huella del dinero mal habido de los corruptos con lo que se solidificarían los casos más notorios.

     El Comité Coordinador del SNA se podría empezar a colgar algunas medallas de los asuntos relevantes que las instituciones bajo su Coordinación ya están cocinando y con ello ganar credibilidad para mostrar que el SNA puede dar resultados rápidos. Ojalá lo hagan pronto y no sigan esperando otras cosas.

Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

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NOMBRAMIENTO EN EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Por: Octavio Díaz García de León

El pasado 30 de mayo fue nombrado el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Para ello se inscribieron 24 candidatos al proceso de selección, un número bajo para este tipo de puestos dada su visibilidad, reto y buena remuneración, con el atractivo adicional de que será un nombramiento por cinco años.

De los 24 aspirantes, once pasaron a entrevista con el Comité de Participación Ciudadana (CPC), de la cual surgió una terna a proponerse al Comité Coordinador (CC) del SNA. En ella quedaron Alejandra Rascón, abogada, con amplia experiencia en el tema de transparencia quien ejerció diversos puestos en el gobierno federal y en Transparencia Mexicana. Otro fue Max Kaiser, abogado, actualmente Director Anticorrupción en el Instituto Mexicano de la Competitividad (Impulsores de la reforma anticorrupción y de la Ley 3 de 3) quien fue funcionario de la Secretaría de la Función Pública el sexenio pasado donde fue titular de los órganos internos de control en SEMARNAT y en la SEP, Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental y Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas. Escribió un libro sobre combate a la corrupción.

El tercero fue Ricardo Salgado Perrilliac, hasta ese día Titular de la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien fue nombrado secretario técnico. Abogado, desarrolló su carrera en el ámbito jurídico, dedicado a temas muy especializados de competencia económica; también fue director jurídico del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI) un par de veces, por lo que conoce bien los temas de acceso a la información pública gubernamental. (http://cpc.org.mx/2017/05/15/expedientes-de-candidatos-a-secretario-tecnico/).

 Por cierto, el Lic. Salgado intentó infructuosamente ser comisionado del nuevo Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuando se dio la integración de los nuevos comisionados de dicho Instituto en 2014, apoyado en su intento por uno de los integrantes del CPC del SNA, José Octavio López Presa. El Lic. Salgado también trabajó en el IFAI cuando la actual presidenta del CC del SNA, la Dra. Peschard era presidenta del IFAI.  El Lic. Salgado salió del INAI posteriormente al no entenderse con los nuevos comisionados. (http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/docs/ifai/cvp/102.pdf).

Ante la presión de personalidades como el senador Pablo Escudero, presidente del Senado e integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas, el CPC dio a conocer este 2 de junio los criterios de selección de la terna y las cédulas de calificación de los finalistas. Allí se puede observar que cada uno de la terna obtuvo la más alta calificación por parte de dos de los 5 integrantes del CPC (La Dra. Peschard dio la misma calificación a Rascón y a Salgado). (http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/Evaluacion-Candidatos-Secretario-Tecnico.pdf)

Llama la atención que, en las cédulas de las entrevistas, la experiencia en el tema de combate a la corrupción, transparencia o rendición de cuentas haya sido solo uno de los 18 aspectos evaluados dándosele importancia especial en la selección de la terna a la capacidad de trabajar en órganos colegiados e interaccionar con la sociedad civil. Si bien estas habilidades serán requeridas quizás se debió privilegiar el conocimiento sobre combate a la corrupción.  (http://cpc.org.mx/2017/06/02/criterios-para-la-seleccion-de-la-terna-de-candidatos-a-secretario-tecnico-st-de-la-secretaria-ejecutiva-se/)

Al momento de escribir estas líneas aún falta dar a la publicidad los criterios de selección y las evaluaciones que el Comité de Coordinación del SNA realizó de los tres finalistas para conocer las razones por las cuales seleccionó al Lic. Ricardo Salgado. Ya con este último paso se podrá cerrar el ciclo de transparencia en el proceso.

He mencionado antes en esta columna que desde que se promulgó la primera Ley de Transparencia, se ha confundido transparencia con combate a la corrupción. Una cosa es el garantizar el acceso a la información pública gubernamental y otra combatir la corrupción. Si bien el acceso a la información puede ayudar en el combate a la corrupción de manera indirecta, el know how de la transparencia no es el que se requiere para combatir la corrupción. Se requieren habilidades más enfocadas a la inteligencia, la fiscalización, la explotación de bases de datos y otras capacidades relacionadas con la persecución de delitos. Por ello, sería conveniente que las personas que se integren a la Secretaría Ejecutiva sepan de estos temas y no necesariamente sean expertos en transparencia.

Por lo pronto el nuevo secretario técnico tiene retos importantes, tales como demostrar su liderazgo ante los integrantes del CC y ante los gobiernos de las entidades federativas para que formen y operen sus sistemas estatales anticorrupción. Deberá conseguir dinero y plazas ante la Secretaría de Hacienda y ante el Congreso Federal, aspecto que en esta época de austeridad se ve muy difícil. Redactar el estatuto orgánico de la Secretaría Ejecutiva, seleccionar y contratar a sus directivos clave y empezar a operar cuanto antes. Si se quiere demostrar ante la sociedad que el SNA sirve, tiene que buscar que las instituciones integrantes del CC den resultados tangibles de corto plazo. Si no, se corre el riesgo de no lograr apoyo de la sociedad y podría desaparecer el próximo sexenio.  

Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución pública o privada.

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MENOS SOCIEDAD CIVIL

Por: Octavio Díaz García de León

   Cada vez más organismos y líderes de la sociedad civil intervienen en temas que afectan a la sociedad. Sin embargo, en algunos casos han empezado a tomar tareas de gobierno que no les corresponden. Es necesario que sociedad civil y gobierno guarden una sana distancia para que los primeros ejerzan una función de contrapeso sobre las autoridades sin involucrarse en procesos que no les tocan.

    La sociedad civil participa activamente en aspectos tales como transparencia y rendición de cuentas, combate a la corrupción, seguridad pública, combate a la pobreza, evaluación de programas sociales y muchos otros. Además, existe gran cantidad de fundaciones, instituciones de asistencia privada y organismos filantrópicos que realizan una extraordinaria labor de apoyo a grupos sociales desprotegidos.

    Otras formas menos ortodoxas de participación de la sociedad civil son los grupos de autodefensa como en Michoacán y Guerrero, asociaciones de vecinos que vigilan sus barrios contra la delincuencia, comunidades que se autogobiernan como en Cherán, Michoacán y otros municipios que se rigen bajo principios de usos y costumbres y a donde las instituciones del Estado mexicano prácticamente no llegan.  

  

     La participación de la sociedad civil ha sido determinante para que el Estado mexicano ponga atención a aspectos de la vida pública que no se atendían adecuadamente. Sin embargo, esta participación es reflejo de un problema mucho más profundo: la carencia de instituciones fuertes del Estado mexicano.  A pesar de ello, no es conveniente que sustituya a las instancias de gobierno o se empiece a confundir con ellas.

    Los gobiernos son elegidos por los ciudadanos en un proceso democrático y por ello resulta contradictorio que se quiera ciudadanizar al gobierno, pues para eso tenemos un proceso electoral a través del cual se eligen a las autoridades. Cuando intervienen líderes y organizaciones de la sociedad civil en tareas gubernamentales, por lo general llegan allí no porque fueran elegidos por los ciudadanos para esas tareas, sino por su poder de interlocución con las autoridades; en algunos casos incluso, puede ser una forma de cooptación.

    Hace días asistí a un seminario organizado por el Banco Mundial y la Secretaría de la Función Pública en donde hubo ponentes de diversos países europeos, especializados en el tema de prevención de conflicto de interés y combate a la corrupción. En una de las mesas pregunté a los ponentes como trabajaban con las organizaciones de la sociedad civil y que tan activas estaban en sus países en los temas que a ellos tocaban. Los ponentes de países del este de Europa presentaron un panorama similar al de México, con gran involucramiento de la sociedad civil.

     Sin embargo, el ponente francés, alto funcionario en su país, me vio como si fuera extraterrestre por hacerle esa pregunta. Palabras más o menos dijo que en Francia las ONG no participaban de ninguna forma con ellos. Comentó que las instituciones del Estado francés y sus funcionarios estaban para servirles a los ciudadanos y para eso les pagaban un salario por lo que no era necesaria la participación de la sociedad civil en actividades que solo les incumbían a ellos.  

    La creciente participación de la sociedad civil en tareas que antes realizaba solo el Estado mexicano, más que reflejar algo positivo, refleja la debilidad del Estado ante los problemas que debería resolver por sí mismo. Con su participación, la sociedad civil solo está llenando ese vacío.  Eso no quita que haga falta una sociedad civil activa y participante en los asuntos públicos. Lo que no es conveniente es que esa participación tome funciones que corresponden a las instituciones del Estado mexicano.

    En el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción se creó la figura del Comité de Participación Ciudadana (CPC) el cual fungirá como asesor de dicho Sistema.  El Estado mexicano seguirá operando las tareas anticorrupción a través de las 6 instituciones que conforman el Comité Coordinador (CC) del SNA apoyado por el CPC (Séptimo integrante del CC). Este Comité Coordinador solo tendrá funciones de coordinación, sin invadir la esfera de autoridad de sus integrantes.

    Sin embargo, los expertos del CPC, una vez que entran a realizar funciones de gobierno y ser remunerados como funcionarios públicos, aunque sea en su calidad de asesores, dejan de formar parte de la sociedad civil y pueden perder eficacia al quedar en un limbo extraño: ni fueron elegidos por los ciudadanos para esas tareas ni forman parte propiamente del equipo gobernante. Esa neutralidad podría ser positiva a la hora de tomar decisiones, pero se corre el riesgo de que caigan en la inmovilidad o sus recomendaciones no vinculantes caigan en el vacío. Prueba de ello es que el CPC a la fecha no cuenta con presupuesto para realizar sus funciones

    Quizás influido por la idea de la ciudadanización de instituciones de gobierno, estamos viviendo un proceso de balcanización de la función pública con el surgimiento de cada vez más organismos constitucionalmente autónomos cuyos dirigentes no son elegidos por un proceso democrático, sino por el Congreso federal mediante procesos de selección con criterios a veces meritocráticos, pero en otros, partidistas.  De la misma forma, empieza a verse cómo liderazgos de la sociedad civil asumen tareas que no les corresponden.  Quizás es tiempo de reflexionar si en lugar de fortalecer al Estado, la ciudadanización lo esté debilitando.  

Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución pública o privada.

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PERIODISMO Y JUSTICIA

Por: Octavio Díaz García de León

Para los periodistas que exponen la vida en su profesión y los que ya la perdieron.

     El periodismo puede ser un gran catalizador para lograr que se haga justicia. Especialmente en nuestro país donde la impunidad alcanza cifras escandalosas, el trabajo de los periodistas es un acicate para que las autoridades cumplan su cometido.  Pero no siempre las investigaciones periodísticas se convierten en castigo para los delincuentes, ya sea porque no existen las pruebas suficientes o las capacidades de las autoridades investigadoras son muy limitadas o incluso, porque existen complicidades que encubren los ilícitos.

     Existen por lo menos dos temas que cubren los periodistas a riesgo de su propia vida. Uno es el de seguridad pública, relacionado con narcotráfico y bandas criminales. El otro con actos de corrupción. Cubrir el tema de delincuencia organizada ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. El asesinato de 6 periodistas en lo que va de 2017, el último de ellos, Javier Valdez en Sinaloa, es muestra de la gravedad de la situación y de la impunidad con que actúan los delincuentes. El tema de la corrupción si bien no es tan letal, no deja de ser también un tema riesgoso para los periodistas porque narcotráfico, delincuencia organizada y corrupción van de la mano.  

      Sin embargo, el reportar sobre estos temas puede resultar frustrante si lo que se busca es que haya justicia (También hay periodismo irresponsable que solo busca el escándalo para vender la nota). Los periodistas profesionales investigan, reúnen evidencias, sacan a la luz transacciones oscuras y luego no pasa nada. A veces por indiferencia o complicidad de las autoridades; otras veces porque judicializar un caso para condenar a alguien es sumamente complicado. Esto último ocurre porque para evitar acusar a inocentes, las pruebas tienen que ser contundentes y cuidar la legalidad de cómo se obtienen dichas pruebas. El sistema jurídico mexicano es muy “garantista”, como dirían los abogados. Esto es, protegen los derechos de los acusados de los posibles abusos de la autoridad y obligan a que las autoridades sustenten muy bien sus acusaciones y respeten minuciosamente los procedimientos que dicta la Ley, los cuales suelen ser complejos.

      Las cifras del combate a la delincuencia reflejan esta situación. El 98% de los delitos permanecen impunes y se entra en un círculo vicioso: ante la falta de castigo a los delincuentes, las víctimas prefieren no denunciar, con lo que la impunidad aumenta.  

     Desde luego la impunidad no se puede atribuir a un sistema jurídico “garantista” que protege más al acusado que a la víctima, pero este sistema pone un grado de exigencia en las autoridades investigadoras que, en algunos casos, es muy superior a sus actuales posibilidades. Y allí está el detalle. Si para acusar a una persona se requieren pruebas técnicas de mucha contundencia, entonces se requieren investigaciones muy profesionales. Desafortunadamente las autoridades encargadas de investigar delitos o faltas administrativas, en su gran mayoría no tienen las capacidades para hacerlo, lo cual alimenta la impunidad o bien solo condena al que no tiene la capacidad económica para defenderse.

     Las autoridades investigadoras se enfrentan todos los días a este problema. Las herramientas con las que cuentan suelen ser muy limitadas, no tienen recursos suficientes para el tamaño del problema; además, su personal está mal capacitado para atender las exigencias del sistema jurídico y expuesto a sobornos y amenazas para que no hagan su trabajo. Y eso sin considerar que ciertos casos llevados ante el Poder Judicial, se pierden por la corrupción de algunos jueces y magistrados.

     Muchas veces se diseñan las leyes pensando que, por solo emitirlas, las cosas van a mejorar mágicamente sin considerar el esfuerzo institucional que se requiere para ejecutarlas. Por ejemplo, una de las nuevas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas consiste en que cualquier acusado tendrá derecho a un defensor de oficio. A un par de meses de que entre en vigor esta Ley, aún no está claro de donde saldrán dichos abogados, porque el presupuesto de egresos de la federación no prevé las plazas y los recursos para ello.  

    Es importante que los periodistas y su público lector conozcan que no será sencillo que una investigación periodística se convierta en una condena automática de los denunciados. En un sistema jurídico garantista se requiere un esfuerzo de investigación muy profundo. Si bien no es el papel de los periodistas actuar como autoridades investigadoras, entre más sólidas, desde un punto de vista jurídico, sean las pruebas que aporten, más fácil será para las autoridades castigar a delincuentes, elevarán el costo de sus complicidades a las autoridades corruptas y hará que mejoren las ineptas.  

    Ayudaría también el considerar que las autoridades encargadas de investigar delitos no están preparadas para un sistema de justicia garantista, por lo que sería necesario ya sea, mejorar sustancialmente sus capacidades en un plazo corto o buscar que existan disposiciones legales menos orientadas al procedimiento y exigentes con las pruebas.  Algo difícil de lograr cuando el legislador ha pensado en un país ideal alejado de nuestras realidades, dando prioridad al respeto a los derechos humanos de los delincuentes sin darle suficiente peso a buscar justicia para las víctimas. Por lo pronto el papel del periodismo de investigación serio es muy importante para impulsar a legisladores y autoridades a actuar.

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UN VOTO SENSATO EN FRANCIA

Por: Octavio Díaz García de León

Para Paty

     La razón triunfó en Francia en la segunda ronda de las elecciones para presidente de ese país, el pasado 7 de mayo, cuando el electorado salió a votar en su mayoría por un candidato sensato, Emmanuel Macron. Y es que el panorama electoral en el mundo se ha llenado de candidatos populistas con una agenda desastrosa para sus países, como la opositora a Macron, Marine Le Pen, quien afortunadamente perdió. 

     En la primera ronda electoral, Macron obtuvo el 23.8%, Marine Le Pen, la candidata de la extrema derecha y émula de Trump, un 21.5%, François Fillon, candidato del partido Republicano de tendencias conservadoras, obtuvo 19.9% y Jean-Luc Melenchon un ex comunista que encabezó una coalición de izquierda logró un 19.6%. Otros dos obtuvieron menos del 6% del voto entre los que se encontraba el candidato del Partido Socialista. Los dos partidos que han gobernado Francia por 60 años, el Socialista y el Republicano fueron derrotados ampliamente en las urnas. Los electores franceses manifestaron así su descontento contra los partidos tradicionales.

     En la segunda ronda electoral compitieron Macron y Le Pen. Esta última proponía que Francia saliera de la Unión Europea, abandonar el euro, salir de la OTAN, acercarse a Rusia y Putin (¿Por qué a los populistas les atrae tanto Putin? Quizá porque en el fondo les gustaría ser dictadores), limitar la inmigración al mínimo posible, tomar medidas contra los musulmanes en su país, cerrar fronteras comerciales para defender su industria mediante el proteccionismo. Además, comparte con Trump una ideología de extrema derecha nacionalista, racista y xenófoba. 

    Macron es un caso fresco para la política. Hijo de dos médicos ateos no tuvo formación religiosa, pero a los 12 años pidió ser bautizado en la Iglesia Católica. Estudió en una escuela de jesuitas donde se enamoró de una de sus maestras, 24 años mayor que él, y quien es su actual esposa. Sus padres lo enviaron a Paris para romper la relación con su maestra, terminando en esta ciudad el bachillerato, para luego estudiar filosofía en la Universidad de Paris. Posteriormente realizó una maestría en políticas públicas y finalmente se graduó de la Escuela Nacional de Administración de donde pasó al servicio público como inspector de finanzas. En 1999 trabajó como asistente editorial de uno de los filósofos más destacados de su país, Paul Ricoeur. Entre 2004 y 2008 estuvo en una comisión dirigida por Jacques Attali. Entre 2008 y 2012 pasó a la iniciativa privada trabajando para el Banco Rotschild donde pronto hizo una fortuna como experto en fusiones y adquisiciones. En 2012 regresó como subsecretario general del Palacio del Elíseo, un puesto muy cercano al entonces presidente Hollande. En agosto de 2014 fue nombrado ministro de finanzas para luego en 2015 abandonar el partido socialista al que pertenecía, e iniciar su carrera presidencial fundando el partido independiente En Marcha! . Se dice además que es un pianista consumado. (https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron)

    El mérito de Macron, aparte de alejarse de los partidos tradicionales y presentar una cara fresca, fue el aprovecharse del descontento de la población contra los partidos y políticos tradicionales. Logró colocarse en el “centro del espectro político con lo mejor de la izquierda, lo mejor de la derecha y lo mejor del centro” como el diría. Entre sus propuestas se encuentran fortalecer la Unión Europea, darle  presupuesto propio y un ministro de finanzas; extender la cobertura del seguro de desempleo a más personas; reducir en 120,000 el número de trabajadores del gobierno para reducir gasto, sin afectar servicios esenciales; mejorar la educación primaria limitando a 12 el número de alumnos por salón en los primeros años y dando un subsidio a los jóvenes de 500 euros para gasto en cultura;  agilizar las solicitudes de asilo, a la vez que aumentar el número de policías anti inmigración;   reducir los impuestos las empresas de un 32% al 25%;  invertir 50 mil millones de euros en la modernización de la industria y  5 mil  millones de euros al campo; y tomar medidas anticorrupción para evitar nepotismo en el parlamento. (http://www.elmundo.es/internacional/2017/04/22/58f617aae5fdea22458b466d.html)

    

     Su triunfo electoral lo logró gracias a la movilización de centenas de miles de jóvenes activistas que se sumaron a su proyecto y que se dedicaron a tocar casa por casa y hacer una campaña fresca, un poco caótica, pero con mucho entusiasmo.  Esto a pesar de que sufrió ataques cibernéticos como los que sufrió Clinton, atribuidos a los rusos.

   De la elección francesa podríamos extraer algunas lecciones para México:

1.    Debería haber segunda vuelta electoral en las elecciones presidenciales para garantizar la gobernabilidad. Es probable que en 2018 el candidato ganador no tenga más del 25% del voto.

2.    El electorado deberá evitar que su voto de castigo se convierta en autocastigo al elegir una opción radical y populista que acabe destruyendo al país como a Venezuela. Ojalá elija a un candidato que tome lo mejor del espectro político con sensatez y esté comprometido en mejorar la seguridad, abatir la corrupción y reducir la pobreza.  

3.    Impulsar el surgimiento de caras frescas en la política, alejadas de los intereses que agobian a los actores políticos tradicionales. Un buen ejemplo es Pedro Kumamoto, el diputado local independiente de Jalisco.

Ojalá que en 2018 triunfe un candidato o candidata sensato como en Francia, que sepa unificar al país y sepa gobernar.

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PERIODISMO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Por: Octavio Díaz García de León

    Un actor clave en el combate a la corrupción es el periodismo de investigación. Si bien este no es nuevo en México, ahora se producen más y mejores reportajes. A ello ha contribuido una mayor libertad de expresión y la proliferación de medios de comunicación alternos vía internet como You Tube, las redes sociales y otras formas de comunicación electrónica. También las leyes de transparencia han contribuido a poner al alcance de los periodistas la información gubernamental en la que apoyan sus trabajos. Lamentablemente, los criminales han encontrado que la única forma de callar las voces valientes de los periodistas es a través de la intimidación y el asesinato. Hoy en día, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, especialmente en temas relacionados con delincuencia organizada y seguridad pública,

     La investigación sobre la corrupción ha cobrado fuerza en los últimos años y afortunadamente estos temas no resultan tan peligrosos de cubrir como los antes mencionados, aunque los periodistas también corren riesgos importantes y son sujetos a presiones y amenazas.  Esto representa un gran cambio, pues en el pasado, la prensa en general no cubría este tipo de hechos o no los dejaban hacerlo.

    Algunos de estos trabajos periodísticos son investigaciones muy completas como las que realizaron en el informativo vía internet, Animal Político, los periodistas Arturo Ángel y Victor Hugo Arteaga para descubrir algunos de los malos manejos del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Una muy reciente es la que puso al descubierto posibles malos manejos realizados por funcionarios de CAPUFE, investigación realizada por el equipo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Raúl Olmos, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, derivada de una aparente filtración de correos electrónicos que intercambiaron los supuestos responsables y  que, de ser cierta, pondría al descubierto una gran operación de tráfico de influencias y corrupción (http://www.contralacorrupcion.mx/web/capufeleaks/). Otra investigación muy sonada fue la que realizó el equipo de la periodista Carmen Aristegui, asunto que ya he comentado en esta columna (https://octaviodiazgl.blogspot.mx/2015/03/el-caso-aristegui.html)  en relación con la famosa “Casa Blanca de las Lomas”, que estaba siendo adquirida por la primera dama, Angélica Rivera.

Desde luego no en todas las notas o investigaciones periodísticas existen elementos para poder imputar faltas administrativas o delitos a servidores públicos. Por ejemplo, en el caso de la “Casa Blanca de las Lomas”, más allá de la controversia que se desató, la autoridad competente determinó que no hubo faltas administrativas ni delitos que perseguir.  (https://octaviodiazgl.blogspot.mx/2015/02/quien-debe-investigar-los-conflictos-de.html).

     Tampoco todas las notas son de la misma calidad. Muchas de ellas parecen referirse a actos de corrupción, pero no lo son. Por ejemplo, se ven con frecuencia notas dedicadas al gasto que realiza el Poder Legislativo. Cualquier gasto, ya sea en asesores, viajes, vehículos y otros, dan pie para una nota escandalosa, siendo que estos gastos son apegados a la norma y no representan actos de corrupción, aunque se quiera dar esa impresión. Cuando se observa la cantidad de recursos que tienen los legisladores de Estados Unidos para hacer sus tareas, lo que se extraña es que aquí no tengan más recursos para realizar un buen trabajo. 

Esa es una de las deficiencias de un buen número de notas periodísticas que pretenden informar sobre casos de corrupción que no lo son, pudiéndose dañar la reputación de funcionarios honestos.  Este periodismo poco responsable o con otro tipo de agenda, no ayuda al combate a la corrupción pues solo confunde a los lectores.

     Para realizar investigaciones de calidad, una de las herramientas a la que cada vez más recurren los periodistas, es al uso de las leyes de transparencia, lo que ha permitido aumentar el número de investigaciones y documentarlas de una manera más sólida. La transparencia es uno de los grandes avances en materia de derechos humanos, rendición de cuentas y libertad de expresión que ha tenido nuestro país a partir del 2002. Ojalá que crezca su uso, ahora aplicada al combate a la corrupción.  

     Aunque no cualquier medio de comunicación tiene la capacidad para realizar este tipo de investigaciones, cuando se le dedica el tiempo y el esfuerzo necesario y es realizado de una manera profesional, ha sido incluso capaz de destituir presidentes. El caso más emblemático es el asunto llamado “Watergate” con el cual los periodistas del Washington Post, Woodward y Bernstein, dieron a la luz pública los manejos ilícitos del presidente Nixon lo cual llevó a que este renunciara. En México la investigación de Animal Político quizá haya sido determinante para encarcelar al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

     Es muy alentador que el periodismo profesional se una al combate a la corrupción. La posibilidad de que incidan en la opinión pública y destapen casos serios de corrupción, será un gran inhibidor de conducta para los malos funcionarios públicos y obligará a las autoridades a investigar los casos que contengan suficientes elementos para investigarse. El Sistema Nacional Anticorrupción se vería fortalecido si contara entre sus asesores y colaboradores externos, al gremio periodístico, intercambiando métodos de investigación, complementando esfuerzos y cooperando entre ambos.  Lo mejor sería que estas investigaciones no solo se dieran en la ciudad de México, sino que aquí en Aguascalientes y en el resto de las entidades federativas, los compañeros del gremio dedicaran más tiempo al periodismo de investigación contra la corrupción. La sociedad lo agradecerá.

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INVESTIGAR LA CORRUPCIÓN

Por: Octavio Díaz García de León

     El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tiene tres brazos operativos: la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). A través de ellas es como se van a investigar los casos de corrupción a nivel federal. En los estados, las instituciones equivalentes desempeñarán una función similar.

   Salvo la Fiscalía Anticorrupción, las otras dos instituciones deberán transformarse para enfocarse al combate a la corrupción. La Fiscalía, más que una transformación, requerirá partir casi de cero y fortalecerse, ya que hoy en día tiene recursos muy limitados.  La ASF y SFP requieren una reorientación para darle prioridad a las tareas de combate a la corrupción ya que actualmente ambas tienen otras responsabilidades. Aunque la SFP cuenta con una unidad investigadora que se utiliza en casos de corrupción, casi todas las demás unidades administrativas de la Secretaría solo inciden preventivamente en el combate a la corrupción.   

    Es posible que con el nuevo SNA esto cambie, dependiendo de lo que su Comité Coordinador decida, y con ello la SFP y la ASF, le presten más atención al combate a la corrupción.  Aunque a través de los años la opinión pública se ha confundido respecto a que aspectos inciden en combatir la corrupción o cuales instituciones se dedican a ello, la realidad es que ninguno de estos tres integrantes del SNA está diseñada con ese propósito específico. Por ejemplo, durante años, se equiparó el tener una mayor transparencia en el acceso a la información pública con una menor corrupción, lo cual los indicadores que miden corrupción han demostrado que no es así. De la misma forma se pensó que la ASF o la SFP combatían a la corrupción, cuando en realidad es un producto secundario de sus actividades. La Fiscalía Anticorrupción es de muy reciente creación, aunque su antecesora se dedicaba a perseguir delitos cometidos por funcionarios públicos, no necesariamente por actos de corrupción.

    Por lo pronto la nueva Ley General de Responsabilidades prevé un cambio importante al crear las autoridades investigadoras. Tendrán sus autoridades investigadoras la ASF, las entidades de fiscalización superior en los estados, la SFP, sus equivalentes en las entidades federativas y los órganos internos de control (OIC) que dependen de la SFP. Estas nuevas áreas se encargarán de investigar las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos y, si así lo decide el Comité Coordinador, podrían darle prioridad a investigar casos de corrupción, como los define la Ley.  

    A la SFP se le ha responsabilizado en el pasado de la lucha contra la corrupción y también se le ha culpado de su poca eficacia. Quizá parte del problema es que se le asignó una tarea para la cual no está diseñada.  Ninguna de las funciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga a la SFP, dice expresamente que combatirá a la corrupción, sino que, a través de algunas de sus facultades, lo hará de manera indirecta, ya que la función principal de esta Secretaría es organizar y coordinar el sistema de control interno del gobierno federal y evaluar la gestión gubernamental. En el mismo sentido, el principal instrumento de actuación de la SFP que son los 211 órganos internos de control y las unidades de responsabilidades de PEMEX y CFE, no están diseñados expresamente para combatir la corrupción sino para fortalecer el control interno de las instituciones. Está claro que con un buen control interno se mitiga el riesgo de corrupción, pero no es suficiente para combatirla.  

   En el caso de los OIC, para reenfocar sus tareas hacia el combate a la corrupción, requerirán una reingeniería en sus procesos. Actualmente existe un área dentro de los OIC dedicada a recibir quejas y denuncias e investigarlas, lo que han hecho de manera pasiva, esperando a que lleguen. Con las nuevas facultades que le dará la Ley, estas áreas tendrán más herramientas para convertirse en áreas de investigación proactivas. Por ejemplo, podrán revisar las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos con capacidad para solicitar información de cuentas bancarias, información cuyo acceso antes estaba muy restringido.

    Las autoridades investigadoras de los OIC funcionarán como una especie de ministerio público y deberán tener al personal capacitado en técnicas de investigación policial, en técnicas de inteligencia y contrainteligencia y contar con herramientas tecnológicas que les permitan investigar a sus objetivos. Deberán también contar con capacidad para investigar fuentes abiertas, explotar bases de datos, investigar redes de vínculos y más adelante quizá, se les pueda dar facultades para intervenir comunicaciones, todo ello para que puedan actuar como pequeñas fiscalías en el ámbito de sus instituciones.

    Este proceso de cambio, como lo he mencionado con anterioridad, tomará años en concretarse. El primer paso ya está dado, pero la tarea pendiente será larga. Con estas nuevas facultades que la Ley otorga a las autoridades investigadoras se podrán convertir en importantes auxiliares en el combate a la corrupción, pero como siempre, el reto estará en la implementación.  Será necesario seguir fortaleciendo a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a sus Órganos Internos de Control para que puedan incidir en reducir la corrupción. Estas instituciones seguirán cumpliendo sus otras funciones en el gobierno, pero, por lo menos ahora, ahora tendrán más herramientas para combatir la corrupción.     

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ALTERNANCIA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Por: Octavio Díaz García de León

     En días pasados fueron capturados dos ex gobernadores por las autoridades de los países donde residían, disminuyendo así la larga lista de ex gobernadores pendientes de atrapar y juzgar, ya que por lo menos trece ex gobernadores están en la cárcel, o prófugos, o han sido señalados por actos de corrupción y otros delitos. Aquí en Aguascalientes tenemos el caso contra el ex gobernador Luis Armando Reynoso, quien recibió un amparo.

     En Italia fue detenido el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien será extraditado a Estados Unidos acusado de estar ligado con la delincuencia organizada y tráfico de drogas no solo cuando fue gobernador sino hasta épocas muy recientes. En Guatemala fue capturado Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz y cabeza de uno de los gobiernos estatales más corruptos y dañinos en la historia reciente de nuestro país.

    Si bien teníamos indicios de que en algunos gobiernos estatales existían problemas de corrupción, malos manejos de las finanzas públicas, endeudamiento excesivo y otras tropelías, es hasta ahora que ha llegado a nivel de escándalo tanta fechoría. ¿Qué fue lo que hizo que se dieran a conocer los malos manejos? Ciertamente no fueron las auditorías que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues a pesar de que han revelado malos manejos desde hace años, han sido ignorados en su mayor parte por las autoridades. Por ejemplo, la ASF presentó 59 denuncias ante la PGR desde 2012 en relación a desvíos realizados por el gobierno de Javier Duarte y no han sido procesadas. Tampoco fue gracias a los poderes legislativos y judicial de esos estados los cuales más bien estuvieron al servicio de los gobernadores en turno y se convirtieron en sus cómplices.

    Lo que podría explicar el que ahora sí se hayan tomado acciones contra esos gobernadores corruptos es la alternancia de los partidos en el poder. No imagino que se hubiesen descubierto tantas tropelías si no hubiesen ganado el PRI en Sonora, el PRD en Michoacán, un independiente en Nuevo León y el PAN en Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Tamaulipas, entre otros. Si hubiese continuado el mismo partido en el poder, seguramente no correrían peligro los ex gobernadores y muchas de sus abusos permanecerían ocultos. Hasta ahora, aunque no en todos los casos, la alternancia ha sido el mecanismo más eficaz para combatir la corrupción. No es de extrañarse que en los estados donde hay elecciones se dé una lucha tan reñida por mantener en el poder al partido político en turno.

    La corrupción no es un fenómeno reciente en nuestro país, pero la podríamos asociar a la falta de democracia y alternancia.  Si alguien escribiese la historia de la corrupción en México, quizá debería remontarse a la llegada de Hernán Cortés y su banda de codiciosos en busca de oro y luego a los gobiernos virreinales, cúspide del absolutismo y campo fértil de la corrupción.

     El siglo XX dio continuidad a una larga tradición de corrupción en el país gracias también a la ausencia de instituciones, democracia y contrapesos al poder de los gobernantes. Las figuras emblemáticas de políticos enriquecidos al amparo del poder abundan. Por ejemplo, habría que ver como el presidente Miguel Alemán, de quien no se tenía noticias que tuviera dinero antes de dedicarse a la política, pudo hacer una fortuna que lo convirtió en socio de Televisa, (¿O fue un pago de favores?) por lo cual, al vender sus descendientes su participación en esa empresa en 2006, obtuvieron 200 millones de dólares. Hoy su hijo y su nieto son prósperos empresarios dueños de la línea aérea Interjet, entre otros negocios. 

    De igual forma, el  profesor Carlos Hank González quien llegó a Atlacomulco como profesor rural cuando salió de la escuela Normal de Toluca y quien no tenía el capital ni siquiera para poner una pequeña fábrica de dulces en sus inicios como empresario, al grado que uno de los  comerciantes prósperos del pueblo le negó un préstamo por no confiar en su solvencia, llegó a acumular, al amparo de sus puestos en el gobierno,  una fortuna que hoy asciende  a miles de millones de pesos, ahora  en manos de sus descendientes. Casos como estos surgieron por la falta de alternancia de los partidos en el poder propiciando la impunidad.

    Llama la atención la codicia, avaricia y corrupción de tantos personajes de la vida pública de nuestro país. ¿Qué patología psicológica tendrán y que desviados valores les inculcaron para que usaran el poder público para enriquecerse y causar tanto daño a la sociedad?  ¿Qué puede motivar a una persona a acumular fortunas tan enormes de manera ilícita y para qué, si solo disfrutarán una pequeña parte? La respuesta seguramente la tendrán los psicólogos.

    A la sociedad no le queda más que seguir reforzando sus instituciones para que estos personajes, primero, no lleguen al poder, y segundo, si llegan, causen el menor daño posible. El Sistema Nacional Anticorrupción es un paso en la dirección correcta, pero hay dos antídotos más eficaces en el corto plazo contra estas personas: que haya democracia verdadera para que se dé la alternancia en el poder y que haya una independencia efectiva de los poderes legislativo y judicial para contrarrestar las tropelías de los poderes ejecutivos, sirviendo como contrapeso y evitando los malos manejos.  

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TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL

Por: Octavio Díaz García de León

     En materia de acceso a la información pública gubernamental existen fuerzas a favor y en contra de la apertura de la información.  Por una parte, la Constitución en su artículo sexto garantiza como uno de los derechos humanos de los mexicanos el acceso a la información que genera el gobierno en su actividad cotidiana, para favorecer la rendición de cuentas de los funcionarios y transparentar la actuación gubernamental. Por otra parte, la misma Constitución protege la información privada de las personas para evitar su divulgación sin autorización. La Ley General de Transparencia también contempla los casos en que se debe reservar la información gubernamental por periodos limitados. Uno de ellos es aquella cuya revelación, comprometa la seguridad nacional.

     Desafortunadamente ni en las leyes de transparencia ni en la Ley de Seguridad Nacional (LSN) existe mucha claridad para determinar cuál información, de hacerse pública, podría afectar a la seguridad nacional.

     Por una parte, existe el riesgo de que se invoquen razones de seguridad nacional para ocultar información que no se quiere revelar por otras razones, tales como ocultar malos manejos o evitar una rendición de cuentas adecuada. (Ver https://octaviodiazgl.blogspot.mx/2015/12/seguridad-nacional-la-confusion.html). Por ejemplo, la CONAGUA adujo razones de seguridad nacional para no entregar información sobre bitácoras y planes de vuelo del helicóptero que usaba su ex director general, David Korenfeld, quien luego fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública por haber usado esas aeronaves para cuestiones personales (https://octaviodiazgl.blogspot.mx/2015/08/golpe-la-transparencia.html).

     Por otra parte, es indudable que las naciones requieren secrecía para aquella información que les permite proteger su seguridad nacional. Por ello los actos de espionaje que realizan unas naciones contra otras son combatidas con fuerza y se crean instituciones de contrainteligencia para prevenir el robo de información. Por ejemplo, recordemos que Estados Unidos espió al equipo de campaña del ahora presidente Peña (http://www.elfinanciero.com.mx/politica/eu-espio-a-pena-cuando-era-candidato-tv-brasilena.html ) y seguramente ese país continúa sus labores de inteligencia en nuestro país, para proteger sus intereses. También existe el precedente de una fuga de información que reveló la estructura de mando y los funcionarios responsables del CISEN y la cual fue publicada de manera irresponsable por un diario. Por todo ello, he propuesto que debería haber una Ley de Secretos de Estado. (https://octaviodiazgl.blogspot.mx/2013/05/secretos-de-estado.html ).

     En días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un recurso de revisión que presentó el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República contra una resolución del INAI. El Consejero se oponía a una resolución emitida por el INAI que obligaba a entregar información acerca de las rutas, planes de vuelo, horas de salida y llegada, lugares de aterrizaje y despegue, nombres de tripulación y pasajeros para todas las aeronaves que utilizó la Presidencia de la República en el periodo de julio a octubre de 2014.

     Hay que recordar que la nueva Ley General de Transparencia designa como última instancia al INAI para resolver recursos de revisión, excepto en solicitudes de información que afecten a la seguridad nacional, en cuyo caso a quien le toca resolver es a la SCJN y el único que la puede interponer es el Consejero Jurídico de la Presidencia.

     Seis ministros votaron por negar la entrega de toda la información solicitada, otros tres ministros se pronunciaron por publicar sólo los nombres de los lugares de partida y de arribo de las aeronaves sin revelar el punto preciso de despegue y donde aterrizaron. El único que estuvo en favor de que se entregara la información conforme lo había resuelto el INAI fue el ministro José Ramón Cossío Díaz.  Es la segunda vez que la Corte se pronuncia sobre el tema de trasparencia por motivos de seguridad nacional y es la primera vez que revoca una resolución del INAI. (Sesiones del 28, 30 de marzo y 3 de abril https://www.scjn.gob.mx/pleno/secretaria-general-de-acuerdos/versiones-taquigraficas).

    Los argumentos de los ministros en contra de entregar esta información iban en el sentido de que, entre otras cosas, si se entregaba, podría poner en riesgo la vida del Presidente de la República y por tanto afectar la seguridad nacional. El ministro Cossío en sus argumentos a favor de entregarla decía que es muy difícil que a partir de hechos que ocurrieron hace casi tres años se pueda poner en peligro la vida del presidente y sus acompañantes en los vuelos que realizará en el futuro. Tampoco está claro el por qué hacer pública la lista de pasajeros pueda afectar a la seguridad nacional.

     Desafortunadamente, ni las leyes de transparencia ni la LSN consideran explícitamente las amenazas a la vida del Presidente como una amenaza a la seguridad nacional. Lo más cerca de ese supuesto serían de la LSN, el artículo 3 fracción III, suponiendo que ello afectara el orden constitucional o bien encuadrarlo en el artículo 5 fracciones I y VI que hablan de actos de terrorismo o contra la seguridad de la aviación.

 

    Es muy importante esta resolución de la Corte porque va sentando precedentes. Sin embargo, me parece que aún hace falta tener más claridad acerca de cuándo debería reservarse la información por razones de seguridad nacional y cuándo se debe entregar. Al respecto, hace falta un debate amplio que proteja tanto el derecho al acceso a la información como los secretos de estado.

Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución pública o privada.

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