26 de septiembre de 2015

LO QUE CUENTA SON LOS RESULTADOS



Por: Octavio Díaz García de León
  
     Los candidatos ganadores a puestos de elección popular prometen cosas atractivas, importantes, novedosas;  el electorado cree que lo irán a cumplir y votan por ellos. Pero como todos sabemos, es más fácil prometer que llevar a cabo lo prometido. Como dijo el ex congresista americano Tip O’Neill “Es más fácil postularse para un puesto que ejercer el puesto” (Citado por Michael Barber en su libro “Como Gobernar” (Ver artículo)). Muchos gobiernos fracasan a la hora de querer cumplir lo prometido (Si son serios). El ex primer ministro ruso Víctor Chernomyrdin  dijo “Tratamos de hacer mejor las cosas, pero todo salió como siempre.” (Citado por M. Barber). Frase que una gran cantidad de nuestros gobernantes hubieran podido hacer suya.

    En el libro antes mencionado,  el autor dice que aún en países  relativamente bien gobernados, el gobierno es ineficaz e ineficiente lo cual tiene un enorme impacto  negativo en la economía de esos países;  además  hace que los ciudadanos estén menos dispuestos a pagar impuestos, los vuelve escépticos de los gobiernos en general y en el peor de los casos,  incluso los hace  dudar acerca del valor de la democracia. ¿Suena conocido? Basta ver los resultados de la más reciente encuesta de Latinbarómetro 2015 publicada en el periódico Reforma este 26 de septiembre y en donde solo 19% de los mexicanos están satisfechos con la democracia, cuando el promedio en la región anda en un 37%. 

     ¿Por qué los gobiernos no dan resultados? Hay muchas razones: no tienen claridad en los objetivos o simplemente no tienen objetivos; son incapaces de  fijar metas realistas; no pueden medir los avances y no saben si se cumplieron las metas. Esto se debe a que no hay los directivos con las capacidades y habilidades gerenciales necesarias para conducir a organizaciones tan complejas como son las instituciones de gobierno. Además, al no haber rendición de cuentas, no existen consecuencias  ante la falta de  resultados por lo que tampoco hay incentivos para cumplir.

     En la iniciativa privada los resultados se tienen que dar por necesidad. De otra forma, a menos que sean empresas protegidas por el gobierno, no podrán competir y estarán condenadas a desaparecer del mercado. Por ello hay excelentes escuelas de negocios por todo el mundo preparando futuros líderes empresariales. En México,  el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) hace énfasis no solo en las técnicas de la administración sino, como su nombre lo indica, en la dirección,  lo cual le da la debida importancia a la dimensión humana de cualquier institución  ya que las organizaciones están hechas de hombres y mujeres a las que hay que conducir para lograr resultados. Escuelas así escasean para el sector público y sus egresados rara vez llegan a la cúspide de los gobiernos.

    Los políticos prefieren colocar en los niveles más altos de sus administraciones,  en el peor de los casos a sus amigos sin importar sus capacidades y en el  mejor de los casos a personas de una alta especialidad técnica, a veces con doctorados en las mejores escuelas del mundo. Por lo general, ninguno de los dos grupos sabe dirigir personas.  

     Por ello es muy frecuente encontrar funcionarios del más alto nivel sin las necesarias capacidades gerenciales. Esto se manifiesta, por ejemplo, en los horarios de trabajo absurdos que tienen algunos. Empiezan a las 7 de la mañana y terminan a las 2 o 3 de la mañana del día siguiente, incluyendo sábados y domingos. Lo único que demuestran estos horarios es  su incapacidad para ser líderes, delegar tareas y responsabilidades a sus equipos de trabajo, descentralizando la toma de decisiones y empoderando a niveles más bajos de su organización. En otras palabras, no saben dirigir. 

     Los casos son bastante patéticos para ciertas administraciones que  se llenan de este tipo de funcionarios “trabajo adictos” con el consecuente desgaste para ellos en su vida personal llegando a destruir a sus familias,  pero además,  sin capacidad para dar resultados. Sus colaboradores se frustran al no poder tomar decisiones,  no realizan un trabajo significativo sino solo subordinado,  sus horarios de trabajo son inútilmente  largos y sus jefes se convierten en enormes cuellos de botella.  

     Ante la falta de resultados que aqueja a tantos gobiernos del mundo, se ha venido tomando la experiencia que M. Barber describe en su libro,  para tratar de que los gobiernos cumplan lo que se proponen. En Gran Bretaña y otros 58 países, de acuerdo con datos del Banco Mundial,  se han creado “Unidades para Dar Resultados” o “Unidades de Implementación” emulando la que se creó en el gobierno de Tony Blair en Gran Bretaña y que encabezó Michael Barber.

    En México, plagado de reformas legislativas, proyectos faraónicos y ocurrencias de todo tipo, sería muy provechoso que se creara una Unidad similar para enfocar los esfuerzos del gobierno a unas cuantas prioridades y se asegurara de llevarlas a cabo. Aquellos gobiernos que den resultados podrían pasar a la historia como verdaderos benefactores del  país y en una de esas hasta sus partidos podrían repetir en el poder de una manera legítima y no a través de la compra de votos. Perder de vista que lo importante de gobernar es ofrecer resultados,  es condenar al país a un gatopardismo permanente en donde todo cambia para seguir igual… hasta que la gente se canse.


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19 de septiembre de 2015

UN ESCENARIO POPULISTA PARA EL 2020



Por: Octavio Díaz García de León


     Hay libros que sacuden la conciencia de amplios segmentos de la población. En Francia causó conmoción la publicación de la novela “Sumisión” de Michel Houellebecq justo el 7 de enero de 2015, día del atentado cometido por terroristas islámicos contra el semanario Charlie Hebdo que costó la vida a 12 personas e hirió a otros 11. La novela presenta un escenario donde un partido político islamista toma el poder en ese país y va  transformando a Francia en un país musulmán con la consecuente pérdida de libertades individuales, el sometimiento a las costumbres misóginas de esa religión, el abandono del laicismo y la represión por motivos ideológicos, entre otros efectos. El libro tocó una fibra sensible tanto en aquellos franceses que temen que efectivamente eso pueda suceder como en aquellos que lo sintieron  un ataque  contra las minorías musulmanas de ese país.

     En México, tan acostumbrados a que ocurran  tragedias, un novelista tendría que esforzarse para encontrar un tema  que causara verdadero desasosiego. Por ejemplo: convertirnos en una narco república; sufrir una invasión de un Estados Unidos presidido por Trump; recibir un ataque de Guatemala reclamando a Chiapas; padecer un terremoto que devastara la ciudad de México de nuevo; surgir una  pandemia de  virus aviar que acabase con la décima parte de la población. Para efectos de este artículo no vayamos tan lejos.

     Supongamos que estamos en  enero de 2020. Desde finales de 2015  creció el desencanto con el gobierno en general por su impotencia ante los problemas de inseguridad,  por una corrupción rampante, la ingobernabilidad en ciertos estados, la mayor violencia de la delincuencia organizada y una economía en franco decrecimiento. La población atribuía los problemas no solo al gobierno sino a los partidos políticos.

     Por ello no fue de extrañarse que en 2016 surgiera un candidato independiente asociado al zapatismo, con un discurso  que empezó a serle atractivo a las masas. Prometía muchas cosas: repartir la riqueza de los que más tienen; ayudar a los pobres con dádivas directas; instaurar un seguro de desempleo muy generoso;  que el gobierno diera empleo a millones de desempleados; “nacionalizar” bancos, transporte aéreo, afores y dar marcha atrás a la reforma energética; recuperar la seguridad con mano dura; meter a los corruptos a la cárcel sin juicio. Sus promesas eran más radicales que las de otros políticos,  pero el personaje tenía un enorme carisma, usaba un lenguaje bronco, retador, insultante,  que recogía muy bien las frustraciones de la población.  

     En las elecciones de julio de 2018, los partidos políticos, desconectados del electorado, presentaron candidatos poco atractivos: el PRI, a Manlio Fabio Beltrones; el PAN,  a Rafael Moreno Valle;  el  PRD,  a Jesús Ortega; MORENA, a López Obrador;  El PVEM,  a Arturo Escobar; Movimiento Ciudadano,  a Enrique  Alfaro. Entre todos ellos solo  obtuvieron el 48% del voto emitido. El candidato independiente ganó con un 52% del voto lo que le daba un claro mandato. En el Congreso las cifras fueron parecidas y los candidatos  asociados con el candidato independiente lograron mayoría. Lo mismo ocurrió con las gubernaturas en juego.

      A partir de diciembre de 2018 el nuevo presidente empezó a cumplir sus  promesas apoyándose en un gasto desmedido que pronto desquició las finanzas públicas.  De tal forma que para enero de 2020, gracias a su control del Congreso,  ya había logrado: volver a estatizar todo aquello que se había abierto a la inversión privada en el sector de energía; nacionalizar la banca ante la fuga de capitales; quitar la autonomía al  Banco de México e imponer el control de cambios; “nacionalizar” los fondos de las Afores pasando a ser del gobierno dichos recursos; estatizar las líneas aéreas y las empresas de telecomunicaciones; desaparecer a los partidos políticos y con ello al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  ante el regocijo de la gente; quitar la autonomía a todos los órganos del estado que la tenían, despareciendo a algunos como el IFT y la COFECE.

     En consecuencia,  para cubrir el enorme gasto social que impulsó, la deuda externa superó al 100% del PIB; sin las trabas de un Banxico autónomo, la inflación se disparó a más del 120% anual; hubo una  salida masiva de capitales y de las personas con capital suficiente  para ser admitidas en otros países. Hubo muchas otras consecuencias que sería largo de enumerar pero que ustedes imaginan.  Ello provocó descontento en las clases alta y media alta  por el caos económico,  pero gracias al reparto de dinero y los programas asistenciales, el resto de la población aceptaba sumisa al nuevo presidente. Las fuerzas militares se mantenían leales al gobierno legítimamente elegido.

     Si piensan que estoy describiendo un panorama descabellado, recordemos que  la situación descrita era similar a la vivida en la década de los setenta y ochenta del siglo pasado.

     Este escenario no debe estar tan errado porque recientemente el presidente Peña dijo que había que combatir al populismo. Su reto será hacerlo no en el terreno electoral, sino en los hechos de gobierno. Ya nos demostró la elección en Nuevo León que en pocos meses puede surgir un candidato independiente que catalice el descontento de la población contra gobiernos y partidos corruptos.  Si para los franceses un escenario  preocupante es caer en manos de un gobierno islamista, para México un escenario desastroso sería regresar al populismo.
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12 de septiembre de 2015

RETOS DE LA REFORMA ENERGÉTICA



Por: Octavio Díaz García de León
  
      La reforma energética  ha sido quizá la acción de gobierno más trascendente  desde la firma del Tratado de Libre Comercio para Norteamérica (TLCAN) en 1993.  El sector de energía no había tenido una acción de tanto impacto  desde la estatización de la industria petrolera en 1936 y  de la industria eléctrica en 1960. Pero estos cambios legales solo son un  mapa de ruta. Llevarlos a su destino dependerá de quienes trabajan en dichas industrias.

     El gobierno del presidente Peña fue capaz de retomar e impulsar una iniciativa que propiciara la apertura en los mercados de la energía, a pesar de que su partido la había rechazado durante los 12 años anteriores. Esto es explicable pues dicha reforma era parte integral de la agenda liberal del PAN y de algunos sectores modernos del PRI pero iba en contra de la  tradición estatista que los sectores más conservadores del PRI, así como el PRD, habían defendido por años. Parecía también conveniente hacer fracasar una reforma de esta trascendencia en los gobiernos del PAN para luego impulsarla como uno de los logros más grandes del PRI.  Para ello,  se podía contar con el apoyo del PAN para pasar esta reforma tan cercana a sus convicciones tal y como ocurrió con el TLCAN.

     Otras fuerzas a favor de la reforma encarnaban en el sector privado local pero especialmente en  los intereses de negocios extranjeros, en una época en que el precio del petróleo alcanzó niveles sumamente altos y con el desarrollo de tecnologías como el “fracking” que hicieron viables la explotación de hidrocarburos de muy difícil acceso. También ayudó el que la producción de petróleo en nuestro país fuera en picada, el que ya no hubiese dinero para desarrollar nuevos campos petroleros, el que la corrupción de los líderes sindicales se volviera menos tolerable y que las ineficiencias tanto de CFE como de PEMEX le estaban  ya costando al país demasiado al ser un tremendo lastre para las finanzas públicas debido a los enormes pasivos laborales con que cargan dichas empresas y los costos excesivos de producción.

     La reforma comprendió la expedición de nueve  leyes y reformas a otras doce leyes,  acompañadas de la emisión  de  otras disposiciones normativas. El 20 de diciembre de 2013 se publican las modificaciones a los artículos 25,  27 y 28 constitucionales y entre julio y agosto de 2014 las leyes secundarias.

    Estas modificaciones pretenden que se realice una transición  hacia la apertura de los mercados y la competencia al pasar de ser el Estado Mexicano quien tenga el monopolio de la industria de hidrocarburos y la industria eléctrica hacia mercados donde participe la iniciativa privada. Esta reforma no contempló  la privatización de las dos empresas más grandes del estado mexicano (tabú intocable) pero deberán volverse competitivas si desean sobrevivir en el largo plazo.
 
     Por lo pronto las reformas no pretenden que  se desplomen estas empresas súbitamente,  sino que proveen para un aterrizaje que puede tomar décadas. La reforma incluye la creación o el fortalecimiento de organismos regulatorios que seguirán protegiendo a esas empresas a la vez que traten de ir abriendo estos mercados.
    
    También se está evitando cometer los errores que se dieron con la privatización de Teléfonos de México  en el  sexenio del presidente Salinas de Gortari, empresa a la    que se le permitió continuar siendo prácticamente un monopolio privado y que ha impedido que  20 años después termine la apertura en el mercado de  telecomunicaciones.

     Pero hay un reto extraordinario en la transformación de PEMEX y CFE. Las reformas por sí mismas solo son mapas de ruta.  Los cambios en la industria no se dan por decreto; se dan gracias a  la evolución de sus trabajadores. Tendrán que volverse eficientes, orientarse a que su empresa sea rentable,  evitar el desperdicio,  modernizar todos sus procesos,  actuar de manera ética erradicando la corrupción y los conflictos de interés que los han plagado y encargarse de cuidar a sus empresas que ahora deben caminar cada vez más  sin el sostén del gobierno. Requiere un cambio de actitudes, de lenguaje, de cultura, que implican  enormes sacrificios. Requiere pasar de ser trabajadores “derechohabientes” de las empresas estatales a ser contribuyentes esenciales al buen desempeño de las mismas.

     Cambiar la mentalidad de cerca de 250,000 trabajadores representa una enorme  transformación institucional y desafortunadamente no hay leyes que provean el  liderazgo  requerido. Este tiene que venir de las personas que integran sus Consejos de Administración, de  sus directores. Pero el primer problema que tienen estas empresas es que sus sindicatos tienen más fuerza que la gerencia ¿Cómo se puede impulsar un cambio si el liderazgo para hacerlo no se encuentra en los directivos de las empresas? Tampoco se le puede pedir al sindicato que actúe contra sus intereses y de sus agremiados. Por el contrario, serán una dura oposición a los cambios que requieran sacrificios.

    El gobierno federal no debe olvidar que el fracaso o éxito de la reforma energética y la sobrevivencia de PEMEX y CFE pasan por tomar en cuenta al factor humano que es el  que lo hará posible. Me pregunto si los trabajadores de estas empresas están convencidos de abrir sus mercados, enfrentarse a una competencia formidable, renunciar a sus comodidades  y contribuir genuinamente al éxito de sus empresas; si aunado a esto habrá el liderazgo de los directivos para conducir con éxito el cambio;  o bien, si todo quedará en buenos deseos.
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5 de septiembre de 2015

GUATEMALA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN


Por: Octavio Díaz García de León

     El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina,  fue encarcelado el pasado jueves 3 de septiembre. Después de quitarle el fuero político, ordenar su arresto y presentar su renuncia, el jueves ya durmió el ex presidente en la cárcel. ¿Cómo es posible que un país con instituciones débiles, con una oligarquía que históricamente ha dominado ese país con impunidad, con una historia de dictaduras, guerras civiles, abusos a los derechos humanos, pobreza extrema y otros problemas que superan a los nuestros, tenga la posibilidad de destituir a un presidente y enjuiciarlo por corrupción?

     Nuestro vecino del sur es un perfecto desconocido para la mayoría de los mexicanos. Acostumbrados como estamos a mirar al norte, Belice y Guatemala nos pasan desapercibidos. Con Guatemala compartimos una enorme frontera totalmente porosa de 960 km y una historia que nos hermana desde los tiempos prehispánicos. En Guatemala, Chiapas y la península de Yucatán floreció la civilización maya; una vez  lograda la independencia de España,  Guatemala fue parte del Imperio Mexicano por un corto tiempo; y Chiapas era parte de ese país hasta que decidió anexarse a México. Guatemala cuenta con 15 millones de habitantes;  un ingreso per cápita de $5,300 dólares (En México es de $17,300 Dlls.). País de paisajes hermosos y pobreza lacerante, tiene una joya colonial, la Antigua Guatemala, destruida por un terremoto y hoy convertida en hermoso centro turístico.

      Los problemas de corrupción en Guatemala son añejos, como lo son en nuestro país. De hecho, Guatemala es vecino de México en la clasificación que hace Transparencia Internacional en esta materia ya que ocupa el lugar 115 de 175 países con una calificación de 32/100  mientras que México está en el 103 de 175 con 35 de calificación.

      Pero mientras en nuestro país seguimos discutiendo una posible reforma anticorrupción (Faltan todas las leyes secundarias) y que, de llevarse a cabo, sus efectos se verán quizá para el próximo sexenio, en Guatemala han sido capaces de llevar el combate a la corrupción hasta el nivel más alto del gobierno de ese país.

     Gracias a una investigación llevada a cabo por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la fiscalía de esa nación, el pasado 16 de abril  se puso al descubierto una enorme red de corrupción en el gobierno que lucraba con los aranceles  que se cobran en las aduanas de  ese  país. La red de corrupción llegaba hasta el presidente Pérez Molina y primero le costó el puesto a la vicepresidenta Roxana Baldetti, luego gran parte del gabinete renunció y finalmente cayó el presidente. Todo esto fue acompañado de un enorme movimiento de protesta social pacífica,  que movilizó a decenas de miles de personas de clase media, quienes manifestaron su rechazo a los enormes niveles de corrupción que alcanzó el gobierno de ese país.

   ¿Qué es y cómo le hace la CICIG para combatir la corrupción a tan alto nivel? (Ver Nota) La CICIG fue formada mediante un acuerdo de la ONU con el gobierno de Guatemala y recibe apoyo financiero y técnico internacional. Es un órgano internacional independiente creado en el 2007 para auxiliar  al Ministerio Público, a la Policía Nacional, así como a otras instituciones guatemaltecas a través del  apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos de alto impacto.  Está formada  por un equipo humano internacional y opera dentro del marco legal y del sistema de justicia del país. El mandato de dicho organismo es investigar  la existencia de cuerpos ilegales de seguridad que cometen delitos contra los derechos humanos y  sus vínculos con funcionarios del Estado; desarticularlos, perseguirlos y sancionarlos;  y hacer recomendaciones al gobierno de Guatemala para la adopción de políticas públicas que ayuden a erradicarlos.

     Sin embargo, ha ampliado su actuación para investigar otros casos de alto impacto, por lo que la CICIG también combate ilícitos tales como:  el contrabando y la defraudación fiscal; la corrupción en el sector público; el financiamiento de partidos políticos y las campañas electorales; la corrupción judicial;  y el narcotráfico y lavado de dinero. Además del caso más reciente que le costó el puesto al presidente Pérez Molina, ha llevado otros casos de muy alto impacto.

     México ha optado por una reforma anti corrupción que pretende fortalecer cuatro instituciones del Estado Mexicano: una secretaría de estado  dedicada al control interno, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción.
   
    Sin embargo,  dado el éxito que ha tenido con nuestro vecino del sur, no estaría demás considerar la incorporación en México de un cuerpo internacional formado  por la ONU, similar al de Guatemala,  que cuente con las capacidades técnicas de investigación, personal internacional capacitado, recursos y sobre todo autonomía e independencia de actuación para  que auxilie a las autoridades mexicanas en la persecución de casos de alto impacto que pudieran involucrar a los niveles más altos de los tres órdenes de  gobierno y de los tres poderes.

    Con ello se daría mayor eficacia y credibilidad a las investigaciones por tratarse de un organismo anticorrupción internacional que actúe con imparcialidad y sin conflictos de interés. Ahora que es un clamor popular en nuestro país el combate a la corrupción, vale la pena estudiar y adoptar mejores prácticas en la materia como es el caso de la CICIG en Guatemala.
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29 de agosto de 2015

DONALD TRUMP NO ES EL PROBLEMA



Por: Octavio Díaz García de León


      A  poco más de un año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ya inició la disputa por la candidatura de los dos principales partidos políticos en ese país. Los demócratas se han concentrado prácticamente en la candidata Hillary Clinton quien arrasa con las preferencias en ese partido, a menos que el vicepresidente Biden decida competir por  esa candidatura,  en cuyo caso se espera una contienda más cerrada. En el campo de los republicanos hay 17 contendientes en una competencia muy fragmentada. Entre los aspirantes está Jeb Bush, hijo de un ex presidente y hermano de otro ex presidente por lo que el apoyo para su campaña es fuerte  y está entre los favoritos.  

     Pero la gran sorpresa entre los republicanos la ha dado el magnate de los bienes raíces y protagonista de programas televisivos, Donald Trump. Basado en una campaña apoyada por su gran fortuna y con una propuesta populista, estridente y radical ha captado la atención de todos los medios de comunicación y especialmente de  los votantes.

Entre sus propuestas  y dichos, podemos destacar los siguientes:

  •     Deportará a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.
  •          Construirá un muro en toda la frontera con México y hará que nuestro país la pague.
  •       Impondrá aranceles de hasta 35% en los vehículos que se construyen en México y se exporten a ese país.
  •     Dijo que México envía indocumentados a su país quienes llevan muchos problemas, transportan drogas, cometen crímenes y  son violadores.


      Si sirve de algún consuelo, además de denigrar a los mexicanos y su gobierno, también insulta a las mujeres (Ver nota) y a los afroamericanos. Incluso habló mal de uno de los políticos más respetados de su país y ex candidato presidencial, el senador John McCain al decir que no era un héroe de la guerra de Vietnam porque lo habían hecho prisionero y para él los héroes no eran aquellos que caían  prisioneros.

   Por todo esto, nadie le daba más de un mes de vida en las primarias republicanas. Pero los expertos se han equivocado con él, así como se equivocaron destacados políticos de la Alemania de los años treinta del siglo pasado cuando menospreciaron a un tipo caricaturesco, demagogo y lleno de odios llamado Adolfo Hitler, que ganó unas elecciones libres para en seguida acabar con la democracia e instaurar una dictadura, llevar a su país a la destrucción y  asesinar a 6 millones de judíos. No hay que olvidar que al holocausto se le disfrazó de una deportación masiva. Quizá Trump requiera a un nuevo Eichmann que sea capaz de deportar a 11 millones de indocumentados. (Nota)

     Pero el problema no es Trump, sino quienes lo apoyan. De acuerdo a las más recientes encuestas,  es el candidato puntero de  su partido con más de 15% de ventaja sobre su más cercano competidor (Nota). Encuestas recientes muestran que se está consolidando como el favorito para ganar las primarias republicanas, y aunque la convención republicana será hasta julio de 2016, por lo pronto va  a la delantera. (Nota)

     Esto sucede porque sus posiciones encuentran respaldo. De acuerdo a una encuesta, el 63% de los republicanos están a favor de deportar a los 11 millones de indocumentados, en su mayor parte mexicanos,  que residen en los Estados Unidos. Es preocupante el que haya un segmento de la población en los Estados Unidos que piense que es factible deportar a 11 millones de personas,  aspecto que el periodista Ramos cuestionó de frente a Trump. ¿Se les pondrían en campos de concentración mientras aguardan su deportación? ¿Se podrían diferenciar los indocumentados  de  los ciudadanos americanos de origen hispano? ¿Cuántos elementos del ejército americano se requerirían  para arrestar a 11 millones de personas? ¿A dónde se enviarían esos deportados? ¿A México? ¿Podría México decir que no?  

    Algo no anda bien en un segmento de la sociedad americana que está de acuerdo en esas medidas que van contra los mejores principios que defiende esa nación: democracia, derechos humanos y valores cristianos. Ante esto, hace falta una reacción fuerte por parte de  las comunidades políticamente sanas de ese país y del nuestro. Pensar que  Trump es un payaso que se derrotará a sí  mismo es no ver que sus posturas encuentran eco en la sociedad americana.

    Por otra parte es tiempo de replantearnos nuestra fortaleza para mantenernos como nación independiente. De llegar Trump a la presidencia, Estados Unidos tiene la fuerza para imponer a México cualquiera de sus propuestas descabelladas. Ante esta amenaza, no tenemos capacidades que permitan  resguardar los intereses de nuestra nación. 

    Lo único que nos ha salvado de ser invadidos por ese país es que no desean hacerlo. Después de la guerra contra la invasión francesa, entre 1862 y 1867, México perdió cualquier pretensión de poder  resistir a una intervención extranjera, aspecto que se comprobó con las intervenciones norteamericanas a nuestro país durante la Revolución.

    Por remoto que resulte el triunfo de Trump y la implementación de sus locuras,  es tiempo de replantear prioridades en la Agenda de Seguridad Nacional. Tradicionalmente ésta se ha construido solo mirando hacia las amenazas que surgen en el interior de nuestro país, en busca de disidentes o delincuentes,  cuando históricamente las  mayores amenazas han venido del exterior. Trump y sus seguidores se pueden convertir en una amenaza a nuestra seguridad nacional.

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22 de agosto de 2015

NUEVA DIRIGENCIA EN EL PAN



Por: Octavio Díaz García de León
  
    Termina la presidencia de Gustavo Madero al frente del PAN con resultados nada halagüeños. Bajo su mando, el PAN perdió las elecciones presidenciales, perdió terreno en las intermedias y perdió  gubernaturas  o no pudo recuperar las que antes eran bastiones del PAN. Se ahondó  la división en las filas del panismo al acentuarse las disputas entre los diversos grupos internos y las acusaciones de corrupción crecieron  salpicando los más altos niveles de la dirigencia de ese partido. Madero encabezó una era de pragmatismo político al unirse al PRD en candidaturas en estados donde por si solo el PAN no era competitivo y fue uno de los pilares del Pacto por México que han dado lustre a la gestión del PRI y pocos beneficios  al PAN.

     El pragmatismo ha desdibujado al PAN como oposición creíble. Los otrora fuertes principios ideológicos del PAN  han pasado a segundo término. Por ejemplo, el PAN defendía los intereses de la libre empresa, la economía de mercado, la desregulación, menores impuestos, reducción de la intervención gubernamental en la esfera privada, aunado a un alto contenido de solidaridad social conforme a los principios de la doctrina social de la Iglesia Católica y una defensa de la persona humana desde la concepción. Estas posiciones lo presentaban como un partido liberal en lo económico y conservador en lo moral, por lo que era atractivo para amplios sectores de la clase media y en especial para los empresarios quienes fueron uno de los grandes motores en los triunfos del PAN.

     Los empresarios, cansados de las crisis económicas recurrentes y la corrupción endémica de los gobiernos en turno, dejaron la comodidad para unirse a la lucha por el cambio en el país hasta que lo lograron en 2000. Pero en 2012, ante el desgaste y el desprestigio del PAN,  los empresarios le  apostaron al regreso del PRI, quizá con la esperanza de que la vieja práctica del capitalismo de compadrazgos les podía beneficiar más que el capitalismo de libre empresa que los obligaba a competir y ser eficientes; cansados también de la inseguridad y la violencia que se había disparado por todo el país  ante la impotencia de las autoridades.

    Pero hay otras fuerzas autodestructivas en este partido, entre las que llama la atención que el  PAN haga a un lado a sus mejores líderes para favorecer a los burócratas del partido. Mientras que el PRI invita y suma a todos sus viejos liderazgos sin importar rencores, en el PAN se excluye a sus políticos más destacados. Empezando por los ex presidentes: Fox que optó por renunciar al PAN y Calderón que probablemente esté en vías de hacerlo. Lo mismo sucede con ex secretarios de estado, ex gobernadores, ex alcaldes y otros líderes políticos de relevancia que se han ido alejando del PAN sin que su dirigencia intente o quiera recuperarlos. Algunos de ellos han tenido que seguir sus aspiraciones políticas en otros partidos porque no tienen cabida en su partido o han optado por la vía independiente.

    Ante este panorama,  el PAN tuvo  elecciones para elegir a su nuevo presidente. Cuando parecía que el candidato Anaya, representante del maderismo,  no iba a tener contrincante,  surgió la candidatura de Javier Corral,  periodista con más de 33 años de militancia y destacadas posiciones en el PAN. Corral fue un candidato de protesta sin  posibilidades de ganar;   es como una especie de “Bronco” del PAN,  no solo por ser de Chihuahua en donde la gente se caracteriza por su reciedumbre, sino por su propio talante combativo, aspecto que hacia adentro de su partido no le atrajo simpatías.

    Anaya por su parte, queretano, abogado y doctor en ciencias políticas, con 15 años de militancia,  es un orador muy articulado, excelente para el debate en la mejor tradición del PAN, fue subsecretario en el gobierno federal y presidente de la Cámara de Diputados donde se le reconoció su labor.

     Ambos tuvieron un debate muy reñido de esos que solo se pueden ver en el PAN  (Video).  La votación de los militantes del PAN no fue muy concurrida y Anaya ganó con el 81% de los votos.

     El calderonismo fue el gran ausente de la contienda interna del PAN. Debido a la división entre maderistas y calderonistas el PAN hizo a un lado en sus aspiraciones para ser diputada plurinominal a Margarita Zavala,  a pesar de la simpatía que despierta la ex primera dama en amplios sectores de ese partido. Cerrarle  la puerta al calderonismo y a lo que quede del foxismo, hará que las divisiones sean más pronunciadas alimentando las tendencias autodestructivas de ese partido.

    Anaya y su partido tendrán el reto de recuperar  el apoyo de sus bases tradicionales que los llevaron a ganar la presidencia de la república: la clase media, el empresariado y un sector del catolicismo, entre otros.  Tendrá que dejar atrás el pragmatismo que no les ha producido beneficios y dejar  de ser vistos como oposición “leal” al gobierno en turno; recuperar sus valores ideológicos y evitar caer en manos de los oportunistas sin convicciones o coincidencia con los valores de ese partido;  y si son generosos e inteligentes, reincorporar a los líderes que le dieron grandes triunfos y buenos gobiernos al PAN. Si Anaya no logra revertir estas tendencias que están destruyendo su partido,  tendrá garantizado el fracaso en las próximas elecciones.



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15 de agosto de 2015

NUEVA DIRIGENCIA EN EL PRI



Por: Octavio Díaz García de León
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     El PRI cambia de dirigencia después de unas elecciones intermedias que le fueron  favorables. El presidente Peña primero dio señales de que iba a nombrar como presidente de ese partido a su  Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, quizá su más cercano operador político,  pero con poca militancia. Al final se decidió por  Manlio Fabio Beltrones. Se supone que hay un proceso de elección interno pero es puro formalismo derivado de la  costumbre del PRI de no reconocer  que en ese partido quien toma esas decisiones  es el Presidente de la República y más ahora que ya se acabó la “sana distancia”.

    En la decisión del presidente Peña para designar al presidente del PRI, pudieron pesar estas consideraciones a favor de Beltrones:

  •       Logró descarrilar todas las reformas políticas de importancia que impulsaron los gobiernos panistas, con lo que logró fijar en el imaginario público que el PAN no sabía gobernar.
  •      Su oposición y continuo ataque a los gobiernos del PAN posicionaron a su partido  como una alternativa viable para el regreso del PRI al  poder.
  •     A pesar de haber manifestado su interés por ser candidato del PRI a la presidencia en 2012, prefirió dejar el camino abierto al presidente Peña. De haberse dividido el PRI como en 2006, quizá hubieran perdido. Es posible que el presidente Peña le deba en parte la presidencia a Beltrones.
  •      Fue un factor muy importante para impulsar las reformas del presidente Peña a través del Pacto por México con el que tanto el PAN como el PRD dejaron de ser percibidos como una oposición real. Estos partidos quisieron apostar,  responsable pero ingenuamente, al proyecto reformista del presidente Peña.
  •      Logró hacer del PVEM un partido satélite del PRI,  (¿Quizá más bien un satélite suyo pero al servicio del PRI?) pudiendo colocar allí como figura destacada de ese partido, por ejemplo, a su yerno el Senador Escudero y en Chiapas usar a ambos partidos para impulsar a sus allegados.
     Pero Beltrones también tiene su lado negativo para el PRI. En un reportaje de The New York Times en  1997,  el cual  les valió el premio Pulitzer a sus autores,  se mencionaban los vínculos del entonces gobernador Beltrones con el narcotráfico.(Ver artículo)  O más recientemente el año pasado la politóloga Denise Dresser (Ver artículo), entre otros, lo acusaban de pedir “moches” a cambio de presupuesto para municipios. También se le vincula como dueño de casinos a través de prestanombres (Ver artículo) y finalmente su polémica presencia en Tijuana a las pocas horas del asesinato del entonces candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio,  para luego interrogar al asesino  aunque oficialmente no tenía facultades para hacerlo pues era gobernador de Sonora.

    ¿Qué hizo finalmente que el fiel de la balanza  favoreciera a Beltrones?  Si el presidente lo pensó como un mecanismo para evitar que Beltrones fuera el próximo candidato del PRI, le dejó abierta la puerta para que este impulse a su propio candidato para las próximas elecciones presidenciales. ¿Prefirió apostarle a la experiencia más que a la lealtad?

    Si el presidente Peña no pudo o no quiso nombrar a una persona cercana en el primer puesto del PRI, donde sí lo hizo de manera muy transparente fue en el caso de la próxima secretaria general, la Lic. Carolina Monroy del Mazo. Hay quienes dicen que es prima del presidente pero no es así. Quizá sean parientes lejanos. Pero la cercanía es innegable. Oriunda de Atlacomulco, la Lic. Monroy es un poco mayor que el  presidente. Es posible que hayan sido amigos en la infancia y hayan ido a las mismas escuelas; después de todo Atlacomulco era y sigue siendo pequeño. La Lic. Monroy es sobrina del finado C.P. Juan Monroy Pérez  secretario general  de gobierno del Estado de México (EDOMEX) en el sexenio del Dr. Jorge Jiménez Cantú y quien luego se hizo próspero empresario inmobiliario en Metepec y Toluca. También es sobrina del Lic. Mayolo del Mazo, político y  empresario de Atlacomulco quien es primo político del Lic. Del Mazo González.   

     Diversos analistas han dicho que la Lic. Monroy fue  impulsada por el Lic. del Mazo. Creo que Carolina Monroy siempre ha sido de las personas de confianza del presidente. En todo caso la sugerencia pudo venir del ex gobernador atlacomulquense Arturo Montiel quien  probablemente tenga el vínculo político más cercano con el  presidente Peña,  pues a Montiel le debe Peña su carrera política. En sus inicios profesionales como contador,  Montiel trabajó en las empresas de Juan Monroy, el tío de Carolina,  y uno de los primeros trabajos del presidente Peña fue precisamente en esas empresas bajo el mando de  Montiel. Si a eso le agregamos la  gran amistad del presidente Peña con el esposo de la Lic. Monroy, Ernesto Nemer quien es  subsecretario en la SEDESOL, están claros los fuertes vínculos de amistad entre Carolina Monroy y el presidente Peña.

   El presidente Peña ha repetido ésta fórmula en su gabinete: la experiencia a la cabeza y los afectos en segundo término. Por ejemplo  en la Secretaría de Gobernación, con Miguel Ángel Osorio como secretario y Luis Miranda como subsecretario, en la Secretaría de Economía con Ildefonso Guajardo como secretario  y Enrique Jacob como presidente del INADEM, en la Secretaría de  Desarrollo Social con Rosario Robles de secretaria  y Ernesto Nemer de subsecretario, en la Secretaría de  Salud con Mercedes Juan como secretaria y Marcela Velasco como subsecretaria, etc.  

   La fórmula para el PRI está completa. Falta ver si  tiene éxito de cara al 2018.
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7 de agosto de 2015

HACIA LA COMPETENCIA EN TELECOMUNICACIONES



Por: Octavio Díaz García de León
 @octaviodiazg

      México es uno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que mayor atraso presenta en el desarrollo de las telecomunicaciones. Estudios de la OCDE  (Ver nota) estimaron que para el periodo 2005 a 2009 la pérdida asociada a las ineficiencias del sector de telecomunicaciones representó un 1.8% del PIB,  derivada de los precios excesivos de los servicios y la falta de cobertura de los mismos. Por ejemplo,  los servicios de banda ancha son los más caros y su  penetración es la más baja entre los países de la OCDE. (Ver Nota)

     Esto no es de extrañar si miramos a la historia de las telecomunicaciones y de la radiodifusión. Por ejemplo, Teléfonos de México (Telmex) pasó de ser en sus orígenes una empresa privada para luego ser estatizada y convertirse en una de las  paraestatales más ineficientes en la década de los setenta y ochenta del siglo pasado. Conseguir una línea telefónica se podía tardar varios años y había millones de solicitudes de líneas pendientes de atender.

      En los años noventa se quiso revertir esto con la  privatización de Telmex,  pero se hizo con un modelo que garantizaba su monopolio por seis años. En un artículo anterior describí por qué fue una mala privatización para el país, pero no así para quien se benefició de ella. (Ver artículo). Al término de la protección del monopolio privado en 1996, se promulga la Ley de Telecomunicaciones en donde se permite la competencia en el servicio de larga distancia y se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Además, se subastan dos porciones del espectro de radiofrecuencias para introducir nuevos competidores en el mercado de telefonía celular y en servicios inalámbricos fijos,  con lo que nacen nuevas empresas prestadoras de estos servicios. 

     Quince años después,  los indicadores de la OCDE, que mencioné antes, mostraban que esa fue una reforma fallida. La competencia en larga distancia fracasó; las empresas que quisieron competir desaparecieron o cambiaron de giro; y en telefonía celular apenas quitaron una porción pequeña del mercado a las empresas del Grupo Carso.

     La falta de competencia en ambos sectores, telecomunicaciones y radiodifusión se ha traducido en precios sumamente elevados para los consumidores, en falta de cobertura y falta de  calidad de los servicios entre otras desventajas.

     El sector de radiodifusión, además de que tradicionalmente ha estado ligado al poder político con la consecuente distorsión en la transmisión de sus contenidos, (Véase, por ejemplo, la participación hasta hace pocos años  como accionista en Grupo Televisa de la familia del ex presidente Miguel Alemán), es prácticamente un duopolio en televisión abierta  y un oligopolio en radio abierto.

     Por ello,  era urgente  la reforma constitucional de 2013 y la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014. Estas reformas proveen   avances para tratar de lograr más competencia en estos sectores. Por ejemplo, la declaración de empresas dominantes, la mayor autonomía del instituto que regula estos mercados el cual cambia de nombre de COFETEL a  Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), la creación de un área especializada en competencia en el IFETEL y la desvinculación de este Instituto de la Secretaría de Comunicaciones  y Transportes.

En otro sentido, la reforma favoreció de manera especial a la empresa Televisa e intentó afectar primordialmente a las empresas del Grupo Carso. Esto ocurrió al decidir los legisladores declarar dominancia (Que una empresa tenga más del 50% del mercado) por sector (telecomunicaciones o radiodifusión) en lugar de determinar la dominancia por servicio (telefonía fija, telefonía móvil, televisión restringida, internet, televisión abierta, radio abierta, etc.).

     Con esta sutileza, las empresas del Grupo Carso sí fueron declaradas dominantes en telecomunicaciones mientras que  Televisa no fue declarada dominante en radiodifusión a pesar de tener el 56% del mercado de televisión abierta y el 35% de radio abierta. Con ello, por ejemplo,  al estar la televisión restringida en el sector telecomunicaciones,  Televisa pudo crecer su participación en este mercado mediante adquisiciones de empresas, teniendo ya más del 60% del mercado,  mientras que Telmex no podía ya crecer su participación en televisión restringida  y más bien tuvo que deshacerse de activos importantes en otros servicios como lo mencioné en un artículo anterior. (Ver artículo)

     Es alentador que el nuevo AT&T (Compañía diferente a la que entró a competir en larga distancia en 1997) llegue a México con la compra de Iusacell y Nextel. Además,  con su reciente adquisición de DirecTV a nivel mundial,  le da una participación importante en el servicio de televisión restringida ya que es accionista de  SKY, en asociación con  Televisa. Falta ver si Televisa continúa en SKY o vende su parte para concentrarse en su servicio Izzi que está adquiriendo nuevos suscriptores a costa de SKY y otros. Telefónica de España por su parte, no ha claudicado a pesar de tener años compitiendo con desventaja y solo habiendo conseguido una modesta participación de mercado.

     En el juego de las reformas, unas empresas pierden algo y otras ganan un poco,  pero los jugadores dominantes siguen siendo los mismos de siempre. Quienes siguen sin beneficiarse significativamente son los consumidores, pues  la competencia está aún muy distante de darse. Probablemente los precios elevados, la falta de cobertura y la mala calidad en el servicio continuarán en el futuro previsible e incluso,  quizá más adelante,  se requiera otra reforma.
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1 de agosto de 2015

GOLPE A LA TRANSPARENCIA



Por: Octavio Díaz García de León
 @octaviodiazg

     Se supone que la transparencia ayuda a combatir la corrupción pero el órgano garante de la transparencia a nivel nacional,  el Instituto Nacional de Transparencia,  Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),  emitió una resolución el pasado 8 de julio que pudo haber beneficiado al ex titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sancionado por actos de corrupción al usar un helicóptero de esa institución para cuestiones personales. La resolución del INAI negó a un solicitante de información la entrega de las bitácoras de uso de los helicópteros de la Conagua.

     El pasado 29 de marzo un fotógrafo aficionado captó el momento en que el Lic. David Korenfeld - entonces director general de la Conagua -   y su familia subían a un helicóptero de esa institución en un helipuerto cercano a su residencia, para llevarlos al aeropuerto y salir de vacaciones. El fotógrafo subió la foto a las redes sociales donde se volvió viral y causó gran  indignación pública. El 9 de abril (Nota) a raíz del escándalo Korenfeld renuncia  y el 7 de mayo pasado la Secretaría de la Función Pública le aplica una sanción económica al ex funcionario por $638,653 pesos, equivalente a tres veces el daño ocasionado (Nota) y por lo tanto equivalente a un uso de 23.6 horas de helicóptero que nunca se mencionó para que fueron, dado que el viaje al aeropuerto fue de menos de una hora.

   Por cierto,  esta sanción fue bastante inusual. Normalmente cuando un funcionario ocasiona un daño al erario, como en este caso, se acompaña de una inhabilitación para ejercer cargos públicos que puede ascender hasta  20 años. Aspecto que no se aplicó en este caso por lo que el Lic. Korenfeld puede regresar a ocupar un puesto público en cualquier momento. Era también sabido que el Lic.  Korenfeld usaba el helicóptero cotidianamente para trasladarse de su domicilio al trabajo y viceversa (Nota) lo cual era  un gran exceso pues cada hora de uso de helicóptero cuesta alrededor de 13,500 pesos por hora (Nota), pudiendo haberse trasladado por tierra sin problema.

    Por ello la solicitud de acceso a la información que pedía “1) las bitácoras de vuelo; 2) los propósitos de viaje, y 3) los nombres de los pasajeros, del uno de diciembre de dos mil doce al seis de abril de dos mil quince” (Ver resolución RDA 2200 del 2015 del INAI),  era importante para que la opinión publica conociera como se usaron esos  recursos públicos.

    El Comité de Información de la Conagua adujo que no podía entregar la información por estar reservada ya que se trataba de información que pudiera poner en riesgo la vida de sus funcionarios  y afectar a la seguridad nacional.  Después de una larga discusión, el Pleno del INAI  decidió en voto dividido confirmar la clasificación que negaba el acceso a dicha información. Estuvieron en contra de  entregar  la información los comisionados Puente (Presidenta del INAI), Kurczyn, Monterrey y Acuña (Con voto particular) y a favor de entregar la información los comisionados Cano, Guerra y Salas.

    Está claro, como lo argumentaron los comisionados que estuvieron a favor de entregar la información,  que no se puede afectar la vida de las personas por acciones que ya se realizaron,  como el uso de estos helicópteros. Por ejemplo,  si Korenfeld viajaba con frecuencia de su casa a la oficina y viceversa es lógico que su sucesor (suponiendo que  lo use para lo mismo)  no viajará a casa de Korenfeld sino a su propia casa.  O si los funcionarios se desplazan a lugares de trabajo, estos son oficinas públicas de todos conocidas. O bien si se trata de instalaciones de la Conagua ubicadas en el campo,  estos lugares son también públicos. Pero además, no queda claro quien pudiera tener interés de atentar contra la vida de funcionarios de la Conagua y de que les servirían bitácoras de vuelo de meses y años atrás.  Por ello es de suponerse  que revelar la información solicitada no pone en riesgo la vida de funcionarios.

    También se quiso justificar el negar la información porque al revelarla podía afectar a la seguridad nacional. Quienes así lo argumentaron quizá desconozcan la materia. De acuerdo a la definición de seguridad nacional en la Ley de Seguridad Nacional (LSN),  no se puede argumentar que al  reservar esta información se pudiera ayudar a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano. Tampoco se desprende  de la LSN en su artículo quinto, que el revelar a donde viajó el Lic. Korenfeld y los demás funcionarios de Conagua represente una  amenaza a la seguridad nacional. Por lo que se refiere al argumento de que se debe reservar esa información porque la Conagua es una instancia de Seguridad Nacional, la LSN lo que contempla (Arts. 9 al 13) es que dichas instancias participarán en el Consejo de Seguridad Nacional, que es una instancia deliberativa para diseñar la política en la materia pero nada más. (Nota)  Ello no justifica el ocultar información en aras de una supuesta “seguridad nacional”.

    El INAI tuvo una falla  importante con esta resolución al proteger deliberadamente o por cuestiones técnicas mal fundamentadas a un funcionario que fue sancionado por actos de corrupción.  Ojalá en futuros casos el INAI  sea un verdadero auxiliar de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

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