UN RÉGIMEN ESPECIAL DE RESPONSABILIDADES

Por: Octavio Díaz García de León

     La idea: Los miembros del  Servicio Exterior Mexicano están sujetos a un régimen de responsabilidades administrativas especial. Si bien este régimen está basado en parte en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, difiere de ésta en algunos aspectos. Sería oportuno buscar áreas de mejora a dicho régimen y encuadrarlo dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.

    Forman parte del Servicio Exterior Mexicano el personal diplomático del Estado encargado de representarlo en el extranjero y ejecutar la política exterior de México y su trabajo no es nada sencillo.

    Se le asocia con  glamour, fiestas y actividades sociales. La realidad cotidiana es bastante diferente. Expiden documentos tales como actas de nacimiento y pasaportes,  atienden a connacionales en problemas de todo tipo, desde visitarlos en cárceles y hospitales hasta repatriar cadáveres y se promueven los intereses de nuestro país en el extranjero.

    Vivir fuera de México  no es fácil, aunque parezca atractivo y es que no es lo mismo Francia  que Nigeria. Dado que se cambia con frecuencia de país, para las familias de los diplomáticos es muy difícil porque los hijos van cambiando de escuelas y amistades con el desajuste que conlleva y los cónyuges no pueden trabajar en el país donde se encuentren asignados.

     No es fácil pertenecer al Servicio Exterior. Para acceder a él hay que pasar una serie de requisitos, entrevistas y exámenes rigurosos. Para ascender, se aplica un proceso de concursos,  basado en el mérito.

    Llama la atención el que tengan un régimen disciplinario especial. En materia de responsabilidades administrativas no se les procesa y sanciona como al resto de los servidores públicos. Algunas de las características de este régimen  son:

   1.    Su catálogo de faltas administrativas es más grande que el que tiene la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual les aplica también.

   2.    Cuando se identifica que algún miembro del Servicio Exterior cometió alguna posible falta administrativa, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependiente de la Secretaría de la Función Pública,  investiga el caso.

  3.    De encontrar fundado que se cometió una falta,  se turna a la Comisión de  Personal, la cual,  a través de la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios, determina si es grave o no la falta y en su caso, se encarga de procesar al inculpado.

 4.    En el caso de faltas no graves, una vez terminado el proceso, la Subcomisión cierra la instrucción y emite una propuesta de resolución que se envía a la Comisión, quien a su vez la aprueba o la regresa con observaciones.

 5.    De aprobarse ésta y tratándose de un embajador o cónsul general,  se recaba la opinión del Presidente de la República. Ya con esta información, se le envía  al Secretario de Relaciones Exteriores quien tiene la última palabra para resolver si se incurrió en falta o no y es quien determina la sanción al infractor en todos los casos de faltas no graves.

 6.    En el caso de faltas graves, la Subcomisión integra el expediente del acusado y se envía al Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien completa el procedimiento, resuelve y sanciona.

 7.    Las sanciones por faltas no graves que puede imponer el Secretario de Relaciones Exteriores difieren de las contempladas en la Ley de Responsabilidades. Por ejemplo, puede imponer una sanción económica, aspecto que no está contemplado en la Ley de Responsabilidades  y una  destitución a un miembro del Servicio Exterior implica una inhabilitación para volver a pertenecer al mismo, aunque no impide que trabajen en cualquier otro lugar del gobierno federal.

   El  Órgano Interno de Control, se  limita a la investigación de los casos y el resto del proceso lo lleva a cabo la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios, quedando en casa la calificación de la falta, el proceso de sanción de faltas administrativas no graves y una parte del proceso disciplinario de faltas graves.

  

   Este régimen tiene la ventaja de que quienes juzgan las faltas administrativas son funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores quienes conocen la operación del mismo y entienden y valoran mejor las faltas de los miembros del Servicios Exterior.

   En este sentido, deberán ser cuidadosos en no incurrir en posible conflicto de interés al juzgar a sus propios compañeros,  dado que los miembros del servicio exterior suelen tener años de conocerse y podrían tener lazos de amistad.

    Sería oportuno revisar diversos aspectos del régimen disciplinario del Servicio Exterior a fin de darle mayor independencia al proceso y evitar el posible conflicto de interés. También sería conveniente una vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción  para asegurar que los objetivos del Sistema se cumplan también en el Servicio Exterior Mexicano.

    El cuerpo diplomático está formado por personal de muy alta especialización técnica y, salvo casos excepcionales, con personas de comportamiento ético destacado. Sin embargo, siempre habrá áreas de oportunidad para buscar mejoras al sistema disciplinario que los rige.

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TRANSPARENCIA PATRIMONIAL

Por: Octavio Díaz García de León

    La idea: Los colaboradores cercanos del presidente López Obrador han abierto al público sus declaraciones patrimoniales las cuales han causado mucha curiosidad. Lo importante será que la información de las declaraciones patrimoniales de todos quienes trabajan en el gobierno  se use para combatir la corrupción y no para satisfacer el morbo de conocer su patrimonio.

   La Ley General de Responsabilidades Administrativas hizo obligatoria la presentación de las declaraciones patrimoniales de los 5 millones de trabajadores del gobierno (Federal, estatal, municipal, poderes ejecutivo, legislativo, judicial y organismos autónomos) desde que entró en vigor en 2017 y éstas deberán hacerse públicas.

   No sucedió inmediatamente pues había que desarrollar los formatos para cumplir esa obligación pero ya fueron publicados el pasado 16 de noviembre por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y entran en vigor a partir de mayo de 2019.

   Estos formatos son mucho más extensos que los todavía vigentes y por lo menos para un segmento importante de servidores públicos, serán muy complejos de llenar y tendrán que proporcionar información excesiva.

   Para la gran mayoría de los empleados de gobierno será una novedad porque antes no tenían que presentarla. Entre ellos, personal sindicalizado, soldados, marinos, trabajadores de base, médicos, enfermeras, etc.

   Habrá que estar preparados para que lo hagan trabajadores del gobierno que no hablan español, sean discapacitados, no tengan acceso a sistemas de cómputo o incluso que no sepan leer, especialmente en municipios y lugares remotos y aislados.

   A lo largo de los años se sobredimensionó la transparencia como un factor importante para disminuir la corrupción. Esto ocurrió durante 14 años a partir del 2002 cuando la calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional casi ni se movió, permaneciendo en niveles reprobatorios, lo que demuestra que la transparencia por sí misma no ha tenido impacto en combatir la corrupción.

   Por ello,  el hacer públicas las declaraciones patrimoniales no garantiza que disminuirá la corrupción,  ya que el principal problema que tienen es que contengan información completa y fidedigna.

   No todos los  servidores públicos revelarán todo su patrimonio en las declaraciones, especialmente si algunos de ellos se han enriquecido de sus puestos o bien por miedo a su seguridad o por desconocimiento. (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/06/obligacion-de-presentar-las-3-de-3.html?_sm_au_=iVV1kk3463ZRW7fH).

   Si bien puede ser un auxiliar en el combate a la corrupción el que la población  conozca el patrimonio de los funcionarios públicos, ya que se puede poner en evidencia cuando los servidores públicos  sean omisos en declarar sus bienes, será necesario tener los mecanismos  para que las denuncias lleguen a buen término.

    Otro aspecto delicado es el respeto a los datos personales, derecho garantizado por la Constitución, el cual podría entrar en conflicto con publicitar esa información ya que se podría afectar  la vida privada de las personas, su seguridad personal y de su familia.

   Lo importante de las declaraciones patrimoniales es el tener la información para que las autoridades competentes puedan investigar con rigor aquellos casos donde no se declaren todos los bienes y cuando los ingresos legales de las personas no concuerden con su patrimonio.

   Estas investigaciones requieren acceso a bases de datos de registros públicos de la propiedad y el comercio, establecer redes de  vínculos para identificar prestanombres, tener acceso a los movimientos bancarios y la información fiscal de los investigados y a las declaraciones de años anteriores.

   Difícilmente podrá hacer esto un ciudadano de a pie,  partiendo de una declaración patrimonial pública. Se requieren conocimientos especializados y acceso a información que no es pública,  como la fiscal,  la bancaria y declaraciones patrimoniales de años anteriores.

   Los retos operativos para echar a andar esta obligación masiva son enormes. Se tendrá que modificar el sistema Declaranet para manejar el mundo de información que se le alimentará y hacer compatible la información de años anteriores para poder hacer investigaciones de evolución patrimonial.

   Adicionalmente, se deberá capacitar a los Órganos Internos de Control para que  realicen las investigaciones de situación patrimonial como lo prevé la Ley, una función que nunca antes han realizado.

   Todo un reto será también el educar a la población para que sean coadyuvantes en el combate a la corrupción y que no usen la información para acusar sin fundamento,  solo por el hecho de que algunos funcionarios tengan un patrimonio importante. Y es que hay segmentos importantes de la población que piensan que el enriquecimiento solo puede darse de manera ilegal, no con el trabajo honesto.

   Habrá que cuidar que dicha información efectivamente se use para detectar actos de corrupción  y no para  alimentar el morbo y afectar la vida privada de quienes trabajan en el gobierno.

   Esperemos que  este gran esfuerzo institucional y de los millones de servidores públicos que tendrán que llenar estos formatos,  presentar estas declaraciones y hacerlas públicas, sirva para combatir la corrupción. Por lo pronto el gabinete del presidente López Obrador, ya puso el ejemplo.

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REPROBADOS EN CORRUPCIÓN

Por: Octavio Díaz García de León

   La idea: Acaban de publicarse los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional correspondiente a 2018 y  México volvió a bajar su calificación. ¿Será posible que en un corto plazo podamos mejorarlo significativamente? Se ve difícil.

   De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018,  México bajó en un punto su calificación con respecto a 2017 pasando de 29 a 28 en una escala donde 0 es corrupción total y 100 es ausencia de corrupción. También México bajó en la clasificación de países pasando del lugar 135 al 138 de 180 países (https://www.transparency.org/files/content/pages/2018_CPI_Executive_Summary.pdf).

   Quizá no sea de extrañarse. Terminó un sexenio que estuvo salpicado de casos de corrupción y por lo menos entre fines de 2014 y el final del sexenio, se dieron a la luz pública innumerables casos de corrupción, algunos de dimensiones escandalosas como los desvíos que realizaron los gobernadores Duarte de Chihuahua y Veracruz, el caso de Odebrecht, la llamada “Estafa Maestra” y el robo de combustibles, entre muchos otros.

    De nada ha servido la creación, todavía incompleta, del Sistema Nacional Anticorrupción, ni la reforma constitucional anticorrupción,  ni la promulgación de nuevas leyes en materia de responsabilidades administrativas y transparencia, para mejorar el desempeño de México en el IPC.

   Al contrario, la calificación se ha deteriorado desde que se promulgaron las reformas, perdiendo un punto por año del 2015 al 2018.

   Algunas lecciones de este fracaso podrían ser:

    1.   No bastan reformas legales. Sin castigar a los corruptos, no hay un efecto disuasivo y los actos de corrupción continúan con impunidad.

  

  2. Sistema Nacional Anticorrupción. No ha sido factor para reducir la corrupción. La complejidad del sistema y la falta de liderazgo para dar resultados,  no lo ha hecho eficaz.

   3. Reformas legales inadecuadas. La nueva Ley General de Responsabilidades es una ley garantista que requiere más recursos y mayor profesionalización a los encargados de aplicarla, aspecto que en algunos casos está pendiente y mientras,  favorece a los acusados.

  4.    Transparencia. Se le apostó muchos años a que la transparencia podría reducir la corrupción y no ha sido el caso. Ni  un INAI reformado y autónomo, ni  las nuevas leyes de transparencia, han abatido la corrupción.

  5.    IPC. Es muy difícil incidir para mejorar la calificación en el IPC.

  6.    Percepción negativa. Mientras sigan saliendo a la luz pública los grandes casos de corrupción, la percepción de que hay mucha corrupción no bajará.  

  7.    Percepción vs. acción. Una cosa es acabar con la corrupción y otra es incidir para que disminuya la percepción de corrupción.  Lo importante no es solo modificar la percepción, sino combatir eficazmente la corrupción.

   Para la calificación que obtuvo México en 2018 en el  IPC, Transparencia Internacional  tomó 9 indicadores generados por instituciones internacionales (https://www.transparency.org/files/content/pages/2018_CPI_SourceDescription_EN.pdf). Cada una de ellas con su propia metodología para medir el problema.

   Si se quisiera ver cuales factores influyeron en la calificación, con la idea de crear políticas públicas que influyan en mejorar el Índice,  habría que entender con gran nivel de detalle lo que estas  instituciones midieron.

   Pero aun así, dado que estas mediciones son en su mayor parte basadas en percepciones, es posible que aunque se diseñen políticas que efectivamente logren  disminuir la corrupción, mientras no cambie la percepción, no se moverá la calificación.

   Por el contrario, se podrían crear campañas mediáticas para influir positivamente en la percepción de la corrupción, mientras el fenómeno podría continuar rampante.

   Algo así sucedió con el tema de seguridad pública en los últimos dos sexenios. En el sexenio de Calderón las noticias sobre la violencia dominaron los medios, lo que creó la percepción de que el problema era gravísimo y las acciones para abatirla impactaron negativamente en la percepción pública del fenómeno.

  En el sexenio de Peña, se ocultaron las noticias sobre este problema, disminuyendo la percepción de inseguridad,  pero la violencia creció aún más que en el sexenio previo, al no tomarse acciones adecuadas para disminuirla.

   Más que fijarse como meta intentar mejorar la calificación de México en el IPC, lo que urge es desarrollar indicadores propios que permitan medir los avances en el combate a la corrupción.

   Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI es excelente para medir la pequeña corrupción, la cotidiana. Pero aún hace falta tener mediciones adecuadas de la mediana y gran corrupción. Ojalá el INEGI pueda desarrollar una medición más integral del problema.

   En el largo plazo, si se es exitoso en el combate a la corrupción,  esto podría cambiar la percepción y se tendría que reflejar en una mejora de calificación.  

   El IPC fue creado para llamar la atención entre los gobiernos de todos los países acerca de la corrupción. Usarlo para medir impactos de política pública en el combate a la corrupción podría no ser lo más adecuado.  

   Habría que diseñar políticas públicas y mediciones propias para lograr avances en el combate a la corrupción. Sobre todo,  llevar a cabo acciones que disminuyan el fenómeno. En este sentido, el combate al robo de combustibles es un buen inicio.

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TLAHUELILPAN ERA UNA FIESTA…

Por: Octavio Díaz García de León

    La idea: Hemos sido testigos recientemente de acontecimientos que desafían la lógica. Un grupo de personas bañadas en gasolina, extrayendo de una zanja combustible robado, sin pensar en el riesgo que corrían ni en que lo que hacían era ilegal. Un grupo de soldados y policías contemplando la escena sin capacidad para detenerlos. Todo acabó en tragedia. ¿Qué nos pasa?

   Según diversos testimonios, como a las 2:30 p.m.,  los pobladores de Tlahuelilpan, Hidalgo, en cuanto supieron que había una fuga cercana en un ducto de combustible, corrieron hacia  ella. La fuga producía  un géiser de varios metros de altura que caía sobre el campo y se acumulaba en la zanja por donde aparentemente perforaron el ducto.

   Llevaban bidones, cubetas y otros recipientes; llegaron en carros, camionetas y a pie; había niños, hombres, mujeres y algunas familias. Aquello se convirtió en una fiesta, intoxicados por los vapores de gasolina que los ponían eufóricos, haciéndolos  reír y festejar. Al acercarse a la zanja se bañaban de la gasolina que caía del geiser y se regocijaban y jugaban con ella.

   Algunos empezaron a vomitar y enfermarse, envenenados por los gases de la gasolina, pero eso no impidió que siguiera llegando la gente, tratando de llevarse lo más que pudieran.

   Al poco rato de detectarse la fuga, llegó un destacamento de soldados y policías, alrededor de 25, quienes ante el tumulto al que se enfrentaban, decidieron no usar la fuerza para disuadirlos.

   Alrededor de las 7 de la tarde, la fiesta se convirtió en infierno.

   Pudo ser una chispa emitida por alguno de los muchos vehículos que había allí; o un cigarro tirado con descuido (Sí, estaban fumando también) o incluso pudo ser intencional. Nadie sabe,  ni sabrá. Los testigos seguramente murieron.

   Las escenas desgarradoras corrieron como pólvora por las redes sociales. Escenas que parecían salidas de la imaginación de  Dante,  en donde se llegaban a ver teas humanas alejándose, encendidas, de la explosión.

   Yo no me lo explico. Un líquido altamente inflamable, corriendo a chorros y bañando a las personas. ¿No sabían el peligro que corrían? ¿No les importó? ¿No creían que pudiera suceder una tragedia? A lo mejor no. Quizá fueron testigos de derrames anteriores en donde no ocurrió nada. Se acordarían de los pobladores de Acambay, unos pocos días atrás,  haciendo lo mismo, sin que se encendiera  la gasolina.

   Ya van 109  muertos y es posible que su número siga creciendo. El sufrimiento de los sobrevivientes heridos, debe ser indescriptible.

   ¿Por qué cientos de personas racionales hacen eso? ¿Por ignorancia, falta de valores, falta de educación, desprecio por la autoridad y las leyes? Algo está muy mal en algunos segmentos de nuestra sociedad. 

   Fuimos también testigos de la actuación de una fuerza pública, sin fuerza. Desarmada  por el miedo de sus jefes a utilizar la fuerza,  cuando era necesaria para disuadir a la turba. Incapaz de convencerlos con palabras del riesgo que corrían. Incapaz también de cuidar a un bien del Estado que estaba siendo robado.

   Pero esto no es nuevo. Las escenas de rapiña protagonizadas por poblados enteros, son frecuentes. Camiones accidentados asaltados por hordas que roban su contenido. Ferrocarriles descarrilados para robar la mercancía de los furgones.

   No quisiera culpar a la pobreza o a la necesidad, porque no son muertos de hambre los que lo hacen.  Son grupos que han hecho de la delincuencia una forma de vida.

   Peor aún, el robo en masa de combustibles y otros bienes es un negocio administrado por la delincuencia organizada que ha llegado a corromper a poblaciones enteras para dedicarlas  a estas actividades ilegales.

   El riesgo de la tragedia está presente también en la forma como estas turbas enfrentan a la autoridad.  Vimos  estos días videos que circularon en redes sociales, de algunos de estos pobladores agrediendo con palos a militares bien armados. Los agreden  sin pensar en el riesgo que corren de provocar una reacción de legítima defensa por parte de los militares, quienes estoicamente resisten la agresión.

   Pero provocar a estos soldados,  que solo hacen su trabajo, equivale a jugar con fuego en medio de un géiser de gasolina.

   Algo no está bien en el país.  No solo existe una pérdida de valores y falta de respeto por la Ley y la autoridad. También hay una incapacidad del Estado por evitarlo.  Si la población decide delinquir en masa, no habrá suficiente fuerza pública que lo evite.

   Es tiempo de que la sociedad se enderece. El llamado del presidente López Obrador a cambiar  la moral de la población es atinado. No se puede recurrir siempre al uso de la fuerza para imponer la Ley.

    Debe haber un convencimiento de la sociedad de que respetando la Ley y dejando de  atentar contra el bien común,  habrá una mejor convivencia para todos. De otra forma, seguiremos presenciando estos acontecimientos kafkianos,  en un país donde  lo absurdo, se ha vuelto costumbre.

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CADENA DE DESABASTO

Por: Octavio Díaz García de León

    La idea: La escasez de gasolina que no es nueva en Aguascalientes,  llegó a la Ciudad de México, al Estado de México y por lo menos a otros 8 estados, algunos de los cuales nunca habían experimentado la falta generalizada de combustible, ni por tanto tiempo. Independientemente de las causas o razones que lo originaron, a lo que hay que temerle es a la cadena de desabastos que, de continuar el fenómeno, se puede dar.

    Conocemos bien los efectos del pánico entre la población cuando ocurre una escasez de algún bien esencial para la vida cotidiana. Era de esperarse que ante la  escasez de gasolina, la respuesta de los consumidores fue el hacer  enormes filas de coches en las pocas gasolineras donde había combustible.

    También observamos que llegaron  cientos o quizá miles de personas con bidones y otros recipientes a comprar gasolina,  lo cual  algunos vieron como una oportunidad para revenderla más cara. También fuimos testigos de hordas que se abalanzaron  a extraer combustible en ductos perforados por los delincuentes.

   Con las compras de pánico, la gente compra más de la que necesita y si puede, la almacena. Si antes pocos automovilistas llenaban el tanque, ahora todos los que pudieron, lo hicieron. Si nunca habían almacenado gasolina en casa, algunos lo hicieron.

   El miedo retroalimenta el problema, agravándolo de inmediato, pues ante pocos inventarios disponibles, el exceso de demanda hace que se acabe más pronto la gasolina.

    Un  problema aún más grave  es que de no regularizarse el abasto de gasolina pronto, el pánico se puede extender a la cadena de abasto que depende del transporte.

    Lo que empieza como una molestia para automovilistas, los cuales al final de cuenta representan una minoría de la población, empieza a repercutir en aspectos que afectan a sectores más amplios.  

   La cadena de afectaciones por desabasto prolongado de combustibles puede ser muy amplia.  Por ejemplo:

  1.    Falta de abastecimiento  de comida en mercados, supermercados y tiendas de conveniencia.  

 2.    Deficiencia en la provisión de  servicios de salud por falta de medicinas, insumos médicos de todo tipo para hospitales y por ausentismo de médicos y enfermeras.

 3.    Suspensión de  servicios de recolección de basura y limpia con el riesgo de afectaciones a la salud de las personas y un decaimiento del paisaje urbano.

 4.    Ausencia de cuerpos de seguridad tal como patrullas y policías por falta de medios de transporte, lo que puede agravar el problema de inseguridad en ciertas zonas.

 5.    Paro de  fábricas y comercios por carecer de insumos para la producción o venta,  e incapacidad de entregar su producto terminado.

 6.    Falta de surtido de efectivo a cajeros automáticos y sucursales bancarias lo que a su vez podría originar una corrida en los bancos.

    Si la escasez empezara a ser más visible y manifiesta en  alguno de los rubros mencionados, como por ejemplo, el de víveres, esto podría provocar una reacción   de pánico entre la población y los bienes que tienen los establecimientos se podrían  agotar rápidamente.  Es urgente que se resuelva el abasto de combustibles para evitar problemas en segmentos más amplios de la población.

    La afectación a PEMEX  por robo de combustible no es un fenómeno nuevo, tiene décadas y los montos que alcanza el robo constituyen un grave daño a esta empresa del Estado. Por ello es de destacarse que el presidente López Obrador haya decidido detener ese saqueo a la nación que se hacía en un marco de impunidad.

    Para ello se requiere que a la población que se fue involucrando en este tráfico ilegal se le den alternativas para subsistir una vez que se les quite esa fuente de ingresos y deberán desmantelarse las redes de delincuencia organizada y corrupción que se han apoderado de este negocio ilegal.

   Esto se debe lograr garantizando el abasto de combustible a la población. No se puede permitir que las repercusiones del desabasto pasen de meras incomodidades para automovilistas a un pánico por desabasto en otros rubros mucho más sensibles para la vida del país.

   La compra de 500 pipas por parte del gobierno federal va ayudar a mitigar el problema, pero a la larga todos esperamos que el gobierno pueda recuperar el control de los ductos y de toda la cadena de suministro de combustible para evitar su robo y  garantizar el abasto.

    De continuar cerrados los ductos  sería conveniente informar a la población cuando se espera reabrirlos y como se piensa entre tanto mitigar afectaciones a las cadenas de suministro de otros bienes y servicios para evitar compras de pánico. De ser necesario se deben introducir métodos de racionamiento  para darle prioridad al  transporte de bienes esenciales

    La amenaza de anaqueles vacíos, basura en las calles, falta de efectivo y falta de policías podría derivar en un problema  ya no de desabasto, sino en un problema de seguridad nacional que nadie deseamos. Esperemos que la escasez de combustibles se resuelva pronto.

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NUESTRA ROMA

Por: Octavio Díaz García de León

    La película más reciente de Alfonso Cuarón ha causado revuelo. Quizá por la nostalgia que despierta entre los que vivieron esa época en la ciudad de México o por situaciones familiares similares,  pero más aún,  porque es una gran película.

    Este film  es un  retrato de la vida cotidiana de una familia de clase media que vive en la Colonia Roma de la ciudad de México entre 1970 y 1971. Una historia centrada en una de las muchachas que ayuda en las labores domésticas de esa casa, Cleo, entrelazada con la historia de la familia a la que atiende.

    La película se aproxima a una observación antropológica dado que sigue la vida de los protagonistas de manera muy realista. Contiene  muchas claves del cineasta, como por ejemplo cuando los niños van al cine a ver aquella película de un astronauta en el espacio, que quizá luego fue su inspiración para Gravity.   

   Dos tragedias familiares se entrelazan en la película y ambas tienen que ver con  figuras paternas que abandonan a sus mujeres. La historia de Cleo es también la de miles de muchachas que dejan sus pueblos  en busca de mejores oportunidades de trabajo en la capital.

   A veces estas trabajadoras se integran de tal forma a la familia que se vuelven parte de ella y en otros casos sufren discriminación y malos tratos. En la película se da el primer caso. Se crean afectos y ligas emocionales entre la empleada y sus patrones borrándose la división entre la trabajadora y la familia que atiende.

   La película de Alfonso Cuarón no es una película para el entretenimiento sino para la reflexión. En su historia, extraída de las memorias de su infancia,  hay elementos que cruzan con la biografía de muchas otras personas.

   Y es que en la historia personal de algunas familias como la de Cuarón o como la mía,  también existió una Cleo.  Seguramente también muchas Cleo se verán en ese espejo.

    En mi familia  tuvimos a nuestra propia Cleo. Vivían mis suegros en una zona indígena Mazahua en el Estado de México con exceso de población y falta de trabajos, por lo que había abundancia de jovencitas para quienes ser trabajadora doméstica era la oportunidad para tener techo, comida y un ingreso que permitiera ayudar a sus familias en sus pueblos de origen.

    Cuando me casé y mi esposa y yo trabajábamos, mi suegra vio la conveniencia de enviarnos ayuda. Así llegó nuestra Cleo, quien quizá tenía 18 años y estuvo con nosotros otros 18 años, hasta que  decidió irse a Estados Unidos.

   En la película de Cuarón encuentro muchas escenas similares a las que nosotros vivimos con ella. Su cercanía con mis hijos a quienes cuidó desde que nacieron, su dedicación a las labores domésticas, la confianza absoluta que le tuvimos siempre, y la convivencia cotidiana en una casa pequeña.

   ¿Trabajadora doméstica? Sí, pero se fue mimetizando con la familia y acabó siendo parte de ella. Trataba a mis hijos como propios; las vacaciones la incluían a ella también; la llevábamos a su pueblo; mi  esposa la llevaba a la escuela hasta que terminó la secundaria; se le atendió en enfermedades; tenía un horario de trabajo que terminaba después de la comida y un lugar digno para vivir. Cuando se fue por su propia voluntad, la indemnizamos. A la fecha seguimos en contacto con ella.

   ¿Se trató de un caso de explotación?  Ella tendría que decirlo en todo caso. Desde mi punto de vista se trató de una relación especial de trabajo.  La adoptamos y nos adoptó a cambio de un salario. Quizá era una relación especial de conveniencia para ambas partes.

   ¿Hasta qué punto esta práctica es adecuada? Sin duda sigue existiendo en nuestra sociedad la expulsión de sus lugares de origen de jóvenes sin preparación y sin trabajo para quienes el trabajo doméstico es una buena opción. Siguen existiendo miles de familias que tienen a una trabajadora doméstica de planta.

    En la relación con estas trabajadoras se dan actitudes racistas y condiciones de explotación,  donde estas no tienen horarios justos, no tienen protección de salud, no tienen salarios adecuados al trabajo que realizan y no reciben indemnización en caso de despido.

    Pero también se dan los otros casos en donde ambas partes ganan, no solo en términos económicos, de desarrollo personal,  sino incluso,  en términos emocionales.

    Lo que requieren las Cleo, mientras las haya, es respeto como personas, no discriminarlas  y darles  un trato justo,  incluyendo sus derechos laborales.

    La película de Cuarón, aparte de su gran arte, nos invita a reflexionar sobre la condición de las trabajadoras domésticas y recordar una época que parece lejana pero cuyos fantasmas aún transitan por nuestra realidad actual. Actitudes racistas, clasismo, populismo, autoritarismo, violencia gubernamental, pobreza extrema y machismo. Un gran recordatorio para erradicar estos males.  

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