Por: Octavio Díaz García de León
La idea: Acaban de
publicarse los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de
Transparencia Internacional correspondiente a 2018 y México volvió a bajar su calificación. ¿Será
posible que en un corto plazo podamos mejorarlo significativamente? Se ve
difícil.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018, México bajó en un punto su calificación con
respecto a 2017 pasando de 29 a 28 en una escala donde 0 es corrupción total y
100 es ausencia de corrupción. También México bajó en la clasificación de países
pasando del lugar 135 al 138 de 180 países (https://www.transparency.org/files/content/pages/2018_CPI_Executive_Summary.pdf).
Quizá no sea de extrañarse. Terminó un sexenio que estuvo salpicado de
casos de corrupción y por lo menos entre fines de 2014 y el final del sexenio,
se dieron a la luz pública innumerables casos de corrupción, algunos de
dimensiones escandalosas como los desvíos que realizaron los gobernadores
Duarte de Chihuahua y Veracruz, el caso de Odebrecht, la llamada “Estafa
Maestra” y el robo de combustibles, entre muchos otros.
De nada ha servido la creación, todavía incompleta, del Sistema
Nacional Anticorrupción, ni la reforma constitucional anticorrupción, ni la promulgación de nuevas leyes en materia
de responsabilidades administrativas y transparencia, para mejorar el desempeño
de México en el IPC.
Al contrario, la calificación se ha deteriorado desde que se
promulgaron las reformas, perdiendo un punto por año del 2015 al 2018.
Algunas lecciones de este fracaso podrían ser:
1. No bastan reformas legales. Sin castigar a
los corruptos, no hay un efecto disuasivo y los actos de corrupción continúan
con impunidad.
2. Sistema Nacional Anticorrupción. No ha sido factor
para reducir la corrupción. La complejidad del sistema y la falta de liderazgo
para dar resultados, no lo ha hecho
eficaz.
3. Reformas legales inadecuadas. La nueva Ley General
de Responsabilidades es una ley garantista que requiere más recursos y mayor
profesionalización a los encargados de aplicarla, aspecto que en algunos casos
está pendiente y mientras, favorece a
los acusados.
4. Transparencia. Se le apostó
muchos años a que la transparencia podría reducir la corrupción y no ha sido el
caso. Ni un INAI reformado y autónomo,
ni las nuevas leyes de transparencia,
han abatido la corrupción.
5. IPC. Es muy difícil incidir para mejorar la
calificación en el IPC.
6. Percepción negativa. Mientras sigan
saliendo a la luz pública los grandes casos de corrupción, la percepción de que
hay mucha corrupción no bajará.
7. Percepción vs. acción. Una cosa es acabar
con la corrupción y otra es incidir para que disminuya la percepción de corrupción.
Lo importante no es solo modificar la
percepción, sino combatir eficazmente la corrupción.
Para la calificación que obtuvo México en 2018 en el IPC, Transparencia Internacional tomó 9 indicadores generados por
instituciones internacionales (https://www.transparency.org/files/content/pages/2018_CPI_SourceDescription_EN.pdf). Cada una de
ellas con su propia metodología para medir el problema.
Si se quisiera ver cuales factores influyeron en la calificación, con
la idea de crear políticas públicas que influyan en mejorar el Índice, habría que entender con gran nivel de detalle
lo que estas instituciones midieron.
Pero aun así, dado que estas mediciones son en su mayor parte basadas
en percepciones, es posible que aunque se diseñen políticas que efectivamente
logren disminuir la corrupción, mientras
no cambie la percepción, no se moverá la calificación.
Por el contrario, se podrían crear campañas mediáticas para influir
positivamente en la percepción de la corrupción, mientras el fenómeno podría continuar
rampante.
Algo así sucedió con el tema de seguridad pública en los últimos dos
sexenios. En el sexenio de Calderón las noticias sobre la violencia dominaron
los medios, lo que creó la percepción de que el problema era gravísimo y las
acciones para abatirla impactaron negativamente en la percepción pública del
fenómeno.
En el sexenio de Peña, se ocultaron las noticias sobre este problema,
disminuyendo la percepción de inseguridad,
pero la violencia creció aún más que en el sexenio previo, al no tomarse
acciones adecuadas para disminuirla.
Más que fijarse como meta intentar mejorar la calificación de México en
el IPC, lo que urge es desarrollar indicadores propios que permitan medir los
avances en el combate a la corrupción.
Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del
INEGI es excelente para medir la pequeña corrupción, la cotidiana. Pero aún
hace falta tener mediciones adecuadas de la mediana y gran corrupción. Ojalá el
INEGI pueda desarrollar una medición más integral del problema.
En el largo plazo, si se es exitoso en el combate a la corrupción, esto podría cambiar la percepción y se tendría
que reflejar en una mejora de calificación.
El IPC fue creado para llamar la atención entre los gobiernos de todos
los países acerca de la corrupción. Usarlo para medir impactos de política
pública en el combate a la corrupción podría no ser lo más adecuado.
Habría que diseñar políticas públicas y mediciones propias para lograr
avances en el combate a la corrupción. Sobre todo, llevar a cabo acciones que disminuyan el
fenómeno. En este sentido, el combate al robo de combustibles es un buen
inicio.
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