Por: Octavio Díaz García de León
La idea: Los
colaboradores cercanos del presidente López Obrador han abierto al público sus
declaraciones patrimoniales las cuales han causado mucha curiosidad. Lo
importante será que la información de las declaraciones patrimoniales de todos
quienes trabajan en el gobierno se use
para combatir la corrupción y no para satisfacer el morbo de conocer su
patrimonio.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas hizo obligatoria la
presentación de las declaraciones patrimoniales de los 5 millones de
trabajadores del gobierno (Federal, estatal, municipal, poderes ejecutivo,
legislativo, judicial y organismos autónomos) desde que entró en vigor en 2017
y éstas deberán hacerse públicas.
No sucedió inmediatamente pues había que desarrollar los formatos para
cumplir esa obligación pero ya fueron publicados el pasado 16 de noviembre por el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción y entran en vigor a partir de mayo de 2019.
Estos formatos son mucho más extensos que los todavía vigentes y por lo
menos para un segmento importante de servidores públicos, serán muy complejos
de llenar y tendrán que proporcionar información excesiva.
Para la gran mayoría de los empleados de gobierno será una novedad
porque antes no tenían que presentarla. Entre ellos, personal sindicalizado, soldados,
marinos, trabajadores de base, médicos, enfermeras, etc.
Habrá que estar preparados para que lo hagan trabajadores del gobierno
que no hablan español, sean discapacitados, no tengan acceso a sistemas de
cómputo o incluso que no sepan leer, especialmente en municipios y lugares
remotos y aislados.
A lo largo de los años se sobredimensionó la transparencia como un
factor importante para disminuir la corrupción. Esto ocurrió durante 14 años a
partir del 2002 cuando la calificación de México en el Índice de Percepción de
la Corrupción de Transparencia Internacional casi ni se movió, permaneciendo en
niveles reprobatorios, lo que demuestra que la transparencia por sí misma no ha
tenido impacto en combatir la corrupción.
Por ello, el hacer públicas las declaraciones
patrimoniales no garantiza que disminuirá la corrupción, ya que el principal problema que tienen es que
contengan información completa y fidedigna.
No todos los servidores públicos
revelarán todo su patrimonio en las declaraciones, especialmente si algunos de
ellos se han enriquecido de sus puestos o bien por miedo a su seguridad o por
desconocimiento. (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/06/obligacion-de-presentar-las-3-de-3.html?_sm_au_=iVV1kk3463ZRW7fH).
Si bien puede ser un auxiliar en el combate a la corrupción el que la
población conozca el patrimonio de los
funcionarios públicos, ya que se puede poner en evidencia cuando los servidores
públicos sean omisos en declarar sus
bienes, será necesario tener los mecanismos
para que las denuncias lleguen a buen término.
Otro aspecto delicado es el respeto a los datos personales, derecho
garantizado por la Constitución, el cual podría entrar en conflicto con
publicitar esa información ya que se podría afectar la vida privada de las personas, su seguridad
personal y de su familia.
Lo importante de las declaraciones patrimoniales es el tener la
información para que las autoridades competentes puedan investigar con rigor aquellos
casos donde no se declaren todos los bienes y cuando los ingresos legales de
las personas no concuerden con su patrimonio.
Estas investigaciones requieren acceso a bases de datos de registros
públicos de la propiedad y el comercio, establecer redes de vínculos para identificar prestanombres, tener
acceso a los movimientos bancarios y la información fiscal de los investigados y
a las declaraciones de años anteriores.
Difícilmente podrá hacer esto un ciudadano de a pie, partiendo de una declaración patrimonial
pública. Se requieren conocimientos especializados y acceso a información que
no es pública, como la fiscal, la bancaria y declaraciones patrimoniales de
años anteriores.
Los retos operativos para echar a andar esta obligación masiva son
enormes. Se tendrá que modificar el sistema Declaranet para manejar el mundo de
información que se le alimentará y hacer compatible la información de años
anteriores para poder hacer investigaciones de evolución patrimonial.
Adicionalmente, se deberá capacitar a los Órganos Internos de Control
para que realicen las investigaciones de
situación patrimonial como lo prevé la Ley, una función que nunca antes han
realizado.
Todo un reto será también el educar a la población para que sean
coadyuvantes en el combate a la corrupción y que no usen la información para
acusar sin fundamento, solo por el hecho
de que algunos funcionarios tengan un patrimonio importante. Y es que hay
segmentos importantes de la población que piensan que el enriquecimiento solo
puede darse de manera ilegal, no con el trabajo honesto.
Habrá que cuidar que dicha información efectivamente se use para
detectar actos de corrupción y no para alimentar el morbo y afectar la vida privada
de quienes trabajan en el gobierno.
Esperemos que este gran esfuerzo
institucional y de los millones de servidores públicos que tendrán que llenar
estos formatos, presentar estas
declaraciones y hacerlas públicas, sirva para combatir la corrupción. Por lo
pronto el gabinete del presidente López Obrador, ya puso el ejemplo.
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@octaviodiazg
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