Por: Octavio Díaz García de León.
La idea: Todo servidor público está obligado a presentar sus declaraciones de
situación patrimonial, posible conflicto de interés y, cuando aplica, la fiscal.
Estaban pendientes de emitirse los nuevos formatos de declaración, pero ya hay
una propuesta y pronto todos quienes trabajen para el gobierno deberán
presentarlas.
El propósito de que todos los
empleados de gobierno presenten estas declaraciones es poder detectar
enriquecimientos ilícitos registrados en el aumento de su patrimonio y de sus
dependientes.
Si esta
información se hiciera pública, en
teoría cualquier persona podría verificar si un servidor público vive más allá
de las posibilidades que le da su ingreso. Una sociedad vigilante podría
detectar estos comportamientos y denunciarlos.
En la práctica, ni los funcionarios corruptos
declaran todo su patrimonio ni la sociedad civil está dispuesta a investigar y
denunciarlos. Por ello, esta
función la tiene que realizar el gobierno y ya conocemos las dificultades que
existen para abatir la impunidad cuando el gobierno se cuida a sí mismo.
La Ley
General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) amplió el número de sujetos
obligados a presentar las “3 de 3” declaraciones. De esta forma, desde el 19 de
julio de 2017, cinco millones de
servidores públicos en los gobiernos municipales, estatales, federal, los tres
poderes y los organismos autónomos están obligados a presentarla.
El Comité
de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción ya entregó una
propuesta de formatos de declaración patrimonial y de intereses y las
respectivas normas al Comité Coordinador de dicho Sistema, los cuales están en
estudio (https://cpc.org.mx/2018/05/31/propuesta-de-normas-e-instructivo-para-el-llenado-y-presentacion-del-formato-de-declaraciones-patrimonial-y-de-intereses/).
Los
servidores públicos se dividen en tres grupos. Cada uno deberá proporcionar
diferente información en el formato único establecido. El primer grupo lo
constituye todo el personal de confianza. Por ejemplo, en el gobierno federal,
los puestos de enlace y jefe de departamento, hacia arriba. Este grupo deberá
llenar el formato completo.
El
segundo grupo son aquellos trabajadores cuyas actividades se encuentran en un
catálogo de 14 funciones. Por ejemplo, quienes participen en adquisiciones,
trabajen en manejo de información de seguridad nacional y los ministerios
públicos, entre otros. Este grupo también deberá presentar el formato completo.
El grupo tres lo constituyen quienes no caen en los dos grupos anteriores. Estos
presentarán solo una parte de la información solicitada en el formato.
El nuevo
formato propuesto contiene 5 apartados, 35 capítulos y 411 reactivos a
contestar. En contraste, el formato anterior del gobierno federal contiene 12
apartados y 92 reactivos. Esto da una idea de la complejidad que tendrá llenar el
nuevo formato y la cantidad de información que se pretende recabar de todos
quienes trabajan en el gobierno.
Además
del reto técnico que representa captar por lo menos 5 millones de declaraciones
al año, existen otros retos que deberán
enfrentarse: no todos los obligados tienen acceso a computadoras e
internet; algunos no hablan español; otros se rigen por usos y costumbres;
existe personal con discapacidades; y una porción de ellos podrían ser
analfabetas.
Hay preocupaciones sobre toda esta información
que estará en manos de las autoridades federales. Si bien su propósito es
combatir la corrupción, no está exenta de que se haga mal uso de ella para
afectar a los declarantes.
Otra preocupación
es cuál información de las declaraciones,
se hará pública. La propuesta del Comité de Participación Ciudadana es que se haga pública toda la información relevante
que se refiere al patrimonio del servidor público. Por ejemplo, en el caso
de cuentas bancarias, se publicarían todos los detalles de la misma, tal como
saldo, interés, institución donde se encuentra, tipo de inversión, etc.; lo
único que se considera confidencial es el número de cuenta.
Sin
embargo, la propia Ley contempla que no
deberán revelarse datos de las declaraciones que afecten la vida privada de los
servidores públicos. En este sentido, se podría argumentar que la
publicidad del patrimonio de los servidores públicos podría afectar su vida
privada al exponerlos a ser víctimas de secuestro o extorsión, por lo cual
existe la posibilidad de que quienes no quieran publicitar su información, se
amparen. Lo que a nadie se le debe negar
es su derecho a hacer pública su declaración patrimonial si así lo desea, tal y
como ocurre hoy en día.
Captar
tanta información y luego explotarla para detectar casos de corrupción es una
tarea que se ha asignado a las contralorías y órganos internos de control,
mismos que a la fecha no cuentan con las capacidades para hacerlo.
Falta
mucho por hacer en materia de declaraciones patrimoniales para que sirvan en el
combate a la corrupción. Lo más
importante será cuidar cómo, quién y para qué, use esa información, cuál se
dará a la publicidad y cómo se desarrollarán las capacidades para investigar la
información proporcionada. Será una gran tarea para la próxima administración federal.
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