INSTITUCIONES EN RIESGO POR ESPIONAJE

Por: Octavio Díaz García de León

      Hace unos días el periódico The New York Times publicó en su primera plana un artículo donde revelaba el espionaje que supuestamente agencias del gobierno mexicano realizaban a periodistas, activistas de derechos humanos, expertos anti corrupción y a algunos de sus familiares. El espionaje se realizó mediante la infiltración en los teléfonos “inteligentes” de estas personas, de un software llamado Pegasus, el cual les extrae toda la información y los convierte en instrumentos de espionaje permanente. Los autores del artículo suponen que el espía fue el gobierno federal porque, según lo dicho por el fabricante de Pegasus, la empresa israelí NSO Group, esta solo vende a instituciones de gobierno y únicamente para combatir delincuentes y terroristas. Según otras notas periodísticas, la empresa les vendió esta plataforma a tres instancias del gobierno federal.

     El incidente es muy lamentable. Primero por tratarse de un acto ilegal, ya que la intervención de comunicaciones solo se puede hacer con orden de juez y segundo, de ser cierto que lo hicieron instancias de gobierno, éstas se habrían apartado de su mandato que consiste en recabar inteligencia solo de aquellos que representen una amenaza a la seguridad pública o nacional, que no es el caso de los espiados. Urge pues se investigue lo sucedido, empezando por determinar si el proveedor efectivamente solo le vendió al gobierno federal, o también a algún gobierno estatal y/o a particulares. Un aspecto de la mayor importancia es quien hará la investigación, ya que se ha cuestionado que lo haga la PGR dado que es usuaria de Pegasus. 

     Las otras instituciones que adquirieron este software fueron la SEDENA y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).  En particular el CISEN siempre resulta sospechoso porque las labores de inteligencia que realiza, contemplan la intervención de comunicaciones.

    El CISEN se creó en 1989, fusionando a las direcciones generales de Investigación y Seguridad Nacional y la de Investigaciones Políticas y Sociales ambas de la Secretaría de Gobernación. Cuando el presidente Fox llega a la presidencia, intentó desaparecer al CISEN por considerar que más que estar al servicio del Estado mexicano protegiendo la seguridad nacional, estaba dedicado a espiar a los adversarios políticos del régimen, entre ellos al propio Fox cuando era candidato. Lo que sí ocurrió ese sexenio, fue un desmantelamiento que lo debilitó mucho.

      El CISEN sobrevivió al gobierno de Fox y se ha fortalecido mucho en los últimos dos sexenios. En el actual su presupuesto aumentó de manera extraordinaria, especialmente a través de la partida de seguridad nacional, la cual llegó a ascender a casi dos veces el presupuesto normal del CISEN. La partida de seguridad nacional se maneja con absoluta secrecía y casi no se rinden cuentas sobre su uso. Tan solo en 2015 el CISEN, ejerció 4.2 mil millones de pesos en esta partida, siendo que el sexenio pasado no pasaba de 150 millones de pesos por año.

     El CISEN es una gran institución del Estado mexicano cuya existencia no se debería poner en entredicho como lo ha hecho López Obrador, quien piensa desaparecerlo. Su permanencia es necesaria porque México, como cualquier nación del mundo, está obligado a proteger su seguridad nacional y los organismos de inteligencia son pieza clave para hacerlo.  

     El problema es que, así como para la DFS fueron factores para su desaparición, el CISEN también podría destruirse si se le dedicara a realizar espionaje político y   labores de combate al narcotráfico. Lo primero porque es ilegal y lo segundo porque el problema de la delincuencia organizada y el narcotráfico corresponde a las instancias de seguridad pública como PGR, procuradurías estatales y policías y al involucrarse en tareas que no le corresponden, corre el riesgo de ser penetrado por los narcotraficantes.

     El mandato y atribuciones del CISEN se encuentran en la Ley de Seguridad Nacional. Sus tareas, entre otras, consisten en identificar los riesgos que enfrenta la seguridad nacional y generar inteligencia sobre aquellos factores que constituyan amenazas al Estado mexicano. Por ejemplo, movimientos subversivos que intenten tomar el poder por la vía violenta; terrorismo que trate de desestabilizar al país; gobernadores que amenacen la integridad del pacto federal; o bien las amenazas externas, provenientes de Estados Unidos y de la frontera sur.

     Para garantizar la sobrevivencia del CISEN es necesario que la sociedad tenga confianza en que sus labores no se apartan de su mandato y los dineros que se le asignan no se utilicen más que para el propósito legal que tienen. La investigación que se realice sobre este caso de espionaje ilegal deberá dejar en claro que esta institución no participó en ello y en caso contrario, se deberá sancionar a los responsables y establecer candados institucionales para que no vuelva a ocurrir. 

     El Congreso, a través de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a través de la Auditoría Superior de la Federación, tiene una gran tarea para vigilar que el CISEN no se desvíe de su mandato. No es desapareciendo a una institución indispensable para el Estado mexicano como se podría evitar su mal uso sino asegurándose de que rinda cuentas y si fuera el caso, de que no se desvíe de las tareas que le encomendó la Ley.  

 Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

____________________________________________________________

Twitter: @octaviodiazg                             Correo: odiazgl@gmail.com

PREVENIR EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Por: Octavio Díaz García de León

      La Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3) entra en vigor el próximo 19 de julio después de un año de ser promulgada.  Entre los aspectos controvertidos que tuvo inicialmente esta Ley era la obligación de publicar las declaraciones de situación patrimonial, de posibles conflictos de interés y la fiscal de todos aquellos obligados a presentarlas. Dicha disposición fue modificada mediante veto presidencial, dejando en manos del trabajador del gobierno la decisión de si quiere hacer o no pública esa información.  Esta modificación a la Ley fue impugnada ante la Suprema Corte por diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes pretendían que forzosamente se hicieran pública esas declaraciones. Hace unos días la Suprema Corte determinó que no procedía la impugnación, quedando protegidos esos datos si así lo considera el declarante.

      La obligación de presentar declaraciones patrimoniales en México viene por lo menos desde la primera Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos promulgada el 31 de diciembre de 1982, la cual obligaba a presentarla a los funcionarios de cierto nivel jerárquico hacia arriba o a quienes realizaban labores de inspección, vigilancia o manejo de valores. A nivel federal, la Secretaría de Contraloría, hoy Secretaría de la Función Pública, se ha encargado desde entonces de recabar dichas declaraciones: la de inicio, conclusión y la de modificación patrimonial.  Los otros poderes federales tienen procedimientos diferentes para recabar dicha información, pero sus funcionarios también tienen la obligación de presentarla.  

     ¿Cuál es el objeto de que los trabajadores del gobierno presenten sus 3 de 3? El propósito es detectar enriquecimiento ilícito, identificar negocios donde el servidor público tuviera interés y se viera beneficiado indebidamente al usar su puesto, y verificar que sus declaraciones de impuestos sean congruentes con sus ingresos.

     La idea de publicarlas tiene por objeto que la sociedad pudiera revisar esta información y detectar aquellos casos donde la vida que se da el funcionario sea notoriamente incongruente con los ingresos que percibe, con lo cual los ciudadanos podrían denunciarlo ante las autoridades para que se investigue. Sin embargo, ya vimos que, con la decisión de la Suprema Corte, la publicidad de esta información dependerá de si el funcionario quiere hacerlo.

    Tuve la oportunidad de conocer las experiencias de Francia y Rumania respecto a las declaraciones patrimoniales, las cuales han sido muy exitosas dado que ha servido para procesar a funcionarios, ya sea porque no presentan datos fidedignos en sus declaraciones ocultando sus ingresos y bienes o porque a través de ellas se han detectado situaciones irregulares lo cual quiere decir que en México también podría funcionar para reducir la corrupción si se hace adecuadamente.

    Si bien la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial tiene por lo menos 35 años en México, con la nueva Ley 3 de 3, viene un gran cambio ya que el número de personas obligadas a presentar sus declaraciones pasará de 200 mil a alrededor de 5 millones. Es decir, cualquier persona que trabaje en el gobierno deberá presentar estas declaraciones (La declaración fiscal solo aquellos que estén obligados). En esa lista se encuentran todos los trabajadores al servicio del Estado, por ejemplo, soldados, policías, maestros, carteros, enfermeras, médicos, mensajeros, choferes, trabajadores sindicalizados de cualquier tipo, marinos, oficinistas, secretarios, directores generales, ministros, magistrados, diputados, senadores y hasta el presidente.

    Quizá valdría la pena, antes de pasar a su total implementación, hacer un diagnóstico de que tanto han servido estas declaraciones para combatir a la corrupción en los últimos 35 años y ver que necesita mejorarse para que realmente cumpla con su objetivo.

     Un aspecto que impactará en la eficacia de esta medida será el tener los medios para establecerla, dado el enorme crecimiento del número de quienes estarán obligados. Se deberán recabar 5 millones de declaraciones para lo cual se requerirá tener preparados los sistemas de cómputo para recibir y procesar esta información. Luego se deberá contar con la capacidad para investigar la veracidad de dicha información.  Para ello será necesario tener acceso a las bases de datos que contengan información patrimonial (Registros públicos de la propiedad y del comercio, registros vehiculares, cuentas bancarias, etc.) para cruzarlas con las declaraciones patrimoniales y detectar las inconsistencias. También se tendrá que investigar en campo las declaraciones para verificar que sean verídicas, para lo cual se requerirán muestreos aleatorios ya que será imposible revisar al 100%.

    Para hacer más eficaz el manejo y análisis de las declaraciones patrimoniales sería conveniente tener diferentes tipos de formatos para recabar la información. Esto se haría segmentando a los sujetos obligados de acuerdo a un mapa de riesgos. Podría haber tres tipos de formatos: los funcionarios más expuestos, dados los montos que manejan y las oportunidades que tienen para cometer actos de corrupción; los que están expuestos a la pequeña corrupción como policías, inspectores, etc., y los que prácticamente no tienen riesgo. Para estos últimos se debería replantear si es necesario que la presenten.

    Este es uno más de los retos que enfrentará el Sistema Nacional Anticorrupción a partir del 19 de julio de este año. Ojalá no se pierda de vista que el objetivo de las declaraciones patrimoniales es la detección de actos de corrupción y no un trámite burocrático más.

Las opiniones en esta columna son a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución..

__________________________________________________________________

   Twitter: @octaviodiazg                           http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/                        Correo: odiazgl@gmail.com

SEGUIR LA PISTA DEL DINERO

Por: Octavio Díaz García de León

    En las novelas de detectives una de las recomendaciones para resolver el misterio que plantea su trama suele ser “busca a la mujer” (Cherchez la femme) implicando que detrás de cualquier problema o misterio, la causa suele ser una dama. En los misterios que rodean a la corrupción, un buen lugar por donde empezar es “seguir al dinero” (Aunque no es mala idea buscar también a la dama).

    Por su naturaleza, el dinero de la corrupción no desfila a la vista de todo mundo, pero deja huella. Aunque los actos de corrupción se intentan disimular y  se les suele representar como una acción  “en lo oscurito”, “por debajo de la mesa”, con un billete escondido en la mano al saludar o  un favor discreto para ayudar al amigo a cambio de un dinero, de alguna manera la corrupción se deja entrever y por ello los investigadores de actos de corrupción requieren tener la habilidad para detectar esas señales que indican que los ingresos del personaje no concuerdan con sus gastos para investigarlos a fondo.   

   Desde luego no se puede ocultar totalmente el dinero producto de la corrupción. ¿Para qué robar dinero si no se puede usar para comprar todo tipo de cosas o para darse vida de rey en viajes de lujo o para tirar el dinero en los mejores casinos del mundo? ¿Qué caso tendría dedicar el ingenio y arriesgar (No mucho, por cierto) el pellejo solo para guardar el dinero bajo el colchón?

     En este sentido las leyes de transparencia son un auxiliar para que la sociedad pueda conocer si los funcionarios públicos viven de manera congruente con sus ingresos.  Por ello son importantes las iniciativas que piden publicitar los ingresos y los bienes que tienen los funcionarios públicos. Claro, esto no sirve si no hay una sociedad observante de estos comportamientos irregulares de los funcionarios que denuncie los comportamientos sospechosos, de alguien que verifique que lo que declaran los funcionarios sea cierto y de la existencia de autoridades competentes dispuestas a investigar a fondo.    

    Desafortunadamente son pocas las denuncias ciudadanas respecto a fortunas que surgen aparentemente de la nada, o bien estas no tienen consecuencias porque no se investigan apropiadamente.  Afortunadamente los periodistas sí usan las leyes de transparencia y son quienes con más fuerza han denunciado actos de corrupción.  Falta una respuesta más contundente de las autoridades ante estas denuncias.

    Si bien el papel de los ciudadanos es importante, serán los investigadores especializados en temas de corrupción quienes deberán ser capaces de descubrir las rutas del dinero mal habido y procesar a los presuntos culpables. Para ello sus investigaciones deberán desarrollarse en torno a aspectos tales como:

   Movimientos de dinero. La Secretaría de Hacienda (SHCP) a través del Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera tienen todas las herramientas para detectar movimientos sospechosos de dinero. Si bien la SHCP no es parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sería conveniente que la SHCP proporcione todas las facilidades para tener acceso a la información financiera de funcionarios que se sospeche realizan actos de corrupción.

    Adquisición de bienes.  Para identificar movimientos ilícitos en materia de adquisición de inmuebles hace falta tener acceso a los registros públicos de la propiedad para identificar las propiedades no solo de los funcionarios, sino de su red de vínculos. Armar una red de vínculos requerirá realizar labores de inteligencia, pero el conocer estas redes es una herramienta indispensable para seguir la pista del dinero.  También se deberán aplicar técnicas para la detección de operaciones de lavado de dinero. Los corruptos en realidad no se distinguen de los delincuentes de otro tipo: realizan sus fechorías para obtener recursos que luego intentan legitimar mediante el lavado.   

   Por lo que respecta a la adquisición de otro tipo de bienes tales como automóviles, yates o aviones habrá que recurrir a los registros gubernamentales respectivos para ver si son propiedad de los funcionarios o de su red de vínculos.  En el caso de joyas, obras de arte y metales preciosos, se deberían establecer mecanismos para reportar operaciones de compra/venta que por su cuantía se pudieran clasificar como operaciones relevantes, tal y como se hace con los movimientos bancarios. Podrían ser, por ejemplo, aquellas operaciones con montos superiores a los 100 mil pesos.

   Inversión en empresas. Se deberá investigar las actividades empresariales de los funcionarios y sus redes de vínculos consultando los registros públicos de comercio, sus actividades mediante sus declaraciones fiscales y ver si tienen actividades legítimas a través de las cámaras industriales y de comercio.

    Una de las grandes motivaciones de las personas que se corrompen es el obtener dinero y bienes para su uso personal. Para detectar casos de corrupción, se requiere seguir la pista del dinero y sus transformaciones en bienes de todo tipo. Por ello sería conveniente que la Secretaría Ejecutiva del SNA, así como las nuevas autoridades investigadoras que existirán en algunas de las instancias del SNA, cuenten con investigadores especializados en lavado de dinero y sean capaces de identificar actos de enriquecimiento ilícito en el patrimonio de los funcionarios corruptos y sus redes. Este será uno más de los retos que enfrente el Sistema Nacional Anticorrupción.

Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

________________________________________________________________

  Twitter: @octaviodiazg         http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/                        Correo: odiazgl@gmail.com

QUE SIGUE EN EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Por: Octavio Díaz García de León

       Todos los días surgen noticias sobre problemas de corrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción está lejos de entrar en funcionamiento.  Organizaciones como mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el periódico en internet Animal Político y en general los medios de comunicación, constantemente reportan casos de corrupción. Uno de los más recientes se refiere a sobornos que la empresa brasileña Odebrecht le dio al gobierno de Michoacán encabezado entonces por el perredista Leonel Godoy. Por su parte, en las recientes elecciones estatales, las acusaciones de compra de votos, cuyos recursos seguramente vienen de actos de corrupción, fueron denunciados durante los procesos electorales.

      Pero sigue sin haber consecuencias. Las denuncias públicas no se traducen en casos administrativos o penales que lleven a los acusados a proceso. La captura del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, en Panamá es un avance, pero aún está por verse que vengan a dar a una cárcel mexicana los ex gobernadores que saquearon a sus estados.

     La semana pasada se nombró al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pero la lista de nombramientos pendientes en el Sistema sigue siendo larga: el fiscal anticorrupción, los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el nombramiento de contralores en los órganos autónomos. Tan solo armar la estructura de la Secretaría Ejecutiva del SNA, requerirá incorporar una plantilla de alrededor de 200 personas. Todo ello ha tomado demasiado tiempo y tomará más. Lo malo es que las expectativas son muy altas y la paciencia de la sociedad muy corta.

      En esta nueva etapa de combate a la corrupción (Desde 1982 ha habido muchos intentos por combatirla desde adentro del gobierno) la sociedad civil ha asumido un papel protagónico, tanto en el diseño de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3) como por su participación en el Comité de Participación Ciudadana del SNA y al haber asumido la presidencia del Comité Coordinador de dicho Sistema.

     Con ello la sociedad civil asume una función de gobierno y una gran responsabilidad por dar resultados. Se pone a prueba su capacidad de gestión, primero para conseguir recursos para operar y luego para mover a las estructuras burocráticas que coordinan. Ambos resultan un reto tal que en ello suelen fracasar hasta los burócratas y políticos más avezados.    

     La apuesta para la sociedad civil es elevada. Si da resultados pronto, se abrirán más caminos para que autoridades no elegidas por la vía electoral sino por procesos meritocráticos o en base a cuotas partidistas, lleven a cabo funciones de gobierno. De darse por la vía meritocrática, entonces el ideal de Platón en su República se podría ver cristalizado con el gobierno de los filósofos desplazando a los políticos de sus funciones tradicionales. De darse el segundo caso, se pueden poner en riesgo las instituciones al nombrar personas que tomarán decisiones con criterios políticos y no técnicos. Por otra parte, de no tener éxito el experimento de llevar al poder a la sociedad civil, se podría dañar el papel de esta en temas de gobierno y ser ignorados en el futuro.  

     Por lo pronto y ya puestos en la realidad cotidiana, el Comité Coordinador del SNA tiene que moverse muy rápido para lograr resultados. Por principio de cuentas tiene que coordinar a instituciones muy bien establecidas, con sus propias agendas y mandatos, los cuales actualmente no están alineados al propósito de combatir a la corrupción sino con las tareas propias que les dan las leyes que los rigen. También deberán vencer intereses creados de todo tipo, redes de protección entre funcionarios y otros obstáculos que serán difíciles de vencer.  Sin embargo, les ayudaría que se dieran unos golpes rápidos contra la corrupción y se publicitaran adecuadamente.

    Empezando por pedir resultados inmediatos sobre los casos más notorios como el de Odebrecht, empresa que a la fecha sigue sin ser inhabilitada, la farmacéutica Teva, el caso de CAPUFE, el uso para efectos personales de helicópteros por parte del ex director de PEMEX que denunció la Auditoría Superior de la Federación, etc.  

     Los brazos operativos del SNA, tanto la Secretaría de la Función Pública y sus órganos internos de control junto con la Auditoría Superior de la Federación seguramente tienen casos de corrupción ya identificados cuya judicialización se puede concretar en el muy corto plazo. Ya se ha visto que aun sin Fiscal Anticorrupción, la PGR ha podido realizar acciones para que se capturen a los ex gobernadores prófugos y sus colaboradores, así que solo se requiere procesar los casos que ya están maduros. 

    El Comité Coordinador podría darles seguimiento puntual a esos casos relevantes. Si bien la Secretaría de Hacienda no es parte del Comité Coordinador del SNA, la información que tienen el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera permitiría seguir la huella del dinero mal habido de los corruptos con lo que se solidificarían los casos más notorios.

     El Comité Coordinador del SNA se podría empezar a colgar algunas medallas de los asuntos relevantes que las instituciones bajo su Coordinación ya están cocinando y con ello ganar credibilidad para mostrar que el SNA puede dar resultados rápidos. Ojalá lo hagan pronto y no sigan esperando otras cosas.

Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

________________________________________________________________

Twitter: @octaviodiazg                 http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/                        Correo: odiazgl@gmail.com

NOMBRAMIENTO EN EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Por: Octavio Díaz García de León

El pasado 30 de mayo fue nombrado el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Para ello se inscribieron 24 candidatos al proceso de selección, un número bajo para este tipo de puestos dada su visibilidad, reto y buena remuneración, con el atractivo adicional de que será un nombramiento por cinco años.

De los 24 aspirantes, once pasaron a entrevista con el Comité de Participación Ciudadana (CPC), de la cual surgió una terna a proponerse al Comité Coordinador (CC) del SNA. En ella quedaron Alejandra Rascón, abogada, con amplia experiencia en el tema de transparencia quien ejerció diversos puestos en el gobierno federal y en Transparencia Mexicana. Otro fue Max Kaiser, abogado, actualmente Director Anticorrupción en el Instituto Mexicano de la Competitividad (Impulsores de la reforma anticorrupción y de la Ley 3 de 3) quien fue funcionario de la Secretaría de la Función Pública el sexenio pasado donde fue titular de los órganos internos de control en SEMARNAT y en la SEP, Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental y Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas. Escribió un libro sobre combate a la corrupción.

El tercero fue Ricardo Salgado Perrilliac, hasta ese día Titular de la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien fue nombrado secretario técnico. Abogado, desarrolló su carrera en el ámbito jurídico, dedicado a temas muy especializados de competencia económica; también fue director jurídico del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI) un par de veces, por lo que conoce bien los temas de acceso a la información pública gubernamental. (http://cpc.org.mx/2017/05/15/expedientes-de-candidatos-a-secretario-tecnico/).

 Por cierto, el Lic. Salgado intentó infructuosamente ser comisionado del nuevo Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuando se dio la integración de los nuevos comisionados de dicho Instituto en 2014, apoyado en su intento por uno de los integrantes del CPC del SNA, José Octavio López Presa. El Lic. Salgado también trabajó en el IFAI cuando la actual presidenta del CC del SNA, la Dra. Peschard era presidenta del IFAI.  El Lic. Salgado salió del INAI posteriormente al no entenderse con los nuevos comisionados. (http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/docs/ifai/cvp/102.pdf).

Ante la presión de personalidades como el senador Pablo Escudero, presidente del Senado e integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas, el CPC dio a conocer este 2 de junio los criterios de selección de la terna y las cédulas de calificación de los finalistas. Allí se puede observar que cada uno de la terna obtuvo la más alta calificación por parte de dos de los 5 integrantes del CPC (La Dra. Peschard dio la misma calificación a Rascón y a Salgado). (http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/Evaluacion-Candidatos-Secretario-Tecnico.pdf)

Llama la atención que, en las cédulas de las entrevistas, la experiencia en el tema de combate a la corrupción, transparencia o rendición de cuentas haya sido solo uno de los 18 aspectos evaluados dándosele importancia especial en la selección de la terna a la capacidad de trabajar en órganos colegiados e interaccionar con la sociedad civil. Si bien estas habilidades serán requeridas quizás se debió privilegiar el conocimiento sobre combate a la corrupción.  (http://cpc.org.mx/2017/06/02/criterios-para-la-seleccion-de-la-terna-de-candidatos-a-secretario-tecnico-st-de-la-secretaria-ejecutiva-se/)

Al momento de escribir estas líneas aún falta dar a la publicidad los criterios de selección y las evaluaciones que el Comité de Coordinación del SNA realizó de los tres finalistas para conocer las razones por las cuales seleccionó al Lic. Ricardo Salgado. Ya con este último paso se podrá cerrar el ciclo de transparencia en el proceso.

He mencionado antes en esta columna que desde que se promulgó la primera Ley de Transparencia, se ha confundido transparencia con combate a la corrupción. Una cosa es el garantizar el acceso a la información pública gubernamental y otra combatir la corrupción. Si bien el acceso a la información puede ayudar en el combate a la corrupción de manera indirecta, el know how de la transparencia no es el que se requiere para combatir la corrupción. Se requieren habilidades más enfocadas a la inteligencia, la fiscalización, la explotación de bases de datos y otras capacidades relacionadas con la persecución de delitos. Por ello, sería conveniente que las personas que se integren a la Secretaría Ejecutiva sepan de estos temas y no necesariamente sean expertos en transparencia.

Por lo pronto el nuevo secretario técnico tiene retos importantes, tales como demostrar su liderazgo ante los integrantes del CC y ante los gobiernos de las entidades federativas para que formen y operen sus sistemas estatales anticorrupción. Deberá conseguir dinero y plazas ante la Secretaría de Hacienda y ante el Congreso Federal, aspecto que en esta época de austeridad se ve muy difícil. Redactar el estatuto orgánico de la Secretaría Ejecutiva, seleccionar y contratar a sus directivos clave y empezar a operar cuanto antes. Si se quiere demostrar ante la sociedad que el SNA sirve, tiene que buscar que las instituciones integrantes del CC den resultados tangibles de corto plazo. Si no, se corre el riesgo de no lograr apoyo de la sociedad y podría desaparecer el próximo sexenio.  

Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución pública o privada.

___________________________________________________________

    Twitter: @octaviodiazg           http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/                        Correo: odiazgl@gmail.com

   

MENOS SOCIEDAD CIVIL

Por: Octavio Díaz García de León

   Cada vez más organismos y líderes de la sociedad civil intervienen en temas que afectan a la sociedad. Sin embargo, en algunos casos han empezado a tomar tareas de gobierno que no les corresponden. Es necesario que sociedad civil y gobierno guarden una sana distancia para que los primeros ejerzan una función de contrapeso sobre las autoridades sin involucrarse en procesos que no les tocan.

    La sociedad civil participa activamente en aspectos tales como transparencia y rendición de cuentas, combate a la corrupción, seguridad pública, combate a la pobreza, evaluación de programas sociales y muchos otros. Además, existe gran cantidad de fundaciones, instituciones de asistencia privada y organismos filantrópicos que realizan una extraordinaria labor de apoyo a grupos sociales desprotegidos.

    Otras formas menos ortodoxas de participación de la sociedad civil son los grupos de autodefensa como en Michoacán y Guerrero, asociaciones de vecinos que vigilan sus barrios contra la delincuencia, comunidades que se autogobiernan como en Cherán, Michoacán y otros municipios que se rigen bajo principios de usos y costumbres y a donde las instituciones del Estado mexicano prácticamente no llegan.  

  

     La participación de la sociedad civil ha sido determinante para que el Estado mexicano ponga atención a aspectos de la vida pública que no se atendían adecuadamente. Sin embargo, esta participación es reflejo de un problema mucho más profundo: la carencia de instituciones fuertes del Estado mexicano.  A pesar de ello, no es conveniente que sustituya a las instancias de gobierno o se empiece a confundir con ellas.

    Los gobiernos son elegidos por los ciudadanos en un proceso democrático y por ello resulta contradictorio que se quiera ciudadanizar al gobierno, pues para eso tenemos un proceso electoral a través del cual se eligen a las autoridades. Cuando intervienen líderes y organizaciones de la sociedad civil en tareas gubernamentales, por lo general llegan allí no porque fueran elegidos por los ciudadanos para esas tareas, sino por su poder de interlocución con las autoridades; en algunos casos incluso, puede ser una forma de cooptación.

    Hace días asistí a un seminario organizado por el Banco Mundial y la Secretaría de la Función Pública en donde hubo ponentes de diversos países europeos, especializados en el tema de prevención de conflicto de interés y combate a la corrupción. En una de las mesas pregunté a los ponentes como trabajaban con las organizaciones de la sociedad civil y que tan activas estaban en sus países en los temas que a ellos tocaban. Los ponentes de países del este de Europa presentaron un panorama similar al de México, con gran involucramiento de la sociedad civil.

     Sin embargo, el ponente francés, alto funcionario en su país, me vio como si fuera extraterrestre por hacerle esa pregunta. Palabras más o menos dijo que en Francia las ONG no participaban de ninguna forma con ellos. Comentó que las instituciones del Estado francés y sus funcionarios estaban para servirles a los ciudadanos y para eso les pagaban un salario por lo que no era necesaria la participación de la sociedad civil en actividades que solo les incumbían a ellos.  

    La creciente participación de la sociedad civil en tareas que antes realizaba solo el Estado mexicano, más que reflejar algo positivo, refleja la debilidad del Estado ante los problemas que debería resolver por sí mismo. Con su participación, la sociedad civil solo está llenando ese vacío.  Eso no quita que haga falta una sociedad civil activa y participante en los asuntos públicos. Lo que no es conveniente es que esa participación tome funciones que corresponden a las instituciones del Estado mexicano.

    En el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción se creó la figura del Comité de Participación Ciudadana (CPC) el cual fungirá como asesor de dicho Sistema.  El Estado mexicano seguirá operando las tareas anticorrupción a través de las 6 instituciones que conforman el Comité Coordinador (CC) del SNA apoyado por el CPC (Séptimo integrante del CC). Este Comité Coordinador solo tendrá funciones de coordinación, sin invadir la esfera de autoridad de sus integrantes.

    Sin embargo, los expertos del CPC, una vez que entran a realizar funciones de gobierno y ser remunerados como funcionarios públicos, aunque sea en su calidad de asesores, dejan de formar parte de la sociedad civil y pueden perder eficacia al quedar en un limbo extraño: ni fueron elegidos por los ciudadanos para esas tareas ni forman parte propiamente del equipo gobernante. Esa neutralidad podría ser positiva a la hora de tomar decisiones, pero se corre el riesgo de que caigan en la inmovilidad o sus recomendaciones no vinculantes caigan en el vacío. Prueba de ello es que el CPC a la fecha no cuenta con presupuesto para realizar sus funciones

    Quizás influido por la idea de la ciudadanización de instituciones de gobierno, estamos viviendo un proceso de balcanización de la función pública con el surgimiento de cada vez más organismos constitucionalmente autónomos cuyos dirigentes no son elegidos por un proceso democrático, sino por el Congreso federal mediante procesos de selección con criterios a veces meritocráticos, pero en otros, partidistas.  De la misma forma, empieza a verse cómo liderazgos de la sociedad civil asumen tareas que no les corresponden.  Quizás es tiempo de reflexionar si en lugar de fortalecer al Estado, la ciudadanización lo esté debilitando.  

Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución pública o privada.

________________________________________________________________Twitter: @octaviodiazg          http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/                        Correo: odiazgl@gmail.com

PERIODISMO Y JUSTICIA

Por: Octavio Díaz García de León

Para los periodistas que exponen la vida en su profesión y los que ya la perdieron.

     El periodismo puede ser un gran catalizador para lograr que se haga justicia. Especialmente en nuestro país donde la impunidad alcanza cifras escandalosas, el trabajo de los periodistas es un acicate para que las autoridades cumplan su cometido.  Pero no siempre las investigaciones periodísticas se convierten en castigo para los delincuentes, ya sea porque no existen las pruebas suficientes o las capacidades de las autoridades investigadoras son muy limitadas o incluso, porque existen complicidades que encubren los ilícitos.

     Existen por lo menos dos temas que cubren los periodistas a riesgo de su propia vida. Uno es el de seguridad pública, relacionado con narcotráfico y bandas criminales. El otro con actos de corrupción. Cubrir el tema de delincuencia organizada ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. El asesinato de 6 periodistas en lo que va de 2017, el último de ellos, Javier Valdez en Sinaloa, es muestra de la gravedad de la situación y de la impunidad con que actúan los delincuentes. El tema de la corrupción si bien no es tan letal, no deja de ser también un tema riesgoso para los periodistas porque narcotráfico, delincuencia organizada y corrupción van de la mano.  

      Sin embargo, el reportar sobre estos temas puede resultar frustrante si lo que se busca es que haya justicia (También hay periodismo irresponsable que solo busca el escándalo para vender la nota). Los periodistas profesionales investigan, reúnen evidencias, sacan a la luz transacciones oscuras y luego no pasa nada. A veces por indiferencia o complicidad de las autoridades; otras veces porque judicializar un caso para condenar a alguien es sumamente complicado. Esto último ocurre porque para evitar acusar a inocentes, las pruebas tienen que ser contundentes y cuidar la legalidad de cómo se obtienen dichas pruebas. El sistema jurídico mexicano es muy “garantista”, como dirían los abogados. Esto es, protegen los derechos de los acusados de los posibles abusos de la autoridad y obligan a que las autoridades sustenten muy bien sus acusaciones y respeten minuciosamente los procedimientos que dicta la Ley, los cuales suelen ser complejos.

      Las cifras del combate a la delincuencia reflejan esta situación. El 98% de los delitos permanecen impunes y se entra en un círculo vicioso: ante la falta de castigo a los delincuentes, las víctimas prefieren no denunciar, con lo que la impunidad aumenta.  

     Desde luego la impunidad no se puede atribuir a un sistema jurídico “garantista” que protege más al acusado que a la víctima, pero este sistema pone un grado de exigencia en las autoridades investigadoras que, en algunos casos, es muy superior a sus actuales posibilidades. Y allí está el detalle. Si para acusar a una persona se requieren pruebas técnicas de mucha contundencia, entonces se requieren investigaciones muy profesionales. Desafortunadamente las autoridades encargadas de investigar delitos o faltas administrativas, en su gran mayoría no tienen las capacidades para hacerlo, lo cual alimenta la impunidad o bien solo condena al que no tiene la capacidad económica para defenderse.

     Las autoridades investigadoras se enfrentan todos los días a este problema. Las herramientas con las que cuentan suelen ser muy limitadas, no tienen recursos suficientes para el tamaño del problema; además, su personal está mal capacitado para atender las exigencias del sistema jurídico y expuesto a sobornos y amenazas para que no hagan su trabajo. Y eso sin considerar que ciertos casos llevados ante el Poder Judicial, se pierden por la corrupción de algunos jueces y magistrados.

     Muchas veces se diseñan las leyes pensando que, por solo emitirlas, las cosas van a mejorar mágicamente sin considerar el esfuerzo institucional que se requiere para ejecutarlas. Por ejemplo, una de las nuevas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas consiste en que cualquier acusado tendrá derecho a un defensor de oficio. A un par de meses de que entre en vigor esta Ley, aún no está claro de donde saldrán dichos abogados, porque el presupuesto de egresos de la federación no prevé las plazas y los recursos para ello.  

    Es importante que los periodistas y su público lector conozcan que no será sencillo que una investigación periodística se convierta en una condena automática de los denunciados. En un sistema jurídico garantista se requiere un esfuerzo de investigación muy profundo. Si bien no es el papel de los periodistas actuar como autoridades investigadoras, entre más sólidas, desde un punto de vista jurídico, sean las pruebas que aporten, más fácil será para las autoridades castigar a delincuentes, elevarán el costo de sus complicidades a las autoridades corruptas y hará que mejoren las ineptas.  

    Ayudaría también el considerar que las autoridades encargadas de investigar delitos no están preparadas para un sistema de justicia garantista, por lo que sería necesario ya sea, mejorar sustancialmente sus capacidades en un plazo corto o buscar que existan disposiciones legales menos orientadas al procedimiento y exigentes con las pruebas.  Algo difícil de lograr cuando el legislador ha pensado en un país ideal alejado de nuestras realidades, dando prioridad al respeto a los derechos humanos de los delincuentes sin darle suficiente peso a buscar justicia para las víctimas. Por lo pronto el papel del periodismo de investigación serio es muy importante para impulsar a legisladores y autoridades a actuar.

________________________________________________________________

Twitter: @octaviodiazg         http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/                                     Correo: odiazgl@gmail.com

UN VOTO SENSATO EN FRANCIA

Por: Octavio Díaz García de León

Para Paty

     La razón triunfó en Francia en la segunda ronda de las elecciones para presidente de ese país, el pasado 7 de mayo, cuando el electorado salió a votar en su mayoría por un candidato sensato, Emmanuel Macron. Y es que el panorama electoral en el mundo se ha llenado de candidatos populistas con una agenda desastrosa para sus países, como la opositora a Macron, Marine Le Pen, quien afortunadamente perdió. 

     En la primera ronda electoral, Macron obtuvo el 23.8%, Marine Le Pen, la candidata de la extrema derecha y émula de Trump, un 21.5%, François Fillon, candidato del partido Republicano de tendencias conservadoras, obtuvo 19.9% y Jean-Luc Melenchon un ex comunista que encabezó una coalición de izquierda logró un 19.6%. Otros dos obtuvieron menos del 6% del voto entre los que se encontraba el candidato del Partido Socialista. Los dos partidos que han gobernado Francia por 60 años, el Socialista y el Republicano fueron derrotados ampliamente en las urnas. Los electores franceses manifestaron así su descontento contra los partidos tradicionales.

     En la segunda ronda electoral compitieron Macron y Le Pen. Esta última proponía que Francia saliera de la Unión Europea, abandonar el euro, salir de la OTAN, acercarse a Rusia y Putin (¿Por qué a los populistas les atrae tanto Putin? Quizá porque en el fondo les gustaría ser dictadores), limitar la inmigración al mínimo posible, tomar medidas contra los musulmanes en su país, cerrar fronteras comerciales para defender su industria mediante el proteccionismo. Además, comparte con Trump una ideología de extrema derecha nacionalista, racista y xenófoba. 

    Macron es un caso fresco para la política. Hijo de dos médicos ateos no tuvo formación religiosa, pero a los 12 años pidió ser bautizado en la Iglesia Católica. Estudió en una escuela de jesuitas donde se enamoró de una de sus maestras, 24 años mayor que él, y quien es su actual esposa. Sus padres lo enviaron a Paris para romper la relación con su maestra, terminando en esta ciudad el bachillerato, para luego estudiar filosofía en la Universidad de Paris. Posteriormente realizó una maestría en políticas públicas y finalmente se graduó de la Escuela Nacional de Administración de donde pasó al servicio público como inspector de finanzas. En 1999 trabajó como asistente editorial de uno de los filósofos más destacados de su país, Paul Ricoeur. Entre 2004 y 2008 estuvo en una comisión dirigida por Jacques Attali. Entre 2008 y 2012 pasó a la iniciativa privada trabajando para el Banco Rotschild donde pronto hizo una fortuna como experto en fusiones y adquisiciones. En 2012 regresó como subsecretario general del Palacio del Elíseo, un puesto muy cercano al entonces presidente Hollande. En agosto de 2014 fue nombrado ministro de finanzas para luego en 2015 abandonar el partido socialista al que pertenecía, e iniciar su carrera presidencial fundando el partido independiente En Marcha! . Se dice además que es un pianista consumado. (https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron)

    El mérito de Macron, aparte de alejarse de los partidos tradicionales y presentar una cara fresca, fue el aprovecharse del descontento de la población contra los partidos y políticos tradicionales. Logró colocarse en el “centro del espectro político con lo mejor de la izquierda, lo mejor de la derecha y lo mejor del centro” como el diría. Entre sus propuestas se encuentran fortalecer la Unión Europea, darle  presupuesto propio y un ministro de finanzas; extender la cobertura del seguro de desempleo a más personas; reducir en 120,000 el número de trabajadores del gobierno para reducir gasto, sin afectar servicios esenciales; mejorar la educación primaria limitando a 12 el número de alumnos por salón en los primeros años y dando un subsidio a los jóvenes de 500 euros para gasto en cultura;  agilizar las solicitudes de asilo, a la vez que aumentar el número de policías anti inmigración;   reducir los impuestos las empresas de un 32% al 25%;  invertir 50 mil millones de euros en la modernización de la industria y  5 mil  millones de euros al campo; y tomar medidas anticorrupción para evitar nepotismo en el parlamento. (http://www.elmundo.es/internacional/2017/04/22/58f617aae5fdea22458b466d.html)

    

     Su triunfo electoral lo logró gracias a la movilización de centenas de miles de jóvenes activistas que se sumaron a su proyecto y que se dedicaron a tocar casa por casa y hacer una campaña fresca, un poco caótica, pero con mucho entusiasmo.  Esto a pesar de que sufrió ataques cibernéticos como los que sufrió Clinton, atribuidos a los rusos.

   De la elección francesa podríamos extraer algunas lecciones para México:

1.    Debería haber segunda vuelta electoral en las elecciones presidenciales para garantizar la gobernabilidad. Es probable que en 2018 el candidato ganador no tenga más del 25% del voto.

2.    El electorado deberá evitar que su voto de castigo se convierta en autocastigo al elegir una opción radical y populista que acabe destruyendo al país como a Venezuela. Ojalá elija a un candidato que tome lo mejor del espectro político con sensatez y esté comprometido en mejorar la seguridad, abatir la corrupción y reducir la pobreza.  

3.    Impulsar el surgimiento de caras frescas en la política, alejadas de los intereses que agobian a los actores políticos tradicionales. Un buen ejemplo es Pedro Kumamoto, el diputado local independiente de Jalisco.

Ojalá que en 2018 triunfe un candidato o candidata sensato como en Francia, que sepa unificar al país y sepa gobernar.

 _________________________________________________________________

Twitter @octaviodiazg                        http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/                        Correo: odiazgl@gmail.com

PERIODISMO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Por: Octavio Díaz García de León

    Un actor clave en el combate a la corrupción es el periodismo de investigación. Si bien este no es nuevo en México, ahora se producen más y mejores reportajes. A ello ha contribuido una mayor libertad de expresión y la proliferación de medios de comunicación alternos vía internet como You Tube, las redes sociales y otras formas de comunicación electrónica. También las leyes de transparencia han contribuido a poner al alcance de los periodistas la información gubernamental en la que apoyan sus trabajos. Lamentablemente, los criminales han encontrado que la única forma de callar las voces valientes de los periodistas es a través de la intimidación y el asesinato. Hoy en día, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, especialmente en temas relacionados con delincuencia organizada y seguridad pública,

     La investigación sobre la corrupción ha cobrado fuerza en los últimos años y afortunadamente estos temas no resultan tan peligrosos de cubrir como los antes mencionados, aunque los periodistas también corren riesgos importantes y son sujetos a presiones y amenazas.  Esto representa un gran cambio, pues en el pasado, la prensa en general no cubría este tipo de hechos o no los dejaban hacerlo.

    Algunos de estos trabajos periodísticos son investigaciones muy completas como las que realizaron en el informativo vía internet, Animal Político, los periodistas Arturo Ángel y Victor Hugo Arteaga para descubrir algunos de los malos manejos del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Una muy reciente es la que puso al descubierto posibles malos manejos realizados por funcionarios de CAPUFE, investigación realizada por el equipo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Raúl Olmos, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, derivada de una aparente filtración de correos electrónicos que intercambiaron los supuestos responsables y  que, de ser cierta, pondría al descubierto una gran operación de tráfico de influencias y corrupción (http://www.contralacorrupcion.mx/web/capufeleaks/). Otra investigación muy sonada fue la que realizó el equipo de la periodista Carmen Aristegui, asunto que ya he comentado en esta columna (https://octaviodiazgl.blogspot.mx/2015/03/el-caso-aristegui.html)  en relación con la famosa “Casa Blanca de las Lomas”, que estaba siendo adquirida por la primera dama, Angélica Rivera.

Desde luego no en todas las notas o investigaciones periodísticas existen elementos para poder imputar faltas administrativas o delitos a servidores públicos. Por ejemplo, en el caso de la “Casa Blanca de las Lomas”, más allá de la controversia que se desató, la autoridad competente determinó que no hubo faltas administrativas ni delitos que perseguir.  (https://octaviodiazgl.blogspot.mx/2015/02/quien-debe-investigar-los-conflictos-de.html).

     Tampoco todas las notas son de la misma calidad. Muchas de ellas parecen referirse a actos de corrupción, pero no lo son. Por ejemplo, se ven con frecuencia notas dedicadas al gasto que realiza el Poder Legislativo. Cualquier gasto, ya sea en asesores, viajes, vehículos y otros, dan pie para una nota escandalosa, siendo que estos gastos son apegados a la norma y no representan actos de corrupción, aunque se quiera dar esa impresión. Cuando se observa la cantidad de recursos que tienen los legisladores de Estados Unidos para hacer sus tareas, lo que se extraña es que aquí no tengan más recursos para realizar un buen trabajo. 

Esa es una de las deficiencias de un buen número de notas periodísticas que pretenden informar sobre casos de corrupción que no lo son, pudiéndose dañar la reputación de funcionarios honestos.  Este periodismo poco responsable o con otro tipo de agenda, no ayuda al combate a la corrupción pues solo confunde a los lectores.

     Para realizar investigaciones de calidad, una de las herramientas a la que cada vez más recurren los periodistas, es al uso de las leyes de transparencia, lo que ha permitido aumentar el número de investigaciones y documentarlas de una manera más sólida. La transparencia es uno de los grandes avances en materia de derechos humanos, rendición de cuentas y libertad de expresión que ha tenido nuestro país a partir del 2002. Ojalá que crezca su uso, ahora aplicada al combate a la corrupción.  

     Aunque no cualquier medio de comunicación tiene la capacidad para realizar este tipo de investigaciones, cuando se le dedica el tiempo y el esfuerzo necesario y es realizado de una manera profesional, ha sido incluso capaz de destituir presidentes. El caso más emblemático es el asunto llamado “Watergate” con el cual los periodistas del Washington Post, Woodward y Bernstein, dieron a la luz pública los manejos ilícitos del presidente Nixon lo cual llevó a que este renunciara. En México la investigación de Animal Político quizá haya sido determinante para encarcelar al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

     Es muy alentador que el periodismo profesional se una al combate a la corrupción. La posibilidad de que incidan en la opinión pública y destapen casos serios de corrupción, será un gran inhibidor de conducta para los malos funcionarios públicos y obligará a las autoridades a investigar los casos que contengan suficientes elementos para investigarse. El Sistema Nacional Anticorrupción se vería fortalecido si contara entre sus asesores y colaboradores externos, al gremio periodístico, intercambiando métodos de investigación, complementando esfuerzos y cooperando entre ambos.  Lo mejor sería que estas investigaciones no solo se dieran en la ciudad de México, sino que aquí en Aguascalientes y en el resto de las entidades federativas, los compañeros del gremio dedicaran más tiempo al periodismo de investigación contra la corrupción. La sociedad lo agradecerá.

________________________________________________________________

Twitter     @octaviodiazg        http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/            

            Correo: odiazgl@gmail.com