29 de octubre de 2017

GRAN PRUEBA PARA MARGARITA ZAVALA


LA SILLA ROTA
Por: Octavio Díaz García de León

    Margarita Zavala renunció al PAN después de 33 años de militancia en ese partido, y el pasado jueves 12 de octubre se registró como aspirante a la presidencia de México mediante una candidatura independiente. En 120 días tendrá que reunir cerca de un millón de firmas para lograr estar en la boleta electoral.

     Este acontecimiento estuvo lleno de polémica. Algunos comentaristas y articulistas dijeron que su salida del PAN iba a favorecer al PRI; otros que a AMLO; algunos más dijeron que no iba a afectar en nada al Frente (PAN+PRD+MC) o al PAN, desdeñando su salida como irrelevante; hubo quienes la acusaron de mezquindad, exceso de ambición, impreparación y otra serie de epítetos. En suma, a una parte de la comentocracia de la CDMX no le gustó lo que hizo Margarita. Pocos le dieron el beneficio de la duda o le aceptaron su derecho a tener una aspiración legítima a la presidencia.
  
    En algunos casos me sorprendió la virulencia de los comentarios, como por ejemplo, el de Jesús Silva-Herzog Márquez en el periódico Reforma (Ver artículo), donde la acusa de falta de méritos, de una precampaña fallida, de falta de inteligencia estratégica, de balbuciente e incoherente en entrevistas,  como diciendo que cómo se atreve a tener aspiraciones presidenciales ante tantos defectos que le encuentra (Como si otros precandidatos no los tuvieran). Hubo otros que le criticaron a Margarita su falta de docilidad para acatar las decisiones del líder de su partido, crítica que se parece a las que los partidarios de AMLO hicieron ante la rebeldía de Monreal, que no quiso aceptar el dedazo de su líder cuando nombró a Sheinbaum como su candidata a la CDMX.

    Pero también hubo opiniones a favor, como por ejemplo el  artículo de Luis Antonio Espino publicado en Letras Libres (Ver artículo)  quien puso al desnudo lo mezquino de los argumentos de quienes intentaron linchar mediáticamente a Margarita. 

    Sin duda la abogada Zavala tiene sus defectos, pero también tiene sus méritos. Un importante segmento del electorado, que seguramente no piensa como los comentaristas de CDMX, ha encontrado algo que les gusta de ella y que la ha posicionado consistentemente en el primer o segundo lugar de las preferencias electorales. 

    Desde que en julio de 2015 anunció su precandidatura presidencial, Margarita se lanzó a una precampaña que la llevó por todo el país en busca de apoyos y algo ha de haber encontrado en el camino pues las encuestas la colocaron consistentemente en un segundo lugar o en empate técnico por el primer lugar con AMLO en las preferencias de los votantes. Aún a pesar de ello, no encontró eco dentro de su partido a la popularidad que sí encontró en las calles. Síntoma de una situación anómala al interior del PAN que así excluía a una de sus mejores cartas al negarle recursos, apoyos o ya de perdida, unas reglas justas de competencia interna para que todos los aspirantes pudieran medir sus tiempos.

    Abandonar al PAN no ha de haber sido una decisión fácil para Margarita pues allí adentro, en teoría, hubiera tenido todas las ventajas que conlleva el tener el apoyo de un partido que ya ha ganado dos veces la presidencia de la república y cuenta con estructura, organización, conocimiento de marca, militantes, recursos públicos y millones de spots en medios de comunicación, aspectos que su presidente Anaya sí ha aprovechado para proyectar su propia candidatura. (¿Sería por eso que se salió Margarita, que en el PAN todo el apoyo era para la precampaña de Anaya y para nadie más?)

    Sin duda algo habrá visto Margarita al interior del PAN que la orilló a abandonar ese partido y tomar la vía más difícil para intentar ganar la presidencia ya que debe conseguir cerca de 8,000 firmas diarias durante 120 días, repartidas por todo el territorio nacional, lo cual requiere una infraestructura y una logística que involucra a decenas de miles de voluntarios. Si la misma tarea se les pusiera a los partidos, habría algunos que simplemente no podrían cumplir con este requisito. A los candidatos independientes se les pusieron unas reglas que más bien están hechas para descarrilarlos. Los partidos políticos aceptaron las candidaturas independientes, pero sin muchas ganas de que se materialicen.

    ¿Por qué la alta intención de voto por la candidatura de Margarita Zavala que se ha manifestado en las encuestas de los últimos años, inclusive antes de que anunciara sus intenciones de aspirar a la presidencia?  Se me ocurren algunas razones. Ella no es una política que ha andado en todos los puestos que ha podido, al acecho del siguiente “hueso”. Su forma de vida es acorde con sus ingresos de clase media y está a la vista de quien quiera darse una vuelta por la colonia Las Águilas en la CDMX. Puede ser también la sencillez y calor humano con la que se desempeñó como primera dama. Quizá podría ser que su espontaneidad y lo sencillo de su mensaje la hace conectar con las personas comunes y corrientes, en contraste con el populismo de unos, la arrogancia tecnócrata de otros o las promesas huecas de los políticos típicos.

    Margarita habla de valores tradicionales, familiares y católicos, que apelan a un segmento importante de la población, pero, además, lo predica con el ejemplo, es decir, es una persona congruente.  Por otra parte, concuerdo con lo que dice Espino en su artículo: el apoyo que el electorado le da a Margarita tiene que ver también con la aprobación que aún tiene la gestión del ex presidente Calderón entre un segmento muy importante del electorado en todo el país.

    Margarita no es una política típica, aunque haya tenido una larga carrera dentro del PAN, y en eso se diferencia mucho hasta de su esposo. Tuvo que diferir sus aspiraciones para privilegiar la carrera política de su marido y no interferir con esa trayectoria. Este es un dilema que otras damas brillantes como Hillary Clinton, han estado dispuestas a asimilar:  posponer sus propias aspiraciones para apoyar el proyecto del esposo. Pero no es un fenómeno único de ellas. Muchas mujeres inteligentes y preparadas han preferido sacrificar sus propias carreras profesionales para atender a una familia desde el hogar o para apoyar a su pareja como una especie de “cuarto de junto”. Pero eso no quiere decir que estas mujeres, llegado el momento oportuno, no tengan derecho a salir a luchar por sus otros intereses personales.

    La salida de Margarita del PAN enriquece la contienda electoral al darle al electorado una alternativa que no le hubiera dado el PAN, ya que la dirigencia de ese partido prefirió seguir la estrategia de unir a tres partidos muy disímbolos, con lo cual, probablemente se decidirá cupularmente a su candidato, mismo que difícilmente hubiera sido Margarita, ya que el presidente del PAN, como ya vimos, tiene sus propias aspiraciones y, si armó el famoso Frente, no fue porque estaba pensando en darle la candidatura ni a Miguel Ángel Mancera ni a Margarita Zavala, sino quedarse con ella.

   ¿Ganará Margarita las elecciones? Hay muchos opinadores que la dan por muerta sin más elementos que sus propios deseos y preferencias o basados en encuestas que reflejan solo como está la situación al día de hoy. En realidad, nada estará definido hasta el 1 de julio cuando se depositen los votos en las urnas. Para la abogada Zavala, sin partido político que la apoye, será una campaña cuesta arriba; primero porque para ser candidata independiente tendrá que conseguir su millón de firmas; luego, porque seguramente en las campañas influirá mucho la mercadotecnia y eso requiere mucho dinero. Por lo pronto, quienes tienen el dinero son los partidos.  Pero ya demostraron el Bronco y Kumamoto que aún con poco dinero es posible encabezar un movimiento nacional opuesto a los partidos, por lo que no hay que descartarla de antemano.


Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

13 de octubre de 2017

MARGARITA ZAVALA, CANDIDATA INDEPENDIENTE


Por: Octavio Díaz García de León

    Margarita Zavala renunció al PAN después de 33 años de militancia en ese partido (Entró a los 16 años). Desde que en julio de 2015 se anunció como aspirante a la candidatura presidencial, se lanzó a una precampaña que la llevó por todo el país en busca de apoyos y algo ha de haber encontrado en el camino pues las encuestas la colocan consistentemente en un segundo lugar o en empate técnico con AMLO en las preferencias de los votantes. El pasado jueves 12 se registró ya como aspirante a la presidencia de México por una candidatura independiente. Tendrá que reunir más de 800 mil firmas para lograrlo.

     Abandonar al PAN no ha de haber sido una decisión fácil pues allí adentro, en teoría, hubiera tenido todas las ventajas que conlleva el tener el apoyo de un partido que ya ha ganado dos veces la presidencia de la república y cuenta con estructura, organización, conocimiento de marca, militantes, recursos públicos y millones de spots en medios de comunicación, aspectos que su presidente Anaya sí ha aprovechado para proyectar su propia candidatura. (¿Sería por eso que se salió Margarita, que en el PAN todo el apoyo era para la precampaña de Anaya y para nadie más?)

     Pero Margarita ya ha vivido esto al lado de su esposo. Hay que recordar que el presidente Fox le pidió al entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, dejar sus aspiraciones presidenciales o dejar el gabinete. Calderón optó por dejar el gabinete para lanzarse a una campaña en condiciones muy desventajosas, pero pudo imponerse primero, al precandidato del presidente, Fox, el gris secretario de Gobernación, Santiago Creel, para luego ganarle a AMLO en la contienda presidencial.

     Me ha sorprendido la virulencia de las reacciones contra la salida de Margarita del PAN por un amplio segmento de articulistas y comentaristas. Por ejemplo, el de Jesús Silva-Herzog Márquez en el periódico Reforma,    (http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=121542), donde la acusa de falta de méritos, de una precampaña fallida, de falta de inteligencia estratégica, de balbuciente e incoherente en entrevistas. Opiniones a las que no aporta datos más allá de la anécdota. Hubo otras voces que le criticaron a Margarita su falta de docilidad para acatar las decisiones del líder de su partido, crítica que se parece a las que los partidarios de AMLO hicieron ante la rebeldía de Monreal, que no quiso aceptar el dedazo de su líder, quien nombró a Sheinbaum como su candidata a la CDMX.

     Pero también hubo quien puso al desnudo lo mezquino de los argumentos de quienes intentaron linchar mediáticamente a Margarita.  Tal es el caso del ingenioso   artículo de Luis Antonio Espino en Letras Libres (http://www.letraslibres.com/mexico/politica/como-escribir-una-columna-anti-margarita-zavala-en-10-simples-pasos).

     Sin duda la abogada Zavala tiene sus defectos, aunque no creo que mayores que otros precandidatos que se perfilan y desde luego, también tiene sus méritos. Un importante segmento del electorado, que seguramente no piensa como los comentaristas de la ciudad de México, ha encontrado algo que les gusta de ella y que la ha posicionado consistentemente en el primer o segundo lugar de las preferencias electorales.  

     ¿Qué explica el fenómeno de la alta intención de voto por la candidatura de Margarita Zavala?  Se me ocurren algunas razones. No es una política que ha andado en todos los puestos que ha podido, al acecho del siguiente “hueso”. Su forma de vida es acorde con sus ingresos de clase media y está a la vista de quien quiera darse una vuelta por Las Águilas en la CDMX. Puede ser también la sencillez y calor humano con la que se desempeñó como primera dama. Su espontaneidad y lo sencillo de su mensaje la hace conectar con las personas comunes y corrientes, en contraste con el populismo de unos, la arrogancia tecnócrata de otros o las promesas huecas de los políticos tradicionales.

     No es una política típica y en eso se diferencia mucho, hasta de su esposo. Habla de valores tradicionales, familiares y católicos, que apelan a un segmento importante de la población, pero, además, lo predica con el ejemplo, es decir, es una persona congruente.  Y concuerdo con lo que dice Espino en su artículo: un segmento muy importante del electorado, refleja en el apoyo que le da a Margarita, la aprobación que tiene todavía la gestión del expresidente Calderón, en todo el país.

     La salida de Margarita del PAN enriquece la contienda electoral al darle al electorado una alternativa que no le hubiera dado el PAN, ya que la dirigencia de ese partido prefirió seguir la estrategia de unir a tres partidos muy disímbolos, con lo cual probablemente se decidirá cupularmente a su candidato y no a través de una consulta a la militancia de los tres partidos.

     ¿Ganará Margarita las elecciones? Nadie lo sabe, aunque haya quien opine al respecto. Seguramente en las campañas influirá mucho la mercadotecnia y eso requiere mucho dinero; por lo pronto, quienes tienen el dinero son los partidos. Si bien ya demostró el Bronco que se puede ganar una campaña a base de redes sociales y un poco de ayuda de amigos empresarios, para Margarita será una campaña cuesta arriba. Lo que no hay que hacer, es descartarla de antemano.

Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.


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7 de octubre de 2017

DESCENTRALIZAR, NO RECONSTRUIR

LA SILLA ROTA

Por: Octavio Díaz García de León
@octaviodiazg

     El sismo del pasado 19 de septiembre tocó una fibra muy sensible en la capital, por ocurrir precisamente en el 32 aniversario del terremoto de 1985 y por los daños que provocó, que, si bien no fueron tan importantes como los de aquel año, sí fueron significativos. La respuesta de la población de la ciudad de México (CDMX) nuevamente fue admirable y los sitios de desastre se vieron rebasados por el número de voluntarios que acudieron. Las historias de heroísmo, entrega y participación se repitieron nuevamente. De igual forma, la ayuda empezó a fluir de manera generosa de todas partes de la ciudad y del resto de la república. Sin embargo, una vez más se notó que no existe un protocolo adecuado para atender este tipo de emergencias y las autoridades dieron muestra de improvisación, falta de equipo adecuado y no supieron que hacer con la avalancha de donativos y voluntarios.  

      Ahora sigue el largo proceso de rehacer la vida de todos los afectados física y emocionalmente y el encontrar a los responsables de los daños en inmuebles, que pudieron ser evitables. Nuevamente el protagonista más dañino en las tragedias de los inmuebles derrumbados o afectados sigue siendo la corrupción. El cambio de uso de suelo que han permitido los gobiernos en turno, con el consecuente aumento de densidad poblacional, ha generado gran cantidad de construcción de edificios sin asegurar el acceso a servicios, vialidades, estacionamientos y en algunos casos, sin respetar las normas de construcción.  Sobre esto último, la Procuraduría de la CDMX ya abrió más de 140 investigaciones para deslindar responsabilidades, pero mientras no se detenga el crecimiento desmedido de la ciudad, no haya mecanismos para erradicar la corrupción y supervisar adecuadamente las obras, las tragedias seguirán ocurriendo.

      Hace algunas semanas la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, en una plática dentro de un foro cerrado, decía que en su delegación estaba erradicada la corrupción. Ante el derrumbe de una escuela que tenía irregularidades en la construcción, causando la muerte de 32 niños y 5 adultos y otros edificios como el Campus del Tecnológico de Monterrey que fueron afectados en su demarcación, tendrá que revisar si verdaderamente su delegación está libre de corrupción.  Y eso mismo tendrán que hacer otros delegados y el propio gobierno de la CDMX, ante tantas muestras de irregularidades.

      La Dra. Ana Lucía Hill, experta en materia de protección civil, me decía hace tiempo que el origen de estas tragedias está en permitir asentamientos en lugares de alto riesgo. Por ejemplo, en el lecho de un río aparentemente seco, en la ladera de un cerro sin estabilidad de suelo, en una barranca, o como la CDMX, en una zona que fue un lago y tiene ahora un suelo fangoso y poco estable, que además es muy propensa a sufrir terremotos e inundaciones, está en un valle que acumula contaminación que mata en el largo plazo y al pie de una zona volcánica, por lo que es inevitable que ocurran tragedias como la que acabamos de vivir. Ir contra la naturaleza tiene su costo y desafortunadamente la zona metropolitana de la CDMX con sus 20 millones de habitantes es un área de alto riesgo y solo es cuestión de tiempo de que ocurra una tragedia mayor.

     Por lo pronto el costo de reparación de los daños causados en CDMX y los demás estados afectados se estima en alrededor de 40 mil millones de pesos, mismos que sin necesidad de pasar por las discusiones absurdas que se han dado en estos días entre los partidos políticos, pueden salir del presupuesto 2018 que asciende a 5.2 billones de pesos ya que solo representa el 0.8% del mismo. Sin embargo, ahora el reto será usar mejor esos recursos y no es reconstruyendo en los mismos lugares afectados como se aprovechará mejor el dinero.

      La CDMX está en el límite de sustentabilidad desde hace décadas. Por ello y por el riesgo que representa vivir en esta ciudad, debería pensarse en un agresivo programa de descentralización. El gobierno federal debería poner el ejemplo y enviar secretarías y paraestatales fuera de la CDMX. Por ejemplo, ahora que se afectó la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debería aprovecharse para instalarla en otra ciudad. Luego deberían seguir el mismo camino los bancos, aseguradoras, corporativos de empresas y tantas otras fuentes de empleo, las cuales se podrían trasladar a ciudades más pequeñas con mejor calidad de vida y, sobre todo, con menor riesgo para sus habitantes.

    El caso del INEGI, que se fue a Aguascalientes a raíz del sismo de 1985, es un caso de éxito. No solo se llevó a aquella ciudad a alrededor de 3 mil familias, sino que se convirtió en fuente de empleo y derrama económica para una ciudad que en aquella época no tenía muchas opciones. La calidad de vida de que disfrutan los colaboradores de INEGI no solo se da en términos de estar en una ciudad segura, con todos los servicios, mejores incluso que en CDMX (Por ejemplo, el tratamiento de la basura es mucho mejor), vialidades desahogadas, estacionamientos abundantes y muchas otras ventajas, sino que una administración inteligente del INEGI permite que sus empleados trabajen de las 8:00 A.M. a las 4:30 P.M. por lo  los trabajadores aprovechan las tardes para estudiar, hacer deporte, estar con sus familias y disfrutar tiempo libre. ¿Qué no se podría repetir esa experiencia en otras dependencias del gobierno federal, empezando por los organismos autónomos como BANXICO, INAI, IFT, COFECE, CONEVAL, INEE, y el INE? Si a los altos funcionarios de estas instituciones les preocupa la cercanía con el presidente de la República y otros colegas de alto nivel, eso se resuelve con pequeñas oficinas alternas en la CDMX y uso de tecnología para evitar desplazamientos. El INEGI tiene décadas siguiendo este esquema con una reducida oficina alterna y un avanzado sistema de videoconferencia que le permite minimizar la presencia de los miembros de su Junta de Gobierno en la CDMX.

    Otro aspecto que se puede usar es la tecnología de información y comunicaciones que no requiere presencia física en oficinas. Por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene un programa muy exitoso de trabajo en casa.  Con este enfoque las personas ya ni siquiera tienen que estar en la misma ciudad para trabajar.

     La CDMX por su parte podría cambiar su vocación de ser la sede del gobierno federal y estar lleno de corporativos, empresas prestadoras de servicios e incluso industria (Que afortunadamente hay cada vez menos) y transformarse en un centro cultural. Con sus numerosos museos, salas de concierto, restaurantes, centros comerciales y otros atractivos, la capital se podría convertir en una ciudad turística, más peatonal, con más uso de bicicletas y orientada al turismo que va y viene, pero no reside aquí.

     Antes de que la Ciudad de México sufra una tragedia mayor que podría darse pronto si ocurre el macro sismo que se espera por la fricción acumulada en una franja de la placa tectónica que está a un lado del estado de Guerrero; antes de que lluvias aún más intensas acaben anegando la ciudad y el lago que fue regrese por sus fueros; antes de que vuelva a surgir un volcán como el Xitle en esa sierra que es una zona volcánica activa  (http://www.repsa.unam.mx/documentos/Siebe_2009_volcan_xitle.pdf); antes de que el tráfico, la contaminación, la falta de agua potable y la inseguridad hagan crisis por el crecimiento de la densidad poblacional; antes de que todo eso ocurra,  sería bueno aprovechar esta coyuntura para reducir el tamaño de la CDMX con un proceso acelerado de descentralización.

    No es reconstruyendo en los mismos lugares donde se derrumbaron edificios, ni seguir saturando a la CDMX con nuevas construcciones como se va a lograr solucionar los problemas de la CDMX. Es tiempo de emigrar a otras ciudades antes de que una nueva tragedia nos incluya entre sus víctimas.



    

CIRCO DE DOS PISTAS


                                                                           Por: Octavio Díaz García de León

      Después de sismos, huracanes, inundaciones y nuevas erupciones del Popocatépetl durante septiembre, octubre tampoco inicia bien: un desquiciado causa la mayor masacre con arma de fuego en la historia de los Estados Unidos; el gobierno de España se lanza con todo contra el intento independentista de Cataluña y aquí en México se calienta la carrera presidencial con la salida del PAN de Margarita Zavala, la implosión inminente de ese partido que tratará de llevar a Anaya o a Mancera como candidato,  el probable destape de Meade y la felicidad de AMLO ante el desplome de sus rivales. Pero esto último será para otro artículo. Veamos aquí los dos primeros.

     Morir en Las Vegas. Un concierto de música “country” atrae a más de 22 mil espectadores en Las Vegas. También atrae a un tipo solitario, que le gustaba apostar fuerte, sabía pilotear aviones, era un contador jubilado y no se metía en problemas con nadie. Una persona acerca de la cual un observador agudo, también hubiera podido escribir un libro como el que escribió Hannah Arendt acerca del anodino, pero mega genocida nazi Adolf Eichmann y llamarse también como el de Arendt: “La Banalidad del Mal”.

     Stephen Paddock podría haber pasado por el vecino de cualquiera, el empleado sin chiste, el burócrata mediocre, el cuentachiles típico. Pero la mente de este psicópata nos tenía preparada una sorpresa. Sabemos que había comprado por lo menos 47 armas de fuego y explosivos. El contador tomó una suite en el hotel con vista hacia el lugar del concierto, llevó consigo 16 armas largas que por cierto nadie en el hotel notó o se le hizo extraño que tuviera ese arsenal en su cuarto, miles de cartuchos y algunos explosivos. Ya instalado en su suite puso cámaras con lo que podía observar si alguien se acercaba a su cuarto. El día del concierto, como a las 10 de la noche, empezó a disparar sobre la multitud.

    ¿Por qué? Nadie sabe las razones. Pero lo hizo porque podía hacerlo. Porque pudo comprar armas largas, municiones y explosivos sin ninguna limitación. Porque todo ello es perfectamente legal en Estados Unidos. Porque lo protege la Segunda Enmienda de la Constitución de ese país. Porque la Asociación Nacional del Rifle piensa que todos deberían tener armas y el derecho a portarlas en cualquier parte. Porque el presidente Trump y principalmente los legisladores del partido Republicano creen que todos sus conciudadanos deberían tener armas y usarlas para defenderse (De que enemigo imaginario, no lo sé). Porque la venta de armas es un gran negocio para los fabricantes y por supuesto no les importa que se usen para matar personas. Porque numerosos centros de investigación, periodistas y líderes de opinión, comprados por los intereses de los traficantes de armas, publican con frecuencia que es bueno para el ciudadano común y corriente, para el ama de casa, para el estudiante, tener armas de fuego, armas largas como cuernos de chivo, todas ellas muy apropiadas para el hogar del americano típico. 
     
    Gracias a esas amplias libertades que los asesinos en potencia gozan en el vecino país, el contador Paddock pudo matar a 58 personas y herir a otras 527 quienes nada más estuvieron en el lugar y la hora equivocados, a la vista de las armas del Sr. Paddock. Por lo pronto, las acciones de las empresas fabricantes de armas subieron de manera importante. ¡Qué gran país es Estados Unidos que privilegia tanto la libertad de que todos tengan armas, para que psicópatas puedan matar inocentes!

Independizarse de España. Y no, no es deja-vu por las fiestas patrias que acabamos de pasar. En pleno siglo XXI hay quien quiera independizarse de España. Pero no se trata de una colonia en Ultramar que se cansó de enviar oro y plata de sus minas o que perdió a su población indígena víctima de la explotación a manos de los españoles. Se trata de Cataluña. La comunidad más próspera de España, cuyos líderes desean plena autonomía para ahora así librarse de la molesta interferencia del gobierno central y su Rey. (Se parece a los gobiernos estatales de México; lo bueno es que aquí no se quieren separar todavía, pero sí que los dejen “hacer”.)  

     Los líderes catalanes han logrado persuadir a una parte importante de sus conciudanos (Aunque quizá no a la mayoría) que, sin España, estarán mejor. Sin tener una propuesta clara de la nación que serían separados de España, en la mejor práctica de los populistas, apelan a los sentimientos de la población. Hacen creer que mágicamente, con la independencia, estarán mejor que antes. Que, levantando fronteras, barreras al comercio, saliendo de España y de la Unión Europea y otras barbaridades, estarán mejor.  Se equivocan.

     Al Rey Felipe VI y al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, por supuesto que no les ha hecho gracia y ante el referéndum convocado por el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, han hecho todo por detenerlo debido a su carácter ilegal. Desafortunadamente el gobierno español cayó en la trampa de la violencia y ahora se ha hecho de cientos de mártires innecesarios. Ojalá que predomine la cordura y que no se rompa la unidad de España.



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29 de septiembre de 2017

SISMO, HARTAZGO Y CIRCO

Por: Octavio Díaz García de León

      Los recientes sismos del 7 y 19 de septiembre afectaron los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y la Cd. de México (CDMX). Aunque el del 7 de septiembre afectó a más personas, el del 19 tocó una fibra muy sensible en la capital, por darse precisamente en el 32 aniversario del terremoto de 1985. Si bien este último no fue tan fuerte como el del 85, la cercanía de su epicentro causó muchos daños cuya historia y tragedia seguramente ya conocen. La respuesta de la población de la CDMX, nuevamente fue admirable y los sitios de desastre se vieron rebasados por el número de voluntarios que acudieron. También la ayuda empezó a fluir de manera generosa de todas partes de la ciudad y del resto de la república. Desafortunadamente no existe un protocolo adecuado para atender este tipo de emergencias y nuevamente las autoridades dieron muestra de improvisación, falta de equipo adecuado y no supieron que hacer con la avalancha donativos y voluntarios.  

        Sin embargo, el problema no ha terminado y apenas empieza el largo camino de la reconstrucción y del encontrar responsables de las afectaciones. Para los sobrevivientes que resultaron con sus inmuebles dañados, el volver a la normalidad podrá tomar años. Muchos de ellos ni siquiera podrán regresar a los lugares que habitaban porque serán derribados. En la afectación de un buen número de inmuebles, nuevamente el culpable fue la corrupción. Por lo pronto la Procuraduría de la CDMX ya abrió más de 40 investigaciones para deslindar responsabilidades.

     La Dra. Ana Lucía Hill, experta en materia de protección civil, me decía hace tiempo que el origen de estas tragedias está en permitir asentamientos en lugares de alto riesgo. Por ejemplo, en el lecho de un río aparentemente seco, en la ladera de un cerro sin estabilidad de suelo, en una barranca, o como la CDMX, en una zona que fue un lago y tiene ahora un suelo fangoso y poco estable, que además es muy propensa a sufrir terremotos y está al pie de una zona volcánica, por lo que es inevitable que ocurran tragedias como la que acabamos de vivir. Por ejemplo, al sur de la CDMX, a unos 5  kilómetros del Periférico, hizo erupción el Xitle hace 2000 años, volcán que es parte de una zona volcánica activa y que es de esperarse que surja otro volcán en esta zona (http://www.repsa.unam.mx/documentos/Siebe_2009_volcan_xitle.pdf).

    Ir contra la naturaleza tiene su costo y desafortunadamente la zona metropolitana de la CDMX con sus 20 millones de habitantes es un área de alto riesgo y solo es cuestión de tiempo de que ocurra una tragedia mayor. Si el sismo del pasado 19 de septiembre hubiese sido de magnitud mayor a 8 grados (Que no es infrecuente), dada la cercanía del epicentro, probablemente se hubiera derrumbado buena parte de la ciudad.

      Por lo pronto el costo de reconstrucción se estima en alrededor de 40 mil millones de pesos y como siempre, la falta de visión y previsión hará que se vuelva a construir en los mismos lugares, para la siguiente tragedia. La CDMX está en el límite de sustentabilidad desde hace décadas. Por ello y por el riesgo que representa vivir en esta ciudad, debería pensarse en construir en otras ciudades, no en reconstruir en las mismas zonas. Es urgente sacar oficinas de gobierno, empresas y otras fuentes de trabajo y llevarlas a ciudades más pequeñas con mejor calidad de vida y menor riesgo.

     A la tragedia vivida viene a sumarse un gran encono social contra el gobierno y los partidos políticos, el cual se manifestó a través de las redes sociales o en persona, como cuando los ciudadanos tomaron las bodegas del DIF en Morelos al pensar que el gobierno de dicha entidad se quería apoderar de las ayudas que fluían de todas partes.

       Parte del encono se tradujo en un circo mediático y de redes sociales. Se propuso quitarles a los partidos políticos el dinero, o desaparecer a los diputados plurinominales para dedicar esos recursos a la reconstrucción, sin reflexionar si eso tenía sentido. Lo peor es que fue impulsado por los propios partidos políticos en una carrera por ganar el aplauso del público que lo único que pedía era la aniquilación del sistema político. Por ejemplo, al quitarle dinero a los partidos, los orillan a que se alleguen recursos provenientes de corrupción e intereses oscuros como desvío de recursos públicos, narcotráfico o empresarios corruptos. Además, lejos de ser propuestas “altruistas” la propuesta de quitar diputados plurinominales beneficiaría solo al partido que lo propuso.  (http://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-raphael/nacion/proposito-del-terremoto-hablemos-de-mi).

     Y es que no es un problema de dinero, pues con un presupuesto para 2018 de más de 5.2 billones de pesos, la reconstrucción costaría el 0.8% del mismo. Dinero que la Secretaría de Hacienda podría obtener sin que nos enteráramos y sin afectar nada importante, tal es el nivel de discrecionalidad, desperdicio y dinero perdido en corrupción.

     Ante la tragedia que enlutó tantos hogares, se requiere seriedad para pensar en cómo evitar realmente que las tragedias vuelvan a ocurrir y no es reconstruyendo en los mismos lugares donde se derrumbaron edificios, ni seguir saturando a la CDMX con nuevos edificios, como se va a lograr. Se requiere un plan serio de descentralización y de reubicación de población fuera de la CDMX.



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9 de septiembre de 2017

¿FUNCIONARÁ LA LEY 3 DE 3?

LA SILLA ROTA


Por: Octavio Díaz García de León
Twitter: @octaviodiazg

      Como parte de la reforma anticorrupción, se promulgó el 18 de julio de 2016 la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), también llamada Ley 3 de 3 porque en ella se contempla, entre otras cosas, que los servidores públicos presenten tres declaraciones: la patrimonial, la fiscal y la de intereses. Con esta Ley se trataba de reforzar el marco legal del combate a la corrupción. Esta Ley entró en vigor un año después, el pasado 19 de julio, fecha en la que se derogó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP).

    El reto ahora es hacer que funcione, no por falta de voluntad de los responsables de ejecutarla, quienes le han dedicado meses para prepararse, sino por deficiencias jurídicas en su diseño. Pareciera que esta Ley se elaboró sin tomar opinión a quienes tendrían luego que aplicarla. Esto no es raro. Muchas leyes se emiten sin tomar en cuenta las consecuencias prácticas que conlleva su aplicación.

     Sin demeritar las innovaciones que tiene esta Ley sobre la anterior, desde su publicación hace más de un año han surgido numerosas dudas sobre diversos aspectos de su aplicación.  En algunos casos será necesario que las autoridades encargadas de su cumplimiento la apliquen y luego esperar a que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa establezca jurisprudencia para su interpretación. Sin embargo, para que el Tribunal pueda entrar en funciones y emitir criterios se requiere que les lleguen los primeros casos controvertidos y lo más importante, que entren en funciones los 18 nuevos magistrados anticorrupción de dicho Tribunal, mismos que fueron nombrados desde abril por el presidente Peña pero que aún no han sido ratificados por el Senado.

     Mejorar el marco jurídico en torno al combate a la corrupción no solo era una buena idea, sino clave para poder combatirla con éxito. Sin embargo, en la LGRA existe más preocupación por proteger al acusado que en castigar a quien resulte responsable. Es decir, esta Ley tiene un enfoque garantista lo cual hace que procesalmente sea mucho más compleja que la anterior. Eso está bien para evitar acusar a personas inocentes y es muy loable desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos y el debido proceso, pero también podría favorecer a los corruptos.

      A diferencia de la materia penal, donde sí existen antecedentes de abusos por parte de las autoridades quienes con frecuencia fabrican pruebas y culpables, en el caso administrativo no existen este tipo de prácticas. No se tiene noticia de denuncias que hayan prosperado contra órganos internos de control (OIC) por abusos y por otra parte los presuntos responsables podían, con la vieja Ley, impugnar las resoluciones en su contra, primero ante los propios OIC, luego ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y finalmente ante el Poder Judicial. Quizá no era necesario un enfoque garantista en el tema de responsabilidades administrativas y se corre el riesgo de generar mayor impunidad en materia de corrupción.

      Además, la LGRA está pensada para operar con instituciones del Estado que cuenten con autoridades investigadoras profesionales con grandes capacidades técnicas de investigación y personal suficiente para atender todos los casos que van a recibir. Sin embargo, algunas de estas capacidades están en vía de desarrollarse y pueden tomar más tiempo.

     La Ley 3 de 3 o LGRA le da al inculpado más protección contra la autoridad y presenta algunas paradojas:

·            Si bien la anterior Ley no hablaba de actos de corrupción, la LGRA tampoco. Ambas leyes se refieren a infracciones graves o no graves cometidas por servidores públicos. Se puede entender que las faltas graves de la LGRA serían actos de corrupción, pero no se dice explícitamente.
·         
         A la LGRA se le impulsó como Ley 3 de 3 obligando a que se presentaran la declaración patrimonial, fiscal y de intereses, pero él no presentar estas declaraciones se catalogó como falta no grave, mientras que en la anterior Ley era una falta grave el no presentar la declaración patrimonial.
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       La anterior Ley tenía 23 artículos de procedimiento para el proceso de responsabilidades administrativas mientras que la nueva LGRA tiene 118 artículos.  ¿A quién ayuda este procedimiento tan detallado? Al presunto responsable. Por su parte a la autoridad encargada de descubrir y castigar actos de corrupción, le resulta más complejo fincarle responsabilidades administrativas al acusado.
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           Se le da al acusado más recursos para defenderse. Por ejemplo, en el artículo 208 fracción II, ultima oración, dice que el presunto responsable “… de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio.” Esto ciertamente es una innovación para defender al acusado, pues anteriormente en los procesos de responsabilidades administrativas no había obligación del Estado mexicano de ofrecerlo. Estas 13 palabras van a tener un gran impacto en la manera como se desarrollarán estos procesos. Primero, porque no existen defensores de oficio en materia administrativa. Los que existen son para la materia penal para lo cual funciona un Instituto Federal de Defensoría Pública que depende del Poder Judicial. Ahora deberá formarse un Instituto similar en el Poder Ejecutivo para dar cumplimiento a esta nueva obligación. Estas trece palabras podrían costarle al erario federal más de 100 millones de pesos al año para proveer los defensores de oficio señalados y se tendrá que formar un Instituto de Defensoría Pública en materia administrativa a nivel federal, más lo que cueste tener uno similar en cada una de las 32 entidades federativas.
  
      Otros aspectos que han causado controversia entre los abogados en relación con la LGRA, son:

  1.    Se introdujeron en la LGRA, 12 conductas graves, algunas de las cuales ya se encontraban en el Código Penal Federal tipificados como delitos. Ahora los abogados se han planteado si se le puede juzgar a una persona dos veces por la misma conducta: un delito que a la vez es una falta administrativa grave.
  
  2.    Hay contradicción en la LGRA sobre cuál es el momento de inicio del plazo para que prescriba una conducta pues se citan dos momentos diferentes en la Ley. Esto podría viciar los procesos si no hay claridad sobre cuándo se interrumpe la prescripción de las conductas irregulares.

   3.    El artículo tercero transitorio de la LGRA al derogar la Ley anterior a partir del 19 de julio de 2017, dejó en el limbo a los procedimientos de auditoría, investigación y de responsabilidades respecto a aquellas conductas anteriores a que entrara en vigor la LGRA. Por ejemplo, se tendría que calificar una conducta de grave o no grave para hechos sucedidos antes de que entrara en vigor la LGRA, pero esto no sería posible porque la Ley no se puede aplicar retroactivamente en perjuicio del presunto responsable.

     Desde luego la nueva LGRA tiene novedades y avances como el darles más facultades de actuación a las autoridades investigadoras, entre otras, de las cuales será mejor hablar en otra ocasión. Por lo pronto, existe un reto para quienes quieren combatir la corrupción y tienen que aplicar esta nueva Ley que presenta algunas desventajas con respecto a la anterior para hacerlo.

     Será un reto más para el Sistema Nacional Anticorrupción, proponer al Congreso se corrijan las deficiencias técnicas de la Ley y seguir preparando a los encargados de aplicarla ante un enfoque garantista que parece favorecer más a los presuntos responsables y que podría aumentar, no disminuir como se quiere, la impunidad en materia de corrupción.

Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.
   .

    

DEBILIDADES DE LA LEY 3 DE 3



Por: Octavio Díaz García de León

     Como parte de la reforma anticorrupción, se promulgó el 18 de julio de 2016 la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), también llamada Ley 3 de 3 porque en ella se contempla, entre otras cosas, que los servidores públicos presenten tres declaraciones: la patrimonial, la fiscal y la de intereses. Esta Ley entró en vigor un año después, el pasado 19 de julio, fecha en la que se derogó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP).

     El reto ahora es hacer que funcione, no por falta de voluntad de los responsables de ejecutarla, quienes le han dedicado meses para prepararse, sino por deficiencias jurídicas en su diseño. Pareciera que esta Ley se elaboró sin tomar opinión a quienes tendrían luego que aplicarla. Esto no es raro. Muchas leyes se emiten sin tomar en cuenta las consecuencias prácticas que conlleva su aplicación.

     Sin demeritar las innovaciones que tiene esta Ley sobre la anterior, desde su publicación hace más de un año han surgido numerosas dudas sobre diversos aspectos de su aplicación. Además, pareciera que en la LGRA existe más preocupación por proteger al acusado que en castigar a quien resulte responsable.

     A diferencia de la materia penal, donde sí existen antecedentes de abusos por parte de las autoridades quienes con frecuencia fabrican pruebas y culpables, en el caso administrativo no existen este tipo de prácticas. Quizá no era necesario un enfoque garantista para este tema y se corre el riesgo de generar mayor impunidad en materia de corrupción.

La Ley 3 de 3 o LGRA le da al inculpado más protección contra la autoridad y presenta algunas paradojas:

·         Si bien la anterior Ley no hablaba de actos de corrupción, la LGRA tampoco. Ambas leyes se refieren a infracciones graves o no graves cometidas por servidores públicos. Se podría entender que las faltas graves de la LGRA son actos de corrupción, pero no se dice explícitamente.
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     A la LGRA se le impulsó como Ley 3 de 3 obligando a que se presentaran la declaración patrimonial, fiscal y de intereses, pero el no presentar estas declaraciones se catalogó como falta no grave, mientras que en la anterior Ley era una falta grave el no presentar la declaración patrimonial.

·         La anterior Ley tenía 23 artículos de procedimiento para el proceso de responsabilidades administrativas mientras que la nueva LGRA tiene 118 artículos.  ¿A quién ayuda este procedimiento tan detallado? Al presunto responsable. Por su parte a la autoridad encargada de descubrir y castigar actos de corrupción, le resulta más complejo fincarle responsabilidades administrativas al acusado.

·         Se le da al acusado más recursos para defenderse. Por ejemplo, en el artículo 208 fracción II, dice que el presunto responsable “… de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio.” Esto ciertamente es una innovación para defender al acusado, pues anteriormente en los procesos de responsabilidades administrativas no había obligación del Estado mexicano de ofrecerlo. Estas 13 palabras van a tener un gran impacto en la manera como se desarrollarán estos procesos. Primero, porque no existen defensores de oficio en materia administrativa. Los que existen son para la materia penal para lo cual funciona un Instituto Federal de Defensoría Pública que depende del Poder Judicial. Ahora deberá formarse un Instituto similar en el Poder Ejecutivo para dar cumplimiento a esta nueva obligación. Esto podría costarle al erario federal más de 100 millones de pesos al año y se tendrá que formar un Instituto de Defensoría Pública en materia administrativa a nivel federal, más lo que cueste tener uno similar en cada una de las 32 entidades federativas.
  

     Otros aspectos que han causado controversia entre los abogados en relación con la LGRA, son:


1.    Se introdujeron en la LGRA, 12 conductas graves, algunas de las cuales ya se encontraban en el Código Penal Federal tipificados como delitos. Ahora los abogados se han planteado si se le puede juzgar a una persona dos veces por la misma conducta: un delito que a la vez es una falta administrativa grave.

2.    Hay contradicción en la LGRA sobre cuál es el momento de inicio del plazo para que prescriba una conducta pues se citan dos momentos diferentes en la Ley. Esto podría viciar los procesos si no hay claridad sobre cuándo se interrumpe la prescripción de las conductas irregulares.

3.    El artículo tercero transitorio de la LGRA al derogar la Ley anterior a partir del 19 de julio de 2017, dejó en el limbo a los procedimientos de auditoría, investigación y de responsabilidades respecto a aquellas conductas anteriores a que entrara en vigor la LGRA. Por ejemplo, se tendría que calificar una conducta de grave o no grave para hechos sucedidos antes de que entrara en vigor la LGRA, pero esto no sería posible porque la Ley no se puede aplicar retroactivamente en perjuicio del presunto responsable.


     Será un reto más para el Sistema Nacional Anticorrupción, proponer al Congreso se corrijan las deficiencias técnicas de la Ley y seguir preparando a los encargados de aplicarla ante un enfoque garantista que parece favorecer más a los presuntos responsables y que podría aumentar, no disminuir como se quiere, la impunidad en materia de corrupción.

Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

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