OCTAVIO PAZ: BRÚJULA Y SEXTANTE

 

@octaviodiazg

 

Para Gaby con cariño.

 

        Este 31 de marzo se cumplen cien años del nacimiento de Octavio Paz. Pocos escritores como él influyeron tanto en una generación de lectores entre los que me cuento. Pero su influencia no solo se dio  en México sino se sintió en el resto del mundo y por ello tuvo reconocimiento universal. Así fue como  ganó el Premio Cervantes, el Premio Jerusalén, el Premio Internacional  Neustadt de Literatura, el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán  y el Premio Nobel de Literatura entre otros. Poeta, ensayista, diplomático, fundador de revistas, polemista, Paz no solo fue una inteligencia de primer orden sino también un hombre independiente, con firmes convicciones democráticas y liberales que supo enfrentar tormentas. Atacado por “izquierdistas” radicales que incluso llegaron a quemar su efigie en una manifestación en el Monumento a la Independencia en la ciudad de México a unos pocos pasos de donde vivía, se mantuvo como un gran crítico de los regímenes totalitarios -  como el soviético y el cubano - o autoritarios como el nuestro de aquella época. Renunció a ser embajador de México en la India en 1968 cuando la matanza de estudiantes en Tlatelolco y se mantuvo apartado de los regímenes en turno. Ya hacia el final de su vida esa distancia se acortó y fue objeto de homenajes de los presidentes Salinas y Zedillo con los que tuvo mayor cercanía.

 

      Como lector de su obra mi relación con Paz ha sido permanente. A mi padre, que era un gran lector, le pareció que su hijo debía llamarse como el autor del libro - en ese entonces recientemente publicado - “El Laberinto de la Soledad”. Aún conservo la primera edición publicada por “Cuadernos Americanos”,  aquella que leyó mi padre y de donde tomó la idea de ponerme el nombre de su autor. Tuve un par de contactos personales muy breves con Paz. Uno  fue para pedirle que me autografiara ese libro y en otra ocasión le llamé por teléfono para invitarle a una reunión con altos directivos de la empresa en que yo trabajaba. Me llamó la atención su trato  directo y poco amable para rechazar la invitación. Luego con el tiempo supe que así era en lo personal con un cierto talante autoritario.  Pero eso no va más allá  de la anécdota personal. Lo importante de Paz es su obra.

 

     Quizá empecé a leer a Paz cuando tenía catorce o quince años. Los primeros libros suyos que leí fueron “La Centena”, una antología de su poesía publicada en 1968, y “Posdata” publicada en  1970  donde reúne tres ensayos haciendo una crítica al régimen que mató a los estudiantes en Tlatelolco y al partido que gobernaba en aquella época.  Luego leí otros libros suyos,  pero especialmente las revistas que fundó y dirigió: Plural y Vuelta.

     Así, los escritos de Paz y sus revistas fueron como la brújula y el sextante en el mar de lecturas por el que navegué. Una guía imprescindible que me llevó a descubrir autores que de no ser por Paz quizá nunca hubiera leído. Por ejemplo, al gran escritor rumano Emile  Cioran o a los autores franceses precursores del surrealismo:  Apollinaire y su libro  Caligramas;  Mallarmé y su poema “Un coup de des”,  Baudelaire y sus libros “Las Flores del Mal” y “Pequeños Poemas en Prosa”;  a Rimbaud - el poeta niño que escribió toda su obra  antes de los 17 años - y sus libros “Una Temporada en el Infierno” e “Iluminaciones”; el Conde de Lautreamont y “Los Cantos de Maldoror”;   al Marqués de Sade y su obra; hasta llegar a André Breton, iniciador del surrealismo, movimiento que influyó a Paz y al que pertenece parte de su obra.  Otros descubrimientos que le debo a Paz fueron los escritores Italo Calvino, Leonardo Sciascia y Milan Kundera. Pero también Paz me permitió descubrir a poetas mexicanos como Villaurrutia, López Velarde y especialmente a José Juan Tablada y Homero Aridjis, este último a través de la antología que Paz realizó junto con otros 3 poetas: “Poesía en Movimiento”. Asimismo a los poetas americanos  T.S. Eliot y Ezra Pound  o al gran poeta portugués Fernando Pessoa, a quien Paz contribuyó de manera muy importante a dar a conocer en nuestra lengua.

 

      Pero su guía me llevó no solo por el mar de la literatura. Gracias a la revista Vuelta conocí la obra de Karl Popper y descubrí a los enemigos de la sociedad abierta (Platón, Hegel y Marx).  Paz también me dio a conocer al Japón y su cultura llevándome a leer, por ejemplo,  su traducción de “Las Sendas de Oku”  de Matsuo Basho  y la antología de poesía “Kokinshu”. De tal forma que mi primer viaje al Japón  lo hice de la mano de  Paz, tratando de ver por mis propios ojos  lo que yo había leído en sus poemas y ensayos.   Mi deuda y agradecimiento con Octavio Paz es inmensa. Una deuda intelectual que estoy seguro tienen  otras personas de mi generación. No solo nos dio a  conocer  el mundo de la literatura contemporánea y nos acercó a países como Japón y la India,  sino con su actitud e ideas  políticas ayudó  a la transición democrática de nuestro país. Hace falta hoy en México su mente creativa, lúcida y crítica.  

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MÉXICO: LA DISPUTA POR EL PODER

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@octaviodiazg

 

      Pareciera que el imaginario colectivo de nuestro país está anclado en el absolutismo de otras épocas. Se suele pensar que el presidente de la república  tiene un poder absoluto  para hacer lo que quiera… o que debe tenerlo. Claro, hay políticos que han hecho evolucionar  nuestro país hacia la democracia y millones de personas con su voto la han ratificado.  Pero en el fondo, en el inconsciente colectivo, se prefiere y espera que el presidente sea todopoderoso. No importa si no tiene la responsabilidad de lo que ocurre en el ámbito soberano estatal y municipal,  en el poder legislativo y judicial o en cuestiones ajenas al gobierno. Un gran número  de mexicanos espera que él lo resuelva todo. Aún en comentarios de gente educada y convencida de la democracia, no falta el reclamo que dice que tal o cual error o tal o cual acontecer se debe  a la incapacidad del presidente en turno, aunque no sea su responsabilidad. Se sigue pensando que, como en las épocas de las “presidencias imperiales” – como las llamó Enrique Krauze-, los presidentes deberían seguir siendo la autoridad omnipotente capaz de resolver los problemas de nuestro país. Por ejemplo casi nadie atribuye a la incapacidad de los gobernadores y presidentes municipales el que creciera el problema del narcotráfico sino que la culpa se atribuye a quien ha ocupado la oficina de Los Pinos.

      Pero el presidente Peña está dispuesto a ser el presidente fuerte que anhelan muchos mexicanos. Su experimento de gobernar Michoacán por encima de las autoridades locales y la gran aceptación que ha tenido,  va en este sentido  así como muchas otras de sus iniciativas. Para lograrlo, tiene que alinear a las numerosas fuerzas que concurren a orientar la dirección que toma nuestro país. No solo aquellas plasmadas en nuestra Constitución tales como los tres poderes, los órganos constitucionales  autónomos  y los  gobiernos estatales y municipales,  sino también  a los poderes extra legales.  Entre estos últimos podemos mencionar:

1.    Grandes empresas con poder de mercado suficiente para fijar las condiciones en las que participan en sus mercados, normalmente desventajosas para competidores y consumidores, y además con poder para influir en decisiones gubernamentales clave.

2.    Grandes sindicatos como el de maestros, electricistas, petroleros, trabajadores del Seguro Social, trabajadores al servicio del estado, mineros, telefonistas, etc.,  todos con capacidad para vetar los esfuerzos del gobierno.

3.    Cámaras y asociaciones empresariales  y gremiales de todo tipo impulsando sus agendas.

4.    Partidos políticos interesados sólo en ganar elecciones.

5.    Empresas de comunicación electrónica e impresa interesadas en influir en gobiernos y manipular la opinión pública.

6.    Grupos de la delincuencia organizada.

7.    Gobiernos extranjeros que desean influir en el rumbo de nuestro país. Notoriamente Estados Unidos.

8.    Iglesias de todas las denominaciones pero especialmente la más grande que es la católica.

9.    Inclusive el poder ejecutivo federal no es monolítico. La enorme burocracia federal que tiene más de 250 instituciones entre secretarías, empresas paraestatales, organismos desconcentrados y fideicomisos, actúan en función de sus propios intereses y objetivos.

 

     Para  alinear todas estas fuerzas, el presidente Peña ha impulsado algunas medidas que contribuirán a  ello:

1.    Creación de organismos autónomos para romper privilegios de los grandes empresarios. Al gozar estos organismos  de autonomía y estar dirigidos por comisionados con un perfil muy técnico, lleva al campo de la técnica lo que antes era una lucha de poder en donde lo que valía era el peso e influencia de los actores económicos.

2.    La autonomía constitucional y creación del organismo de la transparencia y el de combate  a la corrupción, lleva al terreno de la rendición de cuentas lo que antes eran disputas feudales, corrupción e ineficiencia en la actuación de todos los niveles de gobierno y con lo cual se espera disminuir los abusos de la burocracia.

3.    La autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa para llevar al terreno técnico un tema contencioso con el sindicato de maestros y la autonomía del CONEVAL para darle independencia a la evaluación de resultados de los programas de gobierno.

4.    La creación del Instituto Nacional Electoral en sustitución del IFE y de los institutos electorales estatales  pretende reducir  el poder que tenían los gobernadores para manipular las elecciones locales.

5.    La creación de la gendarmería para reforzar la seguridad en estados y municipios espera combatir a la delincuencia organizada y acotar a las fuerzas estatales y municipales de seguridad pública corrompidas.

6.    La firma del  Pacto por México alineó a partidos políticos de oposición -  antes enfocados a combatir al gobierno en turno - hacia las grandes metas del actual gobierno.

 

      El presidente y su gobierno solo son una fuerza más que empuja al país en determinada dirección.  Su  gran reto es lograr orientar los intereses y fuerzas - que apuntan en todas direcciones - hacia el logro de los objetivos de su presidencia. Hemos visto como el  presidente Peña ha entendido lo que se debe hacer y de paso satisfacer el anhelo de un gran segmento de nuestra población que añoran los tiempos de un presidencialismo fuerte. Pero lo importante no es perseguir el poder por el poder. Este debe usarse con el fin de lograr una buena conducción del país. Usarlo solo para perpetuarse en él, no será bueno para nadie.

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EL PAÍS DE LA CORRUPCIÓN

 

@octaviodiazg

 

     El común denominador detrás de las malas noticias del acontecer cotidiano en nuestro país es, por lo general,  una historia de corrupción. Tenemos por ejemplo en las noticias más destacadas de la semana, el caso del fraude de la empresa Oceanografía - proveedor de PEMEX - y aunque aún no se ha acusado a funcionarios de esa paraestatal, el caso fue detonado por una investigación del órgano interno de control en dicho organismo por lo que pronto se hablará de funcionarios responsables de las irregularidades detectadas en Pemex. Otro caso fue la demanda por 200 millones de pesos al PRD y a Rosario Robles, entonces presidenta de ese partido y  hoy Secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, presentada por el empresario de origen argentino, Carlos Ahumada. Recordarán que Ahumada se volvió famoso cuando entregó a los medios de comunicación videos en donde altos dirigentes del PRD, como René Bejarano y  Carlos Ímaz,  recibían fuertes cantidades de dinero en efectivo. Por ello Ahumada fue objeto de una feroz persecución por parte de los gobiernos del PRD, especialmente cuando se pensaba que esas revelaciones podían afectar las aspiraciones presidenciales de López Obrador.  Finalmente esta semana se comentó el caso de la regidora de Guadalajara a quien se le sorprendió en actos de corrupción y quien fue sometida a juicio político por el congreso del estado de Jalisco e inhabilitada por 10 años.

 

     Pero  las noticias de corrupción no paran allí. La protección que a lo largo de muchos años se le dio al narcotraficante Chapo Guzmán y que involucró a autoridades de los tres órdenes de gobierno, le permitió desde fugarse de un penal de máxima seguridad hasta que pudiera hacer negocios a lo largo de 13 años sin mayor problema. O bien el auge de los grupos delincuenciales de la “Familia Michoacana” y de los “Caballeros Templarios” que pudieron operar a lo largo de muchos años gracias a la corrupción de innumerables autoridades en el estado de Michoacán.  

 

     Para darnos una idea de la gravedad del fenómeno de la corrupción,  el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana lo mide en 35 servicios públicos y privados. En el último Índice disponible del 2010, estimaron que durante el año hubo  200 millones de actos de corrupción, con un costo promedio por “mordida”  de $165 pesos y que en total se destinaron al pago de “mordidas”  más de 32 mil millones de pesos. De acuerdo con esta medición los hogares mexicanos destinaron un 14% de su ingreso al pago de “mordidas”. Por su parte Transparencia Internacional  colocó a México en el lugar 106 de 177 países con una calificación de 34 sobre un máximo de 100 que lo coloca en un lugar bastante malo a nivel mundial. La OECD califica que hay muy pocos esfuerzos para combatir la corrupción en nuestro país y el Banco Mundial nos coloca en el percentil 44% de los países (El 66% de los países que analizan tiene mejores calificaciones en este rubro que México) que analiza en su indicador de control de la corrupción.

 

     Se han estado impulsando muchas reformas en el Congreso pero sigue faltando la del combate a la corrupción que es clave para el desarrollo económico y social de nuestro país como lo han demostrado estudios del Banco Mundial y la OECD. Después de las elecciones el presidente electo Peña Nieto propuso una reforma constitucional para la creación de una Comisión Anticorrupción. A año y medio de distancia sigue pendiente su discusión y aprobación en el Congreso. Para agravar este retraso, la Secretaría de la Función Pública (SFP) se eliminó en la reforma del 1 de enero de 2013 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero no ha acabado de desaparecer porque se estableció que siguiera funcionando hasta que  entrara en operación la Comisión Anticorrupción. Sin embargo, nunca se nombró a un Secretario de la SFP y la extinta Secretaría ha venido trabajando en forma precaria. Asimismo se puso ya en práctica el que los contralores, aunque nombrados formalmente por el encargado del despacho de la SFP, sean designados por los titulares de entidades y dependencias del gobierno federal, perdiendo así la independencia que tenían en el pasado. Todo ello ha  debilitado significativamente los esfuerzos del gobierno federal en materia de combate a la corrupción. Esto para no hablar del nulo combate a la corrupción en estados y municipios o en el poder legislativo y judicial.

 

     No solo es preocupante que no se hayan realizado las reformas constitucionales para la  creación de la Comisión Anticorrupción sino que para que empiece a funcionar,  una vez que se apruebe la reforma constitucional en el Congreso Federal, deberá pasar a aprobación de las legislaturas estatales; luego se deberá nombrar a los comisionados para  crear propiamente la Comisión; para finalmente asignarle recursos, contratar personal y darle recursos materiales. Todo ello  puede tardar otros dos  años. Mientras,  el problema de la corrupción sigue dándose por todas partes y no hay un esfuerzo gubernamental para combatirla. Esto es muy grave porque existen enormes proyectos de gasto del gobierno federal que no tendrán una vigilancia adecuada. Esperemos que tanto el gobierno federal como el  Congreso pongan atención a lo que debe ser una de las mayores prioridades en nuestro país: el combate a la corrupción.

 

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MICHOACÁN: UN EXPERIMENTO CENTRALISTA

 

@octaviodiazg

      Ante una situación de gobierno fallido en Michoacán, el gobierno federal ha tomado las riendas del estado. El presidente Peña nombró  en enero de este año un  Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán  con poderes para coordinar a todos los funcionarios y programas del gobierno federal en el estado, para removerlos de ser necesario,  para realizar todo tipo de convenios y acuerdos  entre la federación y el estado y sus municipios e inclusive le dio facultades para solicitar el auxilio de las fuerzas armadas para cumplir sus objetivos. La emergencia que vive el estado de Michoacán lo requería pero sienta un precedente importante.

 

      El centralismo fue una forma de gobierno que tuvo nuestro país entre 1835  y 1846 cuando se deroga la constitución federalista de 1824 y se promulgan las Leyes Constitucionales de la República Mexicana. En estas leyes se mantenían los tres poderes pero se creaba el Supremo Poder Conservador por encima del Judicial y el Legislativo; los estados se convertían en departamentos; desaparecían las legislaturas locales y  se formaban las juntas departamentales integradas por 7 miembros; y los gobernadores eran nombrados por el presidente entre una terna que enviaban las juntas departamentales.  El presupuesto de toda la república era administrado por el gobierno nacional. A esa etapa de nuestra historia se le denominó la república centralista con funestas consecuencias para el país. Se intentaron separar de la república Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y se perdió a Texas. Ya en el siglo XX durante el gobierno hegemónico del PRI que duró 70 años, los presidentes de la república nombraban a los gobernadores de los estados quienes pasaban el trámite de la elección  usando la maquinaria de su partido y del gobierno.

 

     Lo que ocurre ahora en Michoacán no es nuevo pero sí marca el regreso de una práctica que con la alternancia se había descontinuado. Lo sorprendente es que nadie se ha quejado de esta pérdida de soberanía estatal: ni los ciudadanos, ni los partidos políticos de oposición, ni organismos ciudadanos,  ni periodistas o comentaristas. Salvo un artículo en la revista The Economist tampoco nadie en el extranjero lo ha notado. Parece ser que nadie pone en duda la necesidad de la intervención masiva del gobierno federal ante la crisis  en que cayó Michoacán y que el tema de la soberanía de ese estado pase a segundo término.

 

      La toma del poder por parte del gobierno federal ha sido una apuesta interesante. Pero además el presidente Peña ha puesto todo su compromiso en esta estrategia. Quizá el diagnóstico interno del gobierno federal indicaba que la situación era mucho mas grave que lo que se maneja en público o que esta crisis  podía poner en riesgo a otras regiones del país. Desaparecer poderes y convocar a nuevas elecciones mientras las autodefensas avanzaban tomando todo el estado, era demasiado riesgoso. Por otra parte era claro que los poderes locales de Michoacán, estatales y municipales, o estaban  cooptados por la delincuencia organizada o bien eran incapaces de resolver el problema. No quedaba más que intervenir masivamente ayudados por  un gobernador débil y una legislatura local  que se prestaron a ello.

 

     Recordemos que la intervención federal  inició el año pasado primero con la llegada de miles de policías federales y soldados;  más tarde  con visitas de los secretarios de Gobernación y de Hacienda. Este último mencionó en su visita  que  “Hoy en Michoacán está amenazado el Estado Mexicano, el estado de derecho y estamos enfrentando uno de los mayores retos de la nación”. Ya en enero al llegar el Comisionado, lo primero que hizo fue  destituir al Procurador General de Justicia de Michoacán  y al Secretario de Seguridad Pública y nombrar por medio del gobernador y con el aval de la legislatura local - para no perder las formas legales - a personas de su confianza.

 

     El presidente Peña anunció a principios de febrero apoyos federales que ascienden a  45,500 millones de pesos. Sin embargo para administrar estos recursos que equivalen al 45% de los recursos que tendrá Michoacán este año, se nombrará como  subsecretario de finanzas del gobierno estatal a un funcionario de la Secretaría de Hacienda. Ninguna autoridad local tendrá posibilidad de operar esos recursos ya que a mediados de febrero el gobierno federal designó a un gabinete paralelo: un total de 24 funcionarios representando a todas las secretarías, organismos desconcentrados y las paraestatales más importantes del gobierno federal dándoles la responsabilidad de operar esos recursos a través de los programas de sus instituciones. Llama la atención que muchos de estos representantes son personas muy allegadas al presidente Peña quienes lo acompañaron  en puestos de relevancia cuando fue gobernador del Estado de México. Adicionalmente el gabinete federal y el presidente Peña  han desfilado en frecuentes giras por el estado.

 

     La opinión pública, absorta con la captura del Chapo y con lo que sucede con las autodefensas no ha objetado  la pérdida de soberanía del estado de Michoacán. El modelo centralista aplicado en pequeña escala está de regreso. ¿Estará para quedarse o se le regresará a Michoacán su autonomía un día de estos? Será difícil mientras falten liderazgos locales capaces de dirigir al estado y que no estén cooptados por la delincuencia organizada. Pero más importante, será hasta que los michoacanos quieran recuperar su gobierno y su soberanía.

  

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VIVIR EN LOS TIEMPOS DEL NARCO

 

@octaviodiazg

 

      El problema del narcotráfico en México tiene casi un siglo de existencia.  Prácticamente afecta a todo el país y ha generado una violencia extraordinaria. El tráfico ilegal  de drogas  surgió  hace cien años cuando en Estados Unidos se prohibió dicho tráfico, prohibición que luego se dio en México en 1926. Independientemente de que el prohibicionismo que ha impulsado Estados Unidos desde entonces no ha funcionado, el fenómeno no ha dejado de crecer. Nuestros vecinos son los mayores consumidores de sustancias ilícitas en el mundo y esta es una gran oportunidad de negocios para los criminales.

      ¿Cómo pudo ser que en México creciera tanto el fenómeno de la delincuencia asociado al tráfico de drogas? En el excelente libro de Guillermo Valdés Castellanos, “La Historia del Narcotráfico en México” se hace un recuento muy bien documentado de esa historia. Valdés nos da un recorrido por ese mundo desde su posición privilegiada como ex director del CISEN que le permitió conocer de primera mano las entrañas del fenómeno.

      Fue un negocio que empezó con el tráfico de opio impulsado por inmigrantes chinos que llegaron a Sinaloa a fines del siglo antepasado y que ha crecido a niveles insospechados. El negocio mueve decenas de miles de millones dólares al año (Nadie sabe con certeza cuanto) y hace pocos años, el Secretario de la Defensa en turno dijo que empleaba a alrededor de medio millón de personas.   Esos números explicarían también que haya entre quince y veinte mil muertos al año derivado de las pugnas de quienes manejan ese negocio en nuestro país.

      Valdés describe como el gobierno federal controló, desde los años cuarenta,  el tráfico de drogas por medio de la Dirección Federal de Seguridad (DFS): fijó reglas, repartió plazas, puso condiciones, y de paso enriqueció a sus comandantes, a gobernadores y a funcionarios federales. Si bien no hay pruebas que los presidentes en turno se beneficiaran del negocio, es casi seguro que conocían de ello y permitieron que se operara así. Este arreglo se rompió con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1984 a manos de Caro Quintero - recientemente liberado de manera inesperada -  cuando la presión que ejercieron los americanos sobre el gobierno de México forzó a tomar medidas que rompieron acuerdos  que ya tenían cuatro décadas de existir. A raíz de ello se  encarcelaron a los principales capos del narco, se dio una fragmentación de las bandas de delincuentes que se repartieron el país y  desapareció la DFS ya totalmente corrompida.  En la década de los noventa el papel que antes tenía la DFS lo tomaron destacados funcionarios de la Procuraduría General de la República, entre ellos  el comandante de la policía judicial, González Calderoni (Por cierto, con raíces familiares en la Tierra Caliente michoacana), quien repartió  plazas entre los nuevos capos e impuso reglas del juego. Al perder el PRI su hegemonía en el país, los funcionarios federales dejaron de tener la capacidad para controlar y ordenar el mercado ilícito de las drogas. Los cárteles se fueron fragmentando y enfocaron sus baterías a capturar a las autoridades locales empezando por los municipios y siguiendo por los gobiernos estatales. Tuvieron tanto éxito que para mediados de la década pasada lo que era un problema de seguridad pública se convirtió en un problema de seguridad nacional al haber extensos territorios del país gobernados por las bandas de delincuentes. El narcotráfico era un negocio tolerado por sociedad y gobierno porque había muchos actores que se beneficiaban de él, hasta que la banda de los Zetas implantaron un nuevo modelo de negocio en donde lo importante ya no era solo el trasiego de drogas sino extorsionar y abusar de la población con una dosis muy alta de violencia. El modelo fue imitado en estados como Michoacán donde los “Caballeros Templarios” fueron particularmente abusivos hasta que surgieron los grupos de autodefensa.  

     La violencia de los cárteles y la captura de grandes territorios a manos de los narcos en todo el país hicieron que el presidente Calderón convocara a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes a la firma del  Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en 2008 para enfrentar entre todos el fenómeno. Faltó tiempo para que diera frutos, pero se sentaron algunas bases. Valdés dice convincentemente que los esfuerzos del gobierno de Calderón no fueron los que originaron la violencia que se desató a partir de 2007. Sin embargo tampoco lograron abatirla.

     No va a ser fácil resolver un problema que está marcado por la complicidad de autoridades, la carencia de un estado de derecho, la debilidad institucional del Estado Mexicano, el poderío de las mafias del narcotráfico y la demanda incesante de drogas ilícitas por nuestro vecino país. Falta ver si la intervención federal en Michoacán tiene éxito para saber si es un modelo que se puede reproducir en otros estados capturados desde hace tiempo por los delincuentes. Lo que ya no es posible es regresar al viejo modelo en donde el gobierno, en una actuación esquizofrénica, administraba el negocio ilícito a la vez que lo combatía.

Bibliografía:

1. "Historia del Narcotráfico en México" . Autor: Guillermo Valdés Castellanos. Editorial Aguilar. México D.F., 2013

Nota:

El comandante de la policía judicial González Calderoni era hijo de una familia respetable y acomodada cuyos orígenes familiares vienen de Cirándaro, pueblo de la tierra caliente michoacana donde su abuelo era un hacendado muy importante. 

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LA ERA DEL TRABAJO FLEXIBLE

 

@octaviodiazg

 

     Con la nueva economía post industrial, las formas de trabajo están  cambiando. Si bien todavía existen líneas de producción donde trabajan personas,  así como servicios que requieren la presencia de trabajadores de manera continua, también es cierto que muchos de estos trabajos están en vías de extinción. Por ejemplo, en las líneas de ensamble cada vez veremos más robots realizando las tareas repetitivas. En un artículo reciente de la revista The Economist se mencionan trabajos que con las nuevas tecnologías tienen más probabilidad de desaparecer. De su lista de 18 profesiones donde menciona la probabilidad de que desaparezcan, las cinco con mayor riesgo en los próximos diez años son: tele mercadeo 99%, contadores y auditores 94%, vendedores en tiendas 92%, escritores técnicos 89%, vendedores de bienes raíces 86%. Los que menos probabilidades tienen de desaparecer son: terapistas recreacionales 0.3%, dentistas 0.4%, entrenadores de atletismo 0.7%, clérigos 0.8% e ingenieros químicos 2%. De acuerdo con el artículo las máquinas serán capaces de reemplazar a los trabajadores en aquellas  especialidades con mayor riesgo. 

    En la nueva era del trabajo dejarán de existir los siguientes paradigmas:

1.    Horarios fijos de trabajo.

2.    Número de horas fijas de trabajo.

3.    Lugares fijos de trabajo.

4.    Empleo permanente en una organización.

     Así, por ejemplo, podemos apreciar que el paradigma del pago por número de horas de trabajo tiene un incentivo perverso. Cuando se paga por horas trabajadas y no por el producto del trabajo, existe un incentivo para ser menos productivo ya que no importa hacer las tareas más lentas al fin que lo que se paga es por horas. Si se pagara en función a lo producido, el incentivo sería ocupar el menor tiempo posible. Por ejemplo, el abogado que cobra por hora tiene un incentivo para alargar los casos lo más que pueda. Si se le pagara por tener éxito en el caso, trataría de hacerlo en el menor tiempo posible.

     Otro caso es el del paradigma del pago a cambio de cumplir con la presencia en un lugar de trabajo en un horario fijo, dándole más importancia a cumplir con la presencia que a lo que se produzca;  incluso se premia a quien pasa más tiempo allí sin importar lo que haga o los resultados que dé. Existe el mito de que quien pasa más horas en su trabajo produce más lo cual, como vimos en el párrafo anterior, no es cierto. Los directivos que no tienen claro qué objetivos fijarles a sus trabajadores se sienten más seguros cuando cuentan con la presencia de sus subordinados en sus lugares de trabajo. Sucede en instituciones de gobierno en donde existen muchos trabajos que se realizan por  inercia sin reflexionar si agregan algún valor. Podríamos desaparecer secretarías enteras del gobierno federal y no se sentiría su impacto en el país. A veces el argumento es que es imposible fijar objetivos en los trabajos. En otras ocasiones es el miedo a dejar de hacer algo que se viene haciendo desde hace décadas.  Por ejemplo, ¿qué pasaría si desapareciera el trámite de registro que hacen las asociaciones religiosas en la Secretaría de Gobernación? Para lo único que sirven ciertas actividades de gobierno es para alimentar a la burocracia.

     En la nueva era del trabajo flexible basta con poner objetivos a los trabajadores para hacer caso omiso de los horarios. Ellos sabrán cómo administrar su tiempo para dar los resultados esperados y de no alcanzarlos sufrir las consecuencias.

     Con las nuevas tecnologías tampoco es necesario acudir a una oficina. Se puede trabajar hoy en día desde cualquier parte del mundo y producir los resultados que requiere una organización en donde quiera que se esté. Las oficinas se están transformando en lugares de reunión con cafeterías, salas de estar, salas de juntas y donde cada vez hay menos cubículos y oficinas. El ahorro en transporte tanto en combustible como en tiempo será de enorme beneficio para la humanidad.

     Las organizaciones ya no necesitan tampoco a los mismos empleados siempre. Van requiriendo talentos cuyo perfil va cambiando con el cambio en sus mercados. Hoy en día se puede recurrir por internet a la contratación de talentos en todo el mundo en procesos de subasta en donde gana el mejor calificado y el más barato.

     También la entrada masiva de las mujeres a la fuerza de trabajo ha hecho más necesario el disponer de esquemas de trabajo flexible y que los hombre tomen las tareas del cuidado de los hijos a tiempo completo. Los nuevos paradigmas de trabajo requieren que las instituciones de nuestro país, especialmente las de gobierno, se incorporen a la era del trabajo flexible; asimismo, es necesario que las leyes laborales reflejen esa nueva realidad.

     La transformación va orientada a  no pagar por  el tiempo que se pasa en los lugares de trabajo sino por lo que se produce; a pagar el talento, no la antigüedad.

     Por otra parte, para las personas lo importante ya no es solo tener el dinero suficiente para subsistir sino también el tiempo para tener una vida digna y con calidad. Cuando se quita la libertad, se quita el bien más preciado: el tiempo para hacer lo que se quiera. El  trabajo ya no debe tener la lógica de una prisión.

Bibliografía:

1. FUTURE WORK. HOW BUSINESS CAN ADAPT AND THRIVE IN THE NEW WORLD OF WORK. Autores: Alison Maitland and  Peter Thomson. Ed. Palgrave McMillan. 2011. e-book


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MÁS RECURSOS PARA EL CONGRESO

 

@octaviodiazg

 

     Nuestra Constitución tomó aspectos del sistema de gobierno americano: la división del gobierno en tres poderes y el federalismo,  entre otros. No quiere decir que esas ideas hayan nacido solo en Estados Unidos pues ya se discutían en Europa, pero sí fueron de los primeros que la pusieron en práctica con bastante éxito.

     Pero a casi 200 años de distancia de la Constitución de 1824, nuestro Congreso no ha podido funcionar como es debido en nuestro país. Aún no tenemos un Congreso que produzca las mejores  leyes  y cuyos integrantes respondan verdaderamente al mandato de sus representados y no al de sus partidos políticos. Tuve la oportunidad de hacer un internado en el Congreso de Estados Unidos y esa estadía me mostró diferencias importantes entre los Congresos de los dos países. Algunas de ellas son:

1.    El Congreso de Estados Unidos cuenta con dos cámaras. La de senadores con 100 senadores –dos por estado-  y la de representantes  con 435 miembros,  uno por cada distrito en que está dividido aquél país. Todos son elegidos de manera directa y no como nuestros congresistas plurinominales que son nombrados por los partidos políticos.

2.    Allá el equivalente a nuestra Cámara de Diputados se llama Cámara de Representantes. Un buen nombre porque aunque defiendan líneas partidistas - Republicanos o Demócratas casi todos –, en caso de  no responder a los intereses de sus representados son rápidamente echados de sus curules ya sea por la vía interna en las elecciones primarias  o en las elecciones abiertas.

3.    Cada representante es elegido por un periodo de dos años y por ello la Cámara se renueva cada dos años. Por su parte cada senador es elegido por un periodo de seis años pero en este caso dicha Cámara renueva solo a un tercio de los senadores cada dos años.

4.     Los congresistas americanos tienen la posibilidad de hacer una  carrera larga mediante la reelección. El congresista con el que colaboré – John Conyers de Michigan-  es representante desde 1965. Es decir tiene  casi 50 años en el Congreso.

5.    Nunca pierden contacto con sus distritos. Esto lo logran porque cada voto de los representantes y senadores es ampliamente publicitado en sus distritos o estados y así los electores saben si ellos están realmente protegiendo los intereses, principios y valores de su comunidad.  Los ciudadanos escriben con frecuencia a sus representantes  para impulsar ciertas leyes o para que voten en cierto sentido por lo que los congresistas tienen un buen pulso de lo que desean sus comunidades.

6.    Cuentan con un número importante de asesores. Eso hace que cada congresista, dependiendo de su antigüedad e importancia, pueda llegar a tener decenas de asesores de muy alta calidad con presencia no solo en Washington sino también en sus distritos o estados.

7.     Cada comité y subcomité del Congreso cuenta también con un número importante de asesores de tal forma que la legislación que allí se discute recibe un muy buen análisis de técnica jurídica y de políticas públicas.

8.    Cuentan con  la Biblioteca del Congreso a la que los legisladores y su personal  tienen acceso ilimitado. Probablemente sea la más grande del mundo. Tiene un acervo de 158 millones de elementos entre los que se encuentran 36 millones de libros en 460 idiomas, 69 millones de manuscritos, la más grande colección de material legal, partituras, mapas, material de audio grabado y películas. Todo empezó cuando por ley se obligó a entregar a la biblioteca dos copias de cualquier material sobre el que se solicitara el registro de derechos de autor.

9.    También tienen al Servicio de Investigación del Congreso (Congressional Research Service), que es parte de la Biblioteca del Congreso y cuenta con  un cuerpo de investigadores que realizan trabajos en políticas públicas y aspectos legales sobre cualquier tema de interés para el Congreso. Su enfoque no es partidista y tiene 600 empleados de los cuales 400 son analistas, investigadores y abogados.

10.  El Congreso de Estados Unidos tiene la fuerza para someter a juicio político a cualquier presidente. Allí están los casos de Nixon y  de Clinton en donde el primero tuvo que dejar la presidencia antes de que se llevara el juicio y con el segundo no prosperó.

    El contraste con México no puede ser mayor. Allá el Congreso federal cuenta con recursos extraordinarios para hacer sus tareas, los congresistas tienen la posibilidad de hacer una carrera mediante la reelección, rinden cuentas a sus representados más que a sus partidos y no existen los  plurinominales que no son elegidos por los ciudadanos sino por los partidos políticos.

     Desafortunadamente en México se entiende poco lo que hace nuestro Congreso o para que sirve; el divorcio con sus representados es casi total y se trivializa y critica el que tengan recursos para trabajar. No basta con la reelección de diputados y senadores: hace falta una profesionalización a fondo del Congreso y eso cuesta. Pero invertir en el Poder Legislativo es  muy importante si queremos vivir en un país de buenas  leyes y en un estado de derecho. Ojalá se le asignen más recursos y tenga legisladores profesionales para que hagan mejor su trabajo.

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