VIOLENCIA INCONTENIBLE

 

Por: Octavio Díaz García de León

     Hace unos días los obispos de la Iglesia Católica en el estado de Guerrero se reunieron con los cabecillas de los grupos criminales que tienen asolado este estado. Los obispos querían que cesara la violencia o, por lo menos, como decía uno de ellos en un noticiario matutino, que los asesinatos no ocurran en las ciudades. Mejor que ocurran en el campo, lejos de las miradas de la gente. La conferencia Iglesia-Narco fracasó, porque la lógica de los grupos delincuenciales no es la civilizatoria, sino la de la barbarie.

    Bukele así lo entendió: respondió a la barbarie con la misma medicina y le dio resultado. El Salvador era uno de los países más violentos del orbe y ahora es uno de los más pacíficos; lo logró en cinco años. Se puede contrastar con la estrategia de abrazos, no balazos,  en un mismo período de cinco años que se llevó a cabo en México, para ver cuál funcionó mejor.

    Bukele decidió combatir a las bandas criminales dejando de lado el respeto a los derechos humanos y le dio resultado. Con este éxito y su talante antidemocrático, El Salvador seguramente lo tendrá como dictador las próximas décadas. La población reconoce en las urnas cuando hay un gobernante que resuelve sus problemas, aunque en este caso, el precio sea darle el poder a un autócrata.

    Si llegara un Bukele a gobernarnos, cosa que no va a ocurrir, quizá no sabría a quien recurrir para enfrentar a los más de 170,000 delincuentes que se han estimado que trabajan para el crimen organizado. El Ejército y la Marina Armada han sido desviados de su función principal de proveer seguridad,  para ocuparlos en otro tipo de actividades.

    La Guardia Nacional, una rama del Ejército, tampoco ha podido, o no la han dejado, reducir la violencia ni acotar el poder de los grupos criminales. Las policías estatales, con algunas excepciones, no tienen capacidad para enfrentarlos y las policías municipales suelen estar cooptadas por el crimen organizado. Además, el enemigo está en casa pues la corrupción permea en los cuerpos de seguridad.

    La violencia en México está relacionada con la avalancha de fentanilo que está recibiendo Estados Unidos y que le provocó más de 110 mil muertes en 2023. Por ello algunos congresistas americanos han propuesto que las fuerzas armadas de ese país tomen en sus manos el combate a los narcotraficantes directamente en México.

    Esto podría ser una solución, pero tampoco va a ocurrir. Los gobiernos de Estados Unidos no son tan radicales como para tomar una medida tan extrema. Sobre todo cuando dependen de México para frenar la inmigración ilegal a su país.

    La situación es muy delicada ante las elecciones que se avecinan en nuestro país. La disputa por la nación la están perdiendo las instituciones del Estado mexicano ya que los delincuentes pueden imponer a sus candidatos,  tal y como ocurrió en diversas regiones del país en las elecciones de 2021, o como ha ocurrido en estados como Guerrero y Michoacán desde hace muchos años. Estos grupos están tan entrelazados con los políticos locales que ya no es posible distinguirlos.

    ¿Querrá la próxima presidente enfrentar y resolver el problema? Tendrá que ser muy creativa. Se habla de usar Inteligencia; de quitarle reclutas al narco mediante desarrollo social; de fortalecer policías; de coordinarse mejor. Por cierto, no he escuchado que combatir la corrupción sea una prioridad y sin ello no se podrá resolver el problema. Pero todo esto ya se ha intentado sin éxito.

    ¿Cuál podrá ser la mejor estrategia? ¿Qué la presidente negocie con los capos como intentaron hacerlo los obispos? ¿Contratará un ejército de mercenarios bien entrenados como los que combatieron en Irak? ¿Pedirá a los americanos que ataquen a los narcos con drones y misiles? ¿Solicitará a Bukele asesoría para combatir a la delincuencia?¿Construirá varias decenas de cárceles de alta capacidad para alojar a centenas de miles de delincuentes? ¿Se olvidará de los derechos humanos y regresará a la política de “mátalos en caliente” para erradicar a los bandidos como en tiempos de Porfirio Díaz (que por cierto sí funcionó)?

  La nueva presidente y su gabinete tendrán que usar imaginación, talento y fuerza. No veo como una estrategia de apapacho a los criminales pueda tener éxito, a menos que se quiera rendir la plaza. Lo que es indudable es que llegando, deberán tratar de resolver el problema en muy corto tiempo antes de que sea demasiado tarde.

   Por lo pronto, dado que no se tienen muchas herramientas para evitar que la delincuencia organizada se apodere de puestos públicos a través de las elecciones que se avecinan, tendrá que estar preparada para erradicar a la narco política del país para evitar que México se convierta en un Estado fallido o Narcoestado.

MEJORAR LA VIDA DE TODOS

  

Por: Octavio Díaz García de León

Para Gabriel Zaid

     La humanidad tiene la posibilidad de resolver casi la totalidad de los problemas del mundo, gracias a los avances tecnológicos. Entre ellos, la capacidad de alimentar, proveer casa y vestir a todos; proveer atención médica de alta calidad para cada ser humano; dar suficiente educación para proporcionar una vida intelectual madura; erradicar la guerra; dar suficiente libertad a cada individuo para minimizar restricciones ilegítimas que le impidan disfrutarla; y tener energías limpias que satisfagan la demanda de toda la población. Esto lo dice C. West Churchman el gran experto en análisis de sistemas, en su libro ya clásico, “El Enfoque de Sistemas”.

    Él se pregunta, ¿por qué no los hemos resuelto? ¿qué lo impide? Dice que el problema es que todos estos aspectos se traslapan,  están interrelacionados y presentan por ello, una alta complejidad. No estamos organizados de una manera adecuada para resolverlos.

    Esto lo podemos ver con claridad en México. Tenemos recursos, tecnología,  infraestructura; lo que nos haga falta lo podemos conseguir en el mercado mundial. Pero ha faltado el talento, el know-how y la organización para resolver los problemas de nuestro país.

    Ningún gobierno ha estado a la altura del reto y tampoco la sociedad ha tenido la capacidad para hacerlo. La tarea de dirigir al país se le ha delegado a los partidos políticos, que saben acceder al poder, pero en general, no han sabido gobernar para mejorar la vida de la población. Hace falta tener un gobierno con altura de miras, capacidad intelectual, conocimientos para resolver problemas y con capacidad de ejecución.

    El talento existe en México, aunque esté diezmado por la emigración, no solo de buenos trabajadores, sino de profesionales de todas las ramas que prefieren buscar oportunidades en el extranjero. Por otra parte, para las personas preparadas que se quedan en México, trabajar en gobierno ya no es atractivo.

    El empobrecimiento de los gobiernos se inició en la Ciudad de México a partir de 1997, cuando la oposición empezó a gobernar. Este esquema de desmantelamiento del gobierno bajo el pretexto de la austeridad, que en el gobierno federal se inició con Fox y se profundizó con López Obrador, ha ahuyentado al mejor talento del gobierno,  al reducir sueldos y ofrecer condiciones de trabajo precarias, a la vez que se han abierto las puertas de la corrupción al quedarse funcionarios con capacidades limitadas y sin vocación de servicio público.

   La pérdida de capital humano en el gobierno ha sido devastador y se puede observar en este sexenio en las grandes carencias que existen en materia de educación; el desastre del sistema de salud que ya ha causado más de un millón de muertos; la violencia y la inseguridad que han provocado más de 170 mil asesinatos en este sexenio; el desperdicio absurdo de recursos en proyectos faraónicos sin futuro; la destrucción del medio ambiente con el tren Maya y por el uso de energías sucias; el lamentable manejo de la infraestructura de comunicaciones tal como la cancelación del nuevo aeropuerto de la ciudad de México y su sustitución con un aeropuerto sin uso y sin futuro; el abandono al campo; el fracaso en el combate a la corrupción; entre muchos otros aspectos de la vida pública.

   Revertir la destrucción del talento en áreas de gobierno tomará años y requerirá políticas de recursos humanos de vanguardia. No solo mejorar sustancialmente sueldos y prestaciones, sino modificar procesos de trabajo para que las instituciones den resultados.  Se tendrá que desplazar a los recomendados que han llegado a poblar los puestos de todo el gobierno,  cada vez con menos talento, vocación o capacidad y detener una corrupción creciente y sin freno.

   La próxima presidenta de México hereda un país que tiene todo el potencial para resolver sus problemas. Está por verse si podrá siquiera detener el proceso de deterioro. Una candidata dice que, como ingeniera, sabe cómo resolver problemas y que puede hacerlo con los de México;  la otra dice que continuará con lo que se ha venido haciendo este sexenio, lo cual apunta a empeorar la situación. Ambas están por recibir un país en crisis y debemos ayudar a quien quede de presidenta, a sacar adelante al país.

   El Prof. Churchman creía que con la ingeniería de sistemas se podían resolver los complejos problemas que enfrenta la humanidad. Desafortunadamente no veo en el panorama nacional a expertos proponiendo soluciones. Solo se escuchan propuestas que son más de lo mismo, sin imaginación, ni técnica.   

    Yo creo que sí se pueden resolver los problemas de México. Ojalá tengamos los liderazgos que lo logren. Se lo debemos a quienes están pensando huir a países que funcionan bien, pero sobre todo,  a los que no tienen posibilidades de salir del país, pero que sí tienen derecho a vivir mejor. 

CORRUPCIÓN EN AUGE

 

Por: Octavio Díaz García de León

     Con frecuencia escucho a personas que se quejan de la corrupción que existe en el gobierno. Pero también noto un tono de resignación,  por lo que personas normalmente honorables,  prefieren convivir con ella dando mordidas para agilizar trámites, no pagar multas, hacer cosas que no permiten las normas o para obtener favores de funcionarios de gobierno, entre muchas otras formas de corrupción.

   Siempre hay un mecanismo de justificación: “me sale más barato”, “pierdo menos tiempo”, “no puedo hacer nada al respecto”, “ si no pago me van a perjudicar”, “de nada sirve denunciar”, “todo sigue igual y no castigan a los corruptos”. El argumento suele ser en el fondo: “ellos son los malos, no yo”. Pero la realidad es que se necesitan dos partes para que haya corrupción: el que la ofrece y el que la recibe y del lado del que la ofrece, hay muchos cómplices en los procesos de corrupción.

   Hay formas de corrupción que más bien son extorsiones, como las que realizan los policías o la Guardia Nacional cuando detienen a conductores y transportistas para exigirles dinero, aún si todo está en regla. En esto se distinguen poco de la delincuencia organizada que cobra derecho de piso, por ejemplo. De hecho, compiten con ella.

   Por otra parte, tenemos a la gran corrupción la cual es enormemente dañina porque no solo los montos involucrados son mucho mayores, sino la afectación al bien público se multiplica. Un tren o un metro mal hecho,  o un sistema de salud que no funciona, causa muertes.

   Pero esta corrupción se oculta mejor, pues para descubrirla se requieren investigaciones especiales de lavado de dinero, auditorías forenses y otro tipo de herramientas que solo están al alcance del propio gobierno, ya sea través de la Secretaría de la Función Pública, de la Unidad de Inteligencia Financiera o a través de la Auditoría Superior de la Federación. Cuando estas instancias no funcionan o su libertad de acción se ve coartada, la gran corrupción prolifera.

    Recientemente se han dado a conocer reportajes que implican a la familia del presidente López Obrador en actos de corrupción y tráfico de influencias. También se han publicado recientemente varios casos de posibles actos de corrupción que involucran a altos funcionarios del gobierno.  

    Llama la atención que ante estos reportajes y notas periodísticas, las instancias de fiscalización e investigación correspondientes, tales como la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Anticorrupción o la Secretaria de la Función Pública,  no hayan manifestado públicamente que se investigará estas denuncias.

   Tampoco observamos una instrucción presidencial para que se investiguen estos reportajes por las instancias mencionadas,  para ver si tienen méritos las denuncias y las supuestas pruebas. Lo que hay es una gran ausencia de acciones por parte de las autoridades encargadas de combatir la corrupción en torno a estas revelaciones o, por lo menos, un gran silencio en torno a ellas. Ni que decir del Sistema Nacional Anticorrupción que tampoco se ha pronunciado al respecto y con lo cual se manifiesta una vez más, su falta de eficacia.

    En contraste, recuerdo el caso de la "Casa Blanca de las Lomas" en donde el presidente Peña salió a disculparse y a ordenar una investigación al Secretario de la Función Pública para dilucidar si existió conflicto de interés en la adquisición de dicha mansión.   Como era de esperarse, dado el propio conflicto de interés que había en que un subordinado investigara al presidente y no una instancia independiente, la investigación acabó exonerando al presidente Peña y su esposa.

   Pero por lo menos hubo investigación y los resultados de esta se pusieron a disposición de todo el público a través de internet, aunque ya no están disponibles. Estas revelaciones detuvieron la construcción del tren a Querétaro y la ex primera dama tuvo que deshacerse de esa casa.

    Finalmente es importante señalar la participación de empresarios en estos actos de corrupción. En chats y conversaciones diversas me percato que algunos de ellos están contentos con esta administración porque les están dando negocios, algunos de ellos de manera ilícita.

   Estos empresarios no tienen escrúpulo alguno en participar en actos de corrupción, pues lo ven como algo natural, como el costo de hacer negocios con el gobierno y no se paran a pensar en que violan la ley y en el daño que le hacen al país. Los gobernantes corruptos saben que a los empresarios con los que hacen negocios no les interesa el país, sino enriquecerse, y se aprovechan de ello.  

    Urge retomar el combate a la corrupción de manera decidida para evitar el enorme daño que ésta le causa al país. Esperemos que sea una prioridad para la próxima presidente y ojalá los empresarios que hacen negocios mediante la corrupción, tomen conciencia del daño que le hacen al país, para que dejen de ser cómplices en estos procesos.

TENER O NO TENER HIJOS

 

Por: Octavio Díaz García de León

   Llama la atención que los jóvenes en edad de tener hijos ya no quieren tenerlos. Prefieren adoptar mascotas tales como perros o gatos,  con los cuales han venido a sustituir a los hijos.

    Desde el principio de la humanidad los hijos se dieron en las peores condiciones de higiene y salud para las madres y para los niños. Sobrevivían unos pocos y en la mayor parte de los casos, al crecer,  se convertían en un instrumento utilitario como ayudantes y fuerza de trabajo para los padres. En muchas ocasiones, su llegada era temida por las madres y no siempre eran deseados.

   La invención de los anticonceptivos vino a dar la posibilidad de regular el número de hijos, su espaciamiento, e inclusive la posibilidad de no tenerlos,  sin necesidad de recurrir a la castidad y otros métodos menos eficaces. Puso además la decisión de embarazarse o no, en manos de las mujeres a quienes, por ello, se les dio la libertad de decidir ser madres o no.  

    Ante estas posibilidades, las mujeres pudieron incorporarse de forma masiva a la fuerza de trabajo y realizar proyectos personales más allá de la maternidad. Esto propició el que se fuera reduciendo el número de hijos por pareja, originando la inversión de la pirámide poblacional y ocasionando que haya más viejos que jóvenes.     

   Hay otros aspectos que han favorecido esta tendencia:  Económicos:  La dificultad para tener vivienda propia que albergue una familia; el costo de la educación, salud y el mantenimiento de los hijos por lo menos durante 20 años (llegan a ser más años) . Falta de tiempo: No existe una infraestructura de calidad que ayude a cuidar a los hijos auxiliando a los padres. Otras responsabilidades: Los jóvenes también se han visto forzados a hacerse responsables de adultos mayores, cada vez más longevos,  los cuales también carecen de infraestructura adecuada para sus cuidados. Personales: la falta de vocación parental; la pérdida de libertad para viajar, salir y divertirse; la imposibilidad para lograr proyectos de vida propios por atender a los hijos.

   También está la duda existencial propia de nuestra época secular. Si la vida no tiene propósito; si cada uno debe buscarse una razón de ser; si cada persona debe ser como Sísifo subiendo una roca a la montaña para al día siguiente volver a hacer lo mismo todos los días de su vida, con trabajos monótonos que no traen satisfacción o que solo sirven para generar ingresos para gastarlos en productos que no compran la felicidad, ¿qué perspectiva se le puede ofrecer a un hijo en un mundo así, que carece de sentido y que suele traer más sinsabores que dichas?

    Es así como tener hijos ya no es una decisión fácil. No todos los jóvenes están dispuestos a sacrificar tiempo, dinero y esfuerzo por el proyecto de vida de los hijos, el cual además, les debe ser ajeno,  pues se les debe criar para hacerlos adultos independientes, que realicen su propio proyecto de vida y no el de los padres.

   Tener hijos es pues un propósito bastante altruista, de largo plazo y además,  incierto. No se sabe qué tipo de dificultades acarreará la vida de los hijos a los padres. Todo esto lo observan los jóvenes en el entorno en el que fueron criados y si las condiciones para su propio crecimiento no fueron las mejores, seguramente también influirá en su decisión de no repetir malas experiencias.

    Sin embargo, considero que la experiencia de formar una familia es un proyecto que vale la pena y acarrea muchísimas satisfacciones. Por ejemplo,  la satisfacción emocional de una relación padre-hijo; el conservar las tradiciones y valores familiares; el continuar el legado familiar; el disfrutar la compañía que proporcionan los hijos; el tener  apoyo y compañía en la vejez; el satisfacer el instinto biológico de reproducirse;  el formar una familia como una forma de aprender nuevas capacidades y adquirir una perspectiva sobre la vida más completa; el formar hijos para que aporten positivamente a la sociedad; el amor incondicional padres-hijos que es algo profundo e irreemplazable; o sencillamente por el  simple gusto de tener hijos como una forma de orgullo, satisfacción y autorrealización.

    Lo que hace falta es la infraestructura de apoyo para que los proyectos de vida de los jóvenes padres no se frustren por tener hijos. Por ejemplo,  proporcionar ayuda económica; dar infraestructura para cuidados de los niños fuera del hogar; otorgar tiempo libre para atenderlos; dar capacitación para educar a los hijos y no llegar como unos improvisados a la paternidad.

    El Estado tiene una gran tarea para apoyar a los padres en estos aspectos y la sociedad tiene pendiente la tarea de darles razones a las jóvenes parejas para tener hijos: que vean el lado positivo y tengan los apoyos necesarios para que los prefieran a sus mascotas, pero siempre, respetando su decisión.  

ESPIONAJE TELEFÓNICO

Por: Octavio Díaz García de León

 

    En mi artículo anterior en esta columna mencioné la existencia del malware de intervención telefónica llamado Pegasus, desarrollado por la empresa israelita NSO. Este programa permite espiar a través de teléfonos celulares, sin que la persona atacada se entere, con el cual se puede tener acceso a toda la información que está en el aparato y escuchar y leer todas sus comunicaciones.

    Además, permite tener acceso al micrófono para escuchar lo que ocurre en el entorno del teléfono y a las cámaras del aparato para observar lo que estas captan, sin importar si está el aparato apagado.  Con este malware, el smartphone se convierte en uno de los aparatos de espionaje más poderosos que se han desarrollado.

   De acuerdo con notas publicadas en el periódico Reforma y Animal Político, en días recientes ha sido llevado a juicio un empleado de una filial de la empresa Grupo KBH propiedad de dos personas de origen israelita, la cual,  bajo contrato con autoridades del gobierno mexicano, en el sexenio de Peña Nieto intervino con Pegasus a periodistas como Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y  empresarios destacados como Germán Larrea, Carlos Slim y directivos de Televisa.

   Un testigo protegido que proporcionó esta información dijo que la lista de los objetivos de espionaje contenía 1,500 teléfonos, pertenecientes a personajes relevantes de la vida nacional. Las intervenciones las realizaba esta empresa por   del entonces Secretario de Gobernación y del entonces Director General del CISEN.

   Según el libro Pegasus recién publicado y escrito por quienes encabezan a la organización Forbidden Stories, quienes dirigieron a un consorcio de periodistas  de todo el mundo para investigar el uso ilegal de Pegasus, revela como recibieron una lista de 50,000 teléfonos intervenidos, de los cuales 15,000 números eran de México, haciendo a nuestro país el usuario más grande del mundo de Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto. 

   De acuerdo con notas del New York Times,  Pegasus continúa siendo utilizado de forma exclusiva por los militares mexicanos y ahora ellos  son el usuario más grande a nivel mundial, de este malware. Entre las personas espiadas en esta administración se encuentran defensores de derechos humanos, periodistas, funcionarios, etc.  El gobierno de México ha pagado 60 millones de dólares por usarlo.

    Seguramente Pegasus ha sido adquirido mediante las partidas presupuestales, dedicadas a gastos de seguridad nacional, las cuales en el sexenio de Peña crecieron significativamente, ya que entre 2013 y 2018 ascendieron a 65 mil millones de pesos, de los cuales 14 mil millones fueron ejercidos por el CISEN, cifra que representó el 45% de su presupuesto.

   Estas partidas se manejan con un alto grado de secrecía y carecen de una rendición de cuentas adecuada.  Actualmente buena parte de este dinero se utiliza para pagar bonos extraordinarios a funcionarios que se supone corren riesgos, aunque revisando la lista, para muchos de ellos es solo un sobresueldo que no se justifica.

    Este malware es de gran utilidad para combatir a la delincuencia organizada, a funcionarios y empresarios corruptos y a otros malhechores.  Pero que sea utilizado para espiar a ciudadanos inocentes representa una falla en la operación de la inteligencia gubernamental, al estarse violando leyes y con ello, amenazar a nuestro régimen democrático.

    Por ello, requiere que haya supervisión y vigilancia independiente sobre su uso, para evitar espiar a personas sin vínculos criminales o que se pretenda utilizar esta información para poner en riesgo vidas o someter a presiones y amenazas a personas que pueden ser molestas para el régimen en turno.  

   Sería conveniente una revisión a la Ley de Seguridad Nacional ya que actualmente la única instancia que puede solicitar intervenciones de comunicaciones es el Centro Nacional de Inteligencia, antes CISEN, y darle un sustento legal adecuado a las actividades de espionaje que legítimamente realiza el gobierno federal.

    Es conveniente, a la vez, que haya un estricto control de las importaciones tanto de hardware como de software para el espionaje,  las cuales deben ser tratadas con las restricciones propias de armas ofensivas de uso militar, pues ya se vio que la empresa israelita NSO operó libremente en México vendiendo este malware a gobiernos estatales y empresas privadas.   

    También se requiere una mayor supervisión y limitación a los gastos de las partidas de seguridad nacional, ya que como se vio, los gastos al amparo de estas partidas en el sexenio de Peña Nieto se convirtieron en la nueva partida secreta del presidente o de los secretarios que la ejercieron y, más recientemente,  en pretexto para pagar importantes sobresueldos.

   Es conveniente que el gobierno use estas herramientas de espionaje de grado militar para combatir a la delincuencia pero, a su vez, debe existir una regulación estricta que impida su uso para violar los derechos humanos de personas inocentes. 

DEPENDER DE TELÉFONOS INTELIGENTES

 

Por: Octavio Díaz García de León

    El teléfono, patentado por Alexander Graham Bell en 1876, fue un gran avance técnico. La posibilidad de comunicarse a distancia entre dos personas amplió las posibilidades de actuación de los seres humanos. Sin embargo, al estar conectados los teléfonos mediante cables,  hacía imposible su movilidad.  

    En la década de los cincuenta del siglo pasado surgieron los primeros teléfonos inalámbricos. Eran aparatos difíciles de transportar y solo podían funcionar unos pocos al mismo tiempo. No fue hasta finales de los años setenta que se desarrolló la tecnología celular, con la cual se puede reutilizar el espectro radio eléctrico y elevar la capacidad de la red, casi sin límites. 

   Los teléfonos móviles pasaron de ser toscos y muy caros hasta alcanzar tamaños de bolsillo y precios accesibles. Pero su uso estaba limitado a hacer llamadas de voz y mandar algo de texto. La introducción del iPhone de Apple en 2007 ocasionó una revolución en el mundo de la tecnología personal. Esto, aunado a la evolución de la tecnología celular, la cual ya va en la quinta generación (5G), y la liberación de nuevas frecuencias, permitió la explosión del mercado de telefonía móvil en todo el mundo. En México hay 97 celulares por cada 100 personas,  similar al resto del mundo.

   Son tales las capacidades del celular “inteligente”, que la dependencia de estos se ha vuelto preocupante. Por ejemplo el acceso a servicios bancarios.  Desde el celular se manejan ahorros, pagos, transferencias, cobros y se sustituyen los pagos con tarjetas o en efectivo. 

    Estos celulares han sustituido a las cámaras fotográficas y de video. Los álbumes fotográficos pueden residir en estos aparatos o en la “nube”. Se puede acceder a toda la música grabada comercialmente; a películas, series documentales y cualquier material audiovisual; sintonizar la televisión o el radio; recibir y enviar correos;  leer un libro, periódico o revista; ver la hora, el clima, recibir alertas sísmicas, etc.

    Para abordar un avión, entrar a un espectáculo o a cualquier lugar que antes requería un boleto físico, ahora basta con presentar un código generado en el teléfono. También se puede solicitar un viaje en carro de alquiler; un cuarto de hotel o un alojamiento vía servicios como Airbnb. Con las redes sociales se posibilita la comunicación con grandes auditorios.

   También se puede vigilar el estado de salud personal, el ejercicio realizado, observar los signos vitales y compartir esto con el médico en tiempo real. Además, en caso de emergencia,  se realizan llamadas automáticas de auxilio y se puede localizar a una persona extraviada, mediante su celular.

    Se usan para conducir un vehículo mediante un mapa electrónico que guía al conductor en tempo real,  con información de embotellamientos y ofreciendo rutas alternativas.  Existen millones de servicios y aplicaciones a las que se puede acceder a través de un teléfono “inteligente”.

  Todo esto va creando una riesgosa dependencia del aparato y los servicios que provee, de lo cual somos poco conscientes,  hasta que perdemos el aparato.

   Si a eso agregamos que gracias a programas de espionaje como el malware Pegasus, del que las autoridades de México son el usuario más grande del mundo (El gobierno de México cuenta con alrededor de 15,000 licencias para intervenir teléfonos), el panorama se puede volver distópico.

   El malware de Pegasus permite a quien interviene el teléfono, sin que la persona atacada se entere,  tener acceso a toda la información que está en este, tal como fotos, direcciones, agenda, mensajes o correos y puede escuchar o leer cualquier tipo de comunicación. También otorga acceso al micrófono, a la cámara y a la ubicación en tiempo real, no importando si está encendido el teléfono o no. Para el espía se convierte en la mejor herramienta para conocer toda la vida e información del espiado. 

   En teoría,  solo los gobiernos pueden tener acceso a estas licencias para combatir a delincuentes,  pero en México no es un consuelo, porque si bien se sabe que se espía a malhechores, con gran frecuencia se usa para espiar a periodistas, opositores, altos funcionarios y otros objetivos de interés para el gobierno. Las autoridades solo deberían usar estas herramientas por razones legalmente válidas y dejar de espiar a opositores y personajes incómodos. 

    Ser tan dependientes de los teléfonos “inteligentes”, por útiles y avanzados que sean todos los servicios que ofrecen,  es preocupante. Especialmente cuando de ellos pueden depender salud, finanzas, seguridad y vida privada de los usuarios. El hecho de que toda esa información y actividad pueda ser extraída y usada en perjuicio de las personas,  es un ataque a la privacidad y al estado de derecho.  

    Es oportuno valorar hasta donde se está dispuesto a depender de estos aparatos considerando los riesgos que implica su uso. En todo caso, se deben tomar medidas para evitar una dependencia excesiva de ellos; para no exponer la privacidad,  la seguridad física y la financiera;  y evitar que gobiernos los usen de forma ilegal.

 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN: PROMESA INCUMPLIDA

 

Por: Octavio Díaz García de León

     Está por terminar el sexenio del presidente López Obrador y más allá de que no le dejará al país un sistema de salud como el de Dinamarca después de los 800 mil muertos por el mal manejo de la pandemia, el acabar con la corrupción será otra de sus grandes promesas incumplidas.

   De nada le sirvió al presidente repetir en sus conferencias mañaneras que la corrupción había terminado, siendo que en su administración ocurrió el peor caso de corrupción por monto económico de que se tenga memoria: el de Segalmex por alrededor de 20 mil millones de pesos. En comparación, los casos de la “Estafa Maestra”, el “Toallagate” o la “Estela de Luz” en los sexenios de Peña, Fox y Calderón respectivamente, son muy menores.  

   Además, quedaron impunes los principales actores de la “Estafa Maestra” y nunca aparecieron los supuestos actos de corrupción relacionados con el cancelado aeropuerto de Texcoco o con los fideicomisos desaparecidos.

   Pero no es el único caso de corrupción en esta administración. De quedar la oposición al frente del gobierno el próximo sexenio, probablemente se revelen, investiguen y sancionen los casos que han permanecido ocultos. Pero, de continuar el mismo partido, difícilmente se investigarán casos de corrupción mayores o incluso aquellos donde se copiaron los mecanismos de la “Estafa Maestra”. Por ello, es importante la alternancia como mecanismo de combate a la corrupción.

    ¿Qué es lo que ha sucedido en materia de combate a la corrupción este sexenio? El Sistema Nacional Anticorrupción se volvió prácticamente irrelevante. No ha tenido iniciativas significativas que mitiguen la corrupción. Contribuye a ello el poco impacto que tienen en materia de combate a la corrupción los integrantes del Sistema, dado que solo uno de estos tiene como mandato legal el combatirla. Por ejemplo:

 ·         El INAI, con problemas por manejos inadecuados al interior de la institución y por la falta de nombramiento de comisionados, ha tenido poco impacto en divulgar información pública de posibles actos de corrupción. Especialmente cuando el gobierno ha aducido motivos de seguridad nacional para no transparentar información de los proyectos emblemáticos de esta administración.

      ·         El Tribunal Federal de Justicia Administrativa continúa teniendo incompleta la Tercera Sección de la Sala Superior, especializada en materia de responsabilidades administrativas,  aunque eso no ha impedido que lleve a cabo sus labores. Sin embargo, los casos que atiende resultan poco relevantes para combatir la corrupción por las deficiencias tanto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas como de las instancias investigadoras.

     ·         La Fiscalía Anticorrupción, dada su gran limitación en recursos,  ha tenido pocos casos de servidores públicos corruptos que hayan sido sancionados con ejemplaridad, siendo que esta Fiscalía debería ser el eje del combate a la corrupción.

      ·         La Secretaría de la Función Púbica, a un año de terminar el sexenio, entró en un proceso de reestructuración radical de los órganos internos de control, desapareciendo una gran cantidad de ellos, cambiándoles atribuciones y centralizando muchas de sus funciones. También quitó de la denominación de sus áreas más importantes,  la referencia al combate a la corrupción, que había prevalecido en la gestión de la exsecretaria, la Dra. Sandoval, ya que en su mandato legal no está el combatir la corrupción. Tampoco ayuda el que se hayan reunido en esta Secretaría las adquisiciones consolidadas del gobierno federal y funciones relacionadas con adquisiciones, al convertirse en fiscalizador y actor en esta materia,  con el posible conflicto de interés que conlleva. Esta cirugía mayor,  difícilmente se consolidará en lo que resta del sexenio como para dar resultados tangibles.

    ·         El Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a la cual querían desparecer, han mantenido un perfil muy bajo de actuación y poco se sabe de cómo contribuyen a combatir la corrupción.

     Por ello,  los indicadores más importantes que miden la corrupción, uno derivado de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que elabora el INEGI y otro, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que produce Transparencia Internacional, no han reflejado ninguna mejoría significativa en el combate a la corrupción en este sexenio. El IPC se ha sostenido sin cambios en los últimos tres años, manteniendo una muy mala calificación y posicionamiento de México,  con respecto al resto de las naciones.  

    La tarea para el próximo sexenio, si es que existe un verdadero interés en combatir la corrupción, será monumental. Las reformas que se requerirán pasan por replantear el Sistema Nacional Anticorrupción, modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas que tiene tantas deficiencias,  fortalecer a la Fiscalía Anticorrupción aumentando muy significativamente sus recursos, volver a replantear la estructura y el papel de la Secretaría de la Función Pública,  y ya no etiquetar a las otras instituciones como combatientes de la corrupción ya que no tienen en su mandato legal el hacerlo. Ojalá ahora sí,  en el próximo sexenio, se haga algo por combatir la corrupción.

LA TRAGEDIA EN ACAPULCO

 

 

“Errados filósofos que proclaman “Todo está bien”,

Acudan, contemplen estas ruinas horrendas,

Estos deshechos, estos jirones, estas cenizas malaventuradas,

Estas mujeres, estos niños apilados los unos sobre los otros,

Bajo los mármoles quebrados, sus miembros desperdigados;

Cien mil desdichados devorados por la tierra,

Sangrando, desgarrados, agonizantes,

Sepultados bajo sus techos, acaban sus lamentables días,

Desamparados, en el horror de los tormentos.”

 

Voltaire

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

      Una tormenta tropical que parecía no representar ningún peligro para la costa de Guerrero, en el lapso de 12 horas se convirtió en un huracán categoría 5, es decir el máximo en fuerza y peligrosidad, entrando por Acapulco con toda su potencia.

    El daño causado al puerto de Acapulco es incalculable y la prioridad es ayudar al millón de habitantes que resultaron afectados gravemente. Al momento de escribir estas líneas la cifra oficial de muertes ascendió a 43 personas, pero es probable que la cifra sea mucho más alta. Las autoridades habían reportado 36 desaparecidos, pero también quizá sean muchos más. Aún peor, se puede dar una enorme tragedia humanitaria por la falta de agua y alimentos si no se atiende la emergencia. Por lo pronto, se estiman las pérdidas económicas entre 10 y 15 mil millones de dólares.

   Voltaire, en su Poema sobre el desastre de Lisboa, pone en duda la existencia de un Dios benevolente y de que este sea el mejor de los mundos posibles, como lo argumentaba Leibnitz, ante el enorme terremoto, tsunami e incendio que destruyó Lisboa el 1 de noviembre de 1755, causando alrededor de 100 mil muertos.

   En nuestro país, el actual gobierno ha tratado de vendernos que el México de la 4T es el mejor México posible y que los gobernantes emanados de MORENA son benevolentes. Esto a pesar de su responsabilidad en las 800 mil muertes por la pandemia de COVID, en el fallecimiento de los niños con cáncer por falta de tratamiento, en los 35 mil asesinados por la inseguridad cada año y en atender a los damnificados en Acapulco.  Desafortunadamente hay muchos cándidos que creen en las bondades del actual gobierno, a pesar de las evidencias.

   La reacción ante el desastre de Acapulco es una muestra más de la incapacidad de los tres niveles de gobierno, todos de MORENA en este caso. No fueron capaces de reaccionar a tiempo para advertir a la población, a pesar de que una aplicación para celulares podía haber advertido del peligro unas horas antes; no previeron lo necesario para hacer frente a un desastre de esta magnitud porque no estaban preparados para esperar lo peor. Tampoco han sabido reaccionar con rapidez ante la magnitud de la tragedia y en lugar de aplicar toda la fuerza del Estado, su presencia ha sido ineficiente. Aunque al principio parecía que había órdenes a los militares de detener las ayudas de la sociedad, ésta ya está fluyendo.   

   Algunos reclamos sobre el manejo del desastre se han concentrado en la desaparición del FONDEN, un fideicomiso que contaba con recursos para afrontar calamidades como la que se acaba de presentar en Acapulco y que el actual gobierno desapareció. Pero el problema no es el dinero, ya que este puede obtenerse de alguna parte, sino la capacidad del Estado mexicano para usar bien ese dinero y responder a esta contingencia. Desafortunadamente, ya había una ausencia del Estado en Acapulco al dejar el puerto en manos del crimen organizado,  quien vive del tráfico de drogas,  del cobro de derecho de piso y del robo, en total impunidad. Ante esta tragedia,  se resiente aún más la ausencia del Estado mexicano.

  En el corto plazo urge resolver el problema de seguridad, buscar a los desaparecidos, abastecer de electricidad, gasolina, medicinas, servicios médicos, alimentos, agua, techo, etc. a la población. En el largo plazo, la reconstrucción deberá acelerarse para que el millón de habitantes de la zona recupere sus viviendas y fuentes de sustento.  De otra forma se generará un problema social de enormes dimensiones. Pero esta tarea tardará años.

  La sociedad civil ya está respondiendo con la solidaridad que le caracteriza y se puede repetir la experiencia del gobierno de Miguel de la Madrid cuando,  ante  su pasividad y lentitud ante el sismo de septiembre de 1985,  la sociedad tomó en sus manos el rescate de la ciudad de México. El gobierno no debe temer a este ayuda, sino encabezarla. Lo que urge es salvar las vidas de los cientos de miles de damnificados.

  La reconstrucción de Acapulco será difícil y tomará tiempo. Hará falta la ayuda de los empresarios para recuperar puestos de trabajo y del gobierno para restaurar servicios básicos y la seguridad.  Como en 1985, parece que la única respuesta a la tragedia es la solidaridad de la sociedad ante la falta de preparación de los gobiernos para hacer frente a estas desgracias.