DECLARACIONES PATRIMONIALES

LA SILLA ROTA

         

Por: Octavio Díaz García de León.

La idea:  Todo servidor público está obligado a presentar sus declaraciones de situación patrimonial, posible conflicto de interés y, cuando aplica, la fiscal. Presentarlas no es suficiente para combatir la corrupción. Hacen falta investigaciones especializadas para verificarlas y ver si hubo malos manejos.

   El propósito de que todos los empleados de gobierno presenten estas declaraciones es poder detectar enriquecimientos ilícitos registrados en el aumento de su patrimonio y de sus dependientes.

    Si esta información se hiciera pública, en teoría cualquier persona podría verificar si un servidor público vive más allá de las posibilidades que le da su ingreso. Una sociedad vigilante podría detectar estos comportamientos y denunciarlos.

   En la práctica, ni los funcionarios corruptos declaran todo su patrimonio ni la sociedad civil está dispuesta a investigar y denunciarlos. Por ello, esta función la tiene que realizar el gobierno y ya conocemos las dificultades que existen para abatir la impunidad cuando el gobierno se cuida a sí mismo.

   La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) amplió el número de sujetos obligados a presentar las “3 de 3” declaraciones. De esta forma, desde el 19 de julio de 2017, cinco millones de servidores públicos están obligados a presentarla.

   La mayoría de los nuevos obligados están esperando que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción dé a conocer los formatos que se usarán con este propósito.

   Por lo pronto, 212 mil empleados federales debieron presentar su declaración de modificación de situación patrimonial en el mes de mayo. Todos aquellos que no lo hicieron, podrán ser sancionados, aunque la nueva Ley de Responsabilidades no lo considera una falta grave, como sí lo consideraba la anterior Ley Federal de Responsabilidades.

   Además del reto técnico que representa captar cinco millones de declaraciones en los sistemas informáticos de la Secretaría de la Función Pública, existen otros retos que deberán enfrentarse: no todos los obligados tienen acceso a computadoras e internet; algunos no hablan español; otros se rigen por usos y costumbres; existe personal con discapacidades; y una porción de ellos podrían ser analfabetas.

   Hay preocupaciones sobre toda esta información que estará en manos de las autoridades federales. Si bien su propósito es combatir la corrupción, no está exenta de que se haga mal uso de ella para afectar a los declarantes.

   Por ello, se necesitará que el personal que tenga acceso a las mismas esté sujeto a su vez a vigilancia y los sistemas informáticos tengan las suficientes protecciones para evitar ser hackeados.

   Otra preocupación es cuál información de las declaraciones se hará pública. Se trataría de darles la máxima publicidad sin exceder lo que la propia Ley contempla para proteger datos personales: por ejemplo, los números de las cuentas de banco o de las tarjetas de crédito con sus respectivos saldos (Secreto bancario), la ubicación de los inmuebles, etc.

   Asimismo, la propia Ley contempla que no deberán revelarse datos de las declaraciones que afecten la vida privada de los servidores públicos. En este último caso se podría argumentar que la publicidad del patrimonio de los servidores públicos podría afectar su vida privada al exponerlos a ser víctimas de secuestro o extorsión, por lo cual existe la posibilidad de que quienes no quieran publicitar su información, se amparen.

    Lo que a nadie se le debe negar es su derecho a hacer pública su declaración patrimonial si así lo desea, tal y como ocurre hoy en día.

   Ha transcurrido casi año y medio desde que el Comité de Participación Ciudadana se formó en febrero de 2017 y aún no están listos los formatos.  Pero no es que diseñarlos sea algo complejo, sino que quienes escribieron la LGRA no previeron las dificultades operativas que implicaba incorporar a cinco millones de personas a esta obligación.

   No toda la dificultad está en recabar estas declaraciones. Una de ellas será explotarlas para descubrir actos de corrupción; otra será el verificar si la información es fidedigna; y el cómo encontrar toda aquella información patrimonial que el servidor público oculte.

   Como lo he mencionado aquí, se requieren capacidades de investigación en materia de lavado de dinero para seguir la huella de los recursos mal habidos. Que la Unidad de Inteligencia Financiera forme parte de la Fiscalía General de la República y tanto ésta como la Fiscalía Anticorrupción tengan la independencia y capacidades técnicas necesarias para realizar estas investigaciones.

   La LGRA asigna la tarea de investigar las evoluciones patrimoniales, a la Secretaría de la Función Pública, sus órganos internos de control y sus equivalentes en las entidades federativas. Sin embargo, estas instancias el día de hoy no cuentan con suficientes herramientas para realizar estas investigaciones y tampoco debería ser su función.

   Un buen ejemplo de lo que sí puede funcionar en el combate a la corrupción es la Dirección Anticorrupción Rumana, que opera como una fiscalía independiente y en su equipo de trabajo cuenta con especialistas en banca, economía, finanzas, aduanas y es apoyada por policías judiciales. Un diseño parecido se podría lograr con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción.

   En el tema de declaraciones patrimoniales aún falta mucho por hacer. Lo más importante será cuidar cómo, quién y para qué use esa información, cuál se dará a la publicidad y como se desarrollarán las capacidades para investigar la información allí proporcionada. Será una gran tarea para la próxima administración federal, si es que al próximo presidente le interesa combatir a fondo la corrupción.

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QUEDARON A DEBER

Por: Octavio Díaz García de León.

La idea:  Las élites de nuestro país le han quedado a deber a la población. Por ello, no es de extrañar el enojo antisistema que se manifiesta en la actualidad. Ese encono se va a reflejar en las próximas elecciones y lo grave sería que en lugar de que haya voto de castigo, sea de autocastigo.

      Podríamos llamar élites a aquellas personas que tienen la responsabilidad de dirigir a otras o influyen con sus actos e ideas en la sociedad. Cuando las élites que dirigen a un país fallan, la población lo resiente.

     Si bien, predominan los avances que ha tenido nuestro país, hay aspectos en donde existe estancamiento desde hace décadas o fenómenos recientes que no han sido atendidos adecuadamente, como, por ejemplo: la corrupción, la inseguridad, la pobreza y el bajo crecimiento económico.  

    Y aquí es donde las élites no han estado a la altura de las expectativas de la población. Podemos mencionar a las siguientes élites y algunas de sus deficiencias:

   Gobernantes. Los casos escandalosos de corrupción en muchas entidades federativas y en el gobierno federal, han retrasado el progreso del país debido a la cantidad de recursos desviados para beneficio personal.

    De igual forma, ha habido ineficacia para proporcionar seguridad pública a la población. El número de asesinatos está rompiendo todos los récords, pero además el robo, secuestro, extorsión y otros delitos agobian a todos. Recientemente, los robos a ductos de hidrocarburos y asaltos a ferrocarriles han puesto en jaque la viabilidad económica de PEMEX y algunas regiones del país.

    Ocurre también con la situación económica. Después de dos décadas de relativa estabilidad macroeconómica, ahora observamos tasas de inflación que nos hacen recordar a los años noventa, un peso muy devaluado, deuda pública elevada, bajo crecimiento económico, falta de inversión pública y niveles de pobreza que no disminuyen a pesar de tanto gasto público en programas sociales.

    Partidos Políticos. Algunos partidos políticos y sus dirigencias no se han dedicado a servir a la población sino a servirse de ella. En ciertos casos, sus dirigentes han convertido a los partidos en negocios particulares administrados por familiares. Por otra parte, la repartición de puestos públicos en cuotas y cuates, que han propiciado los partidos, ha dañado la eficacia del gobierno.  

    Empresarios. Si bien los empresarios a finales del siglo pasado jugaron un papel clave para transformar un sistema político enfermo, en este siglo se retiraron de la arena pública. Quizá se sintieron cómodos con los gobiernos en turno, ya que pudieron hacer negocios fomentados por la estabilidad económica, la liberalización de la economía y aprovecharon para venderle al gobierno.  Pero dejaron de ser factor de cambio y en algunos casos se volvieron cómplices y beneficiarios de la corrupción.

    Medios de comunicación. Los medios tradicionales no han cambiado y por eso podrían estar en vías de extinción. Los han venido a sustituir las redes sociales de tal forma que los creadores de opinión pública ahora son aquellos que tienen decenas de miles de seguidores. Muchos de estos nuevos líderes son jóvenes disruptores ajenos al grupo de poder.  Desafortunadamente las redes no tienen los autocontroles que tenían los medios tradicionales y dan lugar a que haya noticias falsas, manipulación mediante bots y otras estrategias de desinformación que utilizan todo tipo de interesados.

   Líderes de opinión. Académicos, artistas, escritores, intelectuales y otras personalidades no han querido o podido ser factor de cambio. Hoy no tenemos un Vasconcelos, un Gómez Morín o un Lombardo Toledano, quienes fueron intelectuales de alto nivel y además hombres de acción capaces de competir en la arena política. Los actuales líderes de opinión prefieren quedarse cómodamente en sus trincheras sin pasar a la acción.

    El resultado de las fallas de estos grupos que dirigen en gran medida al país es un gran enojo social. Las fallas que percibe la población de sus dirigentes son amplificadas por redes sociales histéricas. Si bien este descontento probablemente no llegará a la acción, como ocurrió en la “Primavera Árabe” de 2011, el descontento que solo se manifiesta en palabras no deja de ser preocupante, especialmente cuando alimenta al proceso electoral.  

   Sin duda habrá voto de castigo en las próximas elecciones: contra los gobernantes que no han hecho bien su trabajo, contra los partidos políticos que se han alejado de los ciudadanos, contra el “Sistema” que no ha satisfecho todas las expectativas de la población. Lo peor sería que el voto sin razonar se convierta en voto de autocastigo.

    Es tiempo de que se recompongan las élites incorporando a gente nueva con otros valores, diferentes capacidades a los tradicionales, con ganas de crear disrupciones positivas, orientadas hacia el futuro, basadas en nuevas tecnologías y abiertas al mundo. Es tiempo del cambio generacional, que lleguen jóvenes líderes a dirigir al país y los viejos se alejen de las esferas del poder, para que México no siga atado al pasado.  

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EL MECANISMO DE LA CORRUPCIÓN

LA SILLA ROTA

Por: Octavio Díaz García de León.

A cualquiera que tenga interés en combatir la corrupción le haría bien ver la serie “El Mecanismo” que aparece en Netflix. Esta serie es una dramatización de la investigación que se llevó a cabo en Brasil para descubrir uno de los casos de corrupción más notorios en Latinoamérica y que ha involucrado a presidentes y funcionarios del más alto nivel no solo en Brasil sino en otros países del continente.  En México involucra al ex director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin.

La investigación llevada a cabo en Brasil para descubrir una gran red de corrupción llamada “Lava Jato” o “Autolavado” en español, ha llevado a la cárcel en aquel país a funcionarios del más alto nivel, diputados, senadores e importantes empresarios. También llevó a la cárcel al expresidente Lula Da Silva e involucró a la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, quien fue destituida.   

El método de investigación que se siguió ya lo he mencionado con anterioridad (Artículo): seguir la pista del dinero.  En el caso brasileño, expertos en lavado de dinero investigaron  una serie de operaciones extrañas en una casa de cambios ubicada en un autolavado y de allí fueron desenmarañando una madeja que llevó a las más altas esferas del gobierno y del empresariado brasileño (Lava Jato).

Algunos ingredientes que se requirieron para que esta operación fuera exitosa, fueron:

• ·       Policías honestos y comprometidos con su trabajo, dispuestos a llegar a donde fuera necesario, sin temor a las represalias.
• ·    Un juez federal de distrito, alejado de las esferas del poder, con la independencia y arrojo para perseguir a los inculpados.
• ·   Un buen sistema de investigación de lavado de dinero con agentes competentes
• ·         Un ministerio público con independencia y valor para llegar a las últimas consecuencias.
• ·         Un sistema de investigación de flujos de dinero que les permitió descubrir las complicadas maniobras financieras que llevaron a cabo los empresarios y funcionarios corruptos.
• ·         Una opinión pública cansada del abuso de empresarios y malos servidores públicos, que aplaude la aplicación de la ley y condena a los políticos corruptos. 

En una de las escenas de la serie televisiva, uno de los agentes, incorruptible y obsesionado por hacer justicia y quien ha tenido que abandonar el servicio público, pero sigue apoyando a sus colegas, se pregunta, ¿en qué consiste el mecanismo de la corrupción?  Se lo pregunta mientras observa a su hija que juega en una tableta con una aplicación que produce imágenes de fractales y entonces tiene una epifanía.

En un pizarrón ha puesto un círculo que explica la corrupción: el funcionario público que contrata bienes u obras con sobreprecio; el contratista beneficiario que a su vez pasa parte del sobreprecio a un lavador de dinero; el lavador que lo regresa en forma de soborno a los políticos y al funcionario cómplice; los políticos beneficiados que a su vez nombran a los funcionarios corruptos; y así se cierra el ciclo de la corrupción.

El agente resulta víctima de un esquema de corrupción con un servicio municipal, y se da cuenta que el mecanismo se reproduce a todos los niveles:  la corrupción se da con el mismo patrón desde las más altas esferas del gobierno hasta los niveles más bajos de los gobiernos locales.

 Por ello la imagen de un fractal  describe también al mecanismo de la corrupción, como una reproducción al infinito de patrones que se repiten desde lo más grande hasta lo más pequeño. Ocurre en Brasil, pero también ocurre en México.

¿Será posible que en nuestro país se dé una investigación como la de Lava Jato? Todavía está por verse. Los elementos que lo hicieron posible en Brasil aún no están listos en México. El Poder Judicial no es tan independiente del poder político; aún no hay fiscalías ni fiscales autónomos; no se ha usado la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para combatir la corrupción; el Sistema Nacional Anticorrupción avanza lento; no se han nombrado magistrados anticorrupción, etc.

Mientras los funcionarios dependan de los políticos para sus puestos, no haya empresarios que rechacen ser parte de la corrupción, no haya políticos y funcionarios honestos, no sea eficaz el combate al lavado de dinero, el mecanismo de la corrupción difícilmente se romperá.

A los candidatos a la presidencia les hacen falta propuestas integrales de como romper este círculo vicioso. Se han presentado medidas aisladas, algunas importantes, pero sería conveniente que hubiese una visión integral y, sobre todo, ganas de llevarla a cabo una vez que alguno de ellos gane.  

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ROBO DE GASOLINA

Por: Octavio Díaz García de León

    Una de las novedades que nos ha dado la reforma energética es el encontrarnos con gasolineras que no son franquicias de PEMEX. Marcas internacionales como Shell, BP, REPSOL y EXXON han entrado al mercado mexicano. La buena noticia es que por fin está habiendo competencia en la venta de gasolina al menudeo y se empiezan a ver sus ventajas para el consumidor; la mala, es que los precios han aumentado y no solo por haber desaparecido el subsidio a las gasolinas, sino por otros factores.

     ¿Por qué es buena la competencia? Les comento algo que me sucedió. Hace poco fui a cargar gasolina a una estación de la española Repsol en la CDMX, atendida solo por mujeres. Este lugar llama la atención por las filas de coches que esperan para cargar allí a toda hora. Un indicio de que es una gasolinera exitosa es la cantidad de taxis que cargan allí, porque para ellos es el insumo más importante para su trabajo.

    Le pregunté a la persona que me atendió a que se debía el éxito de la gasolinera. Después de todo, es la misma gasolina que proporciona PEMEX a los demás. Su respuesta fue sencilla y contundente: “damos litros completos y además le agregamos un aditivo a la gasolina”.

    Allí está uno de los primeros beneficios de la competencia. Creo que todos hemos padecido el robo que realizan las gasolineras al vendernos litros incompletos. Aprovechando la computadora de viaje de mi auto he determinado cuanto roban en las gasolineras y esta cifra oscila entre un 5% y 10%.

    No es difícil hacer el cálculo. Hay que llenar el tanque; llevar un registro de los kilómetros recorridos; se vuelve a llenar el tanque y se anota cuantos litros cobraron. Dividimos los kilómetros recorridos entre los litros comprados y obtenemos el rendimiento en kilómetros por litro.  Se compara esta cifra de rendimiento con el que indica la computadora de viaje y se determina la diferencia. En mi caso, la computadora siempre indicaba un rendimiento más alto. Hagan la prueba.

    De muy poco han servido los operativos que realiza la PROFECO pues no tienen suficientes inspectores y la práctica es generalizada. Por lo menos todo indica que las compañías extranjeras no vienen a robarnos y hasta un aditivo le agregan a la gasolina sin cobrar por él, porque es su manera de ganar mercado. Quienes sigan robando, poco a poco perderán a sus clientes.

    Si bien la mayoría de las empresas extranjeras siguen comprando la gasolina a PEMEX, algunas ya están buscando maneras seguras de importar y transportar sus propias gasolinas sin utilizar los ductos de PEMEX, aunque resulte más caro. Tal es el caso de Exxon que ya anunció que importará su gasolina por ferrocarril.

    Y es que el robo de combustible no solo se da en las bombas que nos surten de gasolina. Se da en la extracción ilegal que se realiza en los ductos. Bandas bien organizadas de delincuentes, apoyados en algunos casos por trabajadores y ex trabajadores de PEMEX, roban 30 mil millones de pesos al año en gasolinas. https://www.forbes.com.mx/el-robo-de-gasolina-le-cuesta-30000-mdp-anuales-a-pemex/. En el periodo 2013 a 2017 se detectaron 28,736 tomas ilegales en los ductos.

    No solo es un problema grave para PEMEX, sino que ya se ha convertido en un problema relevante de seguridad pública al vulnerarse una de las infraestructuras más valiosas para la economía del país. La delincuencia organizada se ha apoderado de este negocio ilícito y no solo son grupos de sicarios los que la manejan, sino que involucran a comunidades enteras, incluso mujeres y niños, para cometer estos delitos. Por si fuera poco, también se han diversificado últimamente en el asalto a trenes para el robo de mercancía.

    Pero no solo es la delincuencia organizada quien saquea a Pemex. Se han despedido a decenas de malos trabajadores de Pemex por también estar dedicados al robo dentro de las instalaciones de la empresa. Otros cómplices de los delincuentes que extraen el combustible son las redes de gasolineros que venden el combustible robado. 

    Al final de cuentas las pérdidas que absorbe PEMEX se ven reflejadas en los precios a los que se vende la gasolina y los clientes de las gasolineras y los contribuyentes, somos quienes acabamos pagando el robo y las ineficiencias derivadas de la inseguridad.

    Si se quisiera mejorar el precio de la gasolina, se podría empezar por evitar los robos: desde los que ocurren en las bombas de las estaciones de servicio hasta las perforaciones de ductos.

     A la reforma energética le urge una reforma que permita mejorar la seguridad pública y evitar el robo de combustibles en toda la cadena de valor. Ojalá el gobierno del próximo presidente esté dispuesto a combatir este cáncer que está destruyendo a la industria petrolera y al país.

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TECNOLOGÍA PARA EL BUEN GOBIERNO

Por: Octavio Díaz García de León.

    El candidato a la presidencia, Ricardo Anaya, ha insistido en sus propuestas el usar tecnología avanzada para mejorar la gestión del gobierno. Con ello se podrá impulsar el que México se incorpore con éxito a la cuarta revolución industrial.

     Una de las propuestas anticorrupción que hizo el candidato Anaya, fue el crear una plataforma virtual portátil en donde se le pueda dar seguimiento al uso de los recursos públicos en tiempo real, de tal forma que podamos saber con precisión del destino de todos los recursos y evitando con ello el desvío de los mismos.

     Su propuesta es utilizar la tecnología blockchain que ha revolucionado el mundo de la internet, y que se usa con mucho éxito en las transacciones de la moneda virtual Bitcoin. Con ella, es posible establecer transacciones confiables entre particulares y de estos, con el gobierno. Las aplicaciones de la tecnología blockchain para mejorar el gobierno son muy abundantes y ya existen experiencias exitosas en diversas partes del mundo.

    La blockchain es una secuencia de bloques de información encadenados donde se registran transacciones. Esta información está fuertemente encriptada para no poder ser alterada y reside en una red de computadoras que se ubican en cualquier parte del mundo. Dicha información es totalmente transparente y accesible para cualquier persona.

     No existe una base de datos central, ya que todas las computadoras de la red tienen una copia de la información. Así, el sistema cuida la integridad de la información produciendo transacciones muy seguras.  Es imposible atacar al blockchain por estar tan descentralizado y no se pueden alterar los registros que allí se guardan, gracias a su encripción y por residir en una red de computadoras y no en una sola base de datos.

     En el interesante libro, “La Revolución del Blockchain” los autores, Don y Alex Tapscott muestran una gran cantidad de aplicaciones en las que se puede utilizar esta tecnología. (https://www.casadellibro.com/ebook-blockchain-revolution-ebook/9780241237878/2994870).

     Algunas de las aplicaciones para un mejor gobierno basado en blockchain podrían ser:

  1.    Entrega de apoyos de programas sociales. Usando esta tecnología no se requiere el uso de intermediarios. Los recursos llegan directamente al beneficiario. Se evita corrupción y se puede saber exactamente el destino de y uso de los recursos.

  2.    Transparencia presupuestal radical. Se podría darle seguimiento a todo el gasto del gobierno y seguir cada peso desde su origen en impuestos o deuda, hasta su aplicación en cualquier gasto realizado por el gobierno.

  3.    Registro público de la propiedad. En lugar de tener registros catastrales susceptibles a ser alterados para beneficio de funcionarios corruptos o de personas que trafican ilegalmente con propiedades, se podría asegurar la propiedad de cualquier inmueble, terreno o recurso natural, registrando a sus legítimos dueños en la blockchain de manera georreferenciada. Este es un paso clave para que, como lo propone el economista peruano Hernando de Soto, los más pobres tengan acceso al más importante de sus activos y puedan disponer de él para créditos u otros propósitos. O simplemente para que no se los roben.  

  4.    Identificación ciudadana. Se podría tener una tarjeta de identificación electrónica que permita asegurar la identidad de cualquier persona y a la vez un medio para firmar electrónicamente documentos. Todo ello validado con la información de las personas contenida en la blockchain.

  5.    Servicios de gobierno integrados. En lugar de que el gobierno tenga innumerables bases de datos con información de todos los habitantes del país, mediante la blockchain se podría tener la información concentrada de cada persona  en un bloque de la blockchain, imposible de borrar o alterar, transparente para el dueño de la información, pero inaccesible para los demás (A menos que el dueño de la información lo autorice),  en donde residiría toda la información personal de todos y la cual sería usada para todo tipo de trámites. Así, se tendría acceso electrónico a pasaporte, actas de nacimiento, matrimonio, defunción, seguro social, seguro popular, escrituras de propiedades, registros escolares, certificados de estudios, expediente médico, etc... Todo en un solo registro sin que se encuentre dispersa en muchas bases de datos.

     Un caso de éxito es Estonia, un país Báltico con un poco más de 1.3 millones de habitantes y en el cual su gobierno presta el 99% de sus servicios por medios electrónicos los 362 días del año las 24 horas y utilizando extensamente la tecnología blockchain. (https://e-estonia.com/solutions/). Incluso, cualquier persona del mundo se puede convertir en residente digital de ese país con el propósito de establecer empresas y hacer negocios desde ese país, sin necesidad de tener presencia física allí. (https://e-resident.gov.ee/become-an-e-resident/)

     El futuro ya está aquí y Estonia es un ejemplo de lo que puede hacer la tecnología en beneficio de sus ciudadanos. Como ellos dicen: “El sueño de los estonios es tener el menos Estado posible pero tanto como sea necesario. Gracias a las soluciones electrónicas las comunicaciones con el Estado son rápidas y cómodas para todos y por ello nuestro país es más eficaz.”  Ojalá ese fuera el sueño de México y que con el próximo presidente se pueda ver realizado.

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EL INAI A PRUEBA

LA SILLA ROTA

Por: Octavio Díaz García de León

      Una de las últimas acciones de la actual LXIII Legislatura federal fue el nombramiento en el Senado de los dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

     Algunos medios de comunicación y activistas sociales procedieron a la descalificación de los nuevos comisionados, sin analizar su trayectoria y propuestas, metiendo en el mismo saco a dos personas con trayectorias muy diferentes. Me refiero a Blanca Lilia Ibarra y a Carlos Bonnin.

     Los acusaron de ser “comisionados carnales” porque se eligieron con la mayoría del PRI y con la anuencia de Morena y el PT. El Frente (PAN-PRD-MC) protestó y se opuso a dicho nombramiento.

      Si en algo falló el Senado en esta ocasión, fue al realizar un proceso tardío, apresurado y poco transparente que no permitió apreciar los méritos de los comisionados elegidos y por lo cual sufrieron el embate de la descalificación.

      Si se hubiera hecho el proceso de mejor manera, se hubiera podido destacar que la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra tuvo un desempeño sobresaliente, actuando con independencia y apego a la legalidad, cuando integró y presidió la Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Puebla.

     No obstante que tuvo grandes presiones por parte del gobierno estatal en turno (PAN-PRD) para que torciera la Ley, no cedió a las presiones.  No es extraño que un grupo de senadores del Frente se opusiera a su nombramiento.

      La comisionada Ibarra resistió con entereza en Puebla, pero fue bloqueada en sus aspiraciones de ser comisionada cuando se formó el nuevo INAI en 2014, a pesar de haber sacado una de las mejores calificaciones en los exámenes que les aplicaron y haber demostrado méritos de sobra.

      El comisionado Bonnin por su parte, ha trabajado durante varios años muy de cerca con la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, ambos con una amplia trayectoria en materia de impulso a la transparencia.

     Idealmente, los comisionados de los organismos autónomos deberían ser personas con las capacidades técnicas necesarias para desempeñar su labor, contar con independencia para la toma de sus decisiones y no tener filiación partidista.

    Para el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones y para la Comisión Federal de Competencia Económica, se ha desarrollado un proceso transparente y meritocrático para el nombramiento de sus comisionados. Proceso ejemplar que debería aplicarse a otros organismos autónomos tales como el INAI, INEGI, INEE y BANXICO.

    Pero mientras la selección de estos funcionarios no tenga un proceso transparente y esté sujeto a la decisión de los legisladores que representan a los partidos políticos, esta selección estará partidizada pues la única manera de ser elegido comisionado será mediante el apoyo de los partidos.

    Los nuevos comisionados llegan a un INAI que enfrenta retos importantes. Durante la gestión de sus primeros integrantes, ya como organismo constitucional autónomo, tomaron decisiones divididas y controvertidas.

    Por ejemplo, la decisión de no interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Telecomunicaciones que vulneraba la protección de la privacidad y la protección de datos personales al permitir que cualquier autoridad, sin orden judicial, pudiera geolocalizar a una persona e interceptar sus llamadas.   

    Otro caso polémico fue el reservar las bitácoras de vuelo de los helicópteros de CONAGUA, aspecto que, al revelarse, no ponían en peligro la seguridad nacional ni la del titular de dicha institución por tratarse de acciones que no influían en futuros vuelos y que sí podían ocultar el uso indebido de dichas aeronaves, como se comprobó. (Ver artículo)

    Un tropiezo más fue el que algunos comisionados impulsaran el que se les pagara un “bono de riesgo” que no tenía justificación pues es un pago que se hace a las instancias de seguridad nacional y al Poder Judicial.  

    El golpe más reciente al INAI fue la candidatura a diputada por el PRI, de la ex comisionada y ex presidente de dicho Instituto, Ximena Puente, lo cual ocurrió cuando todavía ella estaba en funciones, de tal forma que, con ello, reveló su filiación partidista.

    Además, el candidato López Obrador ha amenazado, de llegar a la presidencia, con reducir el fondeo al INAI para debilitarlo, lo cual es una señal de alarma para la transparencia y la rendición de cuentas, no solo para la institución. 

    El reto para los dos nuevos comisionados y para los otros cinco que allí permanecen será fortalecer la credibilidad de la institución. Quedan  tareas pendientes en materia de transparencia, especialmente  aquellas que ayuden a combatir la corrupción, porque  el INAI puede jugar un papel relevante el combate a la corrupción dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (Ver artículo).

     Será necesario reconstruir la credibilidad dañada, mostrar firmeza e independencia en sus decisiones y blindar al presupuesto del INAI para evitar un debilitamiento de la institución, ante el escenario de una presidencia de la República hostil. Esperamos que los nuevos comisionados, con una visión nueva, puedan impulsar a sus colegas en este gran reto que les

CAPITALISMO DE COMPADRES

Por: Octavio Díaz García de León

    En días pasados el candidato a la presidencia, López Obrador (AMLO), arremetió contra ciertos empresarios quienes, según él, son una minoría que “tienen confiscadas a las instituciones, tienen secuestrado al gobierno” porque han hecho negocios ilícitos gracias a sus influencias con funcionarios públicos.  

     Más allá de la posible paranoia del candidato que ve conspiraciones de la “mafia del poder” por todas partes, de que no ha entendido que la democracia es debate de ideas y de su discurso populista, hay que reconocer que tiene razón en parte.

     La corrupción es un fenómeno donde intervienen dos actores (queremos  se pueden organizar en redes): un funcionario que se corrompe y un particular, generalmente empresario, que ofrece dinero a cambio de favores. Si bien, no considero que tengan secuestrado al gobierno, lo cierto es que sí hay y siempre ha habido, inclusive en la gestión de AMLO como jefe de gobierno de la CDMX, empresarios que hacen sus negocios a la sombra del poder.

    Ejemplos hay muchos. Entre ellos,  el caso que cita AMLO de la compra inexplicable que hizo PEMEX durante la gestión de Emilio Lozoya Austin, de una planta de fertilizantes en condiciones de chatarra,  la cual costó el doble de los 500 millones de dólares originalmente contemplados y que benefició a sus dueños,  Alonso Ancira (Ya anteriormente perseguido penalmente por la Secretaría de Hacienda por fraude fiscal (https://expansion.mx/negocios/2008/09/17/la-caida-y-el-ascenso-de-alonso-ancira) y Xavier Autrey.

    Incluso la Auditoría Superior de la Federación ya pidió que se castigue a los funcionarios de PEMEX que autorizaron esta compra (https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/02/22/asf-pide-sancion-a-funcionarios-de-pemex-por-comprar-planta-llena-de-chatarra-que-costo-el-doble_a_23368698/).

     Otro caso es el de la adquisición de medidores de electricidad por parte de la CFE al Grupo IUSA, del empresario Carlos Peralta, asunto que está siendo investigado por la Comisión Federal de Competencia Económica. Estas adquisiciones han ocurrido por décadas otorgando a IUSA de manera exclusiva contratos de miles de millones de pesos.

    Los casos más frecuentes son los de las constructoras que han sido beneficiadas por contratos del gobierno gracias a sus contactos con funcionarios públicos, a nivel federal, estatal y municipal y donde existe mucha corrupción. (Recordemos el caso de los “moches”).

      Existe una larga historia de empresarios que han hecho sus negocios al amparo del poder, seguramente a cambio de favores. AMLO tiene razón cuando dice que hay que acabar con estos malos empresarios que se dedican a saquear al país, junto con sus cómplices los funcionarios públicos. 

    Pero no solo hay que señalarlos con dedo flamígero, sino realizar investigaciones que permitan comprobar, de haberlos realizado, sus actos ilícitos. Se trata de aplicar investigaciones anticorrupción en un marco de estado de derecho y luego, poner candados eficaces en las contrataciones públicas que eviten la simulación y la adjudicación ilegal de contratos y concesiones en el futuro.

      La inmensa mayoría de los cinco millones de empresarios con los que cuenta el país son honestos y luchan a diario por sacar adelante sus sueños. En ese proceso generan riqueza para ellos, para sus proveedores, para sus clientes, para sus trabajadores y para el gobierno a través de los impuestos que pagan. Los empresarios son quienes mueven la economía, no el gobierno. Es peligroso satanizarlos y poner a todos en un mismo saco.

     Fue preocupante que AMLO insultara a Alejandro Ramírez, presidente de Cinépolis, solo por no compartir sus ideas. Cinépolis es una de las empresas más grandes del mundo en su ramo y prosperó a base de mucho trabajo desde sus modestos inicios en Morelia con un par de cines.  Los seguidores de AMLO, que no alcanzan a distinguir entre empresarios corruptos y empresarios legítimos, pueden pensar que todos los empresarios son malos.

     Lo responsable es perseguir a los empresarios corruptores con la Ley en la mano y no con acusaciones públicas que solo alimentan el enojo de la sociedad. Lo que ya no queda claro es si AMLO intentará ir más allá de sus acusaciones, porque también ha dicho que no mirará para atrás. Que se pueden quedar impunes las fechorías que se cometieron.

     Si esta retórica anti empresarial, sin distingos, continúa, puede ser una justificación para imponer políticas que impidan el desarrollo de la libre empresa, con medidas estatistas que nos regresen al pasado. Esto podría provocar una crisis inmensa en el país. El espectro de Venezuela no será una pesadilla en un mal sueño sino una realidad. Esperemos que predomine la cordura y no se regrese a un pasado que ya probó no funcionarle al país.  

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