Por: Octavio Díaz García de León
Una de las últimas acciones de la actual LXIII Legislatura federal fue
el nombramiento en el Senado de los dos nuevos comisionados del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).
Algunos medios de comunicación y activistas sociales procedieron a la
descalificación de los nuevos comisionados, sin analizar su trayectoria y
propuestas, metiendo en el mismo saco a dos personas con trayectorias muy
diferentes. Me refiero a Blanca Lilia Ibarra y a Carlos Bonnin.
Los acusaron de ser “comisionados carnales” porque se eligieron con la
mayoría del PRI y con la anuencia de Morena y el PT. El Frente (PAN-PRD-MC) protestó
y se opuso a dicho nombramiento.
Si en algo falló el Senado en esta ocasión, fue al realizar un proceso tardío,
apresurado y poco transparente que no permitió apreciar los méritos de los
comisionados elegidos y por lo cual sufrieron el embate de la descalificación.
Si se hubiera hecho el proceso de mejor manera, se hubiera podido
destacar que la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra tuvo un desempeño
sobresaliente, actuando con independencia y apego a la legalidad, cuando
integró y presidió la Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales de Puebla.
No obstante que tuvo grandes presiones por parte del gobierno estatal en
turno (PAN-PRD) para que torciera la Ley, no cedió a las presiones. No es extraño que un grupo de senadores del Frente
se opusiera a su nombramiento.
La comisionada Ibarra resistió
con entereza en Puebla, pero fue bloqueada en sus aspiraciones de ser
comisionada cuando se formó el nuevo INAI en 2014, a pesar de haber sacado una
de las mejores calificaciones en los exámenes que les aplicaron y haber demostrado
méritos de sobra.
El comisionado Bonnin por su parte, ha trabajado durante varios años
muy de cerca con la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, ambos con
una amplia trayectoria en materia de impulso a la transparencia.
Idealmente, los comisionados de los organismos autónomos deberían ser
personas con las capacidades técnicas necesarias para desempeñar su labor, contar
con independencia para la toma de sus decisiones y no tener filiación
partidista.
Para el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones y para la
Comisión Federal de Competencia Económica, se ha desarrollado un proceso
transparente y meritocrático para el nombramiento de sus comisionados. Proceso
ejemplar que debería aplicarse a otros organismos autónomos tales como el INAI,
INEGI, INEE y BANXICO.
Pero mientras la selección de estos funcionarios no tenga un proceso transparente
y esté sujeto a la decisión de los legisladores que representan a los partidos
políticos, esta selección estará partidizada pues la única manera de ser
elegido comisionado será mediante el apoyo de los partidos.
Los nuevos comisionados llegan a un INAI que enfrenta retos
importantes. Durante la gestión de sus primeros integrantes, ya como organismo
constitucional autónomo, tomaron decisiones divididas y controvertidas.
Por ejemplo, la decisión de no interponer una acción de
inconstitucionalidad en contra de la Ley de Telecomunicaciones que vulneraba la
protección de la privacidad y la protección de datos personales al permitir que
cualquier autoridad, sin orden judicial, pudiera geolocalizar a una persona e
interceptar sus llamadas.
Otro caso polémico fue el reservar las bitácoras de vuelo de los
helicópteros de CONAGUA, aspecto que, al revelarse, no ponían en peligro la
seguridad nacional ni la del titular de dicha institución por tratarse de
acciones que no influían en futuros vuelos y que sí podían ocultar el uso
indebido de dichas aeronaves, como se comprobó. (Ver
artículo)
Un tropiezo más fue el que algunos comisionados impulsaran el que se les
pagara un “bono de riesgo” que no tenía justificación pues es un pago que se
hace a las instancias de seguridad nacional y al Poder Judicial.
El golpe más reciente al INAI fue la candidatura a diputada por el PRI,
de la ex comisionada y ex presidente de dicho Instituto, Ximena Puente, lo cual
ocurrió cuando todavía ella estaba en funciones, de tal forma que, con ello,
reveló su filiación partidista.
Además, el candidato López Obrador ha amenazado, de llegar a la
presidencia, con reducir el fondeo al INAI para debilitarlo, lo cual es una
señal de alarma para la transparencia y la rendición de cuentas, no solo para
la institución.
El reto para los dos nuevos comisionados y para los otros cinco que
allí permanecen será fortalecer la credibilidad de la institución. Quedan tareas pendientes en materia de transparencia,
especialmente aquellas que ayuden a
combatir la corrupción, porque el INAI puede
jugar un papel relevante el combate a la corrupción dentro del Sistema Nacional
Anticorrupción (Ver
artículo).
Será necesario reconstruir
la credibilidad dañada, mostrar firmeza e independencia en sus decisiones y
blindar al presupuesto del INAI para evitar un debilitamiento de la
institución, ante el escenario de una presidencia de la República hostil. Esperamos
que los nuevos comisionados, con una visión nueva, puedan impulsar a sus colegas
en este gran reto que les
