LA
SILLA ROTA
Por: Octavio Díaz García de León
Twitter:
@octaviodiazg
Para orientar mejor la estrategia de combate a la corrupción, es
importante distinguir entre diferentes tipos de la misma. Por ejemplo, Max Kaiser,
del Instituto Mexicano de la
Competitividad (IMCO) hizo una
clasificación donde identifica 10 tipos de corrupción (Ver
clasificación en esta liga), que básicamente son los que la nueva Ley General
de Responsabilidades Administrativas (LGRA) denomina faltas administrativas graves,
aunque la lista de Kaiser incluye algunos delitos. Curiosamente dicha Ley nunca
les llama actos de corrupción, ni en ninguna otra parte de la misma se
mencionan cuáles son los actos de corrupción que castiga, aunque se podría
entender que se trata de las faltas administrativas graves. Por su parte, el
Código Penal Federal sí califica como delitos por hechos de corrupción a 16
conductas, algunas de los cuales, por cierto, también son faltas graves
para efectos administrativos.
En artículos anteriores también he propuesto una forma de clasificar a
la corrupción, con la misma idea de orientar la estrategia de combate a la
misma (Ver mi
artículo en esta liga). Estas dos clasificaciones, sin embargo, están más bien orientadas a
un tipo de corrupción que podríamos llamar administrativa o de “cuello
blanco” o “cuello azul”. Es decir, la corrupción que ocurre entre funcionarios
de nivel medio y superior y empresarios más o menos legítimos o bien corrupción
que se da a nivel de calle entre los ciudadanos y servidores públicos de
ventanilla o de menor rango. Pero hay otro tipo de corrupción más peligrosa que
es la que realizan organizaciones criminales. A esta le podríamos llamar corrupción
criminal. Sus métodos son diferentes y más agresivos.
Respecto a este último tipo de corrupción, el Lic. Guillermo Valdés, ex
director general del CISEN, ha comentado en diversos foros y en su libro (Ver
libro aquí), que los narcotraficantes
ampliaron sus actividades ilícitas del simple trasiego de drogas a la
extracción de rentas de la población, por ejemplo a través del secuestro, cobro de
derecho de piso, robo, extorsión y otras prácticas similares. Sin embargo, la
Tuta y sus secuaces en Michoacán dieron a conocer una nueva forma de extracción
de rentas por parte de los criminales. Estos sujetos pasaron de extraer
rentas del sector privado a extraer rentas directamente del Estado al tomar
el control de municipios y gobiernos estatales, llevando la corrupción a nuevos
niveles.
Allí tenemos el ejemplo de lo que sucedió en Iguala hace tres años y que
llevó a la desaparición y probable asesinato de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa, en donde el presidente municipal y su esposa estaban coludidos con
los delincuentes; también está el caso de Tláhuac donde recientemente fue
abatido el líder del cártel de Tláhuac, a quien se le asoció con el jefe de dicha
Delegación en la CDMX, de quien se sospecha que actuaba en complicidad con el
capo abatido.
Es así como controlando a las más altas autoridades locales, los
criminales se han dedicado a robarse recursos del erario, realizar obras con
sus propias empresas, controlar a las fuerzas de seguridad para proteger sus
intereses y usar a autoridades para facilitar la venta de drogas, venta y robo
de combustibles y otros delitos. Este tipo de corrupción, cuya consecuencia
es la captura del Estado por intereses criminales es de muy alto
impacto y debe ser atendida con mayor prioridad. Esta corrupción, desde luego es mucho más
grave que la administrativa que se da entre empresarios más o menos
legítimos y funcionarios públicos que lo que buscan es beneficiarse en lo
personal pero no tienen el propósito de apoderarse del Estado y su estructura, para
usarla para fines delictivos.
Podríamos incorporar otras clasificaciones para incluir también, por
ejemplo, a la corrupción electoral. En este caso no se trata de que se beneficien
en lo personal un empresario o un ciudadano mediante la corrupción de
funcionarios, ni tampoco de criminales que quieren usar a los servidores
públicos como sus empleados y a las arcas del Estado como propias. Se trata
de partidos políticos y candidatos que recurren a actos de corrupción para
ganar elecciones.
¿Por qué es importante hacer estas distinciones por tipo de corrupción?
Para enfocar mejor los esfuerzos que tiendan a disminuirla. Sabemos de la
corrupción criminal o de la corrupción electoral pero cuando se piensa en las
actividades que realizará el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), quizá
se haya pensado más en la corrupción administrativa y no que deba dedicarse
también a atender estos otros tipos de corrupción. Sin embargo, el SNA
deberá tener también en su agenda, el combatir la corrupción criminal y la
electoral.
Se ha hablado tradicionalmente de estrategias de combate a la
corrupción que yo caracterizaría como “suaves” tales como propiciar más
transparencia, lograr mejor acceso a la información pública, tener mayor
rendición de cuentas, etc. Sin embargo, la corrupción es un fenómeno de
carácter duro, aún en su versión menos peligrosa que es la administrativa.
Hay otras medidas menos suaves, como son las actividades de fiscalización que
incluyen auditorías. Las medidas más duras tienen un carácter más policial e
implican labores de inteligencia, auditorías forenses, investigaciones de
lavado de dinero, etc. Es tiempo de dedicarle más esfuerzo a las medidas de
carácter duro, si es que se quiere castigar a los corruptos. Las medidas más
suaves tienen algún efecto disuasivo, pero no son suficientes para combatir a
la impunidad.
Algunas ideas para combatir los tipos de corrupción que he mencionado podrían
ser:
a)
Administrativa. En mi artículo que cité antes propongo el
dividir la corrupción administrativa en tres tipos: grande, mediana y pequeña.
Para combatir la primera, se tendrían que utilizar herramientas “duras”, por su
complejidad y alto impacto; para la mediana se puede combatir a través de
auditorías y una buena fiscalización; y contra la pequeña se requiere el uso
intensivo de tecnología tanto de vigilancia como de automatización de trámites y
un uso intensivo de informática y telecomunicaciones.
b)
Criminal. Dado lo que está en juego en este tipo de
corrupción, requiere un combate de mucha fuerza, con intervención de las
fuerzas armadas, del aparato nacional de inteligencia, de la policía federal y
las estatales. Ya vimos cómo en los
casos de Tláhuac, Iguala, Michoacán, Tamaulipas, los municipios de Puebla y
Guanajuato que se dedican al robo de combustibles, etc. requieren de
intervención de las fuerzas armadas y policía federal porque está en riesgo la
seguridad nacional. El SNA tendrá entonces que coordinarse con las áreas de
Seguridad Pública y Nacional para combatir este fenómeno.
c)
Electoral. Si bien este tipo de corrupción tiene
parecido con la administrativa, su carácter político requiere una
institución con la suficiente independencia de partidos y gobiernos. Quizá
no sean suficientes la unidad de fiscalización dentro del INE ni la FEPADE, quienes
podrían tener menos eficacia por falta
de independencia: de los partidos la primera y del gobierno la segunda. Una opción a considerar, podría ser una
fiscalía internacional como la que existe en Guatemala, que podría
coordinar el Comité Coordinador del SNA.
Es muy importante que los integrantes del Sistema Nacional
Anticorrupción puedan diseñar estrategias para los diferentes tipos de
corrupción y sobre todo llevarlos a la práctica muy pronto. También sería
importante hacer énfasis en usar herramientas más duras, de las que se
han venido proponiendo hasta ahora. Todo ello para poder tener los resultados
que tanta falta hacen: disminuir la corrupción y abatir la impunidad.
Las
opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no
representan puntos de vista de ninguna institución.
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